AQUI hay TOMATE

Para dar y tomar

Archive for the day “octubre 5, 2011”

Leyes de Mercado


PRIVACIDAD

Leyes de Mercado [por Carlos Sánchez Almeida]

avatar NACIONRED Carlos Sánchez Almeida  30 de septiembre de 2011 | NACIONRED

Internet

 

Avatar de Carlos Almeida 

 

Carlos Sánchez Almeida es abogado del Bufet Almeida, además de ser uno de los juristas más activos en la defensa de los derechos civiles en Internet. Escribe habitualmente en el blog Jaque Perpetuo.
Ahora también es colaborador de Nación Red.
 

 

Ponencia impartida por Carlos Sánchez Almeida en el Curso “Libertad en Internet: garantías y amenazas”, UIMP – Valencia, 28-30 de septiembre de 2011

1.- Hackers, grietas y burocracia

El título de esta conferencia, según el programa, tenía que ser “¿Por qué el legislador defiende la propiedad antes que la libertad?”. Era un título más ilustrativo que el elegido finalmente, que he tomado prestado de la novela de ciencia ficción de Richard Morgan, traducida en España por Jesús Gómez, publicada por Gigamesh, y disponible gratuitamente en las redes de intercambio y servidores de descarga de Internet que quiere cerrar la Ley Sinde.

Sí, el título original era más ilustrativo. Pero “Leyes de Mercado” resume a la perfección la situación actual de nuestro Parlamento en lo que se refiere a la autoría de su producción legislativa, muy particularmente en lo relativo a las leyes destinadas a proteger la propiedad. Y también refleja la Realidad contra la que intentan en vano lucha los legisladores y los que les dictan las leyes. La novela de ciencia-ficción Leyes de Mercado, que tengo en las manos en este momento en su versión papel, seguirá disponible en su forma binaria en internet mañana, pasado, y dentro de un año. Diga lo que diga la Ley Sinde, el reglamento de la Ley Sinde, y cuantas leyes de mercado quiera dictar el próximo Gobierno delegado de los Mercados. Porque esa y no otra es en Internet la verdadera Ley impuesta por sus verdaderos ciudadanos.

Cuando me invitaron a estas jornadas los organizadores me remitieron una lista de normas impuestas por la burocracia universitaria, una burocracia necesaria para organizar la vida académica, pero absolutamente incompatible con la agitada vida de plazos, juicios y recursos que hemos de sobrellevar los abogados. De hecho, me consta que hay compañeros de profesión que han tenido que renunciar a dar conferencias universitarias para no tener que sufrir la burocracia. Yo hago lo que la mayor parte de abogados hacen con las leyes: me comprometo a cumplir con lo establecido, y luego aprovecho las grietas de la letra pequeña.

Me pedían un abstract de la conferencia, y que remitiese el texto por anticipado. Algo imposible: ni yo mismo sé de qué voy a hablar cuando me pongo a escribir: el abstract solo lo puedo hacer como resumen, cuando ya he acabado de escribir, si el teléfono y el twitter me han dejado tranquilo. A veces envidio a aquellos que pueden trabajar de forma estructurada, con arreglo a un Orden inmutable. Yo convivo a diario con el Caos, y no sabría vivir de otra forma. Posiblemente por eso me gusta tanto Internet.

2.- Islas en la Red

El segundo título de ciencia ficción que citaré hoy: Islas en la Red fue una novela publicada por Bruce Sterling, pionero del ciberpunk y también autor de The Hacker Crackdown (“La caza de hackers. Ley y desorden en la frontera electrónica”). Dos obras publicadas en 1988 y 1992, respectivamente, que auguraban lo que iba a ser Internet. Como diría el mismo Bruce en el prólogo a Quemando Cromo, deWilliam Gibson, los escritores de ciencia ficción son payasos sabios:

Somos Payasos Sabios que podemos saltar, dar cabriolas, hacer profecías y rascarnos en público. Podemos jugar con Grandes Ideas porque el extravagante colorido de nuestros orígenes de revista barata nos hacen parecer inofensivos.

El futuro profetizado por Bruce Sterling ya está aquí. Mercados conectados a la velocidad de la luz que chantajean a diario a sus Gobiernos delegados. Unos Gobiernos que han dejado de defender incluso a sus burguesías locales, ya que a su pueblo no lo defendieron nunca. Unos Gobiernos que debían encarnar el Orden, y que están genuflexos ante el Caos de los parqués bursátiles. Gobiernos de estados-nación, celosos guardianes de sus fronteras físicas, en un mundo donde el capital ya no tiene fronteras.

Bruce Sterling no fue el único profeta de la Hacker Revolution. Antes de que los vendedores de chatarra electrónica usurpasen el título, ser gurú era otra cosa. Y si hay que hablar de un gurú entre gurús, necesariamente tendré que citar a Hakim Bey, considerado por algunos como padre ideológico de los hackers, y auténtica autoridad en las leyes de las redes del Caos. Títulos estos un tanto pretenciosos: un verdadero hacker no reconocería autoridad patriarcal alguna ni a su propio padre.

Mucho antes de que la ley de los mercados contaminase las redes, mucho antes de que Internet llegase al gran público, en aquellos oscuros tiempos de BBS y módems ruidosos, Hakim Bey ya establecía las bases de la ciberutopía. Su ensayo de 1991, Zona Temporalmente Autónoma, anunciaba el #15M hace ya 20 años:

El TAZ es un campamento de guerrilleros ontológicos: golpean y corren. Mantén en movimiento a la tribu entera, aunque sólo se trate de datos en el Web. El TAZ tiene que ser capaz de defensa: pero tanto su ataque como su defensa deben, siempre que puedan, eludir la violencia del Estado, que es una violencia sin sentido. El ataque se hace contra estructuras de control, esencialmente contra las ideas; y la defensa es la invisibilidad un arte marcial y la invulnerabilidad -un arte oculto entre los marciales. La «máquina de guerra nomádica» conquista antes de ser notada, y se desplaza antes de que el mapa pueda ser reajustado. Por lo que concierne al futuro, sólo los autónomos podrán planificar la autonomía, organizarla, crearla. Es una operación que se autoinicia, fundacional. El primer paso tiene algo de satori: la realización del TAZ comienza con el simple acto de su realización.

A lo largo de estos últimos 20 años, la red ha mantenido el pulso frente al Estado. Cada vez que el poder político ha intentado establecer fronteras legales en el territorio de la frontera electrónica, la red ha mutado para eludir la agresión. En la mayor parte de las ocasiones los hackers han actuado como tribus nómadas, como una ciberguerrilla siempre en movimiento. Para eludir la vigilancia tuvieron que echarse al monte de la Red, hasta que las condiciones objetivas permitiesen que la revuelta cristalizase en el mundo físico.

Cada vez que enemigos de las libertades y defensores del Estado utilizan la palabra “pirata” en relación a la red me hacen reír, precisamente porque con ello le dan la razón a Hakim Bey, que citaba la utopía pirata de Libertalia como paradigma de la Zona Temporalmente Autónoma. Las verdaderas repúblicas de los piratas eran sus barcos: para los nuevos nómadas, la única utopía posible era la República Internet.

Así fueron las islas en la red, reductos de libertad frente al pensamiento único impuesto por Estados y Mercados. Así fue hasta la primavera de 2011.

3.- España: revolución, reacción y resistencia

La revolución de las telecomunicaciones en España corre pareja a los intentos del poder político de imponer su control sobre la sociedad de la información emergente, labor en la que encontrará un gran apoyo por parte de las empresas de medios de comunicación, que generan un discurso reaccionario frente a un modelo de distribución de información que no pueden controlar.

Pero con independencia de los intentos de control ejercidos desde la esfera política, policial y mediática, la red resiste el acoso del poder. Todo intento de control legislativo es respondido antes o después mediante una evolución técnica que provoca la inmediata obsolescencia de la norma jurídica.

El esquema se repite cíclicamente: la innovación tecnológica modifica de forma radical un status quo consolidado. Los beneficiarios del status quo que se derrumba reaccionan interesando del poder cambios legislativos para “adecuar sus derechos a la nueva situación tecnológica”. Y ante dicha normativa, surge una nueva evolución técnica: revolución, reacción y resistencia.

En breve seremos testigos de un nuevo capítulo del proceso descrito. En el momento que se apruebe el reglamento de desarrollo de la “Ley Sinde” y se constituya la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual en el Ministerio de Cultura, asistiremos a un cambio en la forma de distribuir enlaces en internet. A un problema jurídico se responderá con una respuesta técnica no prevista por el legislador, y la solución legislativa dirigida a retirar contenidos o bloquearlos se quedará perdida en una nube.

4.- La legislación TIC en España: 20 años contra la innovación

La problemática jurídica relacionada con las nuevas tecnologías era muy distinta hace veinte años, y se centraba fundamentalmente en la protección jurídica del software: la ya derogada Ley de Propiedad Intelectual de 1987, así como también derogada Ley 16/1993, de 23 de diciembre, de incorporación al Derecho Español de la Directiva 91/250/CEE, de 14 de mayo, sobre la protección jurídica de programas de ordenador, unidas al artículo 534 bis del Código Penal entonces vigente, establecían un marco que permitía perseguir los delitos contra la propiedad intelectual de programas de ordenador. Y ese fue el cauce por el que muchos abogados –entre los que me cuento- tomaron un primer contacto con la problemática jurídica de las nuevas tecnologías. Eran discos flexibles de 5 y ¼, muy lejanos de la nube actual, pero la persecución entre titulares de derechos de autor y presuntos piratas del software había comenzado.

Obsérvese que en el primer conflicto el legislador ya antepone la regulación del derecho de propiedad a cualquier otro derecho o libertad. Pese a que la Constitución Española establecía ya desde 1978 en su artículo 18.4 que “La Ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”, tuvieron que pasar 14 años para que el legislador se preocupase por la intimidad informática de los ciudadanos, y ni siquiera eso: la verdadera razón de la ya derogada Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal, LORTAD, fue evitar que periodistas y detectives pudiesen pedir información sobre casos judiciales.

Empecé a ejercer en 1987. Y recuerdo que durante mucho tiempo, incluso después de la entrada en vigor de la LORTAD, pedir información sobre cualquier persona en los Juzgados de Barcelona era lo más sencillo del mundo. No había que acreditarse en ningún sitio, ni demostrar un interés legítimo: bastaba con rellenar un pequeño formulario anónimo, poner el nombre de la persona sobre la que se buscaba información, y los atentos funcionarios de la sección de informática te devolvían el papelito lleno de datos sobre sumarios judiciales. Era evidente que tal sistema no podía sobrevivir entre los múltiples escándalos de corrupción que llenaron los periódicos por aquellas fechas.

Tras la LORTAD llegó el Código Penal, donde se incluyeron por primera vez delitos estrictamente informáticos, como la interceptación de correo electrónico, el acceso inconsentido por vía telemática a datos reservados o secretos de empresa, y los daños a programas y archivos binarios. Y con el Código Penal, en 1995, también llegó la red al gran público, lo que hizo necesaria la creación de brigadas policiales especializadas en controlar la red.

El Código Penal de 1995 tuvo en su día una inmerecida fama de progresista: nada más falso. Al tiempo que continuaba penando conductas como la insumisión al servicio militar, la ocupación de pisos vacíos o el aborto, dejó fuera de su cobertura jurídica la pornografía infantil. Un código que blindaba la propiedad en el mundo digital, penalizando la copia de programas de ordenador, los daños a la propiedad por vía informática, o la revelación de secretos digitales de empresas y particulares, dejó impune un delito contra la libertad de la magnitud de la pornografía infantil. A los autores del denominado “Código Penal de la Democracia” les preocupaba más la propiedad que la libertad.

Afortunadamente la omisión fue solventada en una reforma de 1999, pero ya para entonces las prioridades del legislador estaban claras: nueva Ley de Propiedad Intelectual en 1996, nueva Ley de Protección de Datos en 1999…Y rápidamente redadas contra hackers, “piratas” y demás proscritos, y expedientes administrativos a la Asociación contra la Tortura por publicar nombres de funcionarios condenados en Internet.

A partir del nuevo milenio los cambios se aceleran, y el ataque global a los derechos fundamentales tras los atentados del 11-S provocan un incremento de la represión legal en internet, siempre dirigido a blindar el derecho de propiedad en detrimento de derechos fundamentales como la intimidad o la libertad de expresión.

Un ejemplo: en noviembre de 2000 una moción aprobada por unanimidad en el Senado insta al Gobierno a regular el correo electrónico en las empresas, garantizando la inviolabilidad de las comunicaciones. Han pasado 11 años y tal legislación brilla por su ausencia. Por el contrario, se han desarrollado muchas iniciativas legales tendentes a proteger la propiedad de las empresas en el marco digital, muy especialmente las de las televisiones de pago.

En el año 2001 se inicia desde Kriptópolis una campaña contra el primer anteproyecto de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, denunciando su posible utilización como instrumento de censura y control. No olvidemos que los primeros anteproyectos incluso establecían un sistema obligatorio de registro para poder abrir una página web.

PP y PSOE tuvieron una actuación absolutamente vergonzosa en lo que se refiere a la Ley de Internet, intercambiando sus papeles según quién estuviese en el poder: así, en 2001 el PSOE se opuso a la LSSI, prometiendo su derogación al llegar al poder. Lo que hizo al llegar al poder fue blindarla, para que cualquier Administración pública pudiese proceder al cierre de páginas que afectasen a su esfera de competencia.

Del mismo modo, ambos partidos pactaron reformar en el año 2006 la Ley de Propiedad Intelectual, reduciendo a la mínima expresión las excepciones al derecho de autor, que de tal forma fue ampliado en el ámbito digital. Se produjo la paradoja que mientras se reducía el ámbito de la copia privada a su mínima expresión en el ámbito doméstico, prohibiéndolo a personas jurídicas, se ampliaba el canon de copia privada hasta el extremo, debiéndolo pagar también personas jurídicas, lo que llevaría a España a un ridículo internacional en el Tribunal de la Unión Europea.

Las sucesivas reformas penales acometidas por PP y PSOE en 2003 y 2010 no han hecho sino fortalecer la defensa de la propiedad inmaterial en internet, en detrimento de los derechos ciudadanos a la cultura y a la libertad de expresión. Los delitos contra la propiedad intelectual pasaron a perseguirse de oficio, se incentivó a las brigadas de investigación tecnológica a actuar contra páginas de enlaces, se crearon ex novo nuevos tipos penales para proteger el negocio de la televisión de pago, y se criminalizó toda actividad relacionada con el hacktivismo.

La Ley Sinde, Disposición Final 43 de la Ley de Economía Sostenible, resume los despropósitos de todos estos años. Una normativa dirigida a ampliar las atribuciones de la administración pública en internet, para así poder intervenir en un problema de derecho privado, se lleva a cabo prescindiendo hasta el extremo del poder judicial, y acaba siendo pactada por los partidos mayoritarios PP-PSOE y su bisagra periférica CiU.

El reglamento de la Ley Sinde, en fase de redacción en estos momentos, presenta en sus primeros borradores serias deficiencias: su disposición más preocupante es la que establece que en 72 horas los prestadores de servicios de intermediación en de internet deberán dar cumplimiento a las exigencias administrativas de retirada de datos o enlaces. El procedimiento administrativo gira alrededor del proveedor de contenidos que presuntamente infrinjan derechos de autor: a los prestadores de servicios de intermediación se los deja al margen del procedimiento hasta el final, en una clara situación de indefensión. Ello no obstante, y mucho antes de la aplicación práctica de la Ley Sinde, ya se están desarrollando soluciones técnicas para compensar con código informático lo que no soluciona el código jurídico

En todos y cada uno de los casos mencionados, las leyes nacieron obsoletas: solo sirvieron para incrementar las minutas de abogados especializados, así como la inventiva de programadores, hackers y webmasters. Toda ley absurda genera una solución técnica para esquivarla.

5.- Internet y poder mediático: historia de un desencuentro

Para entender las cíclicas campañas de desprestigio que ha sufrido la red por parte de los medios de comunicación convencionales basta con echar un vistazo al reparto de la propiedad de los grupos mediáticos en España. Es altamente recomendable la lectura de un artículo de Núria Almiron, Grupos privados propietarios de medios de comunicación en España: principales datos estructurales y financieros, publicado en la web de la Universidad de Navarra.

Editoriales, cadenas de librerías, periódicos, radios y televisiones en poder de las mismas manos: lo extraño sería que hablasen bien de internet. En cuanto descubrieron que no podrían controlarla, y de esto hace mucho tiempo, comenzaron a cargar contra la red. A lo largo de la última década, y en particular desde la aprobación de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, los medios de comunicación españoles han apoyado todos los intentos de control jurídico de internet, muy especialmente las modificaciones del Código Penal y de la Ley de Propiedad Intelectual: se trata en última instancia de defender su cortijo.

Internet ha dado al traste con todos los viejos modelos de distribución de obras culturales, en todos los sectores. Y salvo contadísimas excepciones, la industria mediática española no ha sabido reciclarse. Su única estrategia ha sido apoyar hasta el final los intentos del poder político de controlar la red.

Modificaciones legales para blindar el negocio de televisión de pago, prohibir el press-clipping, limitar el alcance de la copia privada, o autorizar la retirada de contenidos de la red por parte de la administración, han sido aplaudidas a rabiar por todos los grupos mediáticos españoles. No es extraño, en consecuencia, que las redes sociales donde eclosionó el movimiento #15M considere hostiles a los medios de comunicación tradicionales, situándolos al mismo nivel que a políticos y banqueros.

6.- Mayo del 11: desde la #leysinde al #15M

La aprobación de la Ley 23/2006, de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, vino precedida por multitud de críticas en internet, y en particular en las redes y agregadores de blogs. Sin embargo, la norma se aprobó con la práctica unanimidad del Congreso de los Diputados, evidenciando la escasa influencia que la red ejercía sobre la política real hace solo cinco años.

Todo había cambiado solo tres años después: la llegada al Ministerio de Cultura de Angeles González-Sinde, en abril de 2009, fue contestada masivamente desde las redes sociales. Su proyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual y de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, al objeto de permitir la retirada administrativa de contenidos sujetos a derechos de autor, encendió en diciembre de 2009 Twitter y Facebook. En pocos días el Manifiesto en Defensa de los Derechos Fundamentales en Internet tenía más de 250.000 seguidores en Facebook.

A lo largo de todo el año 2010, la campaña contra la #leysinde fue tomando forma y aumentando seguidores. Coincidiendo con la aprobación del proyecto el 19 de marzo en Consejo de Ministros, importantes páginas de enlaces españolas llevan a cabo un cierre de 8 horas en protesta. El cierre anticipaba una protesta masiva de webs de enlaces 9 meses después: el 19 de diciembre: a dos días de la votación del proyecto en el Congreso, las páginas de enlaces españolas se fundieron a negro durante 12 horas, con un mensaje contundente que apuntaba al sitio No al cierre de webs:

Si se aprueba la Ley Sinde, esta página desaparecerá. Internet será una tele más, al servicio del poder. Por la libertad de expresión en la Red. No a la censura. No a la Ley Sinde. No al cierre de webs.

En No al cierre de webs se colgó un manifiesto que sería leído por más de cuatro millones de personas en un par de días. En dicho manifiesto (ver anexo) se solicitaba a los ciudadanos que no se limitasen a protestar en internet: que saliesen a la calle: “Sal a la calle, explícaselo a tus vecinos, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo.” “y explícaselo a todas aquellas personas que conozcas, muy especialmente a aquellas que viven desconectadas de Internet.”

El cierre de páginas de cine y series de televisión, de gran audiencia en internet, provocó que el mensaje llegase a amplias capas de la población. La movilización en listas de correo y redes sociales haría el resto: en las horas previas a la votación en el congreso los diputados recibieron miles de correos de protesta.

El 21 de diciembre la votación parlamentaria es seguida con avidez a través de su emisión en streaming por Internet. Se produce la circunstancia que el mismo día que en el Parlamento español se debate la Ley Sinde, en el Parlament de Catalunya se está procediendo al debate de investidura del candidato a Presidente de la Generalitat, Artur Mas. CiU vota en contra de la Ley Sinde, que resulta rechazada por el Congreso de los diputados.

El 25 de enero, tras múltiples presiones de la industria editorial, se alcanza un pacto entre PP, PSOE y CiU para resucitar el proyecto de Ley Sinde en el Senado. A los pocos días empezó a gestarse el proyecto #nolesvotes, primero en Twitter y después desde el web Nolesvotes.com y elwiki.nolesvotes.org

#nolesvotes nació como un proyecto aglutinador: su aspiración no era otra que sumar descontentos, primero en la red y después en la calle, sirviendo de caja de resonancia al profundo malestar de la sociedad frente a la actuación de la clase política. Desde enero hasta mayo, fue uno de los hashtags de referencia en la internet española, y sirvió como altavoz a todas las iniciativas que se fueron sucediendo para evidenciar el malestar de la sociedad con respecto a la situación política y económica. Al revisar mi TL de esas fechas, es curioso ver los hashtags que se van sumando poco a poco a #nolesvotes: #sinfuturo, #sinmiedo, #estadodelmalestar, #indignaos, #reacciona, #democraciarealya y #15M. Un estudio en profundidad sobre la influencia de dichos hashtags en la explosión de Mayo del 11 puede consultarse en la web del Instituto Universario de Investigación en Biocomputación y Física de Sistemas Complejos de la Universidad de Zaragoza.

7.- República Internet: una advertencia para el futuro

El análisis del #15M y su evolución posterior no es objeto de esta conferencia, limitada a los conflictos entre propiedad y libertad, y la escasa autonomía del legislador español con respecto a los verdaderos titulares del poder: el poder económico y mediático. Ello no obstante, sí me interesa dejar aquí una advertencia para el futuro: si es atinada o no, solo después de algunos años podrá evaluarse adecuadamente.

Desde mis primeros textos en internet, y hablando precisamente del derecho de reunión, vengo diciendo que pese a que la red permite crear organizaciones a coste muy reducido, esa fuerza de la red es también su principal debilidad, porque solo se toma en serio a un movimiento político cuando es capaz de llenar las avenidas. En marzo de 2009, al comenzar mi última serie de conferencias, disponible en http://www.culturalibre.org, dejé escrito lo siguiente:

Las nuevas tecnologías cambian la forma de ejercer los derechos. Pero en última instancia, los derechos de reunión y manifestación quedan en letra muerta si no se ejercitan: de nada nos sirven si no pensamos movernos del sillón.

Quizás el gran reto del siglo XXI no sea más que éste: entender que no podemos confiar en nadie más que en nosotros mismos. Entender que si de verdad es cierto que la soberanía reside en el pueblo, ha llegado la hora de que el pueblo ejerza sus propias responsabilidades de forma directa, sin delegaciones ni intermediarios.

Más allá de la crisis económica, vivimos una crisis de sistema. Nuestros intermediarios políticos han demostrado su inutilidad para gestionar los inmensos desequilibrios que genera un sistema social injusto. Pero de poco sirve quejarnos de ellos, mientras nos desentendemos de la toma de decisiones que sólo a nosotros nos corresponden.

Sólo cuando el Estado y el Mercado nos dejen sin protección social, empezaremos a entender que sólo somos partículas elementales, que nada pueden conseguir en solitario. Tenemos que reconstruir en el mundo real, y no sólo en Internet, las redes sociales destruidas por el individualismo salvaje. Y eso sólo puede hacerse llevando nuestra asamblea virtual permanente a las calles, a las fábricas, a los despachos.

Ha llegado el momento de que los habitantes de la sociedad conectada se pongan de pie, abandonando el sedentarismo del consumidor indolente. Las pantallas son armas de doble uso: pueden servir tanto para comunicarnos como para encadenarnos. De nosotros depende, en última instancia, escoger el camino.

Tenemos las herramientas, Internet y los ciberderechos: ha llegado la hora de utilizarlas en el mundo real.

Durante todo 2009, 2010 y buena parte de 2011 no he cesado de pedir que la red saliese a la calle. En mayo de 2009 fuimos poco más de 300 peatones a la Plaza del Rey de Madrid, para protestar ante el Ministerio de Cultura. En diciembre de 2009 ya fuimos unos cuantos más. Desde mayo de 2011 ya han salido a la calle unos cuantos cientos de miles, quizás millones. Pero ahora me pregunto si no es quizás el momento de reflexionar.

La red no es nada sin la calle, pero la movilización callejera por sí misma no sería nada sin internet. Al consultar este texto con mi amigo Ricardo Galli me hizo una inteligente observación sobre uno de los puntos débiles del ciberpunk, y en general del ciberactivismo de los años 90: el presentar la red como un espacio nuevo, de “otra gente”, otra “república” paralela o alternativa a la realidad.

Ricardo tiene razón: el dualismo internet-mundo real es un error, especialmente si lo llevamos a la acción política. La red somos las personas, las mismas que viven en la “democracia” o “república” de su barrio. El ciberpunk parecía proponer a la gente “emigrar” a otro estado diferente, casi como ofrecerles una colonia en la Luna. La práctica cotidiana de los últimos meses nos ha demostrado que toda acción política pasa simultáneamente por la calle y por la red, porque la red ya es la mitad de lo real, y para algunos la mejor mitad.

En consecuencia, y después de años diciendo que la red tenía que salir a la calle, no voy a decir aquí que haya que hacer el camino inverso, de la calle a la red: no, eso ya es imposible. Lo que me planteo es lo siguiente: si en buena parte hemos llegado aquí gracias al trabajo solidario de miles de personas organizadas en red, si es esa misma red solidaria la que mantiene activo el movimiento #15M… ¿no será la red lo primero que intente desactivar el poder? ¿No será necesario que nos mantengamos alerta para evitar que nuestro principal bastión sea también nuestro punto más vulnerable?

Ellos defienden su propiedad: lo han hecho durante milenios, y lo seguirán haciendo. Seguirán comprando a políticos para que blinden sus privilegios, y seguirán teniendo todos los recursos durante mucho tiempo, muy especialmente en el terreno mediático.

No lo olvidemos, especialmente cuando llegue el frío a las calles. Cuando el Estado y el Mercado se alíen de nuevo para imponer leyes y constituciones redactadas al dictado del poder financiero, “Leyes de Mercado”, leyes a medida de los detentadores de la propiedad, no podremos contar con los medios de comunicación que pertenecen a esos mismos propietarios.

Internet es nuestro último baluarte, y vendrán por ella. Estemos alerta para cuando llegue ese momento, porque para defender la libertad en la red solo contaremos con nosotros mismos.

Valencia, 30 de septiembre de 2011.

Foto | jko contreras

Libia y la gran mentira: Utilizan a organizaciones de derechos humanos para emprender guerras


Libia y la gran mentira: utilizar a organizaciones de derechos humanos para emprender guerras

 

Global Research

 

Traducido del inglés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos

 

La guerra contra Libia está construida sobre un fraude. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó dos resoluciones contra Libia sobre la base de afirmaciones no demostradas, en concreto la de que el coronel Gadafi estaba matando a su propio pueblo en Bengasi y Libia.

En su forma exacta, la afirmación era que Gadafi había ordenado al ejército libio asesinar a 6.000 personas tanto en Bengasi como en otras partes del país.

Estas afirmaciones se difundieron ampliamente, pero siempre se explicaron vagamente. Sobre la base de esta afirmación Libia fue llevada al Consejo de Seguridad de la ONU en su sede en Nueva York y expulsada del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.

En una amplia campaña mediática contra Libia también se utilizaron falsas afirmaciones acerca de ejércitos de mercenarios africanos en Libia y acerca de ataques aéreos contra civiles.

Estas dos afirmaciones se han dejado después de lado y se han ido volviendo cada vez más opacas. Sin embargo, las afirmaciones acerca de las masacres se utilizaron en un marco legal, diplomático y militar para justificar la guerra de la OTAN contra Libia.

Utilizar los derechos humanos como un pretexto para la guerra: la Liga Libia por los Derechos Humanos y sus afirmaciones no demostradas

Una de las muchas fuentes de la afirmación de que Gadafi estaba matando a su propio pueblo es la Liga Libia por los Derechos Humanos (LLHR, por sus siglas en inglés).

En realidad, la LLHR fue fundamental para conseguir que la ONU se implicara gracias a sus afirmaciones específicas en Ginebra.

El 21 de febrero de 2011 la LLHR consiguió que otras 70 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) enviaran cartas al presidente Obama, a la Alta representante de la UE, Catherine Ashton y al Secretario General de la ONU, Ban-ki Moon, pidiendo una intervención internacional contra Libia, invocando la doctrina de la “Responsabilidad de proteger”. En realidad, sólo 25 miembros de esta coalición afirman ser grupos de derechos humanos.

La carta es la siguiente:

Los abajo firmantes, organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y humanitarias les urgimos a movilizar a la ONU y a la comunidad internacional y a emprender una acción inmediata para detener las atrocidades generalizadas que está perpetrando actualmente el gobierno libio contra su propio pueblo. No puede continuar el inexcusable silencio.

Como saben, se calcula que en los últimos días las fuerzas del coronel Moammar Gadhafi ha asesinado deliberadamente a cientos de manifestantes pacíficos y a personas inocentes por todo el país.

Sólo en la ciudad de Bengasi un doctor informó haber visto al menos 200 cadáveres.

Los testigos informan de que una mezcla de comandos especiales, mercenarios extranjeros y personas leales al régimen han atacado a los manifestantes con cuchillos, rifles de asalto y armas de gran calibre.

Los francotiradores disparan contra manifestantes pacíficos.

Se ha utilizado la artillería y helicópteros contra masas de manifestantes.

Los responsables de los hospitales informaron de muchas víctimas con disparos en la cabeza y el pecho, y de una a la que un misil aéreo había dado en la cabeza. Se ha informado de que los tanques están en las calles y aplastan a personas inocentes.

Los testigos informan de que los mercenarios están disparando indiscriminadamente desde helicópteros y desde los tejados.

Se ha visto a mujeres y niños saltando del Puente Giuliana en Bengasi para escapar. Muchos de ellos murieron por el impacto del salto al agua mientras que otros se ahogaron.

El régimen libio está tratando de esconder todos estos crímenes cortando el contacto con el mundo exterior.

Las líneas de internet o telefónicas han sido cortadas o interrumpidas.

No hay duda aquí acerca de la intención. Los medios de comunicación del gobierno han publicado amenazas abiertas prometiendo que los manifestantes se encontrarían con una “respuesta violenta y atronadora”.

En consecuencia, el gobierno de Libia está cometiendo unas graves y sistemáticas violaciones del derecho a la vida tal como está garantizado por la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Acuerdo Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos. Los ciudadanos que tratan de ejercer sus derechos básicos a la libertad de expresión y de reunión están siendo masacrados por el gobierno.

Además, el gobierno de Libia está cometiendo crímenes contra la humanidad, tal y como lo define el Memorando Explicativo al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Los asesinatos masivos de civiles inocentes por parte del gobierno libio equivalen a unos ataques particularmente odiosos que constituyen una grave agresión a la dignidad humana.

Como han confirmado muchos testimonios orales y de vídeo recogidos por organizaciones de derechos humanos y agencias de noticias, los ataques del gobierno libio contra su población civil no son acontecimientos aislados o esporádicos, sino que estas acciones constituyen una política y una práctica generalizadas y sistemáticas de atrocidades cometidas intencionalmente, incluyendo el asesinato, la persecución política u otros actos inhumanos que llegan al umbral de crímenes contra la humanidad.

Responsabilidad de proteger

Según el Documento Final de la Cumbre Mundial de 2005, ustedes tienen una clara e inequívoca responsabilidad de proteger al pueblo de Libia.

La comunidad internacional, por medio de la ONU, tiene la responsabilidad de utilizar los medios diplomáticos, humanitarios y otros adecuados, de acuerdo con los Capítulos VI y VIII de la Carta, para ayudar a proteger a la población libia.

Dado que manifiestamente las autoridades nacionales libias no están protegiendo a su población de crímenes contra la humanidad, los medios pacíficos serían inadecuados, los Estados miembros están obligados a emprender una acción colectiva de forma oportuna y decisiva, por medio del Consejo de Seguridad, de acuerdo con la Carta de la ONU, incluyendo el Capítulo VII.

Además, les urgimos a convocar una Sesión Especial de urgencia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, cuyos miembros, según la Resolución de la AG de la ONU 60/251, tienen la obligación de tratar situaciones de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos. La sesión debería:

-Pedir a la Asamblea General que suspenda la condición de miembro del Consejo de Libia, de conformidad con el Artículo 8 de la Resolución 60/251, que se aplica a Estados miembros que cometen graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos.

-Condenar firmemente la masacre de sus propios civiles por parte de Libia, y exigir que acabe de inmediato.

-Desplegar inmediatamente una misión de expertos independientes que recopilen hechos relevantes y documenten violaciones de las leyes internacionales en relación a los derechos humanos y crímenes contra la humanidad para acabar con la impunidad del gobierno libio.

La misión debería incluir una investigación médica independiente sobre las muertes y una investigación sobre las trabas ilegales que ha puesto el gobierno libio al acceso y tratamiento de los heridos.

-Pedir al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU y a los Procedimientos Especiales del Consejo que sigan de cerca la situación y emprendan las acciones necesarias.

-Pedir al Consejo que continúe atento a esta cuestión y aborde la situación libia en su próxima XVI sesión regular en marzo.

Los Estados miembros y los altos cargos de la ONU tienen la responsabilidad de proteger al pueblo de Libia de lo que son crímenes evitables. Les urgimos a utilizar todas las medidas y niveles disponibles para poner fin a estas atrocidades por todo el país.

Les urgimos a enviar un claro mensaje de que la comunidad internacional, el Consejo de Seguridad y el Consejo de Derechos Humanos en su conjunto no serán observadores pasivos de estas atrocidades generalizadas. La credibilidad de la ONU y muchas vidas inocentes están en juego [1].

Según Physicians for Human Rights [Médicos por los Derechos Humanos]: “[Esta carta], que se preparó siguiendo las orientaciones de Mohamed Eljahmi, el célebre defensor de los derechos humanos libio y hermano del disidente Fathi Eljahmi, afirma que las atrocidades generalizadas cometidas por Libia contra su propio pueblo equivalen a crímenes de guerra y que los Estados miembros emprendan acciones por medio del Consejo de Seguridad según la doctrina de la Responsabilidad de Proteger” [2].

Entre los firmantes de la carta se incluyen Francis Fukuyama, United Nations Watch (que vela por los intereses de Israel y, según fuentes israelíes, organizó toda la sesión contra Libyan Arab Jamahiriya [Libia]), B’nai B’rith Human Rights Commission, Cuban Democratic Directorate y toda una serie de organizaciones enfrentadas a los gobiernos de Nicaragua, Cuba, Sudán, Rusia, Venezuela y Libia.

Algunas de estas organizaciones son vistas con hostilidad como organizaciones creadas para emprender campañas contra países que están enfrentados con Estados Unidos, Israel y la Unión Europea. Véase en el Anexo la lista de firmantes.

La LLHR está relacionada con la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), que tiene su base en Francia y está relacionada con el National Endowment for Democracy (NED). La FIDH está activa en muchos lugares de África y en actividades en las que está implicado el National Endowment for Democracy en el continente africano.

Ambas, la FIDH y la LLHR, emitieron también un comunicado conjunto el 21 de febrero de 2011 en el que ambas organizaciones pedían a la comunidad internacional que se “movilizara” y apelara a la Corte Penal Internacional, al tiempo que también hacían una afirmación contradictoria de que de 400 a 600 personas habían muerto desde el 15 de febrero de 2011 [3].

Por supuesto, eran unas 5.500 personas menos que la afirmación de que se había masacrado a 6.000 personas en Bengasi. La carta también promovía la falsa idea de que un 80% del apoyo a Gadafi provenía de mercenarios extranjeros, algo que más de medio año de combates demuestra que no es cierto.

Según el Secretario General de la LLHR, el Dr. Sliman Bouchuiguir, la LLHR no podía validar las afirmaciones acerca de las masacres en Bengasi cuando se le pidió demostrarlo.

Cuando se le preguntó cómo un grupo de 70 ONG de Ginebra podía mantener las afirmaciones hechas por la LLHR en la capital suiza, el Dr. Buchuiguir respondió que la base era una red de estrechas relaciones. Esto es una farsa.

Las suposiciones no son ni pruebas ni razón para empezar una guerra con una campaña de bombardeos que ha durado casi medio año y ha costado muchas vidas inocentes, incluyendo niños y ancianos. Lo que es importante señalar aquí es que el Consejo de Seguridad de la ONU decidió sancionar a Libia sobre la base de esta carta y las afirmaciones de la LLHR.

Ni el Consejo de Seguridad de la ONU ni los Estados miembros que estaban a favor de la guerra se tomaron siquiera la molestia de investigar una sola vez las afirmaciones.

En una sesión en Nueva York, el embajador indio ante la ONU hizo referencia a esto cuando su país se abstuvo en la votación. Así, al denominada “guerra humanitaria” se emprendió sin ninguna prueba.


Nota del editor de Global Research: U.N. Watch, que promovió activamente la declaración de la LLHR, tiene relaciones formales con el Departamento de Estado estadounidense. Fue establecido durante el gobierno Clinton en 1993, bajo la presidencia de Morris B. Abram, un ex representante permanente estadounidense ante la ONU en Ginebra. U.N. Watch está formalmente aliado al American Jewish Committee [Comité Judío Estadounidense] (AJC), un poderoso lobby político pro-israelí con sede en Nueva York.


La relación secreta entre la LLHR y el Consejo de Transición

Las afirmaciones de la Liga Libia por los Derechos Humanos (LLHR) se coordinaron con la formación del Consejo de Transición. Esto resulta claro cuando se hace evidente la estrecha y reservada relación entre la LLHR y el Consejo de Transición. Lógicamente, la administración Obama y la OTAN también tenían que formar parte de ello.

Sea lo que sea el Consejo de Transición y sean cuales sean las intenciones de quienes lo apoyan, está claro que está siendo utilizado como una herramienta por Estados Unidos y otros.

Es más, cinco miembros de la LLHR eran miembros o se convertirían en miembros del Consejo de Transición inmediatamente después de que se difundieran las afirmaciones contra Libia.

Según Bouchuguir, entre las personas relacionadas con la LLHR o miembros de ella están Mahmoud Jibril y Ali Tarhouni.

El Dr. Mahmoud Jibril es una figura del régimen libio que fue introducido en los círculos del gobierno libio por Saif Al-Islam Qaddafi. Se le habría dado de forma democráticamente el puesto de primer ministro del Consejo de Transición. Sus implicaciones con la LLHR suscitan algunas cuestiones acerca de la organización.

Por otra parte, el economista Ali Tarhouni se convertiría en el Ministro del petróleo y finanzas del Consejo de Transición. Tarhouni es el hombre de Washington en Libia. Se formó en Estados Unidos y estaba presente en las principales reuniones sobre los planes para cambiar de régimen en Libia.

Como ministro del petróleo y de finanzas lo primero que hizo fue privatizar y casi entregar los recursos energéticos y la economía de Libia a corporaciones y gobiernos extranjeros de la coalición dirigida por la OTAN contra Libia.

El Secretario General de la LLHR, Sliman Bouchuiguir, incluso ha admitido en privado que muchos miembros influyentes del Consejo de Transición son amigos suyos. Surge una autentica cuestión de intereses.

Sin embargo, la relación secreta entre la LLHR y el Consejo de Transición es mucho mas que una cuestión de conflicto de intereses. Es una cuestión de justicia y de manipulación.

¿Quién es Sliman Bouchuiguir?

Sliman Bouchuguir es un desconocido para la mayoría, aunque fue autor de una tesis doctoral que ha sido ampliamente citada y utilizada en círculos estratégicos en Estados Unidos.

Esta tesis se publicó en 1979 en forma de libro, The Use of Oil as a Political Weapon: A Case Study of the 1973 Arab Oil Embargo [El uso del petróleo como arma política: un estudio del embargo de petróleo árabe en 1973].

La tesis trata del uso del petróleo como arma de guerra por parte de los árabes, pero se puede aplicar fácilmente a los rusos, iraníes, venezolanos y otros.

Examina el desarrollo económico y el bienestar económico, y también se puede aplicar a vastas regiones, incluyendo toda África.

La tesis analítica de Bouchuguir es reflejo de una importante línea de pensamiento tanto en Washington como en Londres y Tel Aviv.

Es la encarnación de una mentalidad preexistente, que incluye los argumentos del asesor de seguridad estadounidense, George F. Kennan, para mantener una postura de disparidad por medio de una guerra constante de múltiples facetas entre Estados Unidos y sus aliados, por una parte, y el resto del mundo por otra.

Se puede recurrir a esta tesis para impedir que los árabes, u otros, se conviertan en potencias económicas o en amenazas.

En términos estratégicos, las economías rivales se definen como amenazas y como “armas”. Esto tiene unas graves connotaciones.

Por otra parte, Bouchuiguir hizo su tesis en la universidad George Washington y fue dirigida por Bernard Reich, politólogo y profesor de relaciones internacionales.

Ha trabajado y ocupado puestos en organismos como el Colegio de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos, la Escuela de Operaciones Especiales de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, la Facultad de la Guerra del Cuerpo de Marines y el Centro Shiloah en la Universidad de Tel Aviv.

Ha sido consultor sobre Oriente Próximo para el Instituto de Relaciones Exteriores del Departamento de Estado estadounidense y recibido ayudas económicas, como la Subvención del Programa de Investigación de la Academia de Defensa y la Subvención German Marshalt. Reich también pertenece o perteneció al equipo de redacción de diarios como Israel Affairs (desde 1994 hasta ahora), Terrorism: An International Journal (1987-1994) y The New Middle East (1971-1973).

Esta claro que Reich está unido a los intereses israelíes. Incluso ha escrito un libro acerca de la especial relación entre Estados Unidos e Israel.

También ha sido un defensor de un “Oriente Próximo” que favorable a Israel. Esto incluye una consideración especial del Norte de África.

Su trabajo también se ha centrado en la importante interrelación estratégica entre la Unión Soviética y Oriente Próximo, y también en la política israelí en el continente africano.

Está claro por qué Reich supervisó la tesis de Bouchuiguir.

El 23 de octubre de 1973, Reich ofreció un testimonio ante el Congreso estadounidense con el título de “El impacto de la guerra de octubre de Oriente Próximo”, claramente relacionado con el embargo de petróleo de 1973 y el objetivo de Washington de adelantarse a acontecimientos similares en el futuro o de controlarlos.

Hay que preguntarse cuánto influyó Reich a Bouchuiguir y si Bouchuiguir propugna las mismas opiniones estratégicas que Reich.

El “Nuevo Norte de África” y una “Nueva África”

Más que simplemente un “Nuevo Oriente Próximo”, se está creando una “Nueva África”, cuyas fronteras estarán aún más trazadas en sangre, como en el pasado. La administración Obama y sus aliados han abierto una puerta para una nueva invasión de África.

El Comando África de Estados Unidos (AFRICOM, por su siglas en inglés) abrió las salvas de la guerra por medio de la operación Odisea del Amanecer antes de que la guerra contra Libia fuera transferida a la operación Protector Unificado de la OTAN.

Estados Unidos ha utilizado a la OTAN para continuar con la ocupación de la Europa de después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora utilizará al AFRICOM para ocupar África y crear una OTAN africana.

Está claro que Estados Unidos quiere una dilatada presencia militar en Libia y África bajo el disfraz de misiones de ayuda humanitaria y para combatir el terrorismo, el mismo terrorismo que ahora se está avivando en Libia y África.

Se está preparando el camino para una intervención en África con el pretexto de la lucha contra el terrorismo. El general Carter Ham afirmó: “Si fuéramos a emprender una acción humanitaria, ¿cómo lo hacemos de forma eficaz y controlando el tráfico aéreo, la gestión del aeródromo [y] este tipo de actividades?” [4].

En realidad, la pregunta del general Ham es un argumento de perogrullo para crear asociaciones militares africanas que se integren entre ellas, así como nuevas bases que podrían incluir el uso de más drones militares contra Libia y otros países africanos.

The Washington Post y The Wall Street Journal (WSJ) han dejado claro que el Pentágono está tratando de establecer más bases de drones en África y en la península Arábiga para expandir sus guerras [5]. En este contexto, el Comando del AFRICOM afirma que existen relaciones entre Al-Shabaab en Somalia, al-Qaeda en el Magreb islámico en el norte de África y Boko Harem en Nigeria. [6]

La guerra de Libia es un fraude 

El General Ham ha afirmado: “Tengo la plena confianza en que si la ONU no hubiera tomado esta decisión, Estados Unidos no se hubiera puesto a la cabeza con un gran apoyo, y con toda seguridad muchas personas en Bengasi que hoy están vivas no lo estarían” [7].

Esto no es verdad y está muy lejos de la realidad. La guerra ha costado más vidas de las que se podrían haber salvado. Ha arruinado a un país y ha abierto la puerta hacia África a un proyecto neocolonial.

Las afirmaciones de la Liga Libia por los Derechos Humanos (LLHR) nunca se sostuvieron o se verificaron. Se debe cuestionar la credibilidad de la ONU así como la credibilidad de muchas organizaciones humanitarias y de derechos humanos que casi presionaron en favor de una guerra.

El Consejo de Seguridad de la ONU es, en el mejor de los casos, un organismo irresponsable, que claramente ha actuado al margen del debido proceso legal.

Parece que este mismo modelo se está repitiendo contra la República Árabe Siria, ya que individuos y organizaciones, apoyados por potencias extranjeras a las que no les importan nada las auténticas reformas democráticas o la libertad, están haciendo las mismas afirmaciones.

Mahdi Darius Nazemroaya es sociólogo e investigador asociado del Centre for Research on Globalization (CRG). Está especializado en Oriente Próximo y Asia Central. Durante más de dos meses permaneció en Libia y también fue corresponsal de Flashpoints, que es un programa con sede en Berkeley, California.

FUENTE REBELION

NOTAS:

[1] United Nations Watch et al., “Urgent Appeal to Stop Atrocities in Libya: Sent by 70 NGOs to the US, EU, and UN”, 21 de febrero de 2011:

<http://www.unwatch.org/site/apps/nlnet/content2.aspx?c=bdKKISNqEmG&b=1330815&ct=9135143>

[2] Physicians for Human Rights, “PHR and Human Rights Groups Call for Immediate Action in Libya”, 22 de febrero de 2011:

<http://physiciansforhumanrights.org/press/press-releases/news-2011-02-22-libya.html>

[3] The International Federation for Human Rights (FIDH) and the Libyan League for Human Rights (LLHR), “Massacres in Libya: The international community must urgently”, 21 de febrero de 2011:

<http://www.fidh.org/IMG/article_PDF/article_a9183.pdf>

[4] Jim Garamone, “Africa Command Learns from Libya Operations,” American Forces Press Service, 15 de septiembre de 2011:

<http://www.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=65344&reason=1>

[5] Gregory Miller y Craig Whitlock, “U.S. assembling secret drone bases in Africa, Arabian Peninsula, officials say”, The Washington Post, 20 de septiembre de 2011; Julian E. Barnes, “U.S. Expands Drone Flights to Take Aim at East Africa”, The Wall Street Journal (WSJ), 21 de septiembre de 2011.

[6] Garamone, “Africa Command Learns,” Op. cit.

[7] Ibid.


ANEXO: FIRMANTES DE LA CARTA URGENTE PIDIENDO LA INTERVENCIÓN EN LIBIA

12 de febrero de 2011, Ginebra, Suiza

1. Hillel C. Neuer, United Nations Watch, Suiza

2. Dr. Sliman Bouchuiguir, Libyan League for Human Rights, Suiza

3. Mary Kay Stratis, Victims of Pan Am Flight 103, Inc., USA

4. Carl Gershman, President, The National Endowment for Democracy, USA

5. Yang Jianli, Initiatives for China, USA – Ex prisionero de conciencia y superviviente de la masacre de la Plaza de Tiananmen Square

6. Yang Kuanxing, YIbao – Escritor chino, firmante original de la Carta 08, el manifiesto pidiendo la reforma política en China

7. Matteo Mecacci, Parlamentario, Nonviolent Radical Party, Italia

8. Frank Donaghue, Physicians for Human Rights, USA

9. Nazanin Afshin-Jam, Stop Child Executions, Canadá

10. Bhawani Shanker Kusum, Gram Bharati Samiti, India

11. G. Jasper Cummeh, III, Actions for Genuine Democratic Alternatives, Liberia

12. Michel Monod, International Fellowship of Reconciliation, Suiza

13″>Esohe Aghatise, Associazione Iroko Onlus, Italia

14. Harris O. Schoenberg, UN Reform Advocates, USA

15. Myrna Lachenal, World Federation for Mental Health, Suiza

16. Nguyên Lê Nhân Quyên, Vietnamese League for Human Rights, Suiza

17. Sylvia G. Iriondo, Mothers and Women against Repression (M.A.R. Por Cuba), USA

18. David Littman, World Union for Progressive Judaism, Suiza

19. Barrister Festus Okoye, Human Rights Monitor, Nigeria

20. Theodor Rathgeber, Forum Human Rights, Alemania

21. Derik Uya Alfred, Kwoto Cultural Center, Juba – Sudán de Sur

22. Carlos E Tinoco, Consorcio Desarrollo y Justicia, A.C., Venezuela

23. Abdurashid Abdulle Abikar, Center for Youth and Democracy, Somalia

24. Dr. Vanee Meisinger, Pan Pacific and South East Asia Women’s Association, Tailandia

25. Simone Abel, René Cassin, Reino Unido

26. Dr. Francois Ullmann, Ingenieurs du Monde, Suiza

27. Sr Catherine Waters, Catholic International Education Office, USA

28. Gibreil Hamid, Darfur Peace and Development Centre, Suiza

29. Nino Sergi, INTERSOS – Humanitarian Aid Organization, Italia

30. Daniel Feng, Foundation for China in the 21st Century

31. Ann Buwalda, Executive Director, Jubilee Campaign, USA

32. Leo Igwe, Nigerian Humanist Movement, Nigeria

33. Chandika Gautam, Nepal International Consumers Union, Nepal

34. Zohra Yusuf, Human Rights Commission of Pakistan, Pakistán

35. Sekou Doumbia, Femmes & Droits Humains, Mali

36. Cyrille Rolande Bechon, Nouveaux Droits de l’Homme, Camerún

37. Zainab Al-Suwaij, American Islamic Congress, USA

38. Valnora Edwin, Campaign for Good Governance, Sierra Leona

39. Patrick Mpedzisi, African Democracy Forum, Sudáfrica

40. Phil ya Nangoloh, NamRights, Namibia

41. Jaime Vintimilla, Centro Sobre Derecho y Sociedad (CIDES), Ecuador

42. Tilder Kumichii Ndichia, Gender Empowerment and Development, Camerún

43. Amina Bouayach, Moroccan Organisation for Human Rights, Marruecos

44. Abdullahi Mohamoud Nur, CEPID-Horn Africa, Somalia

45. Delly Mawazo Sesete, Resarch Center on Environment, Democracy & Human Rights, RD Congo

46. Joseph Rahall, Green Scenery, Sierra Leona

47. Arnold Djuma, Solidarité pour la Promotion Sociale et la Paix, Ruanda

48. Panayote Dimitras, Greek Helsinki Monitor, Grecia

49. Carlos E. Ponce, Latina American and Caribbean Network for Democracy, Venezuela

50. Fr. Paul Lansu, Pax Christi International, Belgica

51. Tharsika Pakeerathan, Swiss Council of Eelam Tamils, Suiza

52. Ibrahima Niang, Commission des Droits Humains du Mouvement Citoyen, Senegal

53. Virginia Swain, Center for Global Community and World Law, USA

54. Dr Yael Danieli, International Society for Traumatic Stress Studies, USA

55. Savita Gokhale, Loksadhana, India 56. Hasan Dheeree, Biland Awdal Organization, Somalia

57. Pacifique Nininahazwe, Forum pour le Renforcement de la Société Civile, Burundi

58. Derik Uya Alfred, Kwoto Cultural Center, Sudán del Sur

59. Michel Golubnichy, International Association of Peace Foundations, Rusia

60. Edward Ladu Terso, Multi Media Training Center, Sudán

61. Hafiz Mohammed, Justice Africa Sudan, Sudán

62. Sammy Eppel, B’nai B’rith Human Rights Commission, Venezuela

63. Jack Jeffery, International Humanist and Ethical Union, Reino Unido

64. Duy Hoang, Viet Tan, Vietnam

65. Promotion de la Democratie et Protection des Droits Humains, RD Congo

66. Radwan A. Masmoudi, Center for the Study of Islam & Democracy, USA

67. María José Zamora Solórzano, Movimiento por Nicaragua, Nicaragua

68. John Suarez, Cuban Democratic Directorate, USA

69. Mohamed Abdul Malek, Libya Watch, Reino Unido

70. Journalists Union of Russia, Rusia

71. Sindi Medar-Gould, BAOBAB for Women’s Human Rights, Nigeria

72. Derik Uya Alfred, Kwoto Cultural Centre, Sudán

73. Sr. Anne Shaym, Presentation Sisters, Australia

74. Joseph Rahad, Green Scenery, Sierra Leona

75. Fahma Yusuf Essa, Women in Journalism Association, Somalia

76. Hayder Ibrahim Ali, Sudanese Studies Center, Sudán

77. Marcel Claude Kabongo, Good Governance and Human Rights NGO, RD Congo

78. Frank Weston, International Multiracial Shared Cultural Organization (IMSCO), USA

79. Fatima Alaoui, Maghrebin Forum for environment and development, Marruecos

80. Ted Brooks, Committee for Peace and Development Advocacy, Liberia

81. Felly Fwamba, Cerveau Chrétien, RD Congo

82. Jane Rutledge, CIVICUS: World Alliance of Citizen Participation, Sudáfrica 83. Ali AlAhmed, The Institute for Gulf Affairs, USA

84. Daniel Ozoukou, Martin Luther King Center for Peace and Social Justice, Costa de Marfil

85. Dan T. Saryee, Liberia Democratic Institute (LDI), Liberia

Individuos: Dr. Frene Ginwala, ex portavoz de la Asamblea Nacional SudafricanaFrancis Fukuyama, filósofo Mohamed Eljahmi, activista libio de derechos humanos Glenn P. Johnson, Jr., tesorero, Victims of Pan Am Flight 103, Inc., padre de Beth Ann Johnson, víctima del bombardeo de Lockerbie Fuente : U.N. Watch (Véase nota 1)

Fuente: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=26848

rEV

Post Navigation

Seguir

Recibe cada nueva publicación en tu buzón de correo electrónico.

Únete a otros 188 seguidores