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Por qué no hay una democracia real en España (en ocho sencillos pasos)


Por qué no hay una democracia real en España (en ocho sencillos pasos)

24 de mayo de 2011
 
Si decimos que en España no hay una democracia real lo decimos por algo.
 
Lo digo porque hay por ahí quien afirma, cual en canción de Ketama, que estamos locos y que no sabemos lo que queremos.
 
Para contribuir a rebatir esta chorrada tan sumamente gorda hemos confeccionado una lista con los ocho motivos de por qué en España no hay una democracia real. Ocho, que podrían ser más, y ordenados subjetivamente por un servidor de ustedes.
 
Y motivos, ojo; no propuestas. Aquí no proponemos ni listas integralmente abiertas ni sufragios radicalmente representativos. Por no proponer es que no proponemos nada. Esto es una humilde lista, no un manifiesto. Así que explicamos, sin más, el porqué de que estemos tan hasta los cojones en ocho sencillos pasos.
 
De forma fundada –que es como se razonan las cosas–, con un poquito de sentido del humor –que es de lo que va este blog–, concatenando –para amenizar– y, sobre todo, humildemente y sin querer ir de originales –porque entre machaconas y obviedades, todo lo que se dice aquí se ha dicho ya en muchos otros sitios–.
 
Y erradamente en algunas cosas, seguramente, porque ni soy leguleyo ni miren, ganas que tengo. Aún así, les animo a leerse el tocho, de una sentada o por entregas, o parte de él. Les anuncio, por cierto, que el primer punto es el más coñazo, pero que después la cosa mejora.
 
Y si les gusta, a que hablen de lo que aquí hablamos. Porque hay que difundir la palabra, porque concentrarse y hacer bulto no lo es todo y porque además no sólo de retweets vive el revolucionario. Ésta es nuestra pequeña contribución a todo esto.
 
Por qué no hay una democracia real en España 
(en ocho sencillos pasos)
 
1. Porque no llega a todas partes –#Poder judicial–.
 
Empecemos por lo básico. A usted le han dicho que vive en una democracia. A usted, amigo, le han dicho muchas cosas. Le han dicho que vive en una democracia, que Mozart componía con cuatro años y que cuando Belén Esteban se operó el tabique, fue por la diabetes. Cosas que pasan.
 
Yo no sé qué piensa usted de Mozart o Belén Esteban, pero sobre democracia una cosa le digo; el Estado se divide en tres poderes, pero sólo dos de ellos –el ejecutivo y el legislativo– están sometidos a elecciones. El judicial no.
 
Es notorio y manifiesto que los integrantes del poder judicial se dividen entre progresistas y conservadores, que en nomenclatura judicial vendría a ser lo que en los otros dos poderes se llama sencillamente ser de PSOE o del PP. La fractura entre ambos bloques, de hecho, suele llevar a frecuentes problemas en órganos como el CGPJ, los tribunales Supremo y Constitucional o la Audiencia Nacional, por citar sólo algunos.
 
La filiación ideológica de los jueces ha sido objeto de denuncia en numerosísimas ocasiones –algunas muy sonadas– y los escándalos en los que los partidos políticos se acusan de corromper jueces son el Sálvame Deluxe nuestro de cada día. Esto es así aunque el poder judicial debería, teóricamente, ser independiente, y repetimos; teóricamente.
 
Es decir, en los libros de Montesquieu. En la realidad real de España no lo es, y además por muchos motivos. El más evidente de todos es que los integrantes de sus más altas instituciones son designados directamente por los partidos políticos a través del gobierno y del parlamento. EL CGPJ, por ejemplo, que es la más alta institución del poder judicial, cuenta veinte vocales, todos ellos nombrados por el parlamento.
 
El Tribunal Constitucional, por ejemplo, se compone de doce magistrados de los que ocho lo son nombrados por el parlamento, dos por el gobierno y dos por el CGPJ. Y así, susceptiblemente.
 
¿Cómo se explica que hablemos de la independencia del poder judicial si sus cargos dependen directamente del gobierno y del parlamento? Bueno, pues también por varios motivos. El principal, porque hablar es gratis.
 
¿Esto es así en todas partes?
 
Pues sí y no. Cierto que el poder judicial no responde a proceso democrático en ningún moderno estado de derecho, pero también cierto que en muchos países su independencia no es necesariamente más falsa que los monos de Jumanji.
 
En Reino Unido, por ejemplo –que por cierto, es donde se inventó la separación de poderes– los integrantes del máximo órgano judicial, la Supreme Court, no los elige el parlamento en modo alguno, sino una comisión formada por el presidente y el vicepresidente de la propia Supreme Court, un miembro de una comisión al efecto de Inglaterra y Gales, otro similar de Escocia y otro de Irlanda del Norte.
 
¿A quién beneficia esto?
 
Según Montesquieu, que de esto sabía un huevo, a la libertad del ciudadano, pero echemos unas cuentas rápidas. Para designar vocales del CGPJ o magistrados del TC el parlamento requiere una mayoría de tres quintos, que vienen a ser el 60% de los escaños. Si PP y PSOE ocupan en el parlamento el 92% de los escaños, adivinen qué: pues que ningún magistrado o vocal lo es sin el voto a favor bien del PP, bien del PSOE.  
Es evidente que el poder judicial participa activa y muy determinantemente en la política; legaliza e ilegaliza partidos, por ejemplo, decide la impugnación o no impugnación de candidatos e instruye y decide en tantos juicios se pleiteen entre ellos los partidos políticos. Si todos asumimos que el poder judicial participa en la política, que la filiación ideológica participa activamente del poder judicial –en concreto la filiación al PP o al PSOE–, ¿por qué no votar democráticamente a sus altos cargos como se hace en los otros dos poderes? Misterio, amigo. Misterio y sonido de grillos. Cri cri.
 
Y usted dirá bueno, vale, pesado, no me des la chapa. Pero la democracia está garantizada en los otros dos poderes del estado, ¿no? Pues no, querido amigo. De eso nada.
 
2. Porque no se consulta al pueblo –#Referéndum–.
  
Pensemos en una monarquía del siglo XVI, por ejemplo, y al papel que juega el rey en ella. El soberano toma todas las decisiones del reino –al menos las más importantes– y, además, designa a otras personas para que ocupen los puestos de su gobierno –que son los que, subsidiariamente, toman todas las demás decisiones–.
 
Ahora pensemos en nuestra democracia. Puede que el pueblo –que es el soberano de este supuesto, por si a alguien se le escapa– designe a los cargos, pero… ¿Toma algún tipo de decisión? No. Sólo elige a las personas que las toman. Sólo hace eso: votar. ¿Votar decisiones? No. Nunca. Sólo vota cargos. Pero nunca toma decisiones.
 
La Constitución prevé la celebración de un referéndum en dos casos. Uno, como medida legal necesaria para reformar la propia Constitución –o los estatutos autonómicos–; y dos, y aquí está el tema, con fines consultivos –en cuyo caso es siempre a nivel nacional y habla de ‘decisiones políticas de especial trascendencia’.  
 
No obstante desde de la muerte de Franco –y esto son treinta y seis años– sólo se han celebrado la friolera de cuatro referendos nacionales. Y, mira por dónde; de estos cuatro sólo uno –el de permanencia en la OTAN de 1986– ha sido de carácter consultivo.
 
A la hora de tomar el resto de decisiones –incluyendo el ingreso en la UE, la ilegalización de partidos, las reformas educativas, la participación en varias guerras o el cambio de moneda– los sucesivos gobiernos lo han tenido claro; las han tomado ellos.  
 
¿Esto es así en todas partes?
 
No. Sólo hasta el año 2004 se habían celebrado en Suiza 217 referendos –con una media de diez al año–.
 
Algunas de las decisiones que los suizos han tomado en referéndum son la igualdad legal de hombre y mujeres –1981–, la suspensión por diez años de la construcción de centrales nucleares  –1990 –, la negativa a entrar en el Espacio Económico Europeo –1992– o el uso de heroína en tratamientos de desintoxicación para drogodependientes –2008–.
 
¿A quién beneficia esto?
 
Al Estado y especialmente a los sucesivos gobiernos –y en detrimento de los parlamentos–. Es así por una razón bien sencilla; los gobiernos eluden sistemáticamente el criterio de ‘especial trascendencia’ prescrito por el artículo 92 –el que regula el referéndum– ateniéndose el criterio de ‘extraordinaria y urgente necesidad’ recogido en el artículo 86 –que les habilita para promulgar un decreto-ley.
 
Así –y me gustaría decir que paradójicamente, pero es que no lo es– en España se evita la consulta popular aplicando la herramienta de la que dispone el Gobierno para promulgar leyes ya no sin consulta popular, sino directamente sin consulta parlamentaria.
 
De acuerdo, supongamos que en democracia el papel del pueblo no es el de tomar decisiones, sino simplemente el de designar a personas para ocupar cargos. ¿Elige el pueblo a las personas que quiere? No. El porqué es muy sencillo.
 
3. Porque las listas son cerradas –#Listas abiertas–.
 
Imagínese que a usted, que es así de excéntrico, le gusta ver Pasapalabra. Imagine que, para poder ver Pasapalabra estuviera usted obligado por ley a tener que ver veinticuatro horas de programación de Telecinco. Incluyendo Supervivientes hasta echar los higadillos. ¿Delirante, verdad? Y un planazo. Pues no se crea que la realidad democrática dista mucho de este paradigma.
 
Los votantes no tienen la opción de elegir a un representante, sino que tienen que elegir a una lista cerrada de representantes. Que no es lo mismo. Esto funciona así en la mayoría de instancias electorales –nacionales, autonómicas y municipales– con excepción del Senado, para el que se vota en una lista abierta. ¿Es muy abierta esta lista? Bueno, pues contiene a cuatro candidatos, y entre esos cuatro hay que elegir a tres. Muy abierta no es.
 
¿Esto es así en todas partes?
 
No. Durante la II República, por ejemplo, las listas eran abiertas. También las hay actualmente en Finlandia, por poner otro ejemplo.
 
Allí las listas son abiertas y no sólo las presentan los partidos, sino también cualquier ciudadano no afiliado a un partido que consiga asociarse o agruparse por distritos electorales hasta formar una lista –y a condición de reunir al menos cien firmas de votantes de ese distrito por cada candidato que presenten–.
 
Todas las listas, las de los partidos y las independientes, son revisadas por la autoridad electoral y concurren finalmente a las elecciones en una única lista abierta en la que figuran todos los candidatos mezclados y en orden por sorteo. El votante sencillamente vota, dentro de esa lista, a quien le da la gana.
 
¿A quién beneficia esto?
 
Según se dice con frecuencia, al propio país. Yo no lo creo. Me dirán simplista, conspiranoico y bolchevique, pero para mí que que esto beneficia sencillamente a los partidos. Que no en vano hacen listas cerradas situando a su candidato más famoso o carismático a la cabeza y obligan al elector a votar al resto de candidatos con él.
 
También a los candidatos que, dentro de los partidos grandes, tienen menos opciones, ya que consiguen acceder al poder arrastrados por el candidato cabeza de lista –a mí se me ocurren varios políticos de tal cota de impopularidad, y una de ellas se apellida Sinde, que simplemente cuesta creer que estuvieran en política si nuestro sistema fuese de listas abiertas–.
 
Y en tercer lugar, a los imputados por corrupción. Porque si la lista fuese abierta un elector podría votar a todos los candidatos de un partido, si quisiera, menos a los imputados por corrupción; con las listas cerradas, si votas a un partido tienes que votar a todos sus integrantes. Incluyendo a los imputados por corrupción.
 
De acuerdo. La mayoría de los candidatos no son elegidos libremente sino que vienen con el pack. Aún así, ¿es posible que su presencia en ese pack responda a la voluntad popular? La respuesta, por supuesto, es no. 
 
4. Porque los partidos carecen de democracia interna –#Democracia interna–.
 
Esto es terriblemente sencillo; el pueblo puede elegir a los candidatos, pero a los candidatos no los puede elegir el pueblo. O dicho de otro modo: en el proceso de ascenso al poder, sólo el último tramo –el que convierte a un candidato en un cargo político– lo es democráticamente.
 
Pero hasta ese punto, el candidato ha ascendido sin que medie en ello voluntad popular de ningún tipo. Esto puede llevar –y lleva– a situaciones tan chocantes como que el candidato a presidente del Gobierno –nada menos– esté en esa candidatura sin haber concurrido nunca a ningún tipo de votación o elección.
 
Sin, por supuesto, haber ganado nunca nada. Sin ni siquiera haberlo necesitado. Otros partidos sí que se someten frecuentemente a primarias internas pero mediante un modelo de sufragio indirecto, semiabierto y normalmente sin derecho al voto secreto.
 
¿Esto es así en todas partes?
 
No. En Estados Unidos –por ejemplo– los partidos Republicano y Demócrata se someten a elecciones primarias que no organizan ellos, sino los propios poderes públicos. Es así tanto en el caso de elecciones presidenciales como para elegir los candidatos a representantes, a senadores, a gobernadores y a alcaldes.
 
¿A quién beneficia esto?
 
A los afines al poder dentro de los propios partidos políticos. A nadie se le escapa que el más que probable futuro presidente del Gobierno –Mariano Rajoy– es candidato a tal no porque nadie lo haya votado nunca, sino porque fue designado a dedo por José María Aznar.
 
De acuerdo. La mayoría de los representantes políticos no ocupan su cargo por voluntad popular directa sino porque el sistema es así. Pero digo yo, que soy así de optimista, que aún así cuentan con libertad para trasladar la voluntad popular al ejercicio del poder, ¿no? Al menos en la media de lo posible. Pues no, querida amiga. De eso nada.
 
5. Porque los diputados están sometidos a disciplina de partido –#Disciplina de partido–.
 
Imagine que vive usted durante la Ilustración, que además tiene usted el día voltaireano –o voltairenesco– y que, entre pitos y flautas, de repente inventa un sistema político donde el pueblo elige a unos representantes para que sean quienes, mediante votaciones, tomen las decisiones. ¿Bonito, verdad? Pues ahora imagine que estos representantes no puedan votar las decisiones que ellos quieran.
 
El artículo 67 de la Constitución Española prohíbe la llamada interdicción del mandato imperativo. Es decir, que prohíbe expresamente que quién ostenta un escaño se vea obligado a votar algo que no sea lo que le dé la gana.
 
En la práctica, los diputados y senadores votan no según su voluntad sino sistemáticamente la consigna que dicta en cada votación la cúpula del partido.
 
Es lo que se conoce como disciplina de partido. Por eso precisamente –y sabiendo cuántos escaños tiene cada partido– pueden predecirse los resultados de la votación antes de que ésta ocurra.
 
Sólo en algunos casos muy sonados los parlamentarios contradicen la disciplina de partido –lo que siempre se salda con sanciones al parlamentario– y sólo en otros muy puntuales los partidos conceden a sus diputados libertad de voto.
 
¿Por qué, si está expresamente prohibido, existe entonces –y además abiertamente–  la disciplina de partido? Pues no lo sé, mire, pero le daré una pista; estamos hablando de que nuestra democracia no es real. Así que por ahí deben ir los tiros.
 
¿Esto es así en todas partes?
 
No. En Estados Unidos, por ejemplo, demócratas y republicanos cuentan con libertad de voto. Tanto así que, en 2008, el controvertido plan de rescate financiero propuesto por el presidente Bush –republicano– prosperó pese al voto en contra de muchos republicanos y a favor de tantos otros demócratas.
 
¿A quién beneficia esto?
 
A los partidos y en detrimento, lógicamente, de los representantes parlamentarios.
 
Muy bien, las decisiones no las toman los parlamentarios, sino los partidos. Aún así, los integrantes de esos partidos han sido votados por los ciudadanos, de lo que se deduce que sus decisiones son necesariamente representativas de la voluntad popular, ¿no? Pues no, mire. Tampoco.
 
6. Porque el reparto de votos es desproporcionado –#Reforma electoral–.
 
En España hay casi 3428 partidos políticos pero el parlamento sólo tiene 351 escaños. El 92% de estos escaños –unos 323 escaños– son para PSOE y PP. El 8% de escaños restantes –unos 28 escaños– son a repartir entre las otras 3428 fuerzas políticas del país. 
 
¿Sería bonito, verdad, si el parlamento tuviera equis número escaños y a su vez un escaño equivaliese a equis número de votos? Bonito, sencillo y democrático. Pero no. El sistema electoral español se diseñó deliberadamente para favorecer la creación de mayorías parlamentarias que confiriesen estabilidad al sistema.
 
Para ello pervierte –no se me ocurre un verbo mejor– esta proporcionalidad ideal entre voto y escaño estableciendo no una circunscripción nacional –que sería lo suyo–, sino circunscripciones provinciales y, a su vez, un enrevesado sistema en el que los representantes parlamentarios lo son por mayoría en sus provincias respectivas.
 
Este sistema fue posteriormente completado mediante la Ley 5/1985 del Régimen Electoral General, que aplica el llamado sistema D’Hondt y además elimina toda candidatura con menos del 3% de los votos en su circunscripción.
 
El resultado es que en las Cortes españolas los grandes partidos están sobrerrepresentados –tienen más diputados de los que les corresponden– a costa de los partidos minoritarios –que les ceden a los mayoritarios varios escaños de los que les corresponderían legítimamente–.
 
Los partidos con menos del 3% de los votos sencillamente no están. El cómo de todo esto es un poco lioso, pero lo tienen todo magníficamente resumido en esta web, desarrollado en este blog y esquematizado en esta presentación. No sé cuál les recomiendo más encarecidamente, porque las tres son magníficas.
 
¿A quién beneficia esto?
 
A PSOE, PP y los grandes partidos nacionalistas, principalmente CiU y PNV. Actualmente estas cinco fuerzas políticas acumulan el 96% de escaños de las Cortes. Pierden los partidos minoritarios, como IU o UPyD.
 
Tanto así que se llega a extremos como el de las elecciones generales de 2004, en las que la tercera fuerza más votada del país –Izquierda Unida, con 1280000 votos– resultó la sexta en número de diputados –con 5–. En esas mismas elecciones CiU obtuvo 830000 votos –un 36% menos que IU– pero acumularía el doble de diputados  –10 en total–.
 
¿Esto es así en todas partes?
 
No. En Dinamarca, por ejemplo, se contrarrestan los efectos de D’Hondt con un modelo de la llamada –y no por nada– elección proporcional. Lo tienen muy bien explicado aquí. De eso resulta un Parlamento mucho más fragmentado –como lo es la voluntad popular– pero lógicamente mucho más fidedigno respecto a la realidad.
 
La mayoría de los gobiernos daneses, de hecho, lo son en minoría, sin que en principio nadie se escandalice. No quiero perder la ocasión de animarles a que lean lo que dice en Wikipedia sobre la política, la democracia y el estado de bienestar danés.
 
En 2010 se elevó al parlamento español una petición de reforma del sistema electoral para mejorar la representatividad del cómputo, que obviamente fue automáticamente rechazada y enterrada por PP, PSOE, CiU y PNV. Ilústrese, por aportar la nota de color, que para ello adujeron motivos de austeridad económica.
 
7. Porque el reparto del poder no responde al principio representativo –#Representatividad–.
 
En nuestro sistema hay muchos cargos políticos, pero sólo algunos de ellos lo son electos democráticamente –por ejemplo los presidentes del Gobierno, los autonómicos o los alcaldes–.
 
Puestos tan poderosos como la vicepresidencia del Gobierno o los ministerios, no obstante, no están sometidos a ninguna votación, ni popular ni parlamentaria. Otros cargos elegidos a dedo son el de embajador, el de delegado del Gobierno o la dirección de cuantos institutos, agencias y oficinas dependen de los ministerios. El Jefe del Estado español tampoco ha sido refrendado en ninguna elección o referendo de ningún tipo.
 
¿Esto es así en todas partes?
 
No. En México, por ejemplo, los ministros, también por ejemplo, son elegidos por el Senado –dos terceras partes del mismo– entre tres candidatos propuestos por el Presidente de la República. En España los designa a dedo el presidente del Gobierno y los refrenda el rey. Punto.
 
¿A quién beneficia esto?
 
Al conjunto de la alta clase política y en detrimento de la baja, porque la mayoría de sus integrantes sencillamente no necesita presentarse a unas elecciones para ocupar un puesto de poder. 
 
A nadie se le escapa que, con la llegada de Rodríguez Zapatero a la presidencia, varios ministerios fueron ocupados por políticos de perfil tecnócrata para ser desplazados posteriormente por políticos de menos formación en sus respectivas competencias, pero afines a la llamada Nueva Vía socialista –la que llevó a Zapatero al liderazgo del PSOE–. Véanse los casos de Pedro Solbes-Elena Salgado, Bernat Soria-Leire Pajín o César Antonio Molina-Ángeles González Sinde.
 
Muy bien. En España se llega al poder de cientos de maneras, y muy pocas de ellas tienen que ver con la democracia. Aún así, al menos podremos confiar en ellos, ¿no? Ay, alma de cántaro. Menos mal que hemos llegado al último punto.
 
y 8. Porque en la democracia española la corrupción es generalizada –#Corrupción–.  
 
Puede que si decimos corrupción usted sólo piense en Gürtel, pero por ilustrar diremos que en 2009 la justicia española tenía abiertas 730 investigaciones judiciales por corrupción. El oro y la plata se lo llevaban, lógicamente, PSOE –con 264 causas– y PP –con 200–. En las pasadas elecciones municipales y autonómicas concurrieron en las listas electorales cientos de políticos imputados en casos de corrupción –aquí hay una lista con los cincuenta más significativos–.
 
Además, la corrupción no son sólo prevaricación y escándalos urbanísticos. Este año 2011, por poner otro ejemplo de corrupción, hemos sabido que el 20% de los nuevos altos funcionarios del Estado es familiar de otro alto funcionario. Aprovecho para reseñar, y no quiero perder la ocasión de invitarles a que se toquen los cojones, que lo que dice al respecto el autor del estudio es que ‘una hipótesis es que los hijos de los altos miembros de la administración son más competentes que el resto’.  
 
¿Esto es así en todas partes?
 
No, lógicamente. No es más limpio el que más limpia sino el que menos ensucia. El Índice de Percepción de Corrupción publicado por International Transparency en 2010 señalaba que los países  menos corruptos del mundo eran Dinamarca –que también el país de más alta felicidad subjetiva–, Nueva Zelanda –que tiene uno de los PIB per cápita más altos del mundo–, Singapur –por la razón poco espectacular de que tiene una de las leyes anticorrupción más severas– y Finlandia –el país con el mejor sistema educativo del mundo–. De los diez primeros, cuatro eran escandinavos. Diremos, como posdata, que España figuraba en el puesto 30 a nivel mundial y en el 16 entre los países europeos.
 
¿A quién beneficia todo esto?
 
Pues imagínenselo. A principios de año PP y PSOE cerraron un acuerdo parlamentario para evitar que la ley les impidiese incluir imputados en sus listas. El votante, aún así, podría sortearlo no votando al candidato imputado y sí a los demás, pero como se ha dicho las listas son cerradas y si quieres votar a un partido, tienes que votar también a sus imputados.  La propuesta de reforma de la ley electoral elevada al parlamento el año pasado hubiera acabado con las listas cerradas, pero una vez más fue bloqueada por PSOE y PP.
 
Así que, pues nada. Ocho son, ya ven, como las hijas de Elena. Ocho eran y ninguna era buena. Y que lo dicho; vaya con humor, con humildad y seguramente, con poco tino en algún tecnicismo. Quédense con la que más les gusta, y hasta lo mismo podemos hacer un ranking en el post de comentarios.
 
Ustedes mismos. No sea que, al final de todo, nos lo vayamos a tomar todo esto más seriamente de lo que se debe. Se me cuiden, me vayan por la sombra y les veo en la próxima.
 
 

Listas abiertas, doble voto, más debates y límite de mandatos


LA CALIDAD DE LA DEMOCRACIA


Listas abiertas, doble voto, más debates y límite de mandatos

Los ciudadanos defienden que haya escaños vacíos para el voto en blanco

Domingo, 17 de julio del 2011
J. R.
BARCELONA

Los 23 ciudadanos que participaron en el debate de EL PERIÓDICO sobre la ley electoral respondieron a un cuestionario que incluía 15 propuestas que partidos políticos y expertos han puesto encima de la mesa para mejorar el sistema de representación.

El apoyo más claro se lo llevaron ideas como las listas abiertas, la limitación de mandatos, la generalización de los referendos y la necesidad de regular por ley los debates electorales y el acceso a la información de la Administración.

En cuanto al modelo electoral, los ciudadanos aprueban el sistema de doble voto, a la alemana, para combinar proporcionalidad y proximidad al diputado.

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Información publicada en lapágina 21 de la sección dePolítica de la edición impresa del día 17 de julio de 2011VER ARCHIVO (.PDF)

El 68% de los participantes está de acuerdo con esta fórmula electoral, consistente en votar, al mismo tiempo, a un candidato directo y a una lista de partido. Para el 86%, es necesario un reparto más proporcional de los escaños, que haga efectiva la relación una persona, un voto. Y el 72% quiere listas desbloqueadas para poder marcar a candidatos preferentes o de distintos partidos.

Sin embargo, la opinión está más dividida acerca de la conveniencia de promover listas al margen de los partidos, como las agrupaciones de electores. Un 41% las respalda y un 36% las rechaza. El no es mayoritario cuando se propone eliminar la barrera mínima que, por ley, debe alcanzar una candidatura para obtener representación parlamentaria. Seis de cada 10 participantes optan por conservar este límite legal. Y el 86% exige introducir otra barrera, una que limite los mandatos políticos.

MENOS BUROCRACIA / Las consultas populares sobre leyes y cuestiones de gran calado es la propuesta que suscita un mayor apoyo, superior al 90%. Ese porcentaje se repite en el apartado de transparencia, en el que los ciudadanos demandan una ley que reduzca la burocracia a la hora de solicitar información a las instituciones públicas. A los partidos, la ciudadanía les reclaman primarias obligatorias para elegir candidatos y menos financiación pública.

Como la desafección suele traducirse en voto en blanco, los participantes en el debate se pronunciaron a favor de que estas papeletas también computen para la distribución de escaños, lo que daría lugar a sillas vacías en los parlamentos.

NI PP. NI PSOE. Los españoles dicen no al Gobierno y a la oposición


Tuesday 29 march 2011

NI PP. NI PSOE. Los españoles dicen no al Gobierno y a la oposición

JOSÉ JUAN TOHARIA Y JOSÉ PABLO FERRÁNDIZ 27/03/2011
Los ciudadanos creen profundamente en el sistema democrático, pero no en la forma actual de hacer política.

La mayoría están convencidos de que son los mercados, y no los poderes públicos, los que mandan en el país.

Estas son algunas de las conclusiones del estudio ‘Pulso de España 2010′, de inminente publicación, realizado a partir de 5.000 entrevistas.

Anticipamos algunos datos

En 1931, con ocasión de su toma de posesión como ministro de la República, Fernando de los Ríos pronunció una frase lapidaria: “En España, lo revolucionario es el respeto”.

No cabía, quizá, diagnóstico más amargamente certero para un país que solo cinco años después se despeñaría hacia un encarnizado enfrentamiento fratricida.

Ahora, 80 años después, ¿se ha conseguido esa revolución del respeto?

El Pulso de España 2010 (elaborado con datos de Metroscopia procedentes de una amplia muestra de 5.000 entrevistas) permite pensar que, de manera prácticamente unánime (88%), los españoles de ahora afirman que:

Los ciudadanos quieren cambiar el estilo actual de la política por otro más cercano al de la Transición

El prestigio que se han ganado las Fuerzas Armadas contrasta con el creciente descrédito de la Iglesia Católica

a) Nadie está en posesión de la verdad, ni tiene derecho a decir a los otros cómo deben pensar o cómo han de vivir.

b) Todos debemos respetar las ideas y la forma de vivir de los demás, por raras o diferentes de las nuestras que puedan parecernos (siempre, claro está, que estén dentro de la ley).

A mayor abundamiento, y por si tan rotundos pronunciamientos no bastaran para dejar las cosas claras, un masivo 98% sostiene que cada uno puede pensar lo que quiera, siempre que respete las ideas de los demás y no trate de imponer las suyas.

Nuestra actual convivencia cívica -estridencias aparte de algunos sectores mediáticos, impertérritamente “instalados en el bramido”, por utilizar la frase que Ortega dedicara a Joaquín Costa, y a contracorriente, por tanto, del común sentir ciudadano- se desenvuelve sobre este novedoso telón de fondo que tiene al respeto y a la tolerancia como valores supremos.

Y sobre esa actitud vital de base, nuestra sociedad lleva ya tres años encarando una crisis económica que está resultando mucho más dura y prolongada de lo esperado.

Lo está haciendo con un ánimo en el que sobresalen los rasgos siguientes: profundo abatimiento, cercano quizá ya a la angustia, en relación con la situación económica; creciente inquietud ante el impacto de la misma sobre el tejido social; profunda desafección hacia los políticos, en general, por su modo de operar un sistema de gobierno que, pese a todo, sigue contando con un respaldo ciudadano masivo, y hacia una institución (la Iglesia) cuya imagen social está en caída libre.

Y en acusado contraste, elevada confianza en una institución nueva (la Corona) y en otra profunda y certeramente renovada (las Fuerzas Armadas).

LA ECONOMÍA, PEOR QUE NUNCA

No solo nueve de cada diez españoles (el 88%) consideran que la situación económica de nuestro país es mala, sino que esa misma proporción piensa que aún falta tiempo para que empiece a mejorar de forma perceptible.

Este es el diagnóstico más desesperanzado jamás obtenido, desde que tenemos datos de encuesta, sobre nuestra economía.

Con una particularidad adicional: se trata de un estado de opinión que perdura desde hace ya dos años y que, con el transcurso del tiempo, en vez de suavizarse, ha tendido a consolidarse e incluso -en la mínima medida en que ello resultaba aún posible- a incrementarse.

La ciudadanía tiene la impresión de que, realmente, nadie (ni Gobierno, ni oposición) tiene ideas claras sobre cómo poner remedio a la situación y que, estando así las cosas, son los mercados, y no los poderes públicos, quienes realmente mandan en el país.

PARO JUVENIL: ¿UN DAÑO IRREPARABLE?

El alto nivel actual de paro juvenil -que duplica el de la tasa general de desempleo- es quizá la secuela de la presente crisis que más preocupa a los españoles.


Todos, jóvenes y mayores, coinciden en afirmar que nunca antes se habían alcanzado en nuestro país, en este punto, niveles tan alarmantes.

En consecuencia, siete de cada diez españoles (70%) concluyen que esta dificultad excepcional que padecen ahora los jóvenes para encontrar un trabajo que les permita independizarse y vivir por su cuenta es algo que les marcará para siempre y que les impedirá organizar su vida de forma similar a como, en su momento, pudieron, en cambio, hacerlo las generaciones precedentes.


Y este pronóstico sombrío es expresado por la misma proporción de jóvenes (75%) que de mayores (70%).

SITUACIÓN POLÍTICA: NUNCA TAN MAL

Tres de cada cuatro españoles (78%) califican de forma negativa la actual situación política del país: el porcentaje más elevado de los últimos dos decenios.

A modo de ejemplo, en 2002, con ocasión de la controvertida participación de España en el conflicto iraquí, este porcentaje no pasó del 47%.


Y en los meses previos a las elecciones de 1996 (es decir, en la hasta entonces peor crisis de popularidad de un Gobierno socialista) no pasó del 62%.


Tras la primera victoria electoral de Rodríguez Zapatero bajó hasta el 37%.

Ahora, ya en la recta final de su segundo mandato, el porcentaje de españoles que evalúa negativamente la situación política nacional se ha más que duplicado, hasta alcanzar el reseñado 78%.


Este nivel sin precedente de descontento político ciudadano se debe a una doble pérdida de confianza: en el Gobierno y en la oposición.


Una situación inédita: nunca, antes, en nuestra democracia, Gobierno y oposición habían empatado en cuanto a nivel de desapego suscitado en el conjunto de la sociedad.

LOS POLÍTICOS, NO EL SISTEMA

En proporción de dos a uno (56% frente a 27%) predominan los españoles que piensan que la responsabilidad por la mala situación política del país corresponde a los actuales líderes políticos, y no a la forma en que está organizada la democracia en España: en otras palabras,


son los políticos y no el sistema quienes no están a la altura de las circunstancias.

Hace algo más de dos decenios, dos ilustres politólogos (Lipset y Schneider) señalaron la importancia que tiene para la preservación de la legitimidad social de las instituciones públicas en tiempos de crisis que la ciudadanía atribuya la mala situación política a la inadecuada gestión del sistema político por quienes lo pilotan y no a defectos estructurales del sistema mismo.

O lo que es igual: la línea roja que no debe ser traspasada es que la sociedad llegue a pensar que la situación no es remediable ni con un liderazgo político alternativo.

Y lo que los datos indican es que, por ahora, nuestra sociedad se halla lejos de esa preocupante línea roja, si bien con un matiz que añade un importante plus de complejidad a la solución que supone la alternancia de líderes: lo que la ciudadanía española realmente anhela en el momento actual (según, por cierto, ha venido reflejando durante más de un año el Barómetro de Clima Social que mensualmente publica este periódico) no es tanto el relevo del actual Gobierno por la actual oposición, sino, más bien, el relevo de ambos por otro tipo de estilo de gobernar y de controlar al Gobierno.

En este sentido, cabe recordar que la por ahora previsible victoria electoral del PP no obedece tanto a que los votantes de este partido muestren mayor entusiasmo por su líder que el que los votantes socialistas sienten por el suyo como a la mucha mayor fidelidad de los primeros, que les predispone a anteponer la lealtad incondicional a sus siglas a cualquier otra consideración.

Los españoles no abominan de la política, sino del modo, generalmente ramplón, mediocre y mezquino en que suelen conducirse la mayoría de los políticos -de estos políticos.

El descrédito de la clase política va asociado a la incluso aún más negativa imagen social de los partidos. Los españoles no dudan que sin partidos políticos no hay democracia y por ello en modo alguno cuestionan la necesidad y utilidad de estos.

Lo que masivamente rechazan es su actual modo de organizarse y funcionar: nueve de cada diez ciudadanos (89%) creen que nuestros actuales partidos piensan más en lo que les beneficia e interesa, y ocho de cada diez (79%) creen que tal y como ahora funcionan y se organizan es muy difícil que los partidos logren atraer y reclutar para la actividad política a las personas más competentes y preparadas.

TRANSICIÓN: NOSTALGIA DE UN ESTILO

Treinta y cinco años después del final del franquismo, los españoles se sienten orgullosos de forma casi unánime (80%) de la forma en que se llevó a cabo la transición a la democracia.

Y creen que la clave de ese éxito, junto a la actuación del rey Juan Carlos (que destaca un 78%), estuvo en el espíritu de consenso que mostraron los políticos del momento para buscar soluciones y acuerdos, pensando más en el interés general del país que en el propio, posible, rédito electoral.

Así lo dice un 82%. Y tras echar la vista atrás, un 88% concluye que, en cambio, los dos principales partidos actuales han abandonado ese espíritu de pacto y concordia, y solo piensan ya en lo que les parece electoralmente más conveniente.

El cortoplacismo miope, y además ejercido con modales ásperos cuando no groseros, habría venido así a desplazar al talante de entendimiento y a la altura de miras y al sentido del Estado de aquella época.

Buena parte de nuestra clase política (y no digamos de algunos de sus jaleadores mediáticos) parece convencida de que cuantos más insultos, más zafiedad descalificadora y más exageraciones -cuando no mentiras- se utilicen, más probabilidades hay de agradar a los electores.

Pues bien: estos piensan, en realidad -y masivamente: (73%)-, que lo que este país necesita en estos momentos es una “segunda Transición” que, con el mismo estilo de concesiones y mutuo respeto que caracterizó a la primera, haga posible la solución de tantos problemas como hay pendientes.

Entre otros, y de forma destacada, la actualización de nuestra Constitución, probablemente la que menos reajustes a la siempre cambiante realidad ha experimentado, en comparación con los continuos retoques realizados a los textos constitucionales de la mayoría de nuestros vecinos países europeos.

Seis de cada diez españoles (el 58%) piensan que nuestra Constitución necesita retoques y que, pese a ello, sigue siendo válida para la sociedad española actual.


Pero ya algo más del tercio (37%) cree que se ha ido quedando tan desfasada que precisa una reforma con profundidad.

AUN ASÍ, EL MEJOR PERIODO

El 72% de los españoles cree que, con todos sus posibles defectos e insuficiencias, la actual democracia constituye el periodo en que mejor ha estado nuestro país en toda su historia.

Evidentemente, tan rotunda afirmación ha de ser entendida como forma sin duda hiperbólica de destacar el grado de satisfacción con el actual sistema político-social; la efectiva comparación, en el tiempo, por quienes ahora responden de la actual situación con otras pretéritas es obviamente imposible.

Pero lo significativo es que, ya sean más jóvenes o más mayores, votantes de un partido o de otro, siete de cada diez españoles expresen el convencimiento de que nunca antes este país ha podido estar mejor que ahora.

LA CORONA

“El rey que se ganó la corona”: así definió a Juan Carlos I, el pasado mes de diciembre, Miguel Ángel Aguilar (EL PAÍS, 23-12-2010). Ciertamente, desde el comienzo mismo de su reinado, el Rey contó con un sustancial apoyo popular.

Pero lo realmente significativo no es tanto ese dato de partida (explicable, al menos en parte, por el anhelo ciudadano de que su llegada al trono hiciera posible un futuro mejor tras 40 años de dictadura) como el hecho de que tras más de 35 años como Jefe del Estado haya mantenido, ampliándola incluso, aquella buena evaluación inicial.


Los españoles le puntúan ahora con un 7,3, la segunda mejor nota -solo superada por la que obtiene el expresidente Suárez- entre las que consiguen 18 destacadas figuras públicas nacionales e internacionales.

En un país sin apenas monárquicos declarados, el Rey ha conseguido legitimar socialmente a la institución que encarna.

Un 70% opina que ha demostrado que la monarquía podía cambiar y adaptarse a las exigencias de cada momento de nuestra la sociedad; un 74% considera que la monarquía está ahora firmemente consolidada, y un 65%, que aporta estabilidad y serenidad a la vida política española.

Pese a este amplio reconocimiento de lo que la Corona ha aportado y aporta a nuestra sociedad, esta no da por descontada la perdurabilidad de la institución (algo que, por cierto, ocurre también en un país de tan arraigada tradición monárquica como Reino Unido): dos de cada tres españoles consideran que, pese a los servicios hasta ahora prestados, la Corona puede llegar a tener cada vez menos sentido según pasen los años.

LAS FUERZAS ARMADAS

Que solo 30 años después del fallido golpe de Estado llevado a cabo por miembros del Ejército y la Guardia Civil, el 84% de los españoles evalúe positivamente a sus Fuerzas Armadas es, sin duda, un éxito que cabe atribuirle tanto a los propios militares como a los políticos y al conjunto de la ciudadanía.

En este periodo de tiempo transcurrido se ha conseguido, con la voluntad de todos, que las Fuerzas Armadas heredadas del franquismo hayan encajado perfectamente en el marco constitucional.

Ocho de cada diez españoles (84%) cree que, hoy por hoy, el Ejército está integrado por profesionales muy comprometidos con la Constitución y con la defensa de las libertades.

Una abrumadora mayoría ciudadana considera que esta institución es imprescindible para nuestro país (83%), que es motivo de orgullo (79%) y que otorga prestigio internacional a España por su labor en misiones fuera de nuestro territorio (77%).

LA IGLESIA

La Iglesia católica española, que jugó un destacado papel en la transición a la democracia y contribuyó de forma significativa a la reconciliación nacional que -de forma más o menos explícita- supuso dicho proceso, se encuentra ahora en una situación de creciente descrédito.

Uno de cada dos españoles considera que, en la actualidad, transmite más una imagen de dureza y condena que de bondad y perdón.

Y tres de cada cuatro (75%) piensan que no ha sabido adaptarse a la actual realidad social. Y, significativamente, piensa esto incluso la mitad de los que se definen como católicos practicantes. -

Este texto es una síntesis de datos especialmente relevantes obtenidos por el sondeo de Metroscopia que sirve de base al Pulso de España 2010, elaborado por la Fundación Ortega-Marañón, con patrocinio de Telefónica y coordinado por José Juan Toharia.

Lo publica la editorial Biblioteca Nueva. José Juan Toharia y José Pablo Ferrándiz son, respectivamente, presidente y director general de Metroscopia.




 

Ni PSOE, ni PP, la ciudadanía al poder

A muchos votantes del PsoE no les importan las concesiones del gobierno de Zapatero a la iglesia católica, ni que no se haya atrevido a denunciar los acuerdos del 79; tampoco parecen muy preocupados por el descarado giro al centro-derecha con sus propuestas neoliberales y rebajas fiscales, o con las renuncias a su programa electoral;

No, no les importa y le seguirán votando –a veces con la nariz tapada-, con tal de que no gane el Pp.

Pero lo curioso es que a la inversa ocurre lo mismo, y así, a muchísimos votantes del PP, no les importa el giro del Sr. Rajoy a la extrema derecha, ni que mientan por sistema, ni que desfenestren a su mejor activo –el Sr. Gallardón-, y así, con la máxima y demostrada fidelidad, le seguirán votando, con tal de que no gane el PSOE.

Y digo yo: ¿Por qué no nos planteamos –aunque solo sea alguna vez-, votar a otra opción?,
¿Por qué no permitimos a IU, por ejemplo, que se consolide como tercera fuerza y así, además de minimizar el sempiterno bipartidismo, o de sentar las bases para una reforma electoral que reflejase proporcionalmente la rica pluralidad española, la resarcimos de la injusticia histórica que por mor de la Ley d´Hont, y de las formas de computar las adscripciones electorales, siempre le perjudica, en beneficio de nacionalistas y partidos mayoritarios?,

¿Por qué somos tan acríticos?,

¿Acaso no nos damos cuenta de que sin las terceras fuerzas, son los partidos nacionalistas los que siguen barriendo para el norte y son -el PP y PSOE- quienes tienen más fácil cometer sus tropelías?,

¿Por qué seguimos permitiendo que nos dejen decidir tan poco con las listas cerradas y los primeros escaños ya asignados –según sus intereses, que no los nuestros- antes de que hayamos ido a votar?

Yo que colaboro desde hace más de una década con el Comercio Justo siempre he dicho que nosotros, como consumidores/as tenemos el mayor poder del mundo -si nos unimos- incluso frente a las multinacionales más poderosas.

Cuando hemos decidido no comprar una marca de leche, de café, de zapatillas o de ropa, por la injusticia social y abusos de sus empresas (recordemos NIKE o NESTLÉ), las multinacionales han terminado por cambiar sus prácticas cuando veían que sus ventas disminuían, por poco que fueran.

¿Por qué en política no ensayamos lo mismo?

Si cada día, como hemos dicho, la ciudadanía decide menos, si los partidos hegemónicos, curiosamente, proclaman las mismas rebajas, presentan programas tan similares y practican las mismas beligerancias,…

¿que es lo que realmente vamos a elegir el 9-M?

Como escribía Martín Seco muy acertadamente en su artículo titulado “Reforma electoral”, las opciones que nos quedan son“…


o bien uno de los dos grandes partidos obtiene mayoría absoluta, con lo que tendrá la tentación de gobernar de forma autocrática,


o por el contrario no llega a controlar la mitad más uno de la Cámara y necesitará el apoyo de otros partidos minoritarios, que sólo pueden ser los nacionalistas, que prestarán su voto a cambio de privilegios para sus Autonomías y, como todo privilegio, en contra de las demás”.

Pues no.

Rebelémosnos y démosle la vuelta a este falso sofisma.

Pensemos en el poder que tenemos con nuestro voto libre y no se lo concedamos esta vez, a ninguno de los dos,

¿a ver que pasa?

 

 

Los partidos políticos se resisten a perder el control y rechazan las listas abiertas


Los partidos políticos

se resisten a perder el control

y rechazan las listas abiertas

Las listas abiertas podrían ser un instrumento para corregir déficits democráticos, pero el temor de los partidos a perder poder sobre candidatos y electorado retrasa su aplicación. Los invitados al debate de EL DÍA son partidarios de alcanzar el objetivo de forma progresiva.
27/feb/11 01:54
  • No son el único, pero sí uno de los instrumentos para profundizar en la democracia y favorecer una mayor inmediatez entre los ciudadanos y sus representantes políticos.

Las listas electorales abiertas -en las que cada votante puede elegir a sus candidatos al margen del partido por el que se presenten- son una vieja reivindicación de quienes abominan de la “partitocracia” y abogan por un sistema más participativo, pero siguen sin figurar en la agenda de los partidos políticos, algunos de cuyos dirigentes, no obstante, entienden que son parte de un modelo ideal al que debería tenderse.

Así lo reconocieron los invitados al debate organizado por EL DÍA, en el que se expusieron las posibilidades que ofrece esta medida y también las dudas que genera.

Estas últimas fueron detalladas, sobre todo, por el analista político Pedro Lasso, encargado de abrir la conversación y también de recordar que las listas abiertas ya están vigentes en las elecciones al Senado, sin que los resultados sean sustancialmente diferentes de los obtenidos en otros comicios.

La conclusión, a su juicio, es que “no funcionan” debido a la “falta de formación electoral”.

“El 90% de los votantes no sabe para qué sirve cada urna, si tiene que introducir la papeleta en la primera, la segunda, la tercera o en las tres, o en cuál de ellas debe hacerlo un ciudadano alemán. No lo sabe ni el presidente de la mesa.

Y si esto es así con listas cerradas, no digamos con las abiertas”, argumentó Lasso, que ha estudiado los resultados de las elecciones al Congreso y el Senado desde 1996 para sustentar esta tesis. “Las listas abiertas, al menos hasta ahora, no resuelven nada”, sentenció.

El escepticismo de Pedro Lasso dio paso a posiciones más optimistas. Julio Pérez, candidato del PSC-PSOE a la Alcaldía de Santa Cruz de Tenerife, cree que las listas abiertas son “un mecanismo positivo, pero no el único, para oxigenar la vida política”.

Pérez reconoció que la actividad política es percibida por los ciudadanos como “algo lejano, ininteligible y hasta aburrido” y que es necesario impulsar herramientas que la hagan más participativa.

En este sentido, las listas abiertas no deben ser “proscritas”, pero tampoco “sacralizarlas”, opinó el representante socialista, que fue el primero en introducir la idea de avanzar primero hacia “modelos mixtos”, como en Alemania. También advirtió de la conveniencia de “tener cuidado con los ámbitos electorales” en que se aplican las listas abiertas, puesto que éstas no pueden ser “un mecanismo único o rígido”.

Por parte del Movimiento Patriótico (MP), su presidente, José Luis Concepción, se mostró de acuerdo con la iniciativa, aunque precisó que “se debe tener en cuenta las estadísticas” (en referencia a los datos aportados por Pedro Lasso) y la manera en que se aplicarían en Canarias. “Lo más importante no son las listas abiertas en sí, sino cómo se aplican”. Las elecciones autonómicas e insulares son, a su entender, las más apropiadas para ponerlas en práctica. De cualquier manera, para Concepción es prioritario “dignificar la vida política” y promover una serie de medidas con las cuales “casi no serían necesarias las listas abiertas”. Respecto a la falta de cultura electoral a la que aludía Lasso, propuso realizar campañas informativas, sobre todo en televisión, para “explicar a la gente cómo votar”.

El parlamentario del Partido Popular Miguel Cabrera Pérez-Camacho avisó de que la suya es “la opinión de un diputado”, en referencia a que este asunto “no se ha debatido dentro de los grandes partidos”. Sin embargo, para él las listas abiertas son “el modelo ideal al que hay que tender”.

“Cuanto más se consolida el sistema democrático a lo largo de los decenios y los siglos, más claro se ve que las listas abiertas son el sistema que más tiende hacia la perfección”, reflexionó Cabrera Pérez-Camacho, que se refirió al modelo inglés -aunque matizando primero que en este no hay listas, sino candidaturas abiertas, al tratarse de un sistema mayoritario, y no proporcional- como “el más perfecto desde el punto de vista de la puridad democrática”.

Los 34 años transcurridos desde la llegada de la democracia suponen “un tiempo prudente para pensar en una mayor democratización del sistema electoral a través de listas más abiertas que cerradas”, afirmó el representante del PP, que en este punto lanzó la primera andanada al “aparato” de los partidos políticos, que temen “una pérdida de control sobre las decisiones en materia de candidatos” y no dan “ningún atisbo de que quieran autolimitarse” en este aspecto.

Por ello, auguró que serán necesarios “unos 25 años más” para que las listas abiertas se abran paso. “Hoy por hoy no lo veo”, se lamentó.

Fernando Ríos, de Coalición Canaria -que también dijo hablar a título personal-, recordó que en los sistemas proporcionales como el español, los partidos políticos actúan como “intermediarios” entre los ciudadanos y sus representantes. “Más que listas abiertas, podría hablarse de listas desbloqueadas”, en las que los electores puedan elegir el orden de los candidatos de un mismo partido y no confeccionar su propia lista con los candidatos de varios partidos.

Los experimentos, en casa

“Los partidos se oponen en la medida en que pierden poder y sus propios candidatos entran en disputa para ganarse al electorado”, señaló Ríos, partidario de “sistemas electorales mixtos, más adecuados y que favorezcan la inmediatez”. Sea como sea, recomendó “mucha pedagogía” y que los experimentos se realicen “con gaseosa y en casa”. De lo contrario, alertó, “pueden producirse más problemas de los que podemos resolver”.

El más ferviente defensor de las listas abiertas entre los invitados es Benito Codina, del Centro Canario (CCN), que fue quien introdujo esta propuesta en los postulados del partido. “Imbuida por los males del régimen anterior, la Constitución primó una partitocracia, que es lo que sostiene este sistema”, indicó Codina, que advirtió de que “hasta que las formaciones políticas no entiendan que son órganos de representación de la sociedad pero cada vez están más alejados de ella, no serán capaces de abordar el cambio del sistema”.

Al igual que algunos de sus compañeros, Benito Codina apostó por “dar pasos sucesivos” y buscar una fórmula para desbloquear las listas y permitir al elector decidir el orden de los candidatos.

Actualmente, el cabeza de lista es “el mascarón de proa”, explicó, mientras que los que van detrás suelen ser “relleno”. El ámbito local es “el más difícil” para emprender esta reforma, mientras que en el insular y el autonómico “sí cabría”, a su juicio.

En una segunda intervención, Pedro Lasso aseguró que “las listas bloqueadas y cerradas son lo mismo que el nombre del partido y el anagrama, sin más contenido”. El analista político hizo una analogía contundente: la de los electores africanos, muchas veces analfabetos, que eligen entre un partido y otro por los símbolos que los representan. “Deciden por el león o el elefante. Es exactamente igual”, observó.

Una de las razones por las que no se avanza hacia las listas abiertas ni se reforma el sistema electoral es que comportaría alterar los “trascendentes” aspectos financieros.

Y es que cada voto supone una determinada cantidad, pero para acceder a esta financiación es necesario obtener al menos un diputado. “Si no es así, no hay ni un euro para la campaña electoral aunque se saquen 50.000 votos”. Las consecuencias son, en resumen, el mantenimiento del “statu quo”.

Texto: GEMA JIMÉNEZ Y MIGUEL GÓMEZ Fotos: MANUEL EXPÓSITO

Lista abierta

La listas abiertas son una variante de sistema electoral de representación proporcional donde no se elige a una lista de representantes confeccionada por un partido, como es el caso de las listas cerradas, sino que se elige directamente a los propios representantes.

En términos generales, se denomina listas abiertas a cualquiera de las variedades de representación proporcional donde los votantes tienen algún tipo de influencia en el orden en que son elegidos los candidatos de un partido.

Su contrario es la lista cerrada, en el que una minoría de los miembros del partido tienen capacidad para determinar dicho orden, y el resto de los votantes no tienen capacidad alguna de modificarlo.

Además, un sistema de listas abiertas puede dar también al votante la capacidad de votar por el partido, sin expresar preferencia alguna entre las personas a elegir; en la práctica, sin embargo, es equivalente a votar por el candidato más popular o por el primer candidato de la lista.

Existen diferentes sistemas de listas abiertas, cada uno de los cuales otorga una mayor o menor capacidad al votante.

¿Qué son las listas abiertas?

By mcmurphy

Listas abiertas es un concepto muy amplio que hace referencia a una característica que se da en algunos sistemas electorales de representación proporcional. Cuando un sistema cuenta con listas abiertas los electores tienen algún poder sobre el orden en que los candidatos de un partido son elegidos. La forma en la que se articula ese poder depende de cada sistema en concreto y hay multitud de variantes.

En algunos países con sistemas de listas abiertas el elector tiene la posibilidad de votar por un partido y por su candidato preferido dentro de su lista, aunque puede no pronunciarse acerca del candidato y dejar esa elección al partido.

Luego, el número de votos individuales es el que determina el orden de los candidatos dentro de cada partido. En ocasiones, para que ese voto individual tenga efecto, el candidato tienen que alcanzar un umbral mínimo. Si no llega a él, será el orden fijado por el partido el que se considerará. Estos mínimos se aplican, por ejemplo, en Suecia.

También hay sistemas, como el finlandés, en los que sólo se puede votar a candidatos individuales. No se puede votar simplemente a un partido, sino que hay que elegir entre los candidatos que haya de dicho partido.

De hecho, para evitar que el voto por un partido sea sustituido por el voto a su candidato más popular, nadie puede presentarse en más de una circunscripción, lo que obliga a elegir entre los candidatos locales.

Otros sistemas, como el suizo o el luxemburgués, exigen la emisión de tantos votos como escaños haya en esa circunscripción. En estos casos es posible, incluso, votar a candidatos de distintos partidos o dar varios votos a un candidato.

La principal ventaja de los sistemas que cuentan con listas abiertas es que los partidos tienen un poco menos de poder y éste se traslada a los electores. No obstante, dependiendo de cómo se articule, gran parte de ese trasvase de poder puede ser sólo aparente.

Además, al tener que buscar votos para sí mismos, los políticos se ven obligados a pronunciarse sobre aspectos polémicos para que los electores conozcan sus posturas. Esto debería llevar a que los más brillantes sean los que luego obtengan escaños, sin primar tanto la lealtad al partido que elabora la lista.

La principal desventaja es que muchos candidatos puede hacer una política demasiado local.

En un sistema de listas cerradas para el candidato individual no tiene gran coste electoral tomar posiciones que puedan no ser populares en su circunscripción.

Evidentemente puede haber un coste, pero lo pagaría el partido, que pierde votos a favor de otros partidos.

Si el candidato estaba en la parte alta de la lista conseguirá escaño de todas formas. En un sistema de listas abiertas, en cambio, ese candidato se vería perjudicado en favor de otros candidatos de su mismo partido, incluso aunque el partido no pierda votos.

Esto puede evitar que se tomen decisiones poco populares, por muy necesarias que sean.

 

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