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Islandia enjaula a sus banqueros


Islandia enjaula a sus banqueros

La primera víctima de la crisis financiera hace un valiente intento de pedir responsabilidades

CLAUDI PÉREZ 03/04/2011

Se busca. Hombre, 48 años, 1,80 metros, 114 kilos. Calvo, ojos azules. La Interpol acompaña esa descripción de una foto en la que aparece un tipo bien afeitado embutido en uno de esos trajes oscuros de 2.000 euros y tocado con un impecable nudo de corbata.

Se ve a la legua que se trata de un banquero: este no es uno de esos carteles del salvaje Oeste.

La delincuencia ha cambiado mucho con la globalización financiera. Y sin embargo, esta historia tiene ribetes de western de Sam Peckinpah ambientado en el Ártico.

Esto es Islandia, el lugar donde los bancos quiebran y sus directivos pueden ir a la cárcel sin que el cielo se desplome sobre nuestras cabezas; la isla donde apenas medio millar de personas armadas con peligrosas cacerolas pueden derrocar un Gobierno.

Esto es Islandia, el pedazo de hielo y roca volcánica que un día fue el país más feliz del mundo (así, como suena) y donde ahora los taxistas lanzan las mismas miradas furibundas que en todas partes cuando se les pregunta si están más cabreados con los banqueros o con los políticos.

En fin, Esto es Islandia: paraíso sobrenatural, reza el cartel que se divisa desde el avión, antes incluso de desembarcar.

  • El presidente de uno de los grandes bancos ha sido detenido en Londres

El país fue saqueado por no más de 30 banqueros, políticos y empresarios

La codicia, la barra libre de crédito y los excesos hundieron el país

El tipo de la foto se llama Sigurdur Einarsson. Era el presidente ejecutivo de uno de los grandes bancos de Islandia y el más temerario de todos ellos, Kaupthing (literalmente, “la plaza del mercado”; los islandeses tienen un extraño sentido del humor, además de una lengua milenaria e impenetrable). Einarsson ya no está en la lista de la Interpol.

Fue detenido hace unos días en su mansión de Londres. Y es uno de los protagonistas del libro más leído de Islandia: nueve volúmenes y 2.400 páginas para una especie de saga delirante sobre los desmanes que puede llegar a perpetrar la industria financiera cuando está totalmente fuera de control.

Nueve volúmenes: prácticamente unos episodios nacionales en los que se demuestra que nada de eso fue un accidente. Islandia fue saqueada por no más de 20 o 30 personas.

Una docena de banqueros, unos pocos empresarios y un puñado de políticos formaron un grupo salvaje que llevó al país entero a la ruina: 10 de los 63 parlamentarios islandeses, incluidos los dos líderes del partido que ha gobernado casi ininterrumpidamente desde 1944, tenían concedidos préstamos personales por un valor de casi 10 millones de euros por cabeza.

Está por demostrar que eso sea delito (aunque parece que parte de ese dinero servía para comprar acciones de los propios bancos: para hinchar las cotizaciones), pero al menos es un escándalo mayúsculo.

Islandia es una excepción, una singularidad; una rareza. Y no solo por dejar quebrar sus bancos y perseguir a sus banqueros.

La isla es un paisaje lunar con apenas 320.000 habitantes a medio camino entre Europa, EE UU y el círculo polar, con un clima y una geografía extremos, con una de las tradiciones democráticas más antiguas de Europa y, fin de los tópicos, con una gente de indomable carácter y una forma de ser y hacer de lo más peculiar.

Un lugar donde uno de esos taxistas furibundos, tras dejar atrás la capital, Reikiavik, se adentra en una lengua de tierra rodeada de agua y deja al periodista al pie de la distinguida residencia presidencial, con el mismísimo presidente esperando en el quicio de la puerta: cualquiera puede acercarse sin problemas, no hay medidas de seguridad ni un solo policía.

Solo el detalle exótico de una enorme piel de oso polar en lo alto de una escalera saca del pasmo a quien en su primera entrevista con un presidente de un país se topa con un mandatario, Ólagur Grímsson, que considera “una locura” que sus conciudadanos “tengan que pagar la factura de su banca sin que se les consulte”.

Y del presidente al ciudadano de a pie: de la anécdota a la categoría. Arnar Arinbjarnarsson es capaz de resumir el apocalipsis de Islandia con estupefaciente impavidez, frente a un humeante capuchino en el céntrico Café París, a dos pasos del Althing, el Parlamento. Arnar tiene 33 años y estudió ingeniería en la universidad, pero, al acabar, ni siquiera se le pasó por la cabeza diseñar puentes: uno de los bancos le contrató, pese a carecer de formación financiera.

“La banca estaba experimentando un crecimiento explosivo, y para un ingeniero es relativamente sencillo aprender matemática financiera, sobre todo si el sueldo es estratosférico”, alega.

Islandia venía de ser el país más pobre de Europa a principios del siglo XX. En los años ochenta, el Gobierno privatizó la pesca: la dividió en cuotas e hizo millonarios a unos cuantos pescadores.

A partir de ahí, bajo el influjo de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, el país se convirtió en la quintaesencia del modelo liberal, con una política económica de bajos impuestos, privatizaciones, desregulaciones y demás: la sombra de Milton Friedman, que viajó durante esa época a Reikiavik, es alargada. Aquello funcionó.

La renta per cápita se situó entre las más altas del mundo, el paro se estabilizó en el 1% y el país invirtió en energía verde, plantas de aluminio y tecnología.

El culmen llegó con el nuevo siglo: el Estado privatizó la banca y los banqueros iniciaron una carrera desaforada por la expansión dentro y fuera del país, ayudados por las manos libres que les dejaba la falta de regulación y por unos tipos de interés en torno al 15% que atraían los ahorros de los dentistas austriacos, los jubilados alemanes y los comerciantes holandeses. Una economía sana, asentada sobre sólidas bases, se convirtió en una mesa de black jack.

Ni siquiera faltó una campaña nacionalista a favor de la supremacía racial de la casta empresarial, lo que tal vez demuestra lo peligroso que es meter en la cabeza de la gente ese tipo de memeces, ya sea “las casas nunca bajan de precio” o “los islandeses controlan mejor el riesgo por su pasado vikingo”.

La fiesta se desbocó: los activos de los bancos llegaron a multiplicar por 12 el PIB. Solo Irlanda, otro ejemplo de modelo liberal, se acerca a esas cifras.

Hasta que de la noche a la mañana -con el colapso de Lehman Brothers y el petardazo financiero mundial- todo se desmoronó, en lo que ha sido “el shock más brutal y fulminante de la crisis internacional”, asegura Jon Danielsson, de la London School of Economics.

Pero volvamos a Arnar y su relato: “La banca empezó a derrochar dinero en juergas con champán y estrellas del rock; se compró o ayudó a comprar medio Oxford Street, varios clubes de fútbol de la liga inglesa, bancos en Dinamarca, empresas en toda Escandinavia: todo lo que estuviera en venta, y todo a crédito”.

Los ejecutivos se concedían créditos millonarios a sí mismos, a sus familiares, a sus amigos y a los políticos cercanos, a menudo, sin garantías.

La Bolsa multiplicó su valor por nueve entre 2003 y 2007. Los precios de los pisos se triplicaron. “Los bancos levantaron un obsceno castillo de naipes que se lo llevó todo por delante”, cuenta Arnar, que conserva su empleo, pero con la mitad de sueldo.

Acaba de comprarse un barco a medias con su padre con la intención de cambiar de vida: quiere dedicarse a la pesca.

La fábula de una isla de pescadores que se convirtió en un país de banqueros tiene moraleja: “Tal vez sea hora de volver al comienzo”, reflexiona el ingeniero.

“Tal vez todo ese dinero y ese talento que absorbe la banca cuando crece demasiado no solo se convierte en un foco de inestabilidad, sino que detrae recursos de otros sectores y puede llegar a ser nocivo, al impedir que una economía desarrolle todo su potencial”, dice el presidente Grímsson.

La magnitud de la catástrofe fue espectacular.

La inflación se desbocó, la corona se desplomó, el paro creció a toda velocidad, el PIB ha caído el 15%, los bancos perdieron unos 100.000 millones de dólares (pasará mucho tiempo antes de que haya cifras definitivas) y los islandeses siguieron siendo ricos, más o menos: la mita de ricos que antes.

¿De quién fue la culpa? De los bancos y los banqueros, por supuesto. De sus excesos, de aquella barra libre de crédito, de su desmesurada codicia.

Los bancos son el monstruo, la culpa es de ellos y, en todo caso, de los políticos, que les permitieron todo eso. OK. No hay duda. ¿Solamente de los bancos?

“El país entero se vio atrapado en una burbuja.

La banca experimentó un desarrollo repentino, algo que ahora vemos como algo estúpido e irresponsable. Pero la gente hizo algo parecido.

Las reglas normales de las finanzas quedaron suspendidas y entramos en la era del todo vale: dos casas, tres casas por familia, un Range Rover, una moto de nieve. Los salarios subían, la riqueza parecía salir de la nada, las tarjetas de crédito echaban humo”, explica Ásgeir Jonsson, ex economista jefe de Kaupthing.

El también economista Magnus Skulasson asume que esa locura colectiva llevó a un país entero a parecer dominado por los valores de Wall Street, de la banca de inversión más especulativa. “Los islandeses hemos contribuido decisivamente a que pasara lo que pasó, por permitir que el Gobierno y la banca hicieran lo que hicieron, pero también participamos de esa combinación de codicia y estupidez.

Los bancos merecen sentarse en el banquillo y nosotros nos merecemos una parte del castigo: pero solo una parte”, afirma en el restaurante de un céntrico hotel.

Una cosa salva a los islandeses, de alguna manera les redime de parte de esos pecados.

En su incisivo ¡Indignaos!, Stephane Hessel describe cómo en Europa y EE UU los financieros, culpables indiscutibles de la crisis, han salvado el bache y prosiguen su vida como siempre: han vuelto los beneficios, los bonus, esas cosas.

En cambio, sus víctimas no han recuperado el nivel de ingresos, ni mucho menos el empleo. “El poder del dinero nunca había sido tan grande, insolente, egoísta con todos”, acusa, y, sin embargo, “los banqueros apenas han soportado las consecuencias de sus desafueros”, añade en el prólogo del libro el escritor José Luis Sampedro.

Así es: salvo tal vez en el Ártico. Islandia ha hecho un valiente intento de pedir responsabilidades. “Dejar quebrar los bancos y decirles a los acreedores que no van a cobrar todo lo que se les debe ha ayudado a mitigar algunas de las consecuencias de las locuras de sus banqueros”, asegura por teléfono desde Tejas el economista James K. Galbraith.

Contada así, la versión islandesa de la crisis tiene un toque romántico.

Pero la economía es siempre más prosaica de lo que parece. Hay quien relata una historia distinta: “Simplemente, no había dinero para rescatar a los bancos: de lo contrario, el Estado los habría salvado: ¡Llegamos a pedírselo a Rusia!”, critica el politólogo Eirikur Bergmann. “Fue un accidente: no queríamos, pero tuvimos que dejarlos quebrar y ahora los políticos tratan de vender esa leyenda de que Islandia ha dado otra respuesta”.

Sea como sea, la crisis ha dejado una cicatriz enorme que sigue bien visible: hay controles de capitales, un delicioso eufemismo de lo que en el hemisferio Sur (y más concretamente en Argentina) suele llamarse corralito.

El paro sigue por encima del 8%, tasas desconocidas por estos lares. El desplome de la corona ha empobrecido a todo el país, excepto a las empresas exportadoras.

Cuatro de cada diez hogares se endeudaron en divisas o con créditos vinculados a la inflación (parece que, por lo general, para comprar segundas residencias y coches de lujo), lo que ha dejado un agujero considerable en el bolsillo de la gente.

Tras dejar quebrar el sistema bancario, el Estado lo nacionalizó y acabó inyectando montones de dinero -el equivalente a una cuarta parte del PIB- para que la banca no dejara de funcionar, y ahora empieza a reprivatizarlo: la vida, de algún modo, sigue igual.

Todo eso ha elevado la deuda pública por encima del 100% del PIB, y para controlar el déficit tampoco los islandeses se han librado de la oleada de austeridad que recorre Europa desde el Estrecho de Gibraltar hasta la costa de Groenlandia: más impuestos y menos gasto público.

Al cabo, Islandia tuvo que pedir un rescate al FMI, y el Fondo ha aplicado las recetas habituales: se han elevado el IRPF y el IVA islandeses y se han creado nuevos impuestos, y por el lado del gasto se han bajado salarios y beneficios sociales y se están cerrando escuelas; se ha reducido el Estado del bienestar. Que es lo que suele suceder cuando de repente un país es menos rico de lo que creía.

“Hemos recorrido una década hacia atrás”, cierra Bergman.

Y aun así, el Gobierno y el FMI aseguran que Islandia crecerá este año un 3%: el desplome de la corona ha permitido un despegue de las exportaciones, hay sectores punteros -como el aluminio- que están teniendo una crisis muy provechosa, y, al fin y al cabo, Islandia es un país joven con un nivel educativo sobresaliente.

Entre la docena de fuentes consultadas para este reportaje, sin embargo, no abunda el optimismo.

Uno de los economistas más brillantes de Islandia, Gylfi Zoega, dibuja un panorama preocupante: “Los bancos aún no son operativos, los balances de las empresas están dañados, el acceso al mercado de capitales está cerrado, el Gobierno muestra una debilidad alarmante.

No hay consenso sobre qué lugar deben ocupar Islandia y su economía en el mundo.

Vamos a la deriva… No se engañe: ni siquiera el colapso de los bancos fue una elección; no había alternativa. Islandia no puede ser un modelo de nada”.

Hay quien duda incluso de que los banqueros den finalmente con sus huesos en la cárcel: “Los ejecutivos han sido detenidos varias veces, y después, puestos en libertad: como tantas otras veces, eso es más un jugueteo con la opinión pública que otra cosa”, asegura Jon Danielsson.

Hannes Guissurasson, asesor del anterior Gobierno y conocido por su férrea defensa de postulados neoliberales, incluso traza una fina línea entre el delito y algunas de las prácticas bancarias de los últimos años.

“Muy pocos banqueros van a ir a la prisión, si es que va alguno: ¿qué ley vulnera la excesiva toma de riesgos?”, se pregunta.

Pero los mitos son los mitos (y un periodista debe defender su reportaje hasta el último párrafo) e Islandia deja varias lecciones fundamentales.

Una: no está claro si dejar caer un banco es un acto reaccionario o libertario, pero el coste, al menos para Islandia, es sorprendentemente bajo; el PIB de Irlanda (cuyo Gobierno garantizó toda la deuda bancaria) ha caído lo mismo y sus perspectivas de recuperación son peores.

Dos: tener moneda propia no es un mal negocio.

En caso de apuro se devalúa y santas Pascuas; eso permite salir de la crisis con exportaciones, algo que ni Grecia ni Irlanda (ni España) pueden hacer.

La última y definitiva enseñanza viene de la mano del grupo salvaje, a quien nadie vio venir: ni las agencias de calificación ni los auditores anticiparon los problemas (aunque lo que no descubre una buena auditoría lo destapa una buena crisis: Pricewaterhousecoopers está acusada de negligencia).

Pero los problemas estaban ahí: la prueba es que la inmensa mayoría de los ejecutivos de banca están de patitas en la calle y algunos esperan juicio.

Nuestro Sigurdur Einarsson, el banquero más buscado, se compró una mansión en Chelsea, uno de los barrios más exclusivos de Londres, por 12 millones de euros.

La mayoría de los banqueros que tienen problemas con la justicia hicieron lo mismo durante los años del boom, y menos mal que lo hicieron: la gente les abucheaba en el teatro, les tiraba bolas de nieve en plena calle, les lanzaba piropos en los restaurantes o les dejaba ocurrentes pintadas en sus domicilios. Salieron pitando de Islandia. El caso es que Einarsson no tuvo que marcharse: vivía en su estupenda mansión londinense desde 2005.

La hipoteca no era problema: Einarsson decidió alquilársela al banco mientras vivía en la casa; al fin y al cabo, un presidente es un presidente, y ese es el tipo de demostraciones de talento financiero que solo traen sorpresas en el improbable caso de que la justicia se meta por medio. Islandia parece el lugar adecuado para que sucedan cosas improbables: según las estadísticas, más de la mitad de los islandeses cree en los elfos.

En el avión de vuelta se entiende mejor la publicidad del aeropuerto, sobre todo porque las fuentes consultadas descartan que, si finalmente hay condena a los banqueros, el Gobierno islandés vaya a conceder un solo indulto. Esto es Islandia: paraíso sobrenatural. ¡Vaya si lo es! –

El ‘caso Icesave’ (y otras rarezas)

El tiburón putrefacto es uno de los platos típicos de Islandia, que tiene una noche inacabable (no solo por las horas de oscuridad), una de las pocas primeras ministras del mundo (Johana Sigurdardottir, abiertamente lesbiana) y un museo de penes (y esto no es una errata).

La lista de rarezas es inacabable: es más fácil entrevistar al presidente de Islandia que al alcalde de Reikiavik, Jon Gnarr, célebre por pactar solo con quienes hayan visto las cuatro temporadas de The Wire.

Con la crisis, las singularidades han alcanzado incluso al siempre aburrido sector financiero: en Londres han llegado a aplicarle métodos antiterroristas.

Landsbanki, uno de los tres grandes bancos islandeses, abrió una filial por Internet con una cuenta de ahorro a altos tipos de interés, Icesave, que hizo furor entre británicos y holandeses.

Cuando las cosas empezaron a torcerse y el Gobierno británico detectó que el banco estaba repatriando capitales, le aplicó la ley antiterrorista para congelar sus fondos. Ese fue el detonante de toda la crisis: provocó la quiebra en cadena de toda la banca. Y sigue dando tremendos dolores de cabeza a Islandia.

Holanda y Reino Unido devolvieron a sus ciudadanos el 100% de los depósitos y ahora exigen ese dinero: 4.000 millones de euros, un tercio del PIB islandés, nada menos.

El Gobierno llegó a un acuerdo para que los ciudadanos pagaran en 15 años y al 5,5% de interés: la gente se organizó para echarlo abajo en un referéndum, tras el veto del presidente.

Así llegó un segundo pacto, más ventajoso (tipos del 3%, a pagar en 37 años), y de nuevo la gente decidirá en abril en referéndum si paga o no por los desmanes de sus bancos.

Agni Asgeirsson, ex ejecutivo que fue despedido de Kaupthing y ahora trabaja como ingeniero en Río Tinto, es tajante al respecto: “El primer acuerdo era claramente un fraude.

Este es más discutible. No queremos pagar, pero eso añadiría incertidumbre legal sobre el futuro del país.

Pero lo interesante es cómo ha reaccionado la gente”.

Ese es quizá el mayor atractivo de la respuesta islandesa: la parlamentaria y ex magistrada francesa Eva Joly (a quien se encargó el inicio de la investigación sobre la banca) asegura que lo más llamativo de Islandia es que en un país “que se consideraba a sí mismo un milagro neoliberal, y donde se había perdido gradualmente todo interés por la política, ahora la gente quiere tener su destino en sus propias manos”.

“Eso sí: la fe en los políticos y los banqueros tardará en volver, pero que mucho, mucho, tiempo”, cierra el cónsul de España, Fridrik S. Kristjánsson. –

 

La guerra euro-estadounidense en Libia: mentiras oficiales y errores de concepto de los críticos


dimecres 30 de març de 2011
La guerra euro-estadounidense en Libia:
mentiras oficiales y errores de concepto de los críticos
per  James Petras
Muchos críticos de las actuales guerras euro-estadounidenses en Oriente Próximo y ahora en el norte de África han basado sus argumentos en estereotipos y generalizaciones carentes de fundamento. La idea más extendida sobre la actual guerra euro-estadounidense en Libia es que «todo es por el petróleo»: el objetivo consiste en hacerse con los pozos de petróleo libios.

Por otro lado, los portavoces de los gobiernos europeos y estadounidense defienden la guerra alegando que su intención es tratar de «salvar vidas civiles frente a un posible genocidio», un acto de «intervención humanitaria».

Siguiendo la estela de sus potencias imperialistas, la mayoría de los que pasan por izquierdistas en Estados Unidos y en Europa (socialdemócratas, marxistas, trotskistas, verdes y progresistas varios) afirman la existencia de un levantamiento revolucionario del pueblo libio y lo respaldan; no pocos han hecho llamamientos a una intervención militar por parte de las potencias imperialistas o, lo que es lo mismo, a la ONU, para ayudar a los «revolucionarios libios» a derrotar a la dictadura de Gadafi.

Estos argumentos carecen de base y distorsionan la verdadera naturaleza del poder imperialista de EE.UU., Reino Unido y Francia, el militarismo expansionista, como muestran todas las guerras en curso de la última década (Irak, Afganistán, Somalia, etc.). Lo que resulta mucho más revelador sobre la intervención militar en Libia es que los principales países, que rehusaron participar en la guerra, actúan a través de una modalidad muy distinta de expansión mundial basada en las fuerzas económicas y del mercado. China, India, Brasil, Rusia, Turquía y Alemania, los países capitalistas más dinámicos de Asia, Europa y Oriente Próximo se oponen básicamente a una respuesta militar «aliada» a su propio estilo contra el gobierno libio porque Gadafi no representa ninguna amenaza para su seguridad y ya disponen de pleno acceso al petróleo y cuentan con un clima favorable a las inversiones. Asimismo, estos países económicamente dinámicos no ven perspectivas de que vaya a surgir un gobierno libio estable, progresista o democrático entre los denominados líderes «rebeldes», que aglutinan a elites dispares que compiten en busca de poder y del favor de Occidente.

1- SEIS MITOS SOBRE LIBIA: LA DERECHA Y LA IZQUIERDA

Las principales potencias imperialistas y sus portavoces en los medios declaran que están bombardeando Libia por «razones humanitarias». Sin embargo, su pasado reciente y sus intervenciones militares actuales muestran un panorama distinto. La intervención en Irak provocó bastante más de un millón de muertos, cuatro millones de refugiados y la destrucción sistemática de una sociedad compleja y de sus infraestructuras, incluyendo sus sistemas de distribución de agua y de alcantarillado, de riego, su red eléctrica y sus fábricas, por no hablar de los centros de investigación, las escuelas, los archivos históricos, los museos y el amplio sistema de bienestar social iraquí.

El desastre fue aún peor tras la invasión de Afganistán. Lo que anunciaron a bombo y platillo como «intervención humanitaria» para liberar a las mujeres afganas y expulsar a los talibanes dio lugar a una catástrofe humana para el pueblo afgano.

En Irak, el camino hacia la barbarie imperialista comenzó con «sanciones», evolucionó hacia «zonas de exclusión aérea» y continuó con la segregación de facto del norte, la invasión y ocupación extranjeras y el inicio de una guerra sectaria entre los escuadrones de la muerte iraquíes «liberados».

Lo mismo puede decirse del ataque imperialista contra Yugoslavia en la década de los 90, también calificado una y otra vez de gran «guerra humanitaria» para detener el genocidio, que desembocó en 40 días de bombardeo aéreo, en la destrucción de Belgrado y de otras grandes ciudades, en la imposición de un régimen terrorista mafioso (KLA) en Kosovo, en la casi total limpieza étnica de todos los residentes no albaneses de Kosovo y en la construcción de la mayor base militar estadounidense en el continente (Camp Bondsteel).

El bombardeo de Libia ya ha destruido importantes infraestructuras civiles, aeropuertos, carreteras, puertos marítimos y centros de comunicaciones, así como objetivos «militares». El bloqueo de Libia y los ataques militares han hecho huir a montones de empresas multinacionales y han provocado el éxodo masivo de cientos de miles de trabajadores inmigrantes cualificados o no y de especialistas de todo tipo procedentes de Asia, Europa del Este, África subsahariana, Oriente Próximo y el norte de África, devastando la economía y generando prácticamente de un día para otro desempleo masivo, colas para recibir alimentos y desabastecimientos críticos de combustible. Es más, siguiendo la lógica de las intervenciones militares imperialistas previas, el llamamiento aparentemente «comedido» a patrullar los cielos mediante una «zona de exclusión aérea» ha llevado directamente al bombardeo de objetivos civiles y militares sobre el terreno, y está presionando para derrocar al gobierno legítimo. Al igual que sus predecesores, los actuales imperios belicistas que lideran el ataque sobre Libia no participan en nada que se parezca remotamente a una misión humanitaria: están destruyendo las bases sobre las que viven aquellos civiles a los que dicen estar salvando, o, como habría dicho una generación anterior de generales estadounidenses en Vietnam, están «destruyendo los pueblos para salvarlos».

2- ¿GUERRA POR PETRÓLEO O PETRÓLEO EN VENTA?

El tópico favorito de la Izquierda «crítica» es que la invasión imperial trata de «hacerse con el control del petróleo libio y entregárselo a sus multinacionales». Y lo mantienen a pesar de que multinacionales estadounidenses, francesas y británicas (así como sus competidores asiáticos) ya han «tomado» miles de hectáreas de campos petrolíferos libios sin soltar ni una sola bomba. Durante la década anterior, las grandes petroleras han estado extrayendo y exportando petróleo y gas libios y obteniendo pingües beneficios. Gadafi abrió la puerta a las mayores multinacionales para que explotaran las riquezas petroleras de Libia desde principios de los 90 hasta nuestros días. Hay más grandes petroleras operando en Libia que en la mayoría de las regiones productoras del mundo. Entre ellas se encuentra, por ejemplo, British Petroleum, con un contrato de siete años para dos concesiones y más de mil millones de USD en inversiones previstas. Estas concesiones de BP explotan grandes zonas geográficas de Libia, una del tamaño de Kuwait y otra como Bélgica (Libyonline.com). A esto se añade que cinco grandes corporaciones japonesas, como Mitsubishi y Nippon Petroleum, la italiana Eni Gas, British Gas y el gigante estadounidense Exxon Mobil firmaron nuevos contratos de exploración y explotación en octubre de 2010. La concesión petrolera más reciente, firmada en enero de 2010, benefició principalmente a las compañías estadounidenses, y en especial a Occidental Petroleum. Otras multinacionales que operan en Libia son Royal Dutch Shell, Total (Francia), Oil India, CNBC (China), la indonesia Pertamina y la noruega Norsk Hydro (BBC News, 3-10-2005).

A pesar de las sanciones económicas contra Libia impuestas por el presidente Reagan en 1986, el gigante multinacional estadounidense Halliburton lleva realizando proyectos gasísticos y petroleros por valor de miles de millones de USD desde la década de los 80. Durante su mandato como máximo responsable de Halliburton, el ex secretario de Defensa Cheney encabezó la lucha contra estas sanciones declarando que «como nación (resulta) enormemente valioso que haya empresas estadounidenses haciendo negocios en todo el mundo» (Halliburtonwatch.com). Oficialmente, las sanciones contra Libia sólo se levantaron durante la presidencia de Bush en 2004. Está claro que, con todos los países imperialistas europeos y Estados Unidos ya explotando masivamente el petróleo libio, el estribillo de que la «guerra es por el petróleo» no tiene ni pies ni cabeza.

3- GADAFI ES UN TERRORISTA

Durante los preparativos del actual ataque militar sobre Trípoli, Stuart Levey, del Departamento del Tesoro estadounidense (y agente especial de Israel) autorizó una política de sanciones por la que se congelaron 30 mil millones de USD en activos libios so pretexto de que Gadafi era un dictador asesino (Washington Post, 24-3-11). Sin embargo, hace siete años, Cheney, Bush y Condoleezza Rice retiraron a Libia de la lista de regímenes terroristas y ordenaron a Levey y a sus acólitos levantar las sanciones impuestas en la época de Reagan. El gesto fue imitado rápidamente por todas las grandes potencias europeas: se daba la bienvenida a Gadafi en las capitales de Europa, los primeros ministros visitaban Trípoli, y Gadafi les correspondía desmantelando unilateralmente sus programas de armamento nuclear y químico (BBC, 5-9-2008). Gadafi se convirtió en aliado de Washington para su campaña contra muy diversos grupos, movimientos políticos e individuos incluidos arbitrariamente en la «lista de terroristas» estadounidense, deteniendo, torturando y asesinando a sospechosos de pertenecer a Al Qaeda, expulsando a militantes palestinos y criticando abiertamente a Hizbulá, Hamás y a otros oponentes de Israel. La Comisión de Derechos humanos de las Naciones Unidas otorgó al régimen de Gadafi la «patente de sanidad» en 2010. Sin embargo, por más que fuera celebrado por la elite occidental, el giro político de Gadafi no le ha salvado al final de este ataque militar masivo. La imposición de «reformas» neoliberales, su «apostasía» política, su cooperación en la «guerra contra el terrorismo» y la eliminación de las armas de destrucción masiva no han hecho sino debilitar al régimen. Libia se ha hecho vulnerable a los ataques y ha quedado aislada de cualquier aliado antiimperialista que pudiera tener. Las cacareadas concesiones de Gadafi a Occidente han convertido a su régimen en presa fácil de los militaristas de Washington, Londres y París, deseosos de obtener una rápida «victoria».

4- EL MITO DE LAS MASAS REVOLUCIONARIAS

La Izquierda, desde los principales partidos electorales socialdemócratas y verdes hasta la izquierda socialista europea y estadounidense, se han tragado todo el paquete de propaganda mediática en el que se demonizaba al régimen de Gadafi y se aplaudía a los «rebeldes». Repitiendo el estribillo de sus mentores imperialistas, la «Izquierda» ha justificado su apoyo a la intervención militar en nombre del «pueblo libio revolucionario» y de las masas «pacíficas» que «luchaban contra la tiranía», así como organizando milicias populares para «liberar a su país». Pero no pueden estar más lejos de la realidad.

El epicentro de la insurrección armada está en Bengasi, ciudad que es desde hace tiempo caldo de cultivo monárquico de partidarios tribales y clientes del depuesto rey Idris y de su familia. Idris, hasta el momento en que fue destronado por el joven y revolucionario coronel Gadafi, gobernó Libia con mano de hierro como una región atrasada semifeudal y gozaba de popularidad en Washington, ya que había proporcionado a Estados Unidos su mayor base aérea del Mediterráneo (Wheeler). Entre los líderes combatientes del «consejo de transición» de Bengasi (que se supone que lideran, pero que poseen escasos seguidores organizados) podemos encontrar exiliados neoliberales, que inicialmente promovieron la invasión militar euro-estadounidense con la idea de llegar al poder a lomos de misiles occidentales. Favorecen abiertamente el desmantelamiento de las compañías petroleras estatales libias que mantienen en este momento acuerdos de colaboración con multinacionales extranjeras. Observadores independientes han comentado la falta de tendencias reformistas claras, por no hablar de organizaciones revolucionarias o de movimientos democráticos populares entre los «rebeldes».

Mientras Estados Unidos, el Reino Unido y Francia lanzan misiles cargados de uranio empobrecido sobre las principales instalaciones militares y civiles libias, sus «aliados», las milicias armadas de Bengasi, en vez de luchar contra las fuerzas armadas del régimen van dando vueltas por ahí, deteniendo y a menudo ejecutando a cualquier posible miembro de los «comités revolucionarios» de Gadafi, etiquetando arbitrariamente a estos civiles como «quintacolumnistas». Entre los principales líderes de estas masas «revolucionarias» de Bengasi se encuentran dos recientes desertores de lo que la «Izquierda» califica como «régimen asesino» de Gadafi: Mustafá Abdul Jalil, ex-ministro de Justicia, que ha estado juzgando a disidentes hasta la víspera del levantamiento armado, Mahmoud Jebri, que destacó por invitar a las multinacionales a tomar los campos petrolíferos (FT, 23 de marzo de 2011, pág. 7), y el ex embajador de Gadafi en India, Ali Aziz al-Eisawa, que se subió a un barco tan pronto como empezó a parecer que la insurrección iba a tener éxito. Estos «líderes» autoproclamados de los rebeldes que ahora defienden incondicionalmente la intervención militar euro-estadounidense, han sido partidarios desde hace tiempo de la dictadura de Gadafi y han fomentado la adquisición de campos petrolíferos y gasísticos por parte de multinacionales. Los cabecillas del consejo militar «rebelde» son Omar Hariri y el general Abdul Fattah Younis, antiguo ministro del Interior. Ambos poseen un largo historial (desde 1969) de represión de movimientos democráticos en Libia. Dados sus ominosos antecedentes, no es de extrañar que estos militares de alto nivel desertores se hayan pasado a los «rebeldes» por no haber sido capaces de conseguir que sus tropas, formadas en su mayor parte por reclutas, se unieran a las fuerzas leales a Gadafi. También tendrán que cabalgar hacia Trípoli al rebufo de las fuerzas armadas británicas, estadounidenses y francesas.

La falta de credenciales democráticas y de apoyo popular entre las fuerzas contrarias a Gadafi se hace patente por su confianza en las fuerzas armadas imperialistas extranjeras para llevarles al poder y su sometimiento a las exigencias de estas potencias. Sus abusos y persecuciones de los trabajadores inmigrantes procedentes de Asia, Turquía y, sobre todo, del África subsahariana, así como de los ciudadanos libios negros, están ampliamente documentados en la prensa internacional. Su brutalidad hacia los libios negros, falsamente acusados de ser «mercenarios» de Gadafi, incluye torturas, mutilaciones y horribles ejecuciones, lo cual no es un buen augurio para el advenimiento de un nuevo orden democrático o incluso para la reactivación de una economía dependiente del trabajo de los inmigrantes, por no hablar de conseguir un país unido con una economía e instituciones nacionales. Los dirigentes autoproclamados del «Consejo Nacional de Transición» no son ni democráticos ni nacionalistas, y tampoco son siquiera capaces de unir al país. No son líderes creíbles que puedan recuperar la economía y crear puestos de trabajo después de tomar el poder por medio de las armas. Nadie puede pensar en serio que estos «exiliados», tribalistas, monárquicos e islamistas sean capaces de mantener los paternalistas programas de bienestar social y empleo creados por el gobierno de Gadafi y que proporcionaron a los libios la mayor renta per cápita de África.

5- AL QAEDA

La mayor concentración geográfica de sospechosos de terrorismo relacionados con Al Qaeda se encuentra precisamente en las zonas dominadas por los «rebeldes» (véase el artículo de Alexander Cockburn al respecto: Counterpunch, 24 de marzo de 2011). Durante más de una década, Gadafi ha estado a la vanguardia de la lucha contra Al Qaeda tras asumir la doctrina de la «guerra contra el terrorismo» de los presidentes Bush y Obama. Estos yihadistas libios, que perfeccionaron sus habilidades en las zonas de Irak y Afganistán ocupadas por EE.UU., se encuentran ahora entre las filas de los «rebeldes» luchando contra el gobierno libio, de corte más laico. Igualmente, los jefes tribales, los clérigos fundamentalistas y los monárquicos del este han mantenido activamente una «guerra santa» contra Gadafi, agradeciendo el apoyo armamentístico y aéreo de los «cruzados» anglo-franco-estadounidenses, del mismo modo que los mulás y jefes tribales recibieron con los brazos abiertos las armas y el entrenamiento procedente de la Casa Blanca en tiempos de Carter y Reagan para derrocar al régimen laico de Afganistán. De nuevo, la intervención imperialista se basa en formar «alianzas» con las fuerzas más retrógradas. La composición del futuro régimen (o regímenes, si Libia queda dividida) constituye un gran interrogante, y existen dudas sobre un posible regreso a la estabilidad política para que las grandes petroleras puedan beneficiarse de la explotación de los recursos de Libia.

6- “GENOCIDIO” O GUERRA CIVIL ARMADA

A diferencia de todos los levantamientos populares actuales del mundo árabe, el conflicto libio comenzó como una insurrección armada dirigida a tomar el poder por la fuerza. En contraste con los gobernantes autocráticos de Egipto y Túnez, Gadafi cuenta con una amplia base regional entre un sector sustancial de la población libia. Este apoyo se basa en el hecho de que casi dos generaciones de libios se han beneficiado de los programas sociales, educativos, de empleo y de vivienda de Gadafi financiados con el petróleo, ninguno de los cuales existía cuando gobernaba el favorito de Estados Unidos, el rey Idris. Dado que la violencia es inherente a cualquier levantamiento armado, una vez se empuñan las armas para tomar el poder se pierde el interés por los «derechos civiles». En un conflicto civil armado, los derechos civiles se vulneran en todos los bandos. Al margen del retrato sensacionalista que han hecho los medios occidentales de las «fuerzas mercenarias africanas» de Gadafi y de su menos evidente aprobación de la «justicia revolucionaria» contra los partidarios y los soldados del gobierno de Gadafi capturados en los bastiones rebeldes, deberían haber entrado en juego las reglas de la guerra, incluida la protección de los civiles no combatientes (entre los que se encuentran partidarios y autoridades del gobierno) y de los prisioneros de guerra libios en las zonas controladas por la OTAN-rebeldes.

La alegación euro-estadounidense sin fundamento de «genocidio» amplificada por los medios de comunicación y repetida mecánicamente por los portavoces de la «izquierda» queda en entredicho por los informes cotidianos que reflejan con una o dos cifras el número de muertos y heridos como consecuencia de la violencia urbana en ambos bandos a medida que el control de las ciudades y de los pueblos va pasando de uno a otro.

La verdad es la primera víctima de la guerra,

y esto es especialmente cierto en las guerras civiles. Ambos bandos se han dedicado a elaborar atroces invenciones sobre victorias, bajas, monstruos y víctimas.

Ángeles y demonios aparte, este conflicto comenzó como una guerra civil entre dos grupos de elites libias: una autocracia paternalista establecida, ahora cada vez más neoliberal y con un apoyo popular importante, frente a una elite financiada y entrenada por imperialistas occidentales, respaldada por un conglomerado amorfo de jefes regionales, tribales y clericales, monárquicos y profesionales neoliberales desprovistos de credenciales democráticas y nacionalistas -y carentes de un amplio respaldo entre las masas-.

CONCLUSIÓN

Si el motivo no es evitar genocidios, apropiarse del petróleo ni promover la democracia (mediante misiles Patriot), ¿qué es entonces lo que ha motivado la intervención imperialista euro-estadounidense?

Una de las claves está en la selectividad de la intervención militar occidental: los autócratas que gobiernan en Bahréin, Arabia Saudita, Yemen, Jordania, Qatar y Omán, aliados con y respaldados por los estados imperialistas euro-estadounidenses van por ahí deteniendo, torturando y asesinando a opositores desarmados en las ciudades con total impunidad. En Egipto y Túnez, Estados Unidos está respaldando a una junta de gobierno conservadora autoproclamada de miembros de la elite civil-militar para bloquear la profunda transformación democrática y nacionalista de la sociedad que exigen los manifestantes. Esta junta de gobierno pretende impulsar «reformas» económicas neoliberales a través de altos funcionarios pro occidentales «electos» cuidadosamente seleccionados. Aunque los críticos liberales acusen a Occidente de «hipocresía» y de «doble moral» al bombardear a Gadafi, pero no a los carniceros del Golfo, en realidad los gobernantes imperialistas aplican en cada región las mismas reglas de manera uniforme: defienden a aquellos regímenes clientes autocráticos estratégicos que han permitido a los estados imperialistas construir bases aéreas y navales estratégicas, llevar a cabo operaciones regionales de inteligencia y establecer plataformas logísticas para las guerras existentes en Irak y Afganistán, así como para el conflicto que tienen previsto iniciar en el futuro con Irán. Atacan a la Libia de Gadafi precisamente porque éste ha rechazado participar activamente en las operaciones militares occidentales en África y Oriente Próximo.

La clave es que, aunque Libia haya permitido a las mayores multinacionales estadounidenses y europeas saquear su riqueza petrolera, no se ha convertido en un activo geo-político-militar estratégico del imperio.

Como hemos dicho en muchas otras ocasiones, la fuerza impulsora para construir el imperio estadounidense es militar, no económica. Es por esto por lo que se han sacrificado miles de millones de dólares en intereses y contratos económicos occidentales al establecer sanciones contra Irak e Irán, con el costoso resultado de que la invasión y ocupación de Irak ha suspendido en su mayor parte la explotación petrolera durante más de una década.

La ofensiva sobre Libia dirigida por Washington, en la que la mayoría de los ataques aéreos y de los lanzamientos de misiles los ha llevado a cabo el régimen de Obama, forma parte de un contraataque general en respuesta a los recientes movimientos populares prodemocráticos del mundo árabe. Occidente está contribuyendo a suprimir estos movimientos pro democracia a lo largo del Golfo; financia en Egipto a la junta de gobierno proimperialista y proisraelí y está interviniendo en Túnez para asegurarse de que el régimen nuevo que surja esté «correctamente alineado». Brinda apoyo a un régimen despótico en Argelia y a los ataques diarios de Israel sobre Gaza. En línea con esta política, Occidente respalda el levantamiento de ex partidarios de Gadafi y de monárquicos de derechas en la seguridad de que la Libia «liberada» de nuevo proporcionará bases militares para los constructores del imperio militar euro-estadounidense.

En contraposición, las potencias de mercado emergentes mundiales y regionales han rechazado apoyar este conflicto, que pone en peligro su acceso al petróleo y los contratos vigentes de exploración petrolera a gran escala firmados con Gadafi. Las economías en crecimiento de Alemania, China, Rusia, Turquía, India y Brasil dependen de la explotación de nuevos mercados y de recursos naturales por toda África y Oriente Próximo, mientras que Estados Unidos, Reino Unido y Francia se gastan miles de millones en guerras que desestabilicen estos mercados, destruyan infraestructuras y fomenten guerras de resistencia a largo plazo. Las potencias de mercado que se hallan en fase de crecimiento son conscientes de que los «rebeldes» libios no pueden garantizar una victoria rápida y un entorno estable para el comercio y las inversiones a largo plazo. Los «rebeldes», una vez en el poder, serán los clientes políticos de sus mentores imperiales militaristas. Es obvio que una intervención militar imperialista en nombre de los separatistas regionales representa una gran amenaza para estas economías de mercado emergentes: Estados Unidos apoya a rebeldes étnico-religiosos en la provincia tibetana de China, así como a los separatistas uigures; hace tiempo que Washington y Londres respaldan a los separatistas chechenos en el Cáucaso ruso. India observa con cautela el apoyo militar estadounidense a Pakistán, que reclama Cachemira. Turquía se enfrenta a los separatistas kurdos que obtienen armas y refugio seguro de sus compañeros kurdos iraquíes abastecidos por Estados Unidos.

El precedente norteafricano que representa la invasión de Libia por parte de los imperios en nombre de sus clientes separatistas preocupa a las potencias de mercado emergentes. También representa una amenaza continua para los movimientos populares árabes en favor de la libertad. Además, la invasión no augura nada bueno para la economía estadounidense y para su frágil «recuperación»: mantener tres guerras interminables acabará con el presupuesto más pronto que tarde. Y lo más trágico de todo es que la invasión «humanitaria» de Occidente ha herido de muerte los esfuerzos genuinos de los demócratas, socialistas y nacionalistas libios por liberar a su país de una dictadura y de los reaccionarios respaldados por los imperialistas.

Fuente: The people’s voice

 

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