AQUI hay TOMATE

Para dar y tomar

Archivo para el día “abril 8, 2011”

Qué se puede y qué no se puede publicar en una página web. Estudio jurídico


Grupo Antimilitarista Tortuga – Lunes.21 de enero de 2008 –

Este artículo se dedica a explorar las posibilidades de que una página web reciba consecuencias judiciales represivas tras haber incurrido en supuestos ilícitos como la calumnia, la difamación, la injuria y cuestiones que se le puedan relacionar. No investigamos y alertamos sobre posibles infracciones al derecho a la propiedad intelectual, tema totalmente distinto, que habrá que investigar en un ulterior trabajo.


Tras sentencias como las del caso “Alasbarricadas” o “Friquipedia” en las que se condena a responsables de las webs por contenidos escritos de forma anónima por usuarios de las páginas, o la campaña de amenazas emprendida por abogados que dicen representar a Fincas Corral contra páginas en las que se realizan críticas a esta empresa, en Tortuga hemos decidido encargar un estudio a nuestra asesoría jurídica.

En dicho estudio en resumen se viene a concluir que la página podría ser denunciada, y -en su caso- condenada por difamaciones o calumnias en los siguientes casos:

1.- Cuando en la web se publiquen críticas que puedan ser susceptibles de ser consideradas como calumnia o difamación y no se cite fuente alguna. En este caso puede considerarse que la propia página asume dichas afirmaciones y se responsabiliza jurídicamente de ellas.

2.- Cuando en la web se publiquen críticas que puedan ser susceptibles de ser consideradas como calumnia o difamación que han sido tomadas de una fuente, a la que se cita, pero que de alguna manera “carece de la necesaria solvencia”. Es decir, suele considerarse una fuente jurídicamente fiable un medio de comunicación de masas con depósito legal y la suficiente antigüedad, la página web de una reconocida institución o la bitácora personal de un conocido personaje, pero no cualquier tipo de comentario o documento de autor anónimo -o no suficientemente conocido, o cuya autoría no esté contrastada- vertido en un foro de opinión.

3.- Los comentarios publicados por personas usuarias de la web pueden ser perseguidos judicialmente. El peso de la ley puede recaer en la persona que ha realizado el comentario -y no en la página- siempre que ésta persona esté perfectamente identificada (no basta con una dirección e-mail y ni siquiera con una IP). En caso de que no pueda averiguarse la identidad del autor o autora del comentario la responsabilidad podrá ser de la página web, ya que los jueces a menudo entienden que ésta al no borrar el comentario, lo asume y se responsabiliza de él “por omisión”. Algunos jueces valoran como eximente el hecho de que los/las responsables de la página borren el comentario con rapidez, pero no todos los jueces hacen caso a esta circunstancia.

Pasamos a transcribiros aquí el estudio de jurisprudencia realizado por nuestra asesoría legal. Se analizan sentencias de diferentes instancias judiciales en las que se juzgan diferentes posibles delitos cometidos al publicar informaciones y opiniones concretas en diversos medios de comunicación periodística. Añadimos abajo del todo un artículo del diario El País con interesantes ejemplos.

Tenemos la esperanza de que todo este material nos ayude a unos y a otras a andarnos con cierta precaución y a cuidar nuestras espaldas para que “los malos de la porra y la toga” no terminen por cargarse estos pequeños espacios de libertad informativa.


Estudio de jurisprudencia

Copiamos aquí partes de sentencias alusivas. Ponemos en negativa los párrafos más importantes:


SAP Madrid de 6 julio 2005, Pte: Oliván Lacasta, Pilar

AP Madrid, sec. 15ª, S 6-7-2005, nº 268/2005, rec. 181/2005. Pte: Oliván Lacasta, Pilar

RESUMEN

La AP estima en parte el recurso de apelación interpuesto frente a sentencia condenatoria por una falta de injurias. La Sala considera que no es discutible que debe responder el titular o propietario de una página web en la que se escriben frases injuriosas contra una determinada persona, pues en cualquier caso las habría consentido.En cuanto a la cuota de la multa, sí se atiende la alegación del apelante, rebajándola.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de Instrucción núm. 8 de Madrid se dictó sentencia en el juicio de faltas antes mencionado con fecha de 10-2-05 , cuya parte dispositiva dice: “Que debo condenar y condeno a Fermín como autor responsable de una falta de injurias del art. 620.2º del Código Penal , a la pena de quince días de multa a razón de veinte euros diarios y al pago de las costas procesales”. SEGUNDO.- Notificada esta resolución a las partes, por Fermín se interpuso recurso de apelación, alegando error en la apreciación de la prueba, vulneración del principio de presunción de inocencia e in dubio por reo y contradicción entre los Fundamentos de Derecho y el Fallo de la sentencia.

HECHOS PROBADOS

Se aceptan los contenidos en la resolución impugnada, que se dan por reproducidas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Los primeros motivos de impugnación de la sentencia no pueden prosperar.

Insiste el apelante en que no es el autor de las injurias vertidas contra el Sr. José Manuel a través de una página web de Internet, y que el hecho de que se sea propietario de una página web no implica que todo lo que se escriba en la misma lo lleve a cabo su titular.

Pues bien, tales argumentos son insuficientes para lograr su absolución. Si en la página Web se escriben frases injuriosas contra una determinada persona, como en este caso es el denunciante, no es discutible que debe responder su titular o propietario, pues en cualquier caso las habría consentido. Ya no digamos si se tiene en cuenta lo que consta en el acta del juicio, “que el declarante ha leído los insultos, pero no es el responsable de la página web, pero está de acuerdo con lo que pone la página”.

Además, en el recurso ya no se cuestiona que la página web estaba a su nombre, apartándose de lo que sostuvo en el acto del juicio respecto a que lo habían escrito unos señores llamados Jesús Ángel que son primos suyos, asi como que la que tiene registrada la página a su nombre está en Miami.

A ello hay que añadir un dato relevante, y es que el denunciado le propuso al denunciante asociarse con él, y éste no la aceptó. Por último, no puede dejar de significarse que el acta notarial que aparece fechada el 1-10-03, da fe de los insultos que se profirieron contra el denunciante al que llama “rata bastarda”, así como “ladrón que robó todas las ideas comerciales y de marketing de Madrid Insider”, por lo que al menos esta parte de la denuncia sí ha quedado totalmente acreditada.

En apoyo de la absolución no cabe alegar que alguien llamado Latin boy profirió también insultos e injurias contra él. No cabe la compensación de insultos, sin perjuicio de que se promuevan las acciones correspondientes para la persecución de tales hechos.

Segundo.-La discrepancia con la pena impuesta debe prosperar en parte.

Naturalmente que las injurias deben calificarse de leves para que sean subsumibles en una simple falta. Por lo tanto, no puede invocarse la levedad para conseguir una multa inferior. La pena impuesta es proporcionada a las circunstancias del caso y además no supera la mitad inferior de la horquilla comprendida entre 10 y 20 días de multa.

Por el contrario, resulta mas discutible el montante de la cuota multa. Es verdad que no se puede considerar importante, teniendo en cuenta que oscila entre 2 y 400 euros. Sin embargo, lo cierto es que no se ha motivado su cuantificación (20 euros) a lo que hay que añadir que efectivamente se le ha reconocido el derecho de justicia gratuita. De ahí que resulte mas proporcionada una cuota de 12 euros, y no la mínima como se pretende, por cuanto el ser titular de una página web compagina bastante mal con una situación de auténtica penuria económica.

FALLO

Se estima en parte el recurso de apelación interpuesto por Fermín contra la sentencia de fecha 10-2-05 dictada por el Juzgado de Instrucción núm. 8 de Madrid y se confirma íntegramente dicha resolución, salvo el particular de la cuota multa que se reduce a 12 euros diarios. Se confirman el resto de los particulares de la sentencia. Se declaran de oficio las costas de esta alzada Póngase esta resolución en conocimiento de las partes personadas y devuélvase la causa al Juzgado de Instrucción núm. 8 de Madrid con testimonio de lo acordado.


ATC de 18 enero 2006

TC, sec. 1ª, A 18-1-2006, nº 16/2006, rec. 5795/2003

RESUMEN

El TC acuerda inadmitir el recurso de amparo pretendido por el recurrente contra la resolución impugnada por carencia manifiesta de contenido constitucional. El Tribunal considera que no se ha producido la vulneración de los derechos del recurrente a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones y a comunicar libremente información veraz por cualquier medio, dado que actuó sin la diligencia debida a un periodista, publicando una información en que se acusaba a dos funcionarios de la comisión de un delito, quedando demostrada la falsedad de dicha comisión.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Mediante escrito que tuvo entrada en este Tribunal el 26 de septiembre de 2003, D. Gonzalo interpuso recurso de amparo contra la Sentencia de 31 de julio de 2003 de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, recaída en rollo de apelación núm. 28-2003, así como contra la dictada el 30 de junio de 2002 por el Juzgado de lo Penal núm. 8 de Sevilla en procedimiento abreviado núm. 33-2002 por delito de calumnias.

SEGUNDO.- Los hechos en que se fundamenta la demanda de amparo son los siguientes:

a) Por Sentencia del Juzgado de lo Penal núm. 8 de Sevilla de 30 de junio de 2002, confirmada en apelación por Sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla de 31 de julio de 2003, el recurrente fue absuelto del delito de injurias y condenado por el delito de calumnias con publicidad, de los que venía siendo acusado, a una pena de 6 meses de prisión, así como a indemnizar, junto a la editorial “S., S.L.” (responsable civil directa) a D. José y a D. Jesús en la suma de 48.000 euros a cada uno de ellos, y a divulgar a su costa la Sentencia condenatoria. El director y el jefe de la sección de local del periódico (“Diario A.”) en el que fue publicado el artículo firmado por el ahora recurrente que ha dado lugar a su condena, fueron absueltos de los delitos de injurias y calumnias de los que también venían siendo acusados.

b) Se declara probado en las referidas sentencias que el recurrente, colaborador del “Diario A.” (periódico editado por “S., S.L.”) en virtud de un contrato mercantil y dedicado al periodismo de investigación, publicó en dicho periódico (sección de local) el 7 de junio de 1999 un artículo del siguiente tenor: “En plena campaña electoral, las campanas de la corrupción repican por toda la geografía española. También tañen en el Ayuntamiento de Sevilla… Y es que recaudar impuestos de los ciudadanos en la capital del Guadalquivir se ha convertido en un suculento negocio… Desde hace años acontece que dos altos funcionarios municipales, José y Jesús, obtienen pingües beneficios que no declaran a Hacienda, con actuaciones irregulares y presuntas ilegalidades. José, por ejemplo, recaudó en 1.997 unos 4.000 millones de pesetas, casi el 7% fueron sus ingresos brutos. Deducidos los gastos y pago de nóminas… le quedaron limpios unos 124 millones. Pero en el modelo 130 estimación directa de pago fraccionado del I.R.P.F. correspondiente a los cuatro trimestres de 1997 dicho recaudador declaró sólo 3.625.000 Ptas. como ingresos por actividad empresarial. Esta actividad sorprendentemente no le generó gasto alguno a deducir, a pesar de haber abonado retribuciones por importe de 160,7 millones. “El Ayuntamiento permite a José que se quede por las buenas con esa suma millonaria que no declara al fisco por ser dinero negro y que tal vez la reparte con alguien”, comenta un portavoz de la sección sindicar de UGT en la Corporación sevillana… El caso del recaudador Jesús es similar al de su compañero Roberto, salvo que las cantidades que recaudan e ingresa son mas modestas; unos 60 millones de pesetas de ingresos netos obtuvo en 1.997…”.

Asimismo se declara probado que “las manifestaciones vertidas en el periódico relativas a la no declaración a Hacienda de las sumas obtenidas, así como a su apropiación irregular, no se ajustan a la realidad, constando acreditado las cantidades por los recaudadores percibidas del Ayuntamiento por todos los conceptos (nóminas y recaudaciones) así como las declaraciones de impuestos a Hacienda en correlación con lo percibido.

c) En las Sentencias impugnadas en amparo se examina el conflicto entre el derecho a la libertad de información y el derecho al honor y se razona que en el presente caso los recaudadores afectados por el artículo publicado tienen la condición de funcionarios públicos y por tanto de personas públicas, estando el trabajo periodístico relacionado con su actividad profesional y constituyendo dicho trabajo, sobre la recaudación municipal, una noticia que trajo consigo una avalancha de manifestaciones de políticos y sindicalistas, llegándose incluso a modificar el sistema de recaudación. No obstante, se concluye que la publicación es penalmente reprochable y no puede encontrar amparo en el derecho a la libertad de información, porque el recurrente imputa públicamente a los dos recaudadores la comisión de un delito por unos hechos que no resultaron ser ciertos (los recaudadores ingresaron al Fisco las cantidades correctas y no se apropiaron indebidamente de cantidad alguna), siendo tal imputación una invención del recurrente, que no podía deducirse de las fuentes que invoca (la información facilitada por una Abogada sobre el recurso de suplicación de trabajadores del servicio de recaudación municipal en un proceso de conflicto colectivo y la información facilitada por sindicalistas del Ayuntamiento, así como noticias aparecidas anteriormente en otro periódico sobre dicho conflicto laboral), de modo que la parte más sustancial y significativa de la información publicada no es cierta y además no resulta de ninguna de las fuentes de información que se dicen utilizadas.

En fin, se razona que tampoco puede alegarse que se tratase de una “información neutra” o de un “reportaje neutral”, en el que el periodista se limita a trasladar lo que otro dice, ya que esto sólo puede predicarse formalmente de las frases entrecomilladas que se atribuyen a “un portavoz de la sección sindical de UGT en la Corporación Sevillana” (“el Ayuntamiento permite a José que se quede con las buenas con esa suma millonaria que no declara al fisco por ser dinero negro y que tal vez la reparte con alguien”), cuya identidad por otra parte no se menciona, pero no al resto de la información, ya que no se determina propiamente quién hace las supuestas declaraciones, sino que se sustituye tal determinación por la mención de un inidentificable portavoz de una sección sindical, y el medio informativo no se limita a ser mero transmisor de las declaraciones, sino que las reelabora y construye una noticia propia en la que hace afirmaciones que no atribuye a persona alguna. En cuanto a la condición de fuente del escrito de recurso de suplicación o de la información anterior de otro periódico, resulta que de éstas sólo podía obtenerse razonablemente la condición de empresario aparente del recaudador Sr. José, deducible de la incoherencia interna de sus declaraciones fiscales, pero no podía obtenerse de modo alguno que dicho recaudador, así como el otro recaudador, estuvieran obteniendo “pingües beneficios en dinero negro” que no declaraban a Hacienda según el recurrente.

TERCERO.- El demandante de amparo alega que se han lesionado en las Sentencias impugnadas sus derechos a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones (art. 20.1.a) CE) y a comunicar libremente información veraz por cualquier medio (art. 20.1.d) CE). Razona que la información contenida en su artículo periodístico no podía dar en ningún caso lugar a una condena por un delito de calumnias, porque se daban los requisitos para estar amparada en los derechos garantizados por el art. 20.1, a) y d) CE, que las Sentencias impugnadas no han ponderado correctamente. Tal como se reconoce en ambas Sentencias la noticia publicada tenía interés público, dado que se refería a las irregularidades existentes en el servicio de recaudación municipal, hasta el punto que generó una polémica política y sindical, llegándose incluso a modificar el sistema de recaudación. La información se expuso sin expresiones insultantes o innecesarias y se ajustaba esencialmente a la verdad.

Además se utilizaron fuentes para confirmar la información antes de publicarla, lo que demuestra que el recurrente actuó con la diligencia exigible; tales fuentes eran el recurso de suplicación presentado por la Letrada de los trabajadores del servicio de recaudación, que constituye la fuente básica de la información, la información facilitada por sindicalistas de UGT en el Ayuntamiento de Sevilla, y las noticias aparecidas anteriormente en otro periódico, el “Diario S.”, sobre el aludido conflicto laboral. Además afirma que intentó contrastar la opinión de los querellantes, que se negaron a hablar del asunto, y de la Concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Sevilla, que tampoco quiso hacer declaraciones. Se trata, en suma, según el recurrente, de información referida a hechos de relevancia pública, obtenida y contrastada con el mínimo de diligencia exigible, sin que el requisito de la veracidad de la información sea sinónimo de veracidad objetiva, sino de un mínimo cuidado y diligencia en la búsqueda de lo cierto (SSTC 22/1995 ó 144/1998). En fin, considera el recurrente que en ningún caso podía ser condenado como autor de un delito de calumnias, pues, aun prescindiendo de la protección del art. 20.1 CE, resulta que no concurre el requisito del temerario desprecio a la verdad, pues el recurrente no era consciente que decir que los recaudadores no declaraban a Hacienda los pingües beneficios obtenidos era imputarles un delito.

CUARTO.- Mediante providencia de 7 de septiembre de 2005 la Sección Primera de este Tribunal acordó, a tenor de lo dispuesto en el art. 50.3 LOTC, conceder un plazo común de diez días al Ministerio Fiscal y al solicitante de amparo para que dentro de dicho plazo alegaran lo que estimasen conveniente en relación con la posible concurrencia del motivo de inadmisión consistente en carecer la demanda manifiestamente de contenido que justifique una decisión sobre el fondo de la misma en forma de sentencia por parte del Tribunal Constitucional -art. 50.1.c) LOTC-.

QUINTO.- El recurrente formuló su escrito de alegaciones el 28 de septiembre de 2005, reiterando los argumentos expuestos en su escrito de demanda para sostener que las Sentencias impugnadas han lesionado sus derechos a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones y a comunicar libremente información veraz por cualquier medio. Insiste en particular en que ha actuado con la diligencia exigible a un profesional de la información y que su artículo periodístico tenía interés informativo y relevancia pública, siendo la información veraz y expuesta correctamente, sin expresiones innecesarias, vejatorias o insultantes para los recaudadores municipales a los que se refería.

SEXTO.- Por su parte el Ministerio Fiscal presentó sus alegaciones el 28 de septiembre de 2005. El Ministerio Fiscal propone la inadmisión del recurso de amparo de conformidad con el art. 50.1.c) LOTC, al entender que las Sentencias impugnadas han condenado al recurrente ponderando correctamente las circunstancias concurrentes en el caso, por cuanto, si bien no se cuestiona que la información publicada se refiriese a hechos de relevancia pública, lo denunciado resultó no ser cierto y el recurrente no podía obtener la información publicada de ninguna de las fuentes que dice haber consultado, sino que se los inventó. Por ello, dado que el demandante de amparo publicó unos hechos que no obtuvo de fuente fidedigna alguna y que resultaron falsos, en modo alguno puede sostenerse que lo que informó esté amparado por el derecho a la libertad de información del art. 20.1 CE, concluye el Ministerio Fiscal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Examinadas las alegaciones formuladas por el Ministerio Fiscal y por la representación procesal de la recurrente, procede confirmar la concurrencia de la causa de inadmisión prevista en el art. 50.1.c) LOTC, indiciariamente apreciada en nuestra providencia de 7 de septiembre de 2005, ya que no se aprecia que se haya producido la lesión de los derechos fundamentales a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones (art. 20.1.a) CE) y a comunicar libremente información veraz por cualquier medio (art. 20.1.d) CE), que se aduce por el demandante de amparo.

SEGUNDO.- Este Tribunal ha elaborado un cuerpo consolidado de doctrina en torno a los casos en que exista un conflicto entre el derecho a la libertad de información y el derecho al honor, coincidente en lo sustancial con la desarrollada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al interpretar el art. 10.1 del Convenio europeo de derechos humanos. Dicha doctrina parte de la posición especial que en nuestro ordenamiento ocupa la libertad de información, que no sólo protege un interés individual sino que entraña el reconocimiento y garantía de la existencia de una opinión pública libre, indisolublemente unida al pluralismo político propio del Estado democrático (STC 21/2000, de 31 de enero, FJ 4 y las allí citadas). El valor preferente o prevalente de este derecho ha sido sin embargo relativizado en nuestra jurisprudencia, negando su supremacía sobre otros derechos fundamentales (SSTC 42/1995, de 13 de febrero, FJ 2; 11/2000, de 17 de enero, FJ 7). De ahí que hayamos condicionado la protección constitucional de la libertad de información, frente al derecho al honor garantizado en el art. 18.1 CE, a que la información se refiera a hechos con relevancia pública, en el sentido de noticiables, y a que dicha información sea veraz(SSTC 138/1996, de 16 de septiembre, FJ 3; 144/1998, de 30 de junio, FJ 2; 21/2000, de 31 de enero, FJ 4; 112/2000, de 5 de mayo, FJ 6; 76/2002, de 8 de abril, FJ 3; 158/2003, de 15 de septiembre, FJ 3, y 1/2005, de 17 de enero, FJ 2, entre otras muchas).

TERCERO.- En el supuesto que nos ocupa la relevancia pública de la información no ha sido propiamente objeto de controversia en el proceso penal a quo, puesto que las Sentencias impugnadas en amparo no niegan que el reportaje publicado tenga indudable interés para el público, reconociéndose expresamente que generó una “avalancha” de manifestaciones de políticos y sindicalistas, dato este de la relevancia pública que tampoco discute el Ministerio Fiscal en su escrito de alegaciones. Existe, en cambio, controversia en el presente proceso de amparo sobre si concurre en este supuesto el requisito de la veracidad de la información, que debe entenderse cumplido “en aquellos casos en los que el informador haya realizado, con carácter previo a la difusión de la noticia, una labor de averiguación de los hechos sobre los que versa la información y la referida indagación la haya efectuado con la diligencia que es exigible a un profesional de la información” (SSTC 21/2000, FJ 5; 158/2003, FJ 4 y 1/2005, FJ 3, por todas), diligencia que las Sentencias impugnadas niegan en el presente supuesto, por considerar que el recurrente imputa a los recaudadores municipales concernidos por su información la comisión de un delito fiscal y que tal imputación es una invención suya, pues la presunta comisión de tal delito no puede deducirse de ninguna de las fuentes de información que se dicen utilizadas, a lo que se une el hecho de que la imputación no resultó conforme a la realidad de los hechos o, en palabras del Ministerio Fiscal, que lo informado resultó totalmente incierto.

Respecto de este extremo cabe señalar que, a tenor de la doctrina constitucional citada, no puede tacharse de inveraz la información publicada por el mero hecho de que finalmente resultase que las manifestaciones vertidas en el reportaje relativas a la no declaración a Hacienda de las sumas obtenidas por los recaudadores en el ejercicio de sus funciones, así como a su apropiación irregular por los mismos, no se ajustan a la realidad, ya que ello supondría partir de un equivocado entendimiento de lo que sea la veracidad de la información exigida por el art. 20 CE, que no es equiparable a la “realidad incontrovertible”, sino que el canon de la veracidad se cifra en la diligencia razonablemente exigible al informador, por lo que el objeto de su prueba no son los hechos en sí objeto de narración, sino aquellos hechos, datos o fuentes de información empleados, de los que se pueda inferir la verosimilitud de los hechos narrados.

CUARTO.- La diligencia exigible a un profesional de la información no puede precisarse a priori y con carácter general, pues depende de las características concretas de la comunicación de que se trate, por lo que su apreciación dependerá de las circunstancias del caso (SSTC 240/1992, de 21 de diciembre, FJ 7, y 136/2004, de 13 de julio, FJ 3, entre otras muchas). A este respecto, el Tribunal Constitucional ha establecido algunos criterios que deben tenerse en cuenta para el cumplimiento de este requisito constitucional. Entre otros, hemos señalado que el nivel de diligencia exigible adquirirá su máxima intensidad “cuando la noticia que se divulga puede suponer por su propio contenido un descrédito en la consideración de la persona a la que la información se refiere”(SSTC 240/1992, de 21 de diciembre, FJ 7, y 192/1999, de 25 de octubre, FJ 4). De igual modo ha de ser un criterio que debe ponderarse el del respeto a la presunción de inocencia (SSTC 219/1992, de 3 de diciembre, FJ 5, ó 28/1996, de 26 de febrero, FJ 3). Para comprobar si el informador ha actuado con la diligencia que le es constitucionalmente exigible, también debe valorarse cuál sea el objeto de la información, pues no es lo mismo la ordenación y presentación de hechos que el medio asume como propia que la transmisión neutra de manifestaciones de otro o “reportaje neutral” (STC 76/2002, 8 de abril, en FJ 4, por todas). No hay que descartar, además, la utilización de otros criterios que pueden ser de utilidad a estos efectos, como son “el carácter del hecho noticioso, la fuente que proporciona la noticia, las posibilidades efectivas de contrastarla, etc.” (SSTC 219/1992, FJ 5; 28/1996, de FJ 3; 21/2000, FJ 6). Finalmente, hemos afirmado que la intención de quien informa no es un canon de la veracidad, sino la diligencia al efecto desplegada, de manera que la forma de narrar y enfocar la noticia no tiene que ver ya propiamente con el juicio sobre la veracidad de la información, por más que sí deba tenerse en cuenta para examinar si, no obstante ser veraz, su fondo o forma pueden resultar lesivos del honor de una tercera persona (SSTC 192/1999, de 25 de octubre, FJ 6 y 1/2005, FJ 3, por todas).

QUINTO.- En el presente caso las Sentencias impugnadas han declarado probado -tal y como ya hemos señalado- que la información contenida en el artículo periodístico elaborado por el recurrente respecto a que los recaudadores municipales afectados por dicha información no declaraban a Hacienda las sumas obtenidas, así como a su apropiación irregular, no se ajusta a la realidad. Asimismo se razona en las Sentencias impugnadas que tales afirmaciones suponen en términos objetivos la imputación de un delito contra la Hacienda Pública, por lo que, de acuerdo con nuestra doctrina, el nivel de diligencia exigible al profesional de la información adquiere en este caso su máxima intensidad. Y se concluye en ambas Sentencias que dicho deber de diligencia no se cumple pues la comisión del delito fiscal que el recurrente imputaba a los recaudadores municipales no puede deducirse de ninguna de las fuentes de información que afirma haber utilizado para elaborar el artículo periodístico.

Pues bien, examinada la cuestión a la luz de las exigencias de nuestra doctrina respecto del requisito de la veracidad, podemos concluir que, en efecto, el recurrente en amparo no actuó con la diligencia que le era constitucionalmente exigible a tenor del contenido de la información divulgada, en la que se imputaba un delito a los recaudadores municipales a quienes se refería la noticia, pues no existió previo contraste con datos objetivos ni labor de averiguación de los hechos sobre los que versaba dicha información. En efecto, dicha imputación delictiva, que constituye la parte más sustancial y significativa del reportaje publicado por el recurrente no cabe deducirla de ninguna de las fuentes que el recurrente en amparo afirma haber consultado para elaborar su reportaje (la información facilitada por una Abogada sobre el recurso de suplicación de trabajadores del servicio de recaudación municipal en un proceso de conflicto colectivo en el que se pretendía que se reconociera su relación laboral con el Ayuntamiento, así como noticias aparecidas anteriormente en otro periódico sobre dicho conflicto laboral y la ambigua referencia a un comentario del portavoz de la sección sindical de UGT en el Ayuntamiento de Sevilla). Por otra parte, aun siendo cierto que el recurrente intentara establecer contacto con los recaudadores municipales a quienes se refería la noticia que pretendía publicar así como con la Concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Sevilla para recabar su opinión al respecto, con el resultado de que unos y otra se negaran a efectuar declaraciones, ello no permite llegar a la conclusión de que el recurrente desplegase con ello la diligencia que le era exigible en su máxima intensidad, dado que la noticia que se publicó, al imputar a los afectados la comisión de un delito, no sólo suponía un evidente descrédito para aquéllos, sino que además incidía en su derecho a la presunción de inocencia.

La relevancia pública de los hechos noticiosos y la eventual notoriedad pública de los afectados en su ámbito de actuación no permiten concluir que vengan obligados a desmentir cualquier imputación que se les pretenda efectuar, de suerte que, de no avenirse a dar su opinión sobre los hechos con el periodista que lo solicite se pueda tener por cumplido el deber de diligencia informativa de éste. En efecto, recabar la versión de los afectados respecto de la información concerniente a los mismos que se pretende publicar es, en casos como el examinado, una exigencia inexcusable para el profesional de la información, pero la eventual negativa de aquéllos a ofrecer su versión de los hechos al periodista no releva a éste de su deber de diligencia, que es de máxima intensidad cuando, como aquí sucedía, el reportaje publicado supone un claro descrédito para los afectados e incide en su presunción de inocencia, al imputarles la comisión de un delito. Entenderlo de otro modo equivaldría a desvirtuar por completo el contenido del requisito de veracidad establecido por la doctrina de este Tribunal, que “no va dirigido a la exigencia de una rigurosa y total exactitud en el contenido de la información, sino a negar la protección constitucional a los que trasmiten como hechos verdaderos bien simples rumores, carentes de toda constatación, o bien meras invenciones o insinuaciones sin comprobar su realidad mediante las oportunas averiguaciones propias de un profesional diligente” (por todas, SSTC 21/2000, de 31 de enero, FJ 5 y 54/2004, de 15 de abril, FJ 4).

En definitiva, el recurrente publicó una información en la que acusaba a dos funcionarios municipales de haber obtenido unos elevados ingresos en su calidad de recaudadores de impuestos y no haberlos declarado a la Hacienda Pública, es decir, les imputaba la comisión de un delito, siendo así que tal información, amén de resultar a la postre inveraz, no tenía sustento alguno en las fuentes que se dicen consultadas, como se razona pormenorizadamente en las Sentencias impugnadas, por lo que ha de concluirse que el recurrente no actuó con la diligencia constitucionalmente exigible a un profesional de la información y, en consecuencia, su actuación no puede quedar amparada por los derechos fundamentales a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones y a comunicar libremente información veraz que se invocan en la demanda de amparo.

En virtud de todo lo expuesto, la Sección

FALLO

La inadmisión del presente recurso de amparo y el archivo de las actuaciones.

Así, lo acordaron, mandaron y firmaron. Casas Baamonde.- Delgado Barrio.- Aragón Reyes.


STC Sala 2ª de 30 enero 1995, Pte: González Campos, Julio Diego

TC Sala 2ª, S 30-1-1995, nº 22/1995, rec. 2610/1992, BOE 50/1995, de 28 febrero 1995. Pte: González Campos, Julio Diego

RESUMEN

Interponen rec. de amparo el condenado por delito de injurias y calumnias, y la responsable civil subsidiaria, sociedad editora. El Tribunal declara que la información publicada no era cierta y sus autores no observaron la diligencia debida en su contrastación, de manera que el reportaje, aun refiriéndose a hechos de indudable relevancia pública, no satisfacía la exigencia de veracidad que, para disfrutar de la protección dispensada por el art. 20,1 d) CE (libertad de expresión) ha de concurrir inescindiblemente con aquélla. Asimismo declara la Sala que la sentencia impugnada no ha incurrido en infracción del principio de legalidad penal, porque no se ha procedido a interpretar analógicamente el art. 15 CP, sino que se ha hecho del precepto una interpretación prácticamente literal. Ha de tenerse en cuenta que al ser desconocidos los autores materiales del reportaje, la responsabilidad penal sólo podía exigirse del director de la publicación; y dado que éste se encontraba de vacaciones al tiempo de publicarse el reportaje y no pudo tener conocimiento de la misma, la responsabilidad debía imputarse a quien en aquel momento ejercía las funciones directivas, esto es, al recurrente, encargado de la redacción en la que se confeccionó el reportaje, y respecto de quien se tuvo por probado que actuó con el dolo o, cuando menos, la culpa suficientes a los efectos de tenerle por autor criminalmente responsable del delito imputado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por escrito registrado en este Tribunal el 29 octubre 1992, D. Eduardo Morales Price, Procurador de los Tribunales y de D. Fermín y de “Ediciones X., S.A.”, interpone recurso de amparo contra SAP Barcelona 23 septiembre 1982 Sec. 2ª, parcialmente estimatoria del rec. apelación núm. 3.627/92, promovido contra la dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 2 de Barcelona, de fecha 27 diciembre 1991, en AA de procedimiento abreviado núm. 376/91, sobre injurias y calumnias.

SEGUNDO.- Los hechos en los que se fundamenta la demanda son, sucintamente expuestos, los que siguen:

a) En AA de procedimiento abreviado núm. 376/91, el Juzgado de lo Penal núm. 2 de Barcelona dictó S 27 diciembre 1991, por la que se absolvía a los hoy recurrentes de los delitos de injurias y calumnias imputados por Dª Miriam y D. Miguel. En el origen del procedimiento se encontraban sendos reportajes publicados en los núms. … y … (1983) de la revista “l.”; en ellos se ofrecía una versión del asesinato de los Marqueses U., sosteniéndose que los citados Dª Miriam y D. Miguel (hija de las víctimas y padre de quien fue condenado como autor del crimen, respectivamente) habían tenido algún grado de participación o conocimiento en el asunto.

El Juzgado entendió que debía prevalecer el derecho a la libertad de información frente al derecho al honor de los afectados. Concurrían, a su juicio, tanto el requisito de la relevancia pública como el de la veracidad (habida cuenta de que los artículos eran resultado de un trabajo de investigación periodística en el que sus autores actuaron con la obligada diligencia).

b) Promovido rec. apelación (núm. 3627/92) ante la AP Barcelona, la Sec. 2ª de ese Tribunal dictó S 23 septiembre 1992, parcialmente revocatoria de la de instancia. A juicio de la Audiencia, las afirmaciones relativas a D. Miguel no podían ampararse en el art. 20 CE, toda vez que (a diferencia de lo que sucedía con las referidas a la señora Dª Miriam) no concurría el requisito de la veracidad, pues ni de las actas de la causa instruida con motivo del asesinato, ni de las investigaciones policiales, ni de las declaraciones de otros implicados a los medios de comunicación podía deducirse que el D. Miguel estuviera implicado en los términos que se reflejaban en los artículos periodísticos. En suma, para el Tribunal la información -pese a la gravedad de su contenido- no había sido contrastada con la debida diligencia, no mereciendo más calificativo que el de mero rumor o insidia. Por todo ello, el ahora recurrente D. Fermín fue condenado a 6 meses y 1 día de prisión menor, accesorias, multa de 40.000 pts. y abono de la sexta parte de las costas, viniendo también obligado a indemnizar a D. Miguel en la suma de 3.000.000 pts., siendo responsable civil subsidiario la sociedad “Ediciones X., S.A.”.

TERCERO.- Se interpone recurso de amparo contra SAP Barcelona Sec. 2ª de 23 septiembre 1992, interesando su nulidad.

Se alega infracción de los arts. 20,1 d) y 25,1 CE. La vulneración del art. 20,1 d) resultaría del hecho de que la información enjuiciada satisface las exigencias de relevancia pública y veracidad requeridas por la jurisprudencia constitucional para obtener la cobertura del derecho fundamental a la libertad de información. Por su parte, el art. 25,1 habría sido conculcado como consecuencia de haberse procedido a una interpretación analógica “in malam partem” del art. 15 CP (CP), ya que el recurrente D. Fermín sólo era Adjunto a la Dirección en el momento en el que se publicaron las informaciones enjuiciadas, siendo así que el citado precepto no se refiere a ese tipo de cargos.

CUARTO.- Mediante providencia 19 noviembre 1992, la Sec. 3ª de este Tribunal acordó, de conformidad con lo dispuesto en el art. 50,5 LOTC, requerir a los demandantes de amparo con el fin de que en el plazo de 10 días acreditaran fehacientemente la fecha de notificación de la resolución que puso fin a la vía judicial, así como haber invocado los derechos que se estiman vulnerados. Igualmente se requirió al Procurador D. Eduardo Moraties Price para que acreditara su representación de “Ediciones X., S.A.” aportando poder original.

QUINTO.- La parte recurrente dio cumplimiento al anterior proveído mediante escrito registrado en este Tribunal el 5 diciembre 1992.

SEXTO.- Por providencia 1 marzo 1993, la Sección acordó admitir a trámite la demanda de amparo y dirigir comunicación a la Sec. 2ª AP Barcelona y al Juzgado de lo Penal núm. 2 de esa capital para que remitieran, respectivamente, certificación o copia adverada de las o actuaciones correspondientes al rollo de apelación núm. 3627/92 y a los AA de procedimiento abreviado núm. 376/91; asimismo se acordó la práctica de los emplazamientos pertinentes.

SEPTIMO.- Mediante providencia 3 mayo 1993, la Sección acordó tener por personado y parte en el procedimiento al Procurador D. Francisco Alvarez del Valle García, en nombre y representación de D. Miguel Escobedo Gómez-Martín. Asimismo, se acordó acusar recibo de todas las actuaciones interesadas en el anterior proveído y dar vista de las mismas a las partes personadas y al Mº Fiscal por plazo común de 20 días para que presentaran las alegaciones que estimasen pertinentes, de conformidad con lo dispuesto en el art. 52,1 LOTC.

OCTAVO.- La representación procesal de los demandantes de amparo evacuó el trámite de alegaciones por medio de escrito registrado el 29 mayo 1993, en el que se da por ratificado el contenido de la demanda.

NOVENO.- Por escrito registrado el 31 mayo 1993, el Procurador D. Francisco Alvarez del Valle García declaró haber tenido conocimiento del fallecimiento de su mandante y no haber conseguido, pese a haberlo intentado, ponerse en contacto con sus familiares. Por ello, solicitaba la concesión de un plazo para poder personarse en este procedimiento en nombre de los herederos, si a éstos conviniere, y cumplimentar entonces el trámite de alegaciones conferido.

DECIMO.- Mediante providencia 10 junio 1993, la Sección acordó conceder al Procurador D. Francisco Alvarez del Valle García un plazo de 10 días para que se personara y acreditara la representación de los herederos de D. Miguel.

DECIMOPRIMERO.- Por escrito registrado el 25 junio 1993, el Procurador D. Francisco Alvarez del Valle García presentó escrito de alegaciones en representación de D. Miguel. Tras exponer pormenorizadamente los hechos que dieron lugar al proceso judicial del que trae causa la sentencia recurrida, se sostiene en el referido escrito que ha quedado plenamente demostrado que en la revista “I.” se publicó un artículo en el que se imputaba a D. Miguel haber participado en el asesinato de los Marqueses U. Con ello se violó gravemente el derecho al honor de D. Miguel, contra quien nunca se ha formulado acusación alguna imputándole autoría, complicidad o encubrimiento en el asesinato.

No puede admitirse -continúa el escrito de alegaciones- que lo publicado fuera el resultado de 2 años de investigación, dato este que, en todo caso, nada demostraría. Además, está probado que en ninguna actuación o resolución judiciales ni por nadie que no fuera “I.” se ha imputado a D. Miguel la autoría del asesinato. Tampoco ha podido demostrarse este extremo en “el segundo sumario que se abrió por una confidencia periodística”, pues en este segundo sumario tampoco se concretó responsabilidad alguna de D. Miguel. Se alega que el reportaje periodístico no sólo no se basaba en informaciones recabadas de quien podía razonablemente ofrecer alguna credibilidad, sino que ni siquiera se basó en meras conjeturas o rumores -que no aparecen por ninguna parte- sino en una pura invención de la revista. En definitiva, la pasividad con la que se actuó supuso una nula comprobación de la veracidad de las afirmaciones publicadas; por tanto, al carecer de cualquier tipo de veracidad -por muy flexible que se sea en la interpretación de este concepto-, se incumplió el requisito fundamental que debe reunir la información que pretenda ampararse en el derecho reconocido en el art. 20,1 d) CE. En cuanto a la indebida aplicación del art. 15 CP, se alega que D. Fermín fue condenado por no aparecer firmado el artículo de autos y figurar aquél como el responsable de los reportajes elaborados en la redacción de Madrid. La dirección efectiva de la revista respecto del ejemplar y reportaje que dio lugar a la causa se imputó a D. Fermín por figurar en la “mancheta” de cada número ostentando el puesto de Director. En cualquier caso -se alega- no es competente este Tribunal para resolver este tipo de cuestiones, que debieron invocarse ante la jurisdicción ordinaria.

En definitiva, no se ha producido infracción alguna del principio de legalidad penal, pues en el momento de producirse los hechos estaba perfectamente delimitado el tipo penal del delito de calumnias e igualmente se hallaba delimitado quiénes se consideran sus autores en el caso de verificarse aquéllas por medio de prensa. En consecuencia, se interesa la desestimación de la demanda de amparo.

DECIMOSEGUNDO.- El escrito de alegaciones del Mº Fiscal, se registró el 3 junio 1993.

Una vez reseñados los hechos que han dado lugar al presente procedimiento y los motivos en los que se fundamenta la demanda da amparo, señala el Mº Fiscal que parece quedar fuera de toda discusión que en la revista “l.” se ofreció y se hizo propia una versión del asesinato de los Marqueses U. y de sus autores en la que se atribuía a D. Miguel la participación material en el crimen. La problemática planteada -prosigue el Mº Público- radica en el elemento subjetivo del tipo de calumnia del art. 453 CP y en el juego exonerante de la veracidad de los hechos imputados, en virtud no sólo de la previsión del art. 456, sino -sobre todo- del carácter justificador propio de la transmisión de información veraz, incardinable en la eximente núm. 11 art. 8 CP.

Se afirma en la demanda, prosigue el escrito de alegaciones, que los recurrentes actuaron en la creencia -aunque fuese errónea- de que ofrecían una información veraz, lo que excluye el dolo específico que exige el delito de calumnia. En esta línea, recuerda el Mº Fiscal cuál viene siendo la doctrina de este Tribunal respecto a la interpretación que ha de darse a la expresión “información veraz”, señalando que, desde la STC 6/88, la veracidad queda cumplida con el despliegue, por parte del informador, de la diligencia debida para contrastar los hechos noticiables, de acuerdo con los cánones de la profesionalidad periodística. Veracidad cuya prueba corresponde a quien se manifiesta en público(STC 143/91).

De la doctrina jurisprudencial se desprende, para el Mº Público, el deber del informador de comprobar la veracidad de la información y de contrastar la verosimilitud de la noticia, así como también se deduce la insuficiencia de referirse a “fuentes indeterminadas o bien informadas”. Ello obliga a indagar las fuentes citadas por la revista. Y el examen de los autos lleva al Mº Fiscal a la conclusión de que en ninguna actuación judicial ni policial se vierte acusación alguna contra D. Miguel, no atribuyéndole tampoco participación alguna en el asesinato las declaraciones del mayordomo de las víctimas. Aun admitiendo que todo hubiera respondido a un error, el siguiente paso sería determinar si tal error era o no vencible. A juicio del Mº Fiscal, las fuentes que proporcionan la noticia no aportan siquiera un mínimo de base a las afirmaciones de la revista y las posibilidades de contrastar la información eran grandes, pues bastaba con el examen atento de las fuentes y con atenerse a su contenido. El error no era, además, accidental.

El error, en suma, era vencible, lo que convierte a la responsabilidad en culposa, por negligente. Esto es, el error en cuanto a la veracidad no enerva la culpabilidad por derivarse de la omisión de la debida diligencia para evitar un resultado posible, previsible y evitable. Lo anterior lleva al Mº Público a concluir que no ha existido quiebra alguna de la libertad de información, pues las noticias inveraces carecen de protección constitucional. Como, además, la incidencia negativa de la información en el honor del afectado es indudable, el art. 18,1 CE debe desplegar en este caso toda su eficacia. En cuanto a la supuesta quiebra del principio de legalidad por aplicación analógica “in malam partem” del concepto de autor establecido en el art. 15 CP, alega el Mº Público que es preciso repasar la normativa aplicable al caso de autos. En este sentido se señala que el art. 15 CP establece una excepción en las normas sobre autoría para los delitos cometidos a través de medios de difusión y que es un hecho probado que los autores materiales del reportaje son desconocidos; por ello, la responsabilidad recae en el Director de la revista. En la fecha de autos tenía tal condición el señor A., pero, por estar de vacaciones y no constar que tuviera conocimiento de los hechos, las sentencias penales consideraron autor a D. Fermín, que ostentaba el cargo de “Adjunto a la Dirección”, Jefe de la Redacción de Madrid (lugar en el que se confeccionó la información) y Director en funciones. Como quiera que los arts. 39 y 40 Ley de Prensa e Imprenta regulan la designación, funciones y responsabilidad del Director, disponiendo su art. 41 que en supuestos de ausencia, enfermedad, suspensión o cese del Director éste será sustituido interinamente en las funciones directivas por el Subdirector o, en su defecto, por la persona que se determine, pocas dudas -ofrece para el Mº Fiscal- la adecuación a Derecho de la sentencia condenatoria. No hay interpretación analógica, sino prácticamente literal, de acuerdo con las normas de interpretación auténtica sentadas por la legislación vigente en la materia. En consecuencia, el Mº Fiscal interesa la denegación del amparo pretendido.

DECIMOTERCERO.- Mediante providencia 23 septiembre 1993, la Sección acordó tener por personado al Procurador D. Francisco Alvarez del Valle García en representación de D. Miguel, heredero de D. Miguel, así como tener por evacuado el trámite de alegaciones concedido a las partes personadas.

DECIMOCUARTO.- Por providencia 26 enero 1995 se señaló el día 30 del mismo mes y año para deliberación y votación de la presente sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El objeto del presente recurso de amparo viene constituido, una vez más, por el problema de la difícil conjunción entre el derecho al honor y la libertad de información, materia esta sobre la que este Tribunal ha ido elaborando un cuerpo de doctrina consolidado y uniforme, del que habrá que derivar los principios y criterios que, aplicados al caso de autos, hagan posible la resolución del conflicto entre aquel derecho y libertad fundamentales.

Es doctrina constitucional reiterada que sólo la información referida a hechos de relevancia pública y, al tiempo, obtenida y contrastada con un mínimo de diligencia, esto es, veraz puede encontrar protección en el art. 20,1 d) CE y, amparada en ese ámbito, prevalecer sobre el derecho al honor garantizado por el art. 18,1 CE. (en tal sentido, por todas, SSTC 6/88, 171/90 y 172/90, 123/93 y 232/93). En el bien entendido de que, en este contexto, la veracidad requerida, no es sinónima de verdad objetiva, sino de mínimo cuidado y diligencia en la búsqueda de lo cierto.

En el presente caso, es evidente que las informaciones que han dado lugar al proceso del que deriva la sentencia impugnada satisfacen sobradamente la exigencia de la relevancia pública, primera de las condiciones exigidas por la jurisprudencia constitucional en la materia; relevancia ya reconocida por este mismo Tribunal en la mencionada STC 232/93, resolutoria de un recurso de amparo promovido como consecuencia, también, de determinada información periodística en relación con el asesinato de los Marqueses U.

SEGUNDO.- Las dudas se presentan, sin embargo, cuando de analizar la concurrencia del segundo requisito se trata, esto es, en lo relativo a la veracidad de la información. A este respecto, es de señalar que la Audiencia Provincial ha operado con los criterios habitualmente utilizados por este Tribunal a la hora de verificar la veracidad de una información, concluyendo que, si bien no se exige un grado de verosimilitud absoluta, sí es necesario que la información publicada haya sido el resultado de una investigación diligentemente contrastada, lo que -a juicio de la Audiencia, compartido ahora por el Mº Público- no ha sido el caso en lo relativo a la parte de los artículos periodísticos referidos a D. Miguel.

Los recurrentes alegan, por el contrario, que si la información no era cierta ello sólo podría imputarse a las fuentes de información utilizadas por la revista (declaraciones de personas que intervinieron en el juicio por él asesinato de los Marqueses U., informes policiales, declaraciones del mayordomo de los Marqueses -recogidas en instrumento notarial-…), pero nunca a los hoy recurrentes, quienes no hicieron otra cosa que servirse de esas informaciones para confeccionar los artículos periodísticos. Todo ello con independencia de que, para los demandantes, la no veracidad de las afirmaciones allí vertidas es cuestión más que dudosa, señalándose a este respecto que de las seis personas a las que se refieren los artículos tres han sido ya procesadas y condenadas y la investigación judicial aún no ha concluido definitivamente, prueba de la diligencia y credibilidad de las informaciones publicadas por la revista “l.” sería el dato de que el segundo sumario sobre el crimen se inició como consecuencia de averiguaciones de periodistas.

Ahora bien, el planteamiento de los actores no puede ser aceptado por este Tribunal, pues no cabe olvidar que nos encontramos ante dos reportajes distintos, publicados respectivamente en los núms. 373 y 375 de la revista “l.” y diverso es el juicio constitucional que uno y otro merecen a la luz de la doctrina expuesta en el fundamento precedente.

TERCERO.- En efecto, en el reportaje publicado en el núm. 375 de dicha revista se recogen unas declaraciones de D. Vicente, en las que se imputa a D. Miguel algún grado de conocimiento o participación en el crimen de los Marqueses U. En tal supuesto, hemos dicho que el medio de comunicación se limita a dar cuenta de declaraciones o afirmaciones de terceros que pueden ser atentatorias contra los derechos que el art. 18,1 CE garantiza y ha de acreditar “la veracidad del hecho de que determinada persona ha realizado determinadas manifestaciones, no bastando simplemente la observancia de un mínimo de diligencia en la contrastación de la noticia”. Mientras que al tercero cuya declaración se difunde le corresponde observar, por su parte, “las exigencias comunes del requisito de la veracidad, es decir, un mínimo cuidado y diligencia en la averiguación de la verdad y de contrastación de lo afirmado en la misma”. De suerte que “la responsabilidad del medio sólo surgirá si resulta no ser cierto que el tercero ha declarado lo que se le atribuye” (STC 232/93 f. j. 3º).

Por tanto, constatada la verdad del hecho de la declaración, la revista “l.” no sería responsable de la veracidad de lo declarado, pues tal responsabilidad sólo sería exigible al autor de la declaración. De otro lado y toda vez que el objeto de las declaraciones viene constituido por unos hechos cuya relevancia pública ya fue reconocida en la misma STC 232/93, el medio de comunicación se vería amparado por el art. 20,1 d) CE, en la medida en que su información -la declaración del tercero- satisface todas las exigencias requeridas en aquellos supuestos en los que el medio se limita a dar cuenta de lo que otro declara.

CUARTO.- Distinto es sin embargo el juicio que merece el reportaje publicado en el núm. 373 de la revista “I.” -cuya portada anunciaba, significativamente, “Caso U.: Los asesinos con nombres y apellidos. Todo lo que no se contó en el juicio”- y donde bajo el título: “Los asesinos, al descubierto. Todos tenían una razón para matarle”, aparece entre otras, una fotografía de D. Miguel. Describiéndose en el cuerpo del reportaje, de forma novelada, el asesinato de los Marqueses, con expresa indicación de la presencia y participación del citado señor D. Miguel en los hechos allí relatados.

En este caso, por tanto, la revista no se limitó -a diferencia del reportaje incluido en el núm. …, antes examinado- a reproducir las declaraciones de una tercera persona: aquí, es evidente, se ofrece como propia una versión del asesinato de los Marqueses U. y, además, se indica la participación en tales hechos de determinadas personas. Versión que se dice basada en declaraciones de determinadas fuentes, no precisadas. No se trata, pues de criticar unas actuaciones judiciales aportando, en apoyo de la crítica, nuevos elementos de juicio cuya veracidad se ha contrastado, sino de sustituir, mediante la propia versión de los hechos, los resultados de aquellas actuaciones, pese a que la veracidad de lo expuesto no ha sido verificada y ello entraña una grave imputación para el honor de determinadas personas, lo que en ningún caso puede ampararse en la libertad de información que la Constitución garantiza. De conformidad con la doctrina anteriormente expuesta, correspondía al medio de comunicación acreditar la veracidad del contenido de esta información. Esto es, demostrar que la misma había sido obtenida y contrastada con un mínimo de diligencia en la verificación de su verosimilitud. Sin embargo, la específica veracidad requerida en este tipo de supuestos no concurre, en absoluto, en el citado reportaje. De un lado porque como coinciden en señalar el Mº Fiscal y D. Miguel no era cierto que de las actuaciones policiales o judiciales pudiera desprenderse dato alguno indicativo de que D. Miguel hubiera participado en eI crimen o hubiera sabido de él en los términos expresados en eI reportaje periodístico. Además, las supuestas declaraciones de los Abogados que participaron en la causa abierta por el asesinato no constan acreditadas en su contenido; y, aun de ser ciertas en cuanto tales declaraciones, la revista sólo dejaría de responder por su publicación si se hubieran presentado como declaraciones propias de tales Letrados o si, basándose en su contenido, hubieran contrastado mínimamente su verosimilitud. De otro lado, y sentado que el contenido de la información específicamente referida al D. Miguel no era cierto, la publicación encausada únicamente podría ampararse en el art. 20,1 d) CE si tal error no hubiera sido vencible a poco que se hubiera intentado verificar la realidad de los hechos. Y ha de coincidirse con el Mº Fiscal en la apreciación de que el error en cuestión no era en absoluto invencible, pues el sólo examen de las actuaciones judiciales y una contrastación mínima del contenido de lo declarado por las fuentes en las que dijo basarse la revista habrían puesto de manifiesto que en modo alguno se imputaba a D. Miguel, ni por la Policía ni por los Tribunales, siquiera indiciariamente, la participación en el crimen que sin embargo, se le atribuyó meridianamente en el reportaje periodístico.

La información publicada no era, en definitiva, cierta y, en lo que aquí verdaderamente interesa, sus autores no observaron la diligencia debida en su contrastación, de manera que, por ello, el reportaje, aun refiriéndose a hechos de indudable relevancia pública, no satisfacía la exigencia de veracidad que. para disfrutar de la protección dispensada por él art. 20,1 d) CE, ha de concurrir inescindiblemente con aquélla.

QUINTO.- En cuanto a la denunciada infracción del art. 25,1 CE, se sostiene en la demanda que D. Fermín no era Director adjunto de la revista cuando se publicaron los artículos, sino Adjunto a la Dirección, categoría que no se contempla en el art. 15 CP. Por ello, si no ha podido determinarse qué periodista o periodistas escribieron los artículos y ha quedado probado que, en aquellas fechas, el Director de la publicación estaba de vacaciones, no sería posible -según los actores calificar de autor a quien, legalmente, no puede ser tenido por tal más que si se procede a una interpretación analógica de aquel precepto.

No puede aceptarse que la sentencia impugnada haya incurrido en infracción del principio de legalidad penal. Y ello porque no se ha procedido a interpretar analógicamente el art. 15 CP, sino, antes al contrario, y como pone de manifiesto el Mº Fiscal, se ha hecho del precepto una interpretación prácticamente literal. Ha de tenerse en cuenta, en efecto, que al ser desconocidos los autores materiales del reportaje la responsabilidad penal sólo podía exigirse del Director de la publicación; y dado que éste se encontraba de vacaciones al tiempo de publicarse el reportaje y no pudo, según se tuvo por acreditado, tener conocimiento de la misma, la responsabilidad debía imputarse a quien en aquel momento ejercía las funciones directivas, esto es, al señor D. Fermín, encargado de la redacción en Ia que se confeccionó el reportaje, y respecto de quien se tuvo por probado que actuó con el dolo o, cuando menos, la culpa suficientes a los efectos de tenerle por autor criminalmente responsable del delito imputado.

La demanda de amparo ha de ser, también en este punto, desestimada.

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el TC por la autoridad que le confiere la Constitución ha decidido desestimar la presente demanda de amparo.

Dada en Madrid, a 30 enero 1995. Luis López Guerra.- Eugenio Díaz Eimil.- Alvaro Rodríguez Bereijo.- José Gabaldón López.- Julio Diego González Campos.- Carles Viver i Pi-Sunyer.


STC Sala 2ª de 15 noviembre 1993, Pte: González Campos, Julio Diego

TC Sala 2ª, S 15-11-1993, nº 336/1993, rec. 1500/1991, BOE 295/1993, de 10 diciembre 1993. Pte: González Campos, Julio Diego

RESUMEN

El Tribunal Constitucional desestima el recurso de amparo, y considera que no han sido vulnerados los derechos del recurrente a la libertad de expresión e información. El recurrente había sido condenado por publicar un artículo titulado “Lo que cobra Hormaechea” como autor de un delito de desacato. El TC considera que “concurren elementos suficientes para sostener su culpabilidad” y que “el ejercicio de la libertad de expresión no puede justificar sin más el empleo de expresiones insultantes que exceden del derecho a la crítica…”

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El 8 julio 1991 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal un escrito de demanda del Procurador de los Tribunales D. Rafael Torrente Ruiz quien, en nombre y representación de D. Víctor, interponía recurso de amparo contra la STS 16 mayo 1991, Sala 2ª, que declaró no haber lugar al recurso de casación interpuesto contra la SAP Santander 28 mayo 1988, en la que se condenó al recurrente como autor de un delito de desacato.

SEGUNDO.- Los hechos en que se funda la demanda de amparo son, en síntesis, los siguientes:

A) El 14 noviembre 1985, se publicó en la Sección de “Cartas al Director” del diario de Cantabria “Alerta”, dirigido accidentalmente por su Redactor jefe, el hoy demandante de amparo, en ausencia de su Director por vacaciones, una carta firmada por D. Arturo Rivas López, cuya identidad se desconoce, en la que bajo el título “Lo que cobra Hormaechea” se dice textualmente lo siguiente:

“LO QUE COBRA HORMAECHEA: Naturalmente, el Alcalde de Santander cobra lo que le da la gana. Eso ya lo sabíamos. Siempre hace lo que le da la gana, incluso investigar a los ciudadanos que no están de acuerdo con sus actuaciones, sus impuestos de atraco, sus frases de extrema derecha, su analfabetismo y su manera de andar por la vida insultando como un chulo barriobajero. Como habitante de Santander, la verdad es que cuesta trabajo guardar la calma ante un señor tan poco sereno, tan impertinente, tan chabacano, tan despilfarrador, tan mentiroso y que, además, cobra de nuestros dineros lo que quiere”. Así es como nos encanta: que nos roben a cara descubierta.

El Sr. Hormaechea es muy quien para discrepar de la orden y de los decretos del Gobierno, según los cuales le estaba terminantemente prohibido cobrar dinero al margen de su sueldo. Pero no es quien para seguir cobrando. Yo también discrepo de los impuestos y los pago, de las multas y las pago, de los precios del autobús y los cumplo. Pero el Sr. Hormaechea, no. Para él no valen las leyes de los demás. Así que como 5.000.000 pts. de sueldo anual le parecían poco, hete aquí el buen señor cobrando cada mes de un fondo municipal (el Fondo de Inspección), unas nimias” cantidades de casi 4.000.000 en los últimos años.

Lo de nimias lo dice el Sr. Alcalde de Santander para quitarle hierro al asunto, según los indicios. Robo, pero robo poco”, cobro fuera de la ley, pero cobro una nimiedad: sólo unos 4.000.000 en los últimos 4 años”. Así da gusto, personajes así adornan de dignidad la piel de toro que llamamos España. Y como no podía faltar el estilo de la casa, Hormaechea, cogido ’in fraganti’, infringiendo la legalidad y cobrando indebidamente, sólo se le ocurre insultar a quienes le descubrieron y decir que todo ese dinero él lo declara a Hacienda. Bonita manera de salir adelante. Con gente así da asco ser ciudadano y pagar como tal.”.

Consta en las actuaciones que la publicación de la citada misiva fue autorizada por el recurrente sin que de las diligencias que se practicaron haya podido identificarse al autor de dicho texto.

B) El Sr. Hormaechea Cazón interpuso querella criminal contra D. Arturo Rivas López, firmante de la carta, o, en su caso, contra el Director del diario “Alerta” y contra la empresa editora del mismo, “C. Prensa, S.A.” y ante la imposibilidad de identificar al autor de la carta, el Juzgado después de establecer que el recurrente era quien dirigía en la fecha de su publicación el citado medio, dictó auto de procesamiento contra el mismo. Por su parte, la AP Santander dictó sentencia en el sumario 5/1986 que condenó al demandante como autor de un delito de desacato del art. 244 CP a 2 meses de arresto mayor, multa de 30.000 pts. con arresto sustitutorio en caso de impago y a las accesorias de suspensión de todo cargo público, actividad periodística y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, así como al pago de las costas y a que indemnizase al querellante en la cantidad de 500.000 pts. de las que respondería subsidiariamente la entidad “C. Prensa, S.A.”.

La Audiencia consideró que las desafortunadas expresiones contenidas en el texto de la carta publicada no tenían, por su propia naturaleza, otro sentido que el de vejar a la persona contra la que van dirigidas, con absoluto desprecio del principio de autoridad que entonces encarnaba como Alcalde de Santander, y precisamente referidas a la esfera de su función, desbordando cualquier esfuerzo que se haga para interpretar aquellas expresiones como lenguaje coloquial que sobrepasa, evidentemente, todo límite de crítica constructiva.

C) Interpuesto recurso de casación por el recurrente en el que invocaba la vulneración de los derechos fundamentales a la presunción de inocencia y el de libertad de expresión, el mismo fue rechazado por la Sala 2ª del Tribunal Supremo argumentando que el demandante conoció el contenido de la carta previamente a su publicación y, sin cerciorarse de la identidad del firmante autorizó la misma, asumiendo así el “animus iniuriandi” que movió a aquél. De otra parte, concluía que las expresiones vertidas en ella poseen un contenido injurioso manifiesto, innecesario para la crítica del presunto proceder del Alcalde, cuyo único sentido era vejar a la persona de éste con absoluto desprecio del principio de autoridad que encarnaba. (…)

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El objeto de este recurso de amparo se centra en discernir si la sentencia dictada por la AP Santander, que después confirmó en casación la Sala 2ª del Tribunal Supremo, en la que se condena al recurrente como autor de un delito de desacato por haber autorizado la publicación en el diario “Alerta” de Santander de una Carta al Director de contenido injurioso contra el entonces Alcalde de dicha ciudad, violenta los derechos constitucionales a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) y a las libertades de expresión e información contenidas en el art. 20 CE.

Desde la óptica del recurrente, los órganos judiciales le han condenado por sus declaraciones -vertidas durante la instrucción sumarial, y no ratificadas en el acto del juicio oral- y en aplicación de un precepto del Código penal (art. 15) que no ha tenido en cuenta las reglas que sobre la autoría previene el mismo cuerpo legal, consagrando un criterio de responsabilidad objetiva que le ha aplicado una pena por el simple hecho de haber publicado la carta y no haber sido identificado el autor de la misma. Por otra parte, tampoco los órganos jurisdiccionales han realizado una debida ponderación de los derechos en conflicto, ya que la libertad de expresión e información ha de prevalecer sobre la protección de un derecho que no tiene rango constitucional, cual es el del bien jurídico protegido por el delito de desacato.

SEGUNDO.- En cuanto a la primera de las vulneraciones denunciadas, la relativa a la presunción de inocencia, es doctrina consagrada por este Tribunal que, si bien únicamente pueden considerarse auténticas pruebas que vinculen a los órganos de la justicia penal en el momento de dictar sentencia las practicadas en el juicio oral, esta regla no puede ser entendida en un sentido tan radical que conduzca a negar toda eficacia probatoria a las diligencias sumariales practicadas con las formalidades que la Constitución y el ordenamiento procesal establecen, siempre que las mismas sean reproducidas en el juicio oral en condiciones que permitan a la defensa del acusado someterlas a contradicción (SSTC 80/1988, 201/1989, 217/1989, 161/1990 y 80/1991).

En este caso, consta que el recurrente admitió en sus declaraciones sumariales que desempeñó las funciones de Director del medio de comunicación que publicó la carta controvertida en el tiempo en que aquélla fue remitida y que, en concepto de tal, autorizó la publicación de la misma después de conocer su contenido. En el acto del juicio oral, celebrado con las necesarias garantías, el demandante volvió a prestar su declaración y sometido al interrogatorio de las partes reconoció de nuevo haber autorizado la publicación del escrito, que leyó someramente, ante la constancia de que su remitente, aunque no acompañaba el número de su DNI, había dirigido con anterioridad otras cartas al periódico.

Existe, pues, prueba de cargo de los hechos, extraída tanto de la documental aportada al proceso como de las propias declaraciones del demandante, prestadas con todas las garantías de defensa y contradicción, susceptibles, por este motivo, de ser valoradas por el Tribunal.

TERCERO.- Aunque la indebida aplicación que del art. 15 CP hacen, según la queja del recurrente, las sentencias recurridas tenga mayor relación con el principio de legalidad penal que con la vulneración del derecho constitucional de presunción de inocencia, ya señalamos en la STC 159/1986 que dicho precepto forma parte de una larga tradición legislativa para establecer los principios de autoría en forma general y, en ciertos casos, para grupos específicos de delitos, que tiene como finalidad precisar de una manera general el concepto de autor con el fin de delimitar en el grado máximo la interpretación del mismo. Por ello no cabe afirmar que el art. 15 CP introduzca una indeterminación en el comportamiento punible al establecer los únicos supuestos en los que los Directores de una publicación puedan ser responsabilizados por un delito o falta cometido por medio de la imprenta.

En el presente caso admitido como cierto por el recurrente en el proceso judicial que se había instruido previamente del contenido de la carta cuya publicación se pretendía y que autorizó la edición de la misma como Director en funciones del diario sin cuidar la previa constancia de la identidad del remitente, es posible concluir, como han hecho las resoluciones ahora recurridas, que concurren elementos suficientes para sostener su culpabilidad.

Otra cuestión es, que la forma en que la legalidad ordinaria haya sido aplicada o interpretada por los Tribunales a la luz de los preceptos que en la Constitución consagran los derechos fundamentales y las libertades públicas no sea conforme al contenido que quepa dar a éstos, en cuyo caso el problema poseería relevancia constitucional y habrá de ser examinado por este Tribunal. Aunque en este caso el juicio constitucional ha de centrarse en el examen del derecho constitucional vulnerado y no en la interpretación que del precepto de legalidad hayan hecho los órganos judiciales.

CUARTO.- En cuanto a la vulneración del art. 20.1 CE alegada por el recurrente, son numerosas las resoluciones de este Tribunal (SSTC 62/1982, 104/1986, 156/1986, 6/1988, 107/1988, 51/1989, 121/1989, 20/1990, 105/1990, 171/1990, 172/1990, 143/1991, 40/1992, 85/1992, 219/1992, 227/1992, 240/1992 y 15/1993, entre otras) que han establecido los criterios para enjuiciar aquellos supuestos en los que, como aquí ocurre, aparece “prima facie” una colisión entre los derechos reconocidos por dicho precepto con los garantizados por el art. 18.1 CE y, en concreto, con el derecho al honor, que no sólo es considerado en sí mismo un derecho fundamental que deriva de la dignidad de la persona (STC 85/1992) sino también un límite de los primeros, como se establece en el art. 20.4 CE.

A los fines del presente caso, de esta doctrina conviene recordar, en primer lugar, que en los supuestos en los que se alega una vulneración de los derechos fundamentales reconocidos en el art. 20.1.d) CE, su examen por este Tribunal en los recursos de amparo ha de partir obligadamente de los hechos enjuiciados y declarados probados en las resoluciones judiciales impugnadas, de conformidad con el art. 44.1.b) LOTC; y tras identificar el derecho constitucional que entra en colisión con aquéllos, ha de determinarse si los órganos judiciales han llevado a cabo una correcta ponderación de los derechos en presencia, en atención a las concretas circunstancias del caso.

Esto es, si el ejercicio del derecho a la libre comunicación de información o a la libertad de expresión ha tenido lugar “dentro del ámbito constitucionalmente protegido o, por el contrario, se ha trasgredido dicho ámbito” (STC 15/1993, f. j. 1º). De manera que cuando se alcance una conclusión positiva procederá confirmar la decisión judicial y, en otro caso, reputarla lesiva de uno u otro de los derechos constitucionales en conflicto (SSTC 171/1990, f. j. 6º; 40/1992, f. j. 1º, y 240/1992, f. j. 3º).

En segundo término, no cabe olvidar que la ponderación entre los derechos constitucionales en conflicto requiere que se tenga en cuenta la posición prevalente -aunque no jerárquica- que respecto al consagrado en el art. 18.1 CE ocupan los derechos a la libre comunicación de información y a la libertad de expresión del art. 20.1 CE cuando su ejercicio tiene lugar dentro del ámbito constitucionalmente protegido, dado que éstos constituyen no sólo libertades individuales de cada ciudadano sino también la “garantía institucional de una opinión pública indisolublemente unida al pluralismo democrático” (STC 240/1992, f. j. 3º, con cita de las SSTC 104/1986, 171/1990, 172/1990, 40/1992 y 85/1992).

Pues como se ha dicho por este Tribunal en anteriores resoluciones “para que el ciudadano pueda formar libremente sus opiniones y participar de modo responsable en los asuntos públicos, ha de ser también informado ampliamente de modo que pueda ponderar opiniones diversas e incluso contrapuestas” (SSTC 159/1986, f. j. 6º, y 20/1990, f. j. 4º). De lo que se sigue, como también se ha declarado por el Tribunal, que cuando su ejercicio es conforme con el ámbito que la Constitución protege, los derechos reconocidos en el art. 20.1.d) CE alcanzan entonces “su máximo nivel de eficacia justificadora frente al derecho al honor, el cual se debilita, proporcionalmente, como límite externo de las libertades de expresión e información” (SSTC 107/1988, f. j. 2º, y 240/1992, f. j. 3º).

De este modo, si bien la legislación penal otorga una amplia protección a la buena fama y al honor de las personas y a la dignidad de las instituciones mediante la tipificación de los delitos de injuria, calumnia y desacato, hemos declarado reiteradamente (SSTC 159/1986, 107/1988, 51/1989, 20/1990 y 15/1993, entre otras) que el reconocimiento constitucional de las libertades de expresión y de información ha modificado profundamente la problemática de los delitos contra el honor en aquellos supuestos en que la conducta que incide en este derecho haya sido realizada en ejercicio de dichas libertades, pues la dimensión constitucional del conflicto “convierte en insuficiente el criterio subjetivo del “animus iniuriandi” tradicionalmente utilizado por la jurisprudencia penal para el enjuiciamiento de este tipo de delitos”.

Y ello entraña que el enjuiciamiento se traslade a un distinto plano, en el que no se trata de establecer si el ejercicio de las libertades de información y de expresión ha ocasionado una lesión al derecho al honor penalmente sancionable, sino de determinar si tal ejercicio opera o no como causa excluyente de la antijuridicidad. Lo que sólo se producirá, obvio es, si el ejercicio de esas libertades se ha llevado a cabo dentro del ámbito delimitado por la Constitución.

QUINTO.- Sentado lo anterior, han de abordarse dos extremos que suscita la demanda de amparo y que son relevantes para la identificación de los derechos constitucionales en conflicto en el presente caso. (…)

B) En su recurso de casación frente a la SAP Santander 28 abril 1988, el hoy recurrente de amparo invocó tanto el ejercicio del derecho de crítica y de libertad de expresión por parte del autor de la carta al Director origen del proceso penal como su ejercicio del derecho a la libertad de información, del art. 20.1.d) CE. Pero sin duda por el planteamiento a que se ha hecho referencia en el apartado precedente, en su demanda de amparo el recurrente sólo ha expuesto una contraposición entre el derecho a la libertad de expresión -que él estima vulnerado por dichas resoluciones judiciales- y el bien jurídico protegido por el delito de desacato.

Sin embargo, para determinar si el recurrente es titular del derecho a la libertad de expresión y a la crítica reconocido en el art. 20.1 CE, debe tenerse en cuenta que la confrontación de derechos constitucionales tiene su origen en una carta al Director, publicada en el diario “Alerta” de Santander. De manera que, al igual que se ha hecho en otros casos similares (SSTC 159/1986 y 15/1993), partiendo de esta circunstancia es obligado distinguir dos acciones separables: de un lado, la constituida por la carta en sí, ajena al medio de información; de otro, el hecho de su publicación en la sección correspondiente del citado diario. Distinción que permitirá precisar, en relación con una y otra acción, quiénes son los titulares de las libertades reconocidas por el art. 20.1 CE y, en atención a las particulares circunstancias concurrentes en el presente caso, si su ejercicio se ha llevado a cabo dentro del ámbito que la Constitución garantiza.

SEXTO.- Entrando ya en el primero de estos aspectos, el escrito publicado en la Sección “Cartas al Director” del diario “Alerta” de Santander correspondiente a la edición del día 14 noviembre 1985 bajo el título “Lo que cobra Hormaechea”, en relación al mismo importa destacar varios extremos relevantes para nuestro enjuiciamiento.

A) En primer lugar, si se considera la mencionada carta en relación con su contexto y finalidad, es indudable que este escrito se halla vinculado con un debate político existente por aquellas fechas en la ciudad de Santander: el originado por la denuncia que uno de los partidos políticos representados en el Ayuntamiento de aquella ciudad formuló contra el entonces Alcalde de esta ciudad, D. Juan Hormaechea Cazón, al que se imputó haber cobrado más de 2.000.000 pts. de un denominado “fondo de inspección” y frente a la cual este último había manifestado en distintos medios de comunicación que “el Alcalde cobra lo que le da la gana”.

Circunstancia que es aquí relevante, pues el hecho que dio lugar a la carta al Director publicada en el diario “Alerta” poseía relevancia pública a nivel local. A lo que se agrega, de otra parte, que la referida carta al Director constituía la reacción de un ciudadano ante lo manifestado por el Alcalde; pues como claramente se desprende de sus términos, dicho escrito entrañaba una opinión crítica o de censura frente a esas manifestaciones.

Por tanto, a los fines de la identificación de los derechos fundamentales en conflicto ha de admitirse -frente a lo sostenido por el hoy recurrente de amparo en su demanda- que el ejercicio del “derecho a difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante… el escrito o cualquier otro medio de reproducción”, garantizado por el art. 20.1.a) CE, correspondía al autor de la carta y no al Director del diario que autoriza su publicación. Extremo sobre el que se volverá más adelante, al enjuiciar la acción de este último, aunque cabe señalar aquí, como se ha dicho en la STC 105/1990, f. j. 4º, que la libertad de expresión posee un campo de acción más amplio que la libertad de información, “sólo delimitado por la ausencia de expresiones indudablemente injuriosas sin relaciones con las ideas u opiniones que se expongan”.

B) En el presente caso, aun cuando al final del escrito publicado en el diario “Alerta” de Santander figuraba el nombre “Arturo Rivas López. Santander”, lo cierto es que no ha podido ser identificada la persona que era autora de la carta, según han establecido las sentencias impugnadas. Circunstancia de índole negativa que, sin embargo, no excluye la anterior declaración ni tampoco que haya de prescindirse del examen del contenido y las expresiones utilizadas en dicho escrito, dada su relación directa con la acción del Director en funciones del diario “Alerta” que ha de considerarse más adelante.

A los fines de este examen, ha de recordarse que cuando se ejercita la libertad de expresión reconocida por el art. 20.1 CE, los límites permisibles de la crítica son más amplios si ésta se refiere a personas que, por dedicarse a actividades políticas, están expuestas a un más riguroso control de sus actitudes y manifestaciones que si se tratara de particulares sin proyección pública (STC 85/1992, por todas).

Pues como se ha dicho por este Tribunal, “en un sistema inspirado en los valores democráticos, la sujeción a esa crítica es parte inseparable de todo cargo de relevancia pública” (STC 105/1990); y en términos similares se ha expresado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su S 23 abril 1992 (caso Castells), al afirmar que en un sistema democrático las acciones u omisiones de un político deben situarse bajo el control no sólo de los poderes legislativo y judicial, sino también de la prensa y de la opinión pública. Sin embargo, aunque la libertad de expresión ampare ciertamente la crítica respecto al comportamiento y las manifestaciones de quien ostenta un cargo público como el de Alcalde -e incluso la crítica molesta, acerba o hiriente- quien la ejerce no puede olvidar que dicha libertad, como los demás derechos y libertades fundamentales, no es absoluta (SSTC 159/1986, 254/1988 y 219/1992, entre otras).

Por ello, hemos dicho que la crítica de la conducta de una persona con relevancia pública es separable del empleo de expresiones injuriosas que constituyen la mera exteriorización de sentimientos personales ajenos a la finalidad de contribuir a la formación de una opinión pública libre y responsable. Pues en el segundo caso tales expresiones se colocan “fuera del ámbito constitucionalmente protegido de la libertad de expresión”, dado que “la Constitución no reconoce un pretendido derecho al insulto, que sería por lo demás incompatible con la dignidad de la persona que se proclama en el art. 10.1 del Texto fundamental” (STC 105/1990, f. j. 8º).

El ejercicio de la libertad de expresión, por tanto, no puede justificar sin más el empleo de expresiones insultantes que exceden del derecho a la crítica y son, pues, claramente atentatorias para la honorabilidad de aquel cuyo comportamiento o manifestaciones se critican, incluso si se trata de persona con relevancia pública. Máxime cuando tales expresiones injuriosas, como aquí ocurre, no se han pronunciado en el curso de una entrevista o de una intervención oral en un debate, sino que han sido consignadas con el sosiego y la meditación que es presumible en quien redacta un escrito que se destina a su publicación en un diario.

C) En la carta al Director que aquí examinamos, publicada bajo el título “Lo que cobra Hormaechea”, el propósito de criticar las declaraciones del entonces Alcalde de Santander es evidente, pues al comienzo de dicho escrito se reiteran las manifestaciones de éste a los medios de comunicación; y también lo es que expresiones como el Alcalde “Siempre hace lo que le da la gana, incluso investigando a los ciudadanos que no están de acuerdo con sus opiniones”, así como otras relativas a “sus impuestos de atraco”, a “sus frases de extrema derecha”, o a su carácter “tan poco sereno, tan impertinente… tan despilfarrador” igualmente se encuadran en el ámbito de la crítica política y, por tanto, se hallan amparadas por la libertad de expresión que el art. 20.1.a) CE garantiza.

Sin embargo, a las expresiones anteriores van unidas otras que son claramente injuriosas y van mas allá de la crítica política de una conducta. Y así lo han entendido la sentencia dictada por la AP Santander y la del Tribunal Supremo que la confirma, al considerar que tales expresiones eran vejatorias de la persona contra la que iban dirigidas, en relación con su cargo de Alcalde de Santander, condenándole por el delito previsto en el art. 244 CP. Siendo de destacar al respecto que el autor de dicho escrito alude al “analfabetismo” del alcalde, a “su manera de andar por la vida insultando como un chulo barriobajero” y le califica como “chabacano” y “mentiroso”.

De otra parte, tras aludir a que el Alcalde había declarado que cobró unas “nimias” cantidades de casi 4.000.000, la carta agrega “Robo, pero robo poco”, para concluir que “Con gente así da asco ser ciudadano y pagar como tal”. Lo que ciertamente excede del ámbito de la libertad de expresión y, consiguientemente, entraña una lesión de la honorabilidad de quien entonces ostentaba el cargo de Alcalde de Santander.

SEPTIMO.- En cuanto a la segunda acción -que es la que aquí interesa especialmente-, de los hechos probados en las sentencias impugnadas resulta que, sin determinar previamente la identidad de su autor, el hoy recurrente de amparo, como Director en funciones del diario “Alerta”, autorizó la publicación de la carta que contenía las mencionadas expresiones, con conocimiento de su contenido. Lo que introduce unas circunstancias que también es preciso ponderar en relación con los derechos constitucionales aquí en conflicto.

A) Con carácter previo, ha de recordarse que el recurrente alega en su demanda una vulneración de su derecho constitucional a la libertad de expresión -art. 20.1.a) CE-; planteamiento que no puede ser compartido, como antes se ha dicho. Con independencia de que “el deslinde de las libertades de expresión y de información no sea nunca total o absoluto”, pues la expresión de la propia opinión puede apoyarse en mayor o menor medida en afirmaciones fácticas (STC 190/1992, f. j. 5º), en el presente caso es evidente que no nos encontramos ante una noticia elaborada por los profesionales que trabajan en un medio de comunicación y en la que puedan ir unidos hechos y opiniones sobre los mismos.

Se trata, simplemente, de una carta al Director, redactada por persona que es totalmente ajena al medio de comunicación, en la que no informa de unos hechos sino que expone su opinión sobre un asunto de relevancia pública.

Y ello implica, indudablemente, que el autor de dicha carta ejerce su derecho a la libre expresión de pensamientos, ideas y opiniones; mientras que el recurrente, al autorizar como Director en funciones del diario “Alerta” la publicación de la carta, sólo se ha limitado, sin agregar ningún juicio u opinión propia, a dar difusión a esa opinión ajena al medio, por estimar que era relevante en relación con el debate político por aquel entonces existente en Santander. Por tanto, ello sitúa al recurrente, “prima facie”, no en el ámbito del derecho a la libertad de expresión sino en el del derecho a comunicar libremente información veraz, que el art. 20.1.d) CE garantiza; y es este derecho el que debe ser confrontado en el presente caso con el derecho al honor de la persona a la que se refería dicha carta.

B) Así identificados los derechos constitucionales en conflicto, es oportuno recordar, en primer lugar, que la prevalencia del derecho a comunicar libremente información sobre el derecho al honor sólo opera cuando existe relevancia pública de lo comunicado -lo que es indudable que ocurre en el presente caso, como antes se ha dicho- y, además, se trata de información veraz. En particular, por lo que respecta al segundo de estos requisitos, se ha declarado que a los profesionales de la información incumbe el “deber de comprobación razonable de la veracidad de la información”, pues al asumir y transmitir a la opinión pública la noticia “también asume personalmente su veracidad o inveracidad” (SSTC 172/1990, 40/1992 y 219/1992, entre otras).

Sin embargo, la exigencia constitucional de veracidad de la información y el correlativo deber de diligencia de los profesionales del medio adquieren otros perfiles cuando se trata, como aquí ocurre, de una carta al Director, que el medio de comunicación se limita a difundir. Pues como ha sido puesto de relieve por este Tribunal “es evidente que los directores de los medios informativos no adquieren la misma responsabilidad por la publicación de los escritos elaborados por los profesionales que en ellos trabajan que por los contenidos de los enviados por los lectores a las secciones destinadas a recoger opiniones e informaciones en principio ajenas a la línea editorial de los medios” (STC 15/1993, f. j. 2º).

Lo que exige precisar, atendidas las circunstancias del presente caso, el alcance del deber de diligencia que incumbe al Director en funciones respecto a la carta recibida para su publicación en la Sección correspondiente del diario.

A este fin, partiendo de lo dispuesto en el art. 20.1 y 4 CE ha de tenerse en cuenta, de un lado, que al autorizar la publicación de una carta al Director, este último no sólo posibilita el ejercicio de la libertad de expresión del autor de ese escrito sino que ejerce, a la vez, su derecho a comunicar esa opinión que es ajena al medio. Si bien no cabe olvidar, de otro lado, que en el ejercicio de la libertad de información por parte del medio no sólo ha de salvaguardarse la delimitación constitucional de este derecho sino también el derecho que corresponde a los lectores, en el caso de la prensa, a recibir una información veraz. Lo que lleva a estimar, en primer término, que en un supuesto como el presente el deber de diligencia del Director del periódico entraña la comprobación de la identidad de la persona que figura como autor de la carta, antes de autorizar su publicación.

Ello constituye, como es sabido, práctica habitual de los medios de comunicación, pues si esta diligencia no fuera exigible, obvio es, de una parte, que no quedarían debidamente deslindados, respectivamente, el ejercicio de la libertad de expresión de una determinada persona ajena al medio, que éste posibilita al publicar la carta, y el derecho que asiste al diario de informar de esa opinión a sus lectores; y de otro lado, ello también supondría que quedase afectado el derecho de los lectores a recibir una información veraz, que el art. 20.1.d) CE garantiza.

A lo que cabe agregar, por último, que la comprobación de la identidad de la persona que es autora del escrito permite que ésta asuma su responsabilidad caso de que la carta sea constitutiva de delito, con independencia de la responsabilidad que el Director puede asumir si, conociendo la identidad del autor, decide no revelarla (STC 15/1993). Pues en otro caso se abriría la puerta a la creación de espacios inmunes a posibles vulneraciones del derecho al honor constitucionalmente garantizado.

C) La anterior doctrina es aplicable en atención a las circunstancias del presente caso, pues ha de tenerse en cuenta, de un lado, que el hoy recurrente de amparo, como Director en funciones del diario “Alerta” de Santander, no procedió a identificar, “ex ante”, la persona que era autora de la carta recibida para su publicación en la Sección correspondiente de dicho diario, y en la que sólo figuraba el nombre “Arturo Rivas López. Santander”; sin que dicha persona haya podido ser identificada pese a las actuaciones practicadas por el órgano judicial que conoció de la querella interpuesta por el entonces Alcalde de Santander. De otro lado, que aun siendo claramente injurioso el contenido de la carta aquí considerada -con independencia del contexto y de la finalidad de dicho escrito- el recurrente autorizó su publicación en la edición de dicho diario del 14 noviembre 1985.

Por tanto, cabe considerar que el recurrente, aun ejerciendo “prima facie” el derecho a comunicar información veraz que el art. 20.1.d) CE le reconoce, ha incumplido el deber de diligencia que le correspondía, según lo expuesto anteriormente. Y al autorizar en estas circunstancias la publicación de la carta al Director es evidente que no ha actuado dentro del ámbito constitucional del derecho a la información; por lo que ha de estimarse, en definitiva, que en el presente conflicto entre la libertad de información y el derecho al honor, el ejercicio de aquella libertad no alcanza una plena eficacia legitimadora que pueda justificar la lesión de este derecho.

OCTAVO.- De lo anterior se desprende, pues, que tanto la sentencia de la AP Santander recaída en el sumario 5/1986 y que condenó al demandante D. Víctor como autor de un delito de desacato, como la STS 16 mayo 1991, Sala 2ª, y confirmatoria de la anterior, han llevado a cabo una correcta ponderación de los derechos constitucionales en conflicto en el presente caso. Por lo que procede, en definitiva, denegar el amparo solicitado por el demandante.

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española, ha decidido:

Desestimar el presente recurso de amparo.

Dada en Madrid, a 15 noviembre 1993. Luis López Guerra, Presidente.- Eugenio Díaz Eimil.- Alvaro Rodríguez Bereijo.- José Gabaldón López.- Julio Diego González Campos.- Carles Viver Pi-Sunyer, Magistrados.


STC Sala 2ª de 15 febrero 1994, Pte: Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, Miguel

TC Sala 2ª, S 15-2-1994, nº 41/1994, rec. 2321/1991, BOE 65/1994, de 17 marzo 1994. Pte: Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, Miguel

RESUMEN

El Tribunal Constitucional estima el recurso de amparo, y considera que ha sido vulnerado el derecho de los recurrentes a comunicar libremente información veraz por la resolución judicial que condenó a los recurrentes a abonar 1.000.000 de ptas. como indemnización. La causa de la condena fue la publicación de una información en “La voz de Asturias” en las que se imputaba al actor responsable de la conservación de un parque nacional, la caza furtiva de jabalí.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se dirige el presente recurso contra la Sentencia de la Sala 1ª del TS que casa la Sentencia de la AT y confirma la dictada por el JPI, declarando la existencia de una ilegítima intromisión en el honor del demandante y condena solidariamente a los demandados a abonarle 1.000.000 pts. como indemnización, así como a la publicación a su costa del pronunciamiento judicial en el periódico “La Voz de Asturias”. Los recurrentes entienden que dicha condena lesiona su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y a comunicar libremente información veraz, y solicitan por ello la nulidad de la Sentencia recurrida.

Hemos de examinar, pues, si la Sentencia impugnada a la vista de los hechos en la misma establecidos, ha respetado los derechos fundamentales invocados en la demanda, en concreto, el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la libertad e información reconocido en el art. 20 CE.

SEGUNDO.- En cuanto al primero, la pretensión constitucional que invoca el art. 24.1º CE en relación a la imposición de las costas de la apelación, ha de ser rechazada de plano por manifiestamente infundada. Como reiteradamente ha afirmado este Tribunal, la cuestión de las costas procesales es una cuestión de mera legalidad, que carece en principio de relevancia constitucional (ATC 344/1992). Por ello, hemos de concretar nuestro examen sólo a la posible violación del derecho a la libertad de información por parte de la Sentencia del TS.

TERCERO.- No es ocioso recordar que el concepto de intromisión ilegítima en el derecho al honor, a que se refiere el art. 7.7º LO 1/1982, debe ser interpretado y aplicado de forma que respete el contenido esencial del derecho a difundir información. En función de ello, este Tribunal ha excluido el carácter ilegitimo de la divulgación de hechos concernientes a una persona que pudieran hacerla desmerecer en la opinión ajena cuando ello pueda entenderse ejercicio legítimo del derecho a difundir información, lo que exige la necesaria concurrencia en la noticia de unos requisitos esenciales:

De una parte, el interés y la relevancia de la información divulgada (SSTC 107/1988; 171/1990; 214/ 1991; 40/1992 ó 85/1992, entre otras), como presupuesto de la misma idea de “noticia” y como indicio de la correspondencia de la información con un interés general en el conocimiento de los hechos sobre los que versa. No se ha planteado duda de que esta exigencia concurría en el presente caso y así lo han reconocido los órganos judiciales que no han negado la trascendencia pública de la noticia.

De otra parte, la necesidad de que la información sea veraz (SSTC 171/1990; 15/1993 ó 178/1993, entre otras).Ahora bien, en la interpretación de esta exigencia que ha prevalecido en la jurisprudencia de este Tribunal, veracidad no equivale a realidad incontrovertible de los hechos. La veracidad de la información viene, así, a ser entendida como exigente al que la difunda de un deber de buscar la verdad. Una especial diligencia que asegura la seriedad del esfuerzo informativo, que no está constitucionalmente protegido para servir de vehículo a simples rumores, invenciones o insinuaciones (STC 219/1992, f. j. 5º, entre otras).

Es en la veracidad de la noticia donde se centra el debate en este caso, y así se ha venido planteando, en efecto, desde la instancia.

CUARTO.- La Sentencia impugnada estima el recurso de casación frente a la Sentencia absolutoria para los recurrentes de la AT basándose en la falta de veracidad de las manifestaciones realizadas por uno de los codemandados en nombre de un colectivo en las que se imputaba al actor responsable de la conservación de un parque nacional, la caza furtiva de un jabalí, y que fueron publicadas en “La Voz de Asturias”. Se afirma en la Sentencia que el medio informativo es siempre el instrumento difusor indispensable de la intromisión ilegítima que la ley protege y que el profesional tiene la obligación ineludible de investigar la veracidad de las imputaciones que lleguen a su conocimiento antes de publicar denuncias falsas que puedan dañar el honor de otras personas al ser difundidas imprudentemente.

Por ello entiende que la condena civil debía alcanzar también a los profesionales que intervinieron en la divulgación difamatoria y al propio medio informativo. En estos términos deberá enjuiciarse la corrección de la doctrina sentada por el Tribunal de procedencia confrontándola con el contenido esencial del derecho a la información, y en relación con la exigencia de veracidad de la noticia. A tal efecto se ha de tener en cuenta que las informaciones objeto de la reclamación civil resuelta por los órganos judiciales, contenían las declaraciones hechas por miembros concretos de un colectivo ciudadano, identificados como tales y transcritas literalmente, sin añadirse valoración o comentario alguno.

El problema se centra en decidir si la veracidad que exige el art. 20 CE se refiere al hecho mismo de las declaraciones o debe extenderse también al contenido mismo de estas. O en otros términos, si la diligencia exigible a los profesionales de la prensa se extiende sólo a comprobar la certeza de que esas declaraciones sean realizadas efectivamente y por la persona a quien se imputan o si, además, alcanzan a comprobar si lo que el declarante afirma es o no cierto.

En este caso, en el que el carácter noticiable de la información no ha sido cuestionado, se discute más bien cual era el ámbito de la “noticia”. Las declaraciones del portavoz de un colectivo ciudadano, implicado en una polémica que potencialmente interesa a todos, en un contexto de debate público, y en que formula determinadas acusaciones contra ciertos funcionarios del ICONA, no cabe duda que han de calificarse por sí mismas como noticias. Ha de aceptarse también que el medio asuma una función de cauce para exteriorizar la discrepancia, cuando, como sucedió en el caso, el sujeto emisor de la noticia ha quedado adecuadamente identificado ante el propio medio y ante los lectores de suerte que el Diario no ha hecho propia la información sino que meramente la transcribe. Se ha limitado a cumplir con su función de informar sobre esas acusaciones poniendo en conocimiento de la opinión pública los términos de un debate en que aquélla se encontraba potencialmente interesada, no nos encontramos ante un reportaje que el medio haya hecho suyo, desmesurando el tratamiento de las referidas declaraciones y quebrando su neutralidad. Aunque un reportaje de contenido neutral pueda dejar de serlo, si se le otorga unas dimensiones informativas a través de las cuales el medio contradice de hecho la función de mero transmisor del mensaje, no es éste el caso en el presente supuesto ni ello se ha suscitado en la instancia ni debatido en el presente recurso de amparo, sin que pueda dársele el alcance que el Mº Fiscal pretende a la frase contenida en el sumario de la edición, referida además a un organismo público que no ha sido parte en el proceso de origen.

QUINTO.- Centrado el debate en la actuación del medio de comunicación -al no haberse cuestionado en este proceso que el autor de las declaraciones se hubiese extralimitado en el ejercicio de su derecho a difundir información-no puede ser equivalente la diligencia exigible en casos como el presente de información neutra de manifestaciones de otro, que la que se impone en la ordenación y presentación de hechos que el medio asume como propia. Como ya se puso de manifiesto en la STC 336/1993 -bien que en otro contexto-, la diligencia mínima exigible al medio de comunicación le impone, por una parte, la identificación necesaria del sujeto que emite las opiniones o noticias, que de este modo quedan limitadas por la propia credibilidad de su autor. La exigencia del control de fundamento de la información proporcionada por sujetos externos provocaría una alteración de la función meramente informativa asumida por el medio, simplemente narrador de las declaraciones acusatorias, para asumir una labor censora o arbitral que no le es propia máxime cuando el contenido de la noticia no supone una imputación de conductas desproporcionadamente graves en relación con la finalidad por ella perseguida.

Deslindado el campo de lo que es noticia, y dada la peculiaridad de la información transmitida, el mínimo de diligencia exigible ha de entenderse que abarca, además de a los extremos anteriores, a la entidad de la noticia valorada en relación con su conexión material con el objeto del debate público y a la ausencia de indicios racionales de falsedad evidente de los datos transmitidos, para evitar que el reportaje neutro sirve indebidamente de cobertura de meras suposiciones o rumores absolutamente injustificados para cualquier sujeto mínimamente atento.

Todas las circunstancias enunciadas, por su parte, concurrieron en el caso presente, en el que el autor de las declaraciones era portavoz de un colectivo ciudadano interesado en el uso deportivo del Parque Natural, en que no se han declarado existentes datos fácticos que pusiesen en duda la verosimilitud de la información y en que ésta se encontraba directamente relacionada con el objeto del debate (pues se vinculaba al respeto real por el entorno ecológico del Parque Natural).

SEXTO.- Por otro lado, al tratarse de un reportaje en el que el medio se ha limitado a transcribir con fidelidad unas declaraciones externas a él, no es posible calificar al medio mismo de “autor de la noticia”, de ahí que no sea posible en este caso, como se deduce del art. 9 LO 1/1982, de desarrollo del derecho al honor, e integrante del llamado “bloque de constitucionalidad”, imputarle responsabilidades por la autoría de “noticias” que no le son atribuibles. Con independencia de la constitucionalidad del art. 65 L 18 marzo 1966, de Prensa e Imprenta, que no ha sido aquí cuestionada, lo cierto es que la responsabilidad solidaria allí prevista tiene como necesario presupuesto la imputación de la noticia difundida a los redactores de la misma, y de ahí al propio medio. No siendo así en este caso, no es constitucionalmente admisible que deriven consecuencias perjudiciales del ejercicio legitimo del derecho fundamental, cualesquiera que sea el ámbito del ordenamiento en que rigen o la naturaleza de aquéllas. Por eso, no cabe sino estar de acuerdo con el Mº Fiscal, cuando afirma que las consideraciones efectuadas con anterioridad por este Tribunal en relación con la responsabilidad penal (SSTC 159/1986 y 105/1990), resultan extensibles a la esfera civil en relación con el derecho reconocido en el art. 20 CE.

SEPTIMO.- Afirmar la legitimidad del ejercicio de la libertad de información por parte del medio periodístico no equivale en modo alguno a desvincularlo de todo requerimiento conectado al honor de los sujetos sobre los que aquélla versa. El respeto al honor, como derecho fundamental, impone al medio la específica obligación de permanecer accesible a la persona o personas afectadas por las manifestaciones presuntamente injuriosas, para que a su vez puedan hacer públicas las alegaciones que estimen convenientes para desmentir los hechos o para defender su buena fama, porque debe tenerse en cuenta que -en supuestos como el presente- el derecho al honor de un determinado sujeto no sólo le pone al abrigo de ataques ilegítimos, sino que también pone a su disposición métodos para garantizar su respeto (como los citados en el art. 9 LO 1/1982), pese a lo cual, no consta que el medio informativo se negase a rectificar la información, porque tal cosa ni siquiera le fue solicitada para paliar el daño que tales imputaciones pudieran causar a los sujetos potencialmente afectados.

Este dato, unido a todos los demás expuestos, evidencia que los demandantes no han ejercitado de forma abusiva ni ilegítima el derecho de difundir información veraz que les garantiza el art. 20.1º d) CE, por lo que el amparo ha de ser estimado, con la consiguiente anulación de la Sentencia de casación en cuanto condena a los recurrentes.

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el TC, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española. Ha decidido:

Estimar el presente recurso de amparo y, en su virtud: 1.º Declarar el derecho de los recurrentes a comunicar libremente información veraz.

2.º Anular la STS de la Sala 1ª de 30 octubre 1991 (recurso 232/1989), en lo que se refiere a la condena de D. Luis, D. Rubén y “La Voz de Asturias, S.A.”.

Publíquese esta Sentencia en el “BOE”.

Dada en Madrid, a 15 febrero 1994.- Sr. Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer.- Sr. García-Mon y González-Regueral.- Sr. de la Vega Benayas.- Sr. Gimeno Sendra.- Sr. de Mendizábal Allende.- Sr. Cruz Villalón.


STC Sala 2ª de 26 febrero 1996, Pte: Viver Pi-Sunyer, Carles

TC Sala 2ª, S 26-2-1996, nº 28/1996, rec. 2871/1993, BOE 80/1996, de 2 abril 1996. Pte: Viver Pi-Sunyer, Carles

RESUMEN

Recurren en amparo un Periodista y la empresa editora para la que trabaja, que alegan que el correcto desempeño de su profesión y del derecho a la libertad de información les han acarreado una injusta condena por delito de injurias. El TC deniega el amparo solicitado, pues no existe suficiente correspondencia entre los datos de los que se informa y las tajantes y graves conclusiones que de los mismos pretenden inferirse con la imputación de acciones delictivas. Las circunstancias del caso obligaban al Periodista a la búsqueda de nuevos datos que pudieran corroborar su tesis, o a transformar el contenido de la noticia y convertir lo que finalmente constituyó el relato de un hecho delictivo en la constatación de una denuncia sobre el mismo y de su devenir judicial. Al no haber extremado el informador su celo, ni renunciado a la publicación de su tajante imputación, incumplió manifiestamente su deber profesional de diligencia, comunicó una información inveraz, y lesionó con ello el derecho fundamental al honor del médico al que se refería la noticia.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Mediante escrito registrado en este Tribunal el día 28 septiembre 1993, D. Eduardo Morales Price, Procurador de los Tribunales, interpone recurso de amparo en nombre de D. Antonio y de Ediciones T., S.A., contra las sentencias de las que se hace mérito en el encabezamiento.

SEGUNDO.- Los hechos relevantes para el examen de la pretensión de amparo son, en síntesis, los siguientes:

a) Tras una primera S 19 mayo 1990, anulada en casación por quebrantamiento de forma (STS 2ª 29 octubre 1991), el fallo de la SAP Barcelona 7 mayo 1992 condenó al acusado, hoy recurrente, a las penas de 6 meses y 1 día de prisión menor, y de multa de 150.000 pts., con 30 días de arresto sustitutorio, por la autoría de un delito de calumnia propagada por escrito y con publicidad. La condena incluía el pago de la mitad de las costas procesales y de una indemnización al agraviado de 3.000.000 pts., la publicación de la resolución y la declaración de la responsabilidad civil subsidiaria de la sociedad que hoy acude también a esta sede en amparo.

(…)

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Una vez más se solicita a este Tribunal un amparo frente a una decisión judicial que dirime un conflicto entre el derecho al honor -art. 18,1 CE- y el que tiene por contenido la comunicación de información -art. 20,1 d) CE-. Quienes acuden en esta ocasión a esta jurisdicción son un periodista y la empresa editora para la que trabaja. Alegan que el correcto desempeño de su profesión y del principal derecho que lo garantiza les han acarreado una injusta condena por delito de calumnias. Las resoluciones judiciales que determinaron su responsabilidad penal consideraron, en cambio, que su conducta no podía entenderse cobijada en el ejercicio legítimo del derecho a la libertad de información, puesto que a éste le había faltado el requisito de veracidad. De esta opinión son también la parte demandante en el procedimiento judicial, compareciente ahora, y el Mº Fiscal.

SEGUNDO.- Forma parte ya del acervo jurisprudencial de este Tribunal el criterio de que la comunicación que la Constitución protege es la que transmite información veraz relativa a asuntos de interés general o relevancia pública (SSTC 6/88, 171/90, 219/92, 22/95). En el presente caso no se pone en cuestión el interés de la noticia, relativa al funcionamiento del servicio público de sanidad. El debate se centra en determinar la veracidad o no de la información contenida en el articulo controvertido de la revista “…”, vehículo delictivo para los órganos judiciales y manifestación legítima de un derecho constitucional para los demandantes de amparo. Procede, pues, recordar nuestra jurisprudencia relativa a la definición del mencionado concepto jurídico indeterminado, para después abordar su cotejo con el utilizado por las sentencias impugnadas, al objeto de supervisar la adecuación constitucional de la ponderación judicial llevada a cabo (por todas, SSTC 107/88, 143/91, 40/92, 178/93).

TERCERO.- En relación con el requisito de veracidad de la información, este Tribunal se ha cuidado en reiteradas ocasiones de rechazar tanto su identificación con el de objetividad (STC 143/91, f. j. 6º), como su identificación con la “realidad incontrovertible” (STC 41/94, f. j. 3º), que constreñiría el cauce comunicativo al acogimiento de aquellos hechos que hayan sido plena y exactamente demostrados (STC 143/91, f. j. 6º). “Cuando la Constitución requiere que la información sea veraz, no está tanto privando de protección a las informaciones que puedan resultar erróneas -o sencillamente no probadas en juicio- cuanto estableciendo un especifico deber de diligencia sobre el informador, a quien se le puede y debe exigir que lo que transmita como hechos haya sido objeto de previo contraste con datos objetivos, privándose, así, de la garantía constitucional a quien, defraudando el derecho de todos a la información, actúe con menosprecio de la veracidad o falsedad de lo comunicado.

El ordenamiento no presta su tutela a tal conducta negligente, ni menos a la de quien comunique como hechos simples rumores o, peor aún, meras invenciones o insinuaciones insidiosas, pero sí ampara, en su conjunto, la información rectamente obtenida y difundida, aun cuando su total exactitud sea controvertible. En definitiva, las afirmaciones erróneas son inevitables en un debate libre, de tal forma que, de imponerse la verdad como condición para el reconocimiento del derecho, la única garantía de la seguridad jurídica sería el silencio” (STC 6/88, f. j. 5º).

El concreto deber de diligencia del informador, cuyo cumplimiento permite afirmar la veracidad de lo informado, se sitúa en el amplio espacio que media entre la verificación estricta y exhaustiva de un hecho y la transmisión de suposiciones, simples rumores, meras invenciones, insinuaciones insidiosas, o noticias gratuitas o infundadas (SSTC 6/88, 171/90, 219/92, 41/94, 136/94, 139/95). Su precisión, que es la del nivel de razonabilidad en la comprobación de los hechos afirmados, viene informada por los criterios profesionales de actuación periodística (SSTC 219/92, f. j. 5º; 240/92, f. j. 7º) y dependerá en todo caso de las características concretas de la comunicación de que se trate (STC 240/92, f. j. 7º). El nivel de diligencia exigible adquirirá “su máxima intensidad”, en primer lugar, “cuando la noticia que se divulga puede suponer por su propio contenido un descrédito en la consideración de la persona a la que la información se refiere” (SSTC 240/92, f. j. 7º; 178/93, f. j. 5º), criterio al que se añade, en su caso, abundándolo, el del respeto al derecho de todos a la presunción de inocencia (STC 219/92, f. j. 5º), y al que se suma también, de modo bifronte, el de la “trascendencia de la información”, pues, si bien ésta sugiere de suyo un mayor cuidado en la contrastación (así, SSTC 219/92, f. j. 5º; 240/92, f. j. 7º), apunta también a la mayor utilidad social de una menor angostura en la fluidez de la noticia.

No se detienen ahí los cánones a utilizar en la precisión de la frontera entre la actividad informativa y el derecho al honor. Constituye también criterio de modulación el de la condición pública o privada de la persona cuyo honor queda afectado por la información, puesto que “los personajes públicos o dedicados a actividades que persiguen notoriedad pública aceptan voluntariamente el riesgo de que sus derechos subjetivos de personalidad resulten afectados por críticas, opiniones o revelaciones adversas y, por tanto, el derecho de información alcanza, en relación con ellos, su máximo nivel de eficacia legitimadora, en cuanto que su vida y conducta participan del interés general con una mayor intensidad que la de aquellas personas privadas que, sin vocación ni proyección pública, se ven circunstancialmente involucradas en asuntos de trascendencia pública, a las cuales hay que, por consiguiente, reconocer un ámbito superior de privacidad, que impide conceder trascendencia general a hechos o conductas que la tendrían de ser referidas a personajes públicos” (SSTC 171/90, f. j. 5º; 173/95, f. j. 3º).

Resulta asimismo relevante cuál sea el objeto de la información: si “la ordenación y presentación de hechos que el medio asume como propia”, o la transmisión neutra de manifestaciones de otro (STC 41/94, f. j. 5º; también SSTC 15/93, f. j. 2º, 336/93, f. j. 7º).

Otras circunstancias, finalmente, como destacaba la STC 240/92, pueden contribuir a perfilar el comportamiento debido del informador en la búsqueda de la verdad: “el carácter del hecho noticioso, la fuente que proporciona la noticia, las posibilidades efectivas de contrastarla, etc.” (f. j. 7º), especialmente en supuestos como el presente en los que los hechos sobre los que se informa están sometidos a un proceso judicial. Esta circunstancia no conlleva una ablación del derecho de información pero puede someterlo a condicionamientos específicos, como puede ser, por lo que aquí interesa, la exigencia de explicitar la pendencia del proceso o, en su caso, el resultado del mismo cuando se impute la comisión de determinados delitos. La verdad histórica puede no coincidir con la verdad judicialmente declarada y este Tribunal ha reconocido el derecho a la información crítica de las resoluciones judiciales (STC 286/93, f. j. 5º), sin embargo toda información que ponga en cuestión lo proclamado judicialmente, aparte de requerir una especial diligencia en la verificación de la información, debe respetar la inocencia judicialmente declarada o la presunción de inocencia previa a la condena judicial poniendo explícitamente de relieve la existencia de la resolución judicial o del proceso en curso.

CUARTO.- El sustrato fáctico del conflicto que ahora se suscita en esta sede es el que a continuación se describe sintéticamente.

En el marco de un reportaje titulado “Niños entre delincuentes”, el periodista condenado publicó un artículo bajo la rúbrica “Un médico quiso quedarse con un niño”. El mismo se iniciaba con el nombre, apellidos y cargo de un médico, del que se afirmaba que “falsificó documentos en los que aparecía que un niño se convertía en niña por obra de una pluma estilográfica y en los que se aprecia que un mismo feto nació y murió en dos fechas distintas”. A continuación se describía el relato que originaba esta imputación, que incluía la identificación de las supuestas víctimas. Se incluía, en la tercera y última columna del artículo, manifestaciones aclaratorias del médico y las noticias de la presentación de una querella al respecto, de su archivo por parte del Juzgado de Instrucción -con la declaración del Juez al periodista de que “no se puede jugar de esta forma con la honorabilidad y profesionalidad de unos médicos”- y del recurso del Fiscal contra el mismo. El periodista elabora la información a partir de los datos que le suministraron los familiares de las supuestas víctimas; se entrevistó asimismo con el médico y con el Juez instructor.

QUINTO.- No podemos suscribir algunas de las premisas y criterios empleados en las ponderaciones judiciales que precedieron a la resolución del conflicto en la vía ordinaria. En efecto, ni puede sostenerse sin más, como argumento de solución de la confrontación suscitada, que el derecho al honor es un límite absoluto y prevalente de la libertad de información, pues, como tantas veces hemos reiterado, también el derecho a ésta lo es del primero, ni, como resulta patente a partir de la doctrina jurisprudencial transcrita en el anterior fundamento, la falta de interposición de la exceptio veritatis determina o prejuzga la falta de veracidad de la información, que se mide desde una perspectiva ex ante.

Tampoco cabe prestar acuerdo a la tajante afirmación de la “destrucción” de la veracidad por el conocimiento que el periodista tuvo del archivo. En primer lugar, porque la resolución judicial se limitaba al archivo provisional de unas actuaciones penales, con la posibilidad de reapertura si aparecieran nuevos elementos probatorios, como así sucedió cabalmente en este caso, en el que efectivamente tras el archivo se realizaron nuevas diligencias. Y, en segundo lugar, por la ya mencionada existencia del derecho a la información crítica de las resoluciones judiciales, que permitía disentir del auto de archivo siempre que se informase, como así ocurrió, acerca de su existencia. Las precisiones anteriores no obstan, sin embargo, a la corrección del resultado del enjuiciamiento en cuanto a la prevalencia, en el presente conflicto, del derecho al honor (puesto que en este proceso constitucional nada cabe decir en cuanto a la calificación del delito de calumnia sobre la que, además, nada se ha alegado), y a la consecuente desestimación del amparo que se nos solicita. Es cierto, como consta en las diligencias, que el periodista recurrente desplegó cierta actividad encaminada al acopio de información relativa a un determinado suceso basada en entrevistas con las personas implicadas.

Sin embargo, dadas las circunstancias del caso, la diligencia del periodista no puede considerarse suficiente cuando menos a tenor de la parca y fragmentaria información consignada en el reportaje, ya que ésta en modo alguno justifica una tan honda afectación del derecho al honor como el que aquí se ha producido.

Cuando se formula contra una persona privada una imputación tan grave y que afecta tan profundamente a su prestigio personal y profesional como la vertida en el articulo analizado, no basta con una simple referencia a la declaración de los padres afectados y la cita de una frase aislada del médico -“la confusión entre niño y niña se debe a un simple error burocrático”- y otra del juez que tan sólo indirectamente se relaciona con la veracidad de la información -“no se puede jugar de esta forma con la honorabilidad y profesionalidad de unos médicos”-. No existe, pues, suficiente correspondencia entre los datos de los que se informa y las tajantes y graves conclusiones que de los mismos pretenden inferirse con la imputación de acciones delictivas. Las circunstancias del caso obligaban al periodista a la búsqueda de nuevos datos que pudieran corroborar su tesis, o a transformar el contenido de la noticia y convertir lo que finalmente constituyó el relato de un hecho delictivo en la constatación de una denuncia sobre el mismo y de su devenir judicial.

En suma, como se deduce de la jurisprudencia constitucional que resumíamos en el tercer fundamento, el celo del informador debió extremarse a la vista de su apodíctico relato da la comisión de un hecho delictivo que como queda dicho afectaba hondamente al prestigio personal y profesional de una persona privada. Al no hacerlo así ni renunciar a la publicación de su tajante imputación incumplió manifiestamente su deber profesional de diligencia, comunicó una información inveraz, y lesionó con ello el derecho fundamental al honor del médico al que se refería la noticia.

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el TC, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española, ha decidido:

Desestimar el presente recurso de amparo.

Dada en Madrid, a 26 febrero 1996. José Gabaldón López, Presidente.- Fernando García-Mon y González-Regueral.- Rafael de Mendizábal Allende.- Julio Diego González-Campos.- Carles Viver Pi-Sunyer.- Tomás S. Vives Antón, Magistrados.


Más sobre publicación web y sentencias

Artículo publicado en el Diario El País

Insultar en el ’blog’ se paga

Varias sentencias judiciales empiezan a poner coto a la impunidad en la Red

Los casos de ’cibervandalismo’ obligan a muchas páginas a moderar el ’tráfico’

Insultos, comentarios ofensivos o incluso publicidad engañosa. Mensajes que buscan intencionadamente provocar la reacción del autor del blog o de los otros comentaristas. Son los llamados troll, y buscan desde divertirse hasta molestar al blogger o desviar la discusión que se está manteniendo. El mundo blog, el universo que ha permitido a millones de personas compartir opiniones, aportar datos o explicar sus vivencias personales, empieza a mostrar su lado más vulnerable. Los casos de juicios por injurias, acoso, problemas empresariales aireados, empiezan a proliferar. Y la impunidad de la que se ha gozado hasta ahora empieza a resquebrajarse.

Dos sentencias en Reino Unido acaban de reabrir la polémica sobre la responsabilidad de los comentarios anónimos que se vierten en las webs. El presidente y los máximos directivos del club de fútbol inglés Sheffield Wednesday han ganado una demanda que obliga a los propietarios de una web a identificar a los autores de una serie de comentarios ofensivos contra ellos.

En concreto, el juez condena al dueño de la página aowstalk.co.uk a desenmascarar la identidad de tres fans del equipo que, bajo apodos como halfpint (media pinta), habían mostrado su insatisfacción por la marcha del club, cargando contra los directivos mediante unos comentarios en los que se les acusaba de “avaricia, egoísmo, desconfianza y deshonestidad”, según publicó ayer el periódico británico The Guardian. Eso sí, el magistrado ha desestimado la identificación de otros ocho fans al entender que sus comentarios eran simples bromas.

Otra sentencia de la pasada semana condenaba a John Finn, propietario de la firma inmobiliaria Pallion Housing, al considerarle responsable del lanzamiento de una campaña mediante comentarios anónimos colgados en distintas páginas en Internet contra su rival Gentoo Group, sus empleados y su dueño, Peter Walls.

En España, los tiros apuntan hacia otro lado. Las denuncias se dirigen mayoritariamente hacia las páginas web o los bloggers, en lugar de hacia los participantes en los foros. Así ocurre en los tres casos abiertos en los tribunales por denuncias sobre comentarios colgados en webs. El más reciente es la sentencia de un juzgado de primera instancia de Madrid que condenó en septiembre a pagar 6.000 euros a un presunto responsable de la web alasbarricadas.org por los comentarios anónimos vertidos contra José Ramón Julio Márquez, el cantante Ramoncín.

El abogado Carlos Sánchez Almeida, cuyo bufete lleva el caso, critica la sentencia porque, al contrario de lo sucedido en Reino Unido, en ningún momento “al demandante le interesó saber quiénes eran los verdaderos autores de los comentarios y no hizo el más mínimo esfuerzo por investigarlo”. Ramoncín contrató a un detective privado para averiguar quién o quiénes eran los propietarios de la web. “Pero, ante la falta de pruebas, la juez ha condenado a la persona que registró el dominio, que ni siquiera era el administrador de la página (webmaster), sabiendo que en cuanto se tuvo conocimiento de esos comentarios ofensivos, fueron retirados”, dice Sánchez Almeida.

El condenado, que prefiere aparecer como Jordi, señala que el fallo “es surrealista”. “Me condena por unos comentarios que se hicieron en una sección sobre la que nadie tiene ningún control, que está a disposición de la gente que quiere dar su opinión”, dice. Alasbarricadas.org ha recaudado ya 5.700 euros de donaciones de internautas para el pago de la multa, aunque la sentencia ha sido recurrida.

En España, todos los implicados coinciden en que la inseguridad jurídica acerca de estos casos es absoluta. Los jueces, en primera instancia, están aplicando la legislación penal de intromisión al honor o de propiedad intelectual, mientras que los representantes de las páginas web demandadas exigen que se aplique la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI).

Esta ley recoge una directiva comunitaria que señala que los propietarios de las páginas web no son responsables de los comentarios que se vierten en ellas, salvo que, cuando tengan conocimiento de que esas opiniones son ilícitas, no los retiren rápidamente. La directiva deja claro que los responsables de las webs no están obligados a supervisar los contenidos, es decir, no establece la figura de un moderador.

También se encuentra recurrido ante el Tribunal Supremo el fallo de la Audiencia Provincial de Madrid que condenó a la Asociación de Internautas (AI) a pagar 36.000 euros a la Sociedad General de Autores y Editores por alojar la web putaSGAE.org, al considerar que la página constituía una intromisión ilegítima en el derecho fundamental al honor.

“Se trata de un intento de amedrentar a Internet en su conjunto, ya que la sentencia carga la responsabilidad a los proveedores de servicios -la AI sólo ofrecía el alojamiento de la página- y no a los autores directos de los contenidos”, señala Víctor Domingo, presidente de la asociación. Domingo coincide con Almeida en que detrás de estos fallos “está la mano negra de la SGAE”. “Lo que pretende la SGAE es, primero, hacer responsables a las páginas web y, si tiene éxito, ir a por los proveedores de acceso a Internet para obligarles a que controlen las descargas de sus abonados”, señala Sánchez Almeida.

El tercer caso atañe a un foro alojado en la web bandaancha.st. En él se colgaron una serie de comentarios técnicos sobre el servicio que prestaba la operadora Comunitel (hoy en manos de Tele2), y la compañía los denunció por entender que se trataba de información confidencial. Los responsables de la web denunciada se negaron a retirar esas opiniones. “Hemos colaborado en todo momento en averiguar el registro de IP desde donde se remitieron esos comentarios, como nos pidió el juez. Pero sólo los retiraremos si éste lo dicta”, dice Josua Llorach, administrador de la página.

“José Antonio, c…, cuando tenga coche te voy a matar”; este comentario, colgado por ataulfo webos largos en el blog de Iván Fresneda, le costó a este chico de 18 años un disgusto y una multa de 200 euros. El mencionado José Antonio, profesor de Filosofía de Iván en el instituto, le denunció por injurias.

En el juicio, celebrado en verano de 2006, Iván facilitó al juez la dirección IP -el número que identifica cada conexión a Internet, que puede ser fija o dinámica- desde donde se habían vertido los comentarios. No sirvió y fue condenado. “Si un escrito ajeno es publicado sin que el medio conozca la identidad de su autor, ha de entenderse que el medio ha asumido su contenido”, decía la sentencia.

Iván ha recurrido a la Audiencia Provincial de Madrid y ha ganado. Asegura que mostró buena voluntad y ayudó a facilitar la identidad del autor del comentario insultante. “No tengo por qué responder de un comentario que hace otro”, dice, y explica que las leyes están muy verdes en todo lo relacionado con Internet. “Mi juicio fue un caos. Tuvimos que explicar incluso al juez qué era un blog y cómo funcionaba”, se queja. Sí tendrá que pagar otros 200 euros, sin embargo, por un comentario que él mismo hizo en su blog, en el que criticaba los métodos educativos de su profesor.

Desde que todo sucedió, su web (www.mafius.com), que recoge opiniones sobre temas políticos y sociales, ha crecido. Ahora escriben en ella otras cuatro personas y reciben unas 3.000 visitas al día. A pesar de la mala experiencia, sigue sin moderar los comentarios. Asegura que no dan abasto.

En el mundo del ciberespacio y de los blogs hay una regla importante aunque no escrita: don’t feed the troll, es decir, nunca contestes a un troll, a una persona que deja insultos o comentarios malignos. “Verter exabruptos es una manera incluso de publicitar sus propios blogs. Otros lo hacen por jorobar”, explica Arturo Vallejo. A él le ocurrió en su blog Diario de una Miss Intelijente (http://soyunamiss.blogspot.com), en el que escribía el diario de una supuesta miss de todo, menos inteligente.

Vallejo, un periodista leonés de 39 años que tuvo tanto éxito con su blog que publicó un libro con los mejores post, explica que recibía insultos a diario. “Algunos los dejo porque son graciosos; otros no, porque además no aportan nada. Al fin y al cabo, tu blog es tuyo y no tienes por qué aguantar que alguien venga a insultarte”.

A Gina Tonic le han dicho de todo. Mantiene su blog desde 2004
www.ginatonic.net- y en él habla de lo divino y lo humano. De arte, de política, de sexo… Y es precisamente este último tema el que recibe más comentarios dañinos. “Parece que no nos acostumbramos a que una chica hable de sexo. Pero no sólo me insultan a mí. También a otras”, explica desde Barcelona. Por eso Gina modera los comentarios que entran en su blog
“cuando faltan al respeto, elimino el mensaje”, dice-, y cuando ve que esos comentarios insultantes son repetidos por una misma dirección IP, la bloquea. “La gente no entiende que en Internet hay unas normas no escritas que se rigen por el respeto a las personas. Hay gente que se esconde pensando erróneamente que en Internet son anónimos”, explica.

La ley no obliga a moderar los comentarios, pero, según Álvaro Cuesta, de X-Novo, asesores en derecho tecnológico, todos deberían hacerlo “para curarse en salud”. “La legislación dice que los blogs se asimilan a cualquier medio de comunicación. Por tanto, deben cumplir las mismas reglas de autoría. Lo que no queda claro es si los comentarios que se hacen en un blog son responsabilidad del autor o no. Hay un vacío legal”, dice Cuesta.

“No veo bien censurar los comentarios, pero en parte lo entiendo, sobre todo en los blogs personales en los que no se gana dinero”, dice José María Mateos. Este joven de 26 años, autor de Las penas del agente Smith (http://rinzewind.org), participa también en el Manifestómetro (http://manifestometro.blogspot.com). Cree que cada persona tiene responsabilidad sobre los comentarios que realiza. Por eso no modera los comentarios en su blog, en el que habla de política, astronomía, ecología, gastronomía… “Mis comentaristas suelen ser civilizados, y yo no quiero controlar lo que la gente pone y deja de poner. No censuro; de vez en cuando, doy un toque de atención. Es cierto que a veces me han insultado, pero me resbala”, cuenta


Noticia del día 6 de noviembre de 2008: Una sentencia absuelve a los propietarios de una web al no hacerles responsables de comentarios “difamatorios” publicados por usuarios de la misma

Comentario Comentar este artículo
Nota: los comentarios podran ser eliminados segun nuestros criterios de moderacion
  • http://francisco.hernandezmarcos.ne…

    LOS HECHOS

    Hace algo más de 3 meses publiqué el post “Credit Services quiere salir a bolsa“, es uno más de los múltiples posts que publico acerca de temas que me interesan, entre los que sin duda están las empresas de servicios financieros. A finales de año (casi 2 meses después) los comentarios se calentaron extraordinariamente con 4 comentarios hechos con 4 nicknames distintos pero desde la misma IP. 😦 Yo me doy cuenta y aviso a los lectores de este hecho para evitar que el “manipulador”, sea quien sea, siga metiendo cosas y sesgando una posible discusión.

    Luego llega un tal “Pedro García” y hace un comentario bastante menos “cañero” que los 4 anteriores, pero en el que hace un par de acusaciones hacia una firma de servicios financieros y su presidente, no los nombra explícitamente pero se supone que es Credit Services y su presidente. Me encantaría deciros qué comentarios son para que viéseis que no son para tanto, pero he ocultado dicho comentario durante al menos 30 días hasta que se aclare un poco más el tema desde el punto de vista legal.

    Dos días después alguien, con el nickname de “Pedro García” (también) acusa al citado comentario de injurioso y dice que tanto el autor como el blogger deberían ser demandados. Además acusa al primer “Pedro García” de suplantación de identidad (como si él fuera el único Pedro García del mundo, o conociése a todos los demás existentes) y me aconseja dedicarme a “otro negocio de éxito” y a limpiar el foro de “gilipolleces e ilegalidades manifiestas” 😦 . La dirección de email utilizada en este comentario es falsa (el verdadero dueño del email me ha escrito diciendo que no sabe nada de nada) y el IP es el mismo que la de las oficinas centrales de Credit Services (!) porque…

    … poco después el presidente de Credit Services me escribe a través de mi formulario web instandome a quitar el citado comentario, y la IP es la misma! Yo llamo a Credit Services y hablo con el abogado (el presidente no se pone al teléfono), el cuál me confirma que han sido ellos los que me han mandado el mensaje a través del formulario del blog. También le pregunto al abogado (y a la centralita telefónica de Credit Services) si hay algún Pedro García en la organización, y me dicen que no conocen a ningún Pedro García.

    La semana pasada recibo un BuroFax cuyo contenido es prácticamente el mismo que el mensaje recibido a través del formulario web. El burofax lo envía CreditServices SA y lo firma su presidente. Lo más interesante es que lo dirijen hacia mi start-up (todavía, tras múltiples avatares y porqué no decirlo, fracasos) Crisalia Servicios Financieros SL, diciendo que el blog no es personal, sino de la empresa. Juzgad vosotros mismos si este blog es lo mismo quewww.crisalia.com, y si hay alguna parte de este blog en la que se diga o insinúe que es el sitio web de un corredor de hipotecas, y no de una persona particular.

    LAS ACCIONES QUE TENGO PREVISTO EMPRENDER

    Por si a alguno le interesa (ya una vez publiqué mis escritos para ganar el recurso de registro de marca a Metrovacesa, y hubo gente que me escribió agradeciéndolo) copio al final los 2 burofaxes que he enviado para comenzar a gestionar este tema.

    En principio me voy a mantener “pasivo”, principalmente porque prefiero centrar mis esfuerzos en mi empresilla. Me molesta la “actitud acosadora” que estoy sufriendo en este caso, y si persiste entonces emprenderé las acciones pertinentes para evitar el acoso, descubrir quien fue el autor de los 4 primeros comentarios, descubrir quien es “Pedro García (2)” y solicitar daños y perjuicios si fuera necesario.

    Voy a empezar a consultar abogados, algunos de ellos de los mejores abogados de España (cosas buenas que tiene el networking). Asimismo quiero encontrar alguna fundación o institución pro-libertad de expresión que quiera hacerse cargo del tema si llegase el caso. Si alguien conoce nombres que me escriba por favor.

    CONCLUSIONES FINALES

    Yo no tengo la culpa de que Credit Services tenga tantos procesos abiertos, ni de que Ausbanc u otros más los tengan. Parece que a todas estas empresas o asociaciones les encanta demandarse por todo y a todas horas. Parece que dialogan a través de abogados en vez de con palabras.

    Yo no quiero entrar en este juego, pero si siguen no tendré más remedio por 2 razones:

    1. Por principios, porque creo que tengo razón, y porque la libertad de expresión es un derecho fundamental. 2. Por reputación, porque si me dejo intimidar a las primeras de cambio, perderé credibilidad en el futuro y me termirarán demandando (o mandándome burofaxes) hasta por levantarme por las mañanas.

    Así que si quieren juicio, tendrán juicios.

    Responder este mensaje

  • Entonces…

    Pongamos que Fulano entra en la el foro oficial de un partido político y realiza una serie de opiniones que van en contra de ese foro, y que además insulta descaradamente a adversarios políticos del partido que controla ese foro.

    Pongamos que a continuación alguno de esos adversarios políticos tiene conocimiento de que un tal “Fulano” le ha insultado en el foro de un partido político contrario a sus ideas.

    Lógicamente, al sentir que su imagen ha sido dañada públicamente puede intermponer una denuncia contra el autor de los comentarios, y si ese autor no aparece porque ha podido escribir desde un ciber, o desde cualquier otro sitio; puede denunciar directamente al foro y a quienes lo mantienen.

    Independientemente de que el post sea retirado en cuanto los administradores del foro se percaten de su existencia, puede que cualquiera lo haya leído y que la imagen de la persona insultada ya esté irremediablemente perjudicada.

    Al ser esto así, se puede suponer que los jueces actuarán contra el foro que permitió la publicación de ese comentario, aunque lo borrase después.

    ¿No?

    Soy muy ignorante, por eso pregunto.

    Responder este mensaje

Anuncios

Conoce tus derechos ante la actuación policial: identificaciones, cacheos, detenciones etc.


Guía jurídica para defenderse de la impunidad – Viernes.28 de enero de 2011 – 19677 visitas

Este artículo está abierto a profundizaciones y mejoras. De cara a ello, agradeceríamos a cualquier persona que en él encontrase alguna incorrección o laguna que nos informase de la misma aportando legislación y/o jurisprudencia (no meras opiniones) al correo tortuga@nodo50.org. Muchas gracias.

Aunque algunos párrafos están redactados en forma de “consejo”, nuestra intención al publicar este manual de recomendaciones no es la de indicar a nadie lo que tiene que hacer, cuál es la mejor opción, si le interesa exigir o no sus derechos. Nuestro propio colectivo cree en la Desobediencia Civil y es consciente de que ante determinadas leyes o situaciones injustas quebrantar una ley puede constituir un digno y legítimo acto personal o colectivo pase lo que pase después.

También somos conscientes de que hay mil situaciones y circunstancias de todos los colores que cada cual habrá de ponderar y valorar a la hora de actuar de unas formas u otras. Las leyes nos prohíben y/o obligan a una serie de cosas pero también nos ofrecen –al menos en teoría- una serie de derechos. Las instituciones coactivas que se dedican por intimidación o castigo a hacer cumplir esas leyes no siempre se ajustan a comportamientos coherentes con la misma legislación que se supone que deben hacer cumplir, sino que en ocasiones la quebrantan directamente con el resultado de la lesión de los derechos que aún tenemos (cada vez menos).

Cada cual, como decimos, habrá de valorar con las leyes en la mano, pero también manejando el dato práctico de “lo que suele ocurrir habitualmente, sea o no legal”, para defender su derecho o para actuar políticamente de una forma confrontativa buscando el bien social. El manual que ofrecemos a continuación pretende ser una ayuda para el adecuado conocimiento del terreno que pisamos. Y nada más.

Nota de Tortuga.


Si la policía te para. Identificación

Distingamos la teoría “legal”, de lo que en la práctica puede ocurrir, y de hecho suele ocurrir.

En teoría, legalmente la policía no puede pretender identificarte si no hay indicios de comportamiento delictivo o infracción administrativa. En la práctica sucede que la policía a veces realiza identificaciones injustificadas por motivos diferentes a aquellos. En dichos casos –en teoría- podrías negarte a obedecer lo que sería una orden ilegítima pero –en la práctica- sería complicado (si bien no imposible) que un juez/a acabara considerando ilegítima tal orden, por lo que te podrían acusar y quizá condenar por desobediencia.

En el caso de que la policía efectivamente apreciara algún tipo de indicio de comportamiento delictivo y te pidiera la identificación, no podrías negarte, pues si no la enseñas te pueden “retener” (No existe la “retención” propiamente dicha como figura legal, pero sí existe un tipo de detención que consiste en privarte de tu derecho deambulatorio mientras la policía realiza las averiguaciones pertinentes), lo cual significa que te llevarán a comisaría para identificarte (art.20 LSC). Y si te niegas de forma expresa o te resistes pueden aplicarte el art.556 del C.P. por desobediencia a la autoridad pública.

A pesar de que en la práctica su aplicación sea indiscriminada, tú debes exigir que te expliquen el motivo por el cual te piden la identificación, que, como decíamos, sólo puede ser para la indagación o prevención de algún delito y cuando sea necesario para el restablecimiento del orden público, la seguridad ciudadana o la pacífica convivencia, nunca por rutina o para controlar a determinada gente o amedrentar.

Siempre que sea posible, la identificación se realizará en la calle. Tan sólo te pueden llevar a comisaría cuando sea imposible identificarte “in situ”, ya sea porque no tienes ningún documento que te identifique o porque la identificación oral que tú hagas no convenza a la policía. Si tú en ningún momento te niegas a identificarte, y lo haces, aunque sea de forma oral, -en teoría- sólo pueden retenerte para impedir la comisión de un delito o falta, o sancionar una infracción. Sin embargo –en la práctica- como dicha identificación no suele bastar a la policía y hay cierta confusión jurisprudencial en torno a la suficiencia de la declaración oral como identificatoria, suelen proceder a la retención, o sea, al traslado a comisaría.

Habitualmente suelen hacer preguntas, a las cuales no tienes obligación de responder. Cuanta menos información les facilites más preservarás tu derecho a la intimidad (art.18.1 C.E.). Sin embargo –en la práctica- conviene tener en cuenta que la experiencia indica que cuantas menos preguntas respondas, más posibilidades vas a tener de ser molestado, retenido o detenido bajo la excusa que se les ocurra.

El trato ha de ser en todo momento correcto. En caso de que no lo sea es importante denunciarlo, incluso en caso de que se hagan identificaciones de forma rutinaria. En este tipo de situaciones habrá que ponderar hasta qué punto vale la pena puesto que es práctica policial que no ha de sorprendernos la de montar una acusación falsa para contrarrestar la denuncia que el ciudadano ha formulado. Por tanto, hay veces en las que puede ser aconsejable hilar fino, calibrar y saber dónde se mete uno.

No les des facilidades, procura que te den todas las explicaciones posibles, aunque no hay que olvidar que esto puede acarrear un posible “cacheo” como represalia por tu actitud.

Cacheos y registros de pertenencias

Con el cacheo pasa lo mismo que con la solicitud de identificación. En teoría, si hay casos en los que puedes negarte ya que puedes negarte a cualquier orden ilícita. Si voy andando por la calle y la policía solicita mi identificación y me quiere cachear porque sí, se trataría de una orden ilegítima y, por tanto, cabría la desobediencia lícita. Hasta aquí, la teoría. Ahora, la práctica provoca que, si te niegas, te lleven por delante. Triste pero cierto. Otra cosa es que luego, en un juzgado, si tienes mucha suerte con el juez y con lo que declare la policía y tal y tal, pudieras resultar victorioso/a.

En el caso de que la policía efectivamente tuviera indícios de comportamientos delictivos y tratara de cachearte, no podrías negarte ya que, al igual que en el apartado anterior, te arriesgarías a la detención y a una acusación de desobediencia.

A pesar de ser una técnica policial habitual para controlar y amedrentar, procura que sea tan incómodo para ellos como para ti. Tienes derecho a ser cacheado/a por una persona de tu mismo sexo, salvo situación de mucha urgencia. Si no hubiera tal urgencia (motivada), y si no hubiera dicho agente, están obligados a trasladarte al lugar más cercano en el que lo haya. Todo ello con las molestias mínimas para ti y resolviendo el trámite en el menor tiempo posible. Los cacheos con desnudo integral sólo se podrán hacer por causas muy determinadas y en forma y lugar legalmente dispuesto (ver la normativa que se adjunta abajo del todo).

Lo haga o no en la práctica, en teoría la policía está obligada a buscar en las inmediaciones el lugar más discreto posible donde realizar el cacheo, a fin de respetar todo lo que se pueda la intimidad de la persona registrada.

Tus pertenencias (bolsillos, mochilas etc.) pueden ser registradas superficialmente siempre que haya motivo justificado para ello. No puedes negarte, pero sí puedes solicitar que te expliquen cual es el motivo, lo que se busca y porqué se sospecha de ti. En cualquier registro ha de regir el criterio de “proporcionalidad”, es decir, que deben tener un motivo fundado para realizar el registro.

Ninguna ley impide a la policía registrar nuestras pertenencias sin estar nosotros delante. No obstante debemos reclamarlo, más sabiendo que cualquier objeto encontrado en el registro por la policía sin estar nosotros/as presentes difícilmente tendrá valor probatorio en un juicio ya que socava la llamada “garantía de contradicción” (Sentencia del TS de 25 de octubre de 1993 y Sentencia del TS 1655/2002, de 7 de octubre.)

En cualquier caso si tras el registro policial echamos algo en falta podremos poner la denuncia pertinente por hurto. Para ello es importante recabar la cantidad mayor posible de datos para identificar al o los agentes que han practicado el registro. Aquí vale lo dicho más arriba sobre la oportunidad de valorar la posibilidad de que la policía se blinde ante nuestra denuncia cursando a su vez denuncias falsas en contra nuestra.

Detención y retención

En caso de que la policía te requiera a acompañarles, debes exigir que te expliquen el motivo, que no pueden ser otros que:

- 1º En caso de RETENCIÓN, para identificarte en dependencias próximas, y por el tiempo estrictamente necesario para ello. En este caso no tienen derecho a hacerte ningún tipo de ficha, ni fotografía, y mucho menos hacerte desnudar y obligarte a hacer flexiones, u otro tipo de registros corporales. En caso de que te obliguen a ello puedes denunciarlo tanto penalmente, como públicamente.
- 2º Cuando tengan motivos “racionalmente suficientes” para creer que hayas participado en la comisión de algún hecho delictivo, o cuando te hayas negado de forma expresa a identificarte (art. 492 L.E.Cr.).
- 3º O bien cuando sea inminente la comisión del delito, se esté cometiendo o la persona (o sea tú) esté fugada (art.492 L.E.Cr.). En estos casos la detención puede llevarla a cabo cualquier ciudadano/a (art.490 L.E.Cr.).

La detención debe practicarse en la forma que menos perjudique al/la detenida en su persona, reputación y patrimonio (art.520. 1º L.E.Cr.). En el mismo momento de la detención deben informarte de forma comprensible de:

- Tus derechos (art.520.2 L.E.Cr. ).
- Las razones de la detención y especificar los hechos que se te imputan (art.17.3º Constitución y 520.2º L.E.Cr.).

La detención cobrará carta legal en el momento en que la policía tenga “motivos racionalmente bastantes” para entender que el hecho por el que se nos detiene presenta los caracteres de delito y que efectivamente la persona detenida ha estado presente en su comisión (art. 492.4 L.E.Cr.).

Existe la posibilidad del pago de fianza para ser puesto en libertad aún en aquel supuesto. (art.492.3 L.E.Cr.).

En ningún caso podrá privarse de libertad al que se acuse de faltas, es decir, con penas leves (art.33.4 C.P.), salvo que no tenga domicilio conocido o no deposite en su caso la fianza suficiente. (art.495 L.E.Cr.).

Si estás detenido/a, han de entregarte una hoja informativa de tus derechos, la cual debes firmar, preferiblemente después de haberlos ejercitado, es entonces cuando la detención es formal para el/la detenido.

Si no hay motivos para la detención, la policía puede tomar nota de su identidad y domicilio (art.493 L.E.Cr.), pero nada más. Tampoco cabe la privación de libertad en los casos recogidos en la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, siendo las más habituales:

- El consumo en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos, así como la tenencia ilícita, aunque no esté destinada al tráfico, de drogas.
- Desobedecer los mandatos de la autoridad o de sus agentes, cuando ello no constituya infracción penal (acción u omisión ilícita, sancionada en el Código Penal, que puede ser un delito o una falta).
- La celebración de reuniones en lugares de tránsito público o de manifestaciones sin autorización.
- La celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas careciendo de autorización.

Para saber si alguien está detenido, se puede telefonear a las comisarías o cuartelillos de la policía en que pueda parecer más lógico se halle el/la detenido. Si esta gestión no diese resultado, se puede llamar por teléfono o presentarse en el Servicio de Asistencia al Detenido, del Colegio de Abogados correspondiente, pues como es sabido, la policía ha de comunicar todas las detenciones a dicho servicio.

Así pues, es fundamental preguntar insistentemente si se está detenido o no y por qué, para:

- En caso de estar detenido/a saber a qué atenerse, derechos…
- En el supuesto de que te pidan la documentación, preguntar qué delito o qué falta se quiere impedir, o la infracción que se quiere sancionar, pero sin negarte nunca a identificarte.
- Si no tienes el D.N.I., u otro documento acreditativo, puedes acreditarte de forma oral, y sólo en caso de que esta no satisfaga a los policías te podrán retener (ver anteriormente).

En caso de que alguna persona presencie una detención y esté interesada, puede presentarse en la comisaría para ser informada de cómo se encuentra el/la detenido, el delito de que le acusan, cuándo le tomará declaración y el momento de pasar al juzgado. De hecho es conveniente en los casos de detención en manifestaciones, u otras acciones, el que alguien se preocupe por el estado del/la detenido, incluso es posible verle, aunque normalmente nunca antes de la declaración. Después, sí suelen dejar visitar a l@s familiares, generalmente bajo vigilancia policial.

Aunque la normativa legal es ambigua, se puede intentar llevarle comida, leche y bebidas en envases que no sean de cristal, saco de dormir y otras cosas necesarias que no afecten a las normativas de seguridad de la detención etc.

Detención ilegal

Cualquier otra detención o privación de libertad (retención), constituye delito, puesto que se realiza sin las mínimas garantías (art.163 C.P.). En esos otros casos cabe exigir la puesta en libertad, pedir el Habeas Corpus (ver más abajo) y en todo caso denunciarlo posteriormente. Puede denunciarse judicialmente y debiera denunciarse públicamente (art.17.1 Constitución y art.489 L.E.Cr.).

Otros registros y controles

Todo registro indiscriminado o injustificado de papeles y efectos, salvo consentimiento del/la interesada o resolución judicial, es constitutiva de delito (art.198 C.P.).

En todo momento el trato debe ser absolutamente correcto “y en todas las intervenciones proporcionarán información cumplida y tan amplia como sea posible, sobre las causas y finalidad de las mismas” (art.5.2 L.O. 2/86 de 1 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado). Así mismo, cabe ubicar controles de identificación en vías, lugares o establecimientos públicos para el descubrimiento y detención de quienes han participado en un hecho delictivo que cause gran alarma social y para la recogida de los instrumentos, efectos o pruebas del mismo, pudiendo realizar:

- Comprobaciones de identidad individual.
- Registro de vehículos.
- Control superficial de los efectos personales, con el fin de comprobar que no llevan sustancias o instrumentos prohibidos o peligrosos.

Al igual que ocurría con las pertenencias en caso de cacheo, ninguna ley impide a la policía registrar nuestro vehículo sin estar nosotros delante. No obstante debemos reclamarlo, más sabiendo que cualquier objeto encontrado en el registro por la policía sin estar nosotros/as presentes difícilmente tendrá valor probatorio en un juicio ya que socava la llamada “garantía de contradicción” (Sentencias del TS de 25 de octubre de 1993 y 1655/2002, de 7 de octubre.)

En cualquier caso si tras el registro policial echamos algo en falta podremos poner la denuncia pertinente por hurto. Para ello es importante recabar la cantidad mayor posible de datos para identificar al o los agentes que han practicado el registro.

Algunos consejos prácticos.

Ante toda conducta o control irregular:

- Pedir una explicación de los motivos del control.
- Petición del carnet de policía (sobre todo en algunos controles, para evitar posible impostor). Están obligados a identificarse como tales policías siempre. (art.5.3.L.O.2/86). Si se niegan a dar explicaciones o enseñar su documentación, y se quiere denunciar los hechos:
- Recoger el mayor número posible de datos para la posterior identificación de los agentes.
- Recoger los datos del control: tipo, lugar, hora, características.
- Recoger datos del vehículo/s policiales.
- Procurarse la presencia de testigos. Su presencia y la propia situación psicológica personal (de tranquilidad), son determinantes para que la situación esté más controlada.
- Denunciar cualquier irregularidad o maltrato en el juzgado. En cuanto a otros registros, cabe que el juez acuerde la intervención de la correspondencia privada, postal o telegráfica, que el/la procesada remitiere o recibiere y su apertura y examen (art.579 L.E.Cr.) por parte de la policía.

Cualquier otro caso es delictivo (art. 197 y 198 C.P.). En todo caso, la apertura y registro de la correspondencia postal se hará en presencia del/la interesada o persona que éste/a designe (art.584 L.E.Cr.).

Se excluye de todo esto la aplicación de “estados de excepción o sitio” (art.19 ss Constitución, y 18 y 32.3º de L.Org. 4/81) o de legislación antiterrorista (art.55.2 Constitución; y 5-2Q L.O. 11/80), pero en ambos casos se dará cuenta por escrito motivado al juez.

La irregularidad más habitual es no llevar la orden judicial y pretender entrar, por ejemplo en una vivienda, con engaño o amenazas. Otras veces enseñan un papel que no reúne los requisitos anteriores.

En ocasiones, no se especifica el domicilio ni la fecha concreta en que se ha de producir esa diligencia de entrada y registro.

El juez puede conceder a la policía las siguientes autorizaciones:

- De entrada, para entrar en un domicilio y detener a alguien.
- De registro, para registrar un domicilio. Este se suele dar junto con el de entrada.
- Intervenir correspondencia que será remitida inmediatamente (sin abrir) al juez.

Antes de firmar el acta hay que anotar las incidencias acaecidas, y en todo caso, si el resultado ha sido negativo puede exigirse la entrega de un justificante que así lo exprese.

Estancia en comisaría

El aislamiento que supone la propia estancia en comisaría, es siempre un factor que juega en contra de la persona detenida. Las Fuerzas de Seguridad del Estado son ahí omnipotentes y su acción no está sujeta en la práctica a control alguno. Romper las barreras de incomunicación entre las comisarías y el exterior, es lo más importante en estos casos.

Para ello podemos hacer prevalecer una serie de derechos ciudadanos: Existe el derecho a elegir abogado, si no se designa de oficio (art. 17.3º Constitución y 520.2c y 527 a L.E.Cr.).

Existe el derecho de no declarar contra sí mismo y a no declararse culpable (art. 24.2 Constitución y 520.2b L.E.Cr.). Y también el derecho a no declarar o a no contestar a alguna pregunta o a declarar sólo ante el Juez (art. 17.3 Constitución y 520.2a L.E.Cr.).

En ocasiones puede ser importante no declarar en comisaría porque:

- No declarar permite la posibilidad de hablar directamente con el abogado, en entrevista reservada. Cabe denunciarlo si no te dejan.
- No declarar no es perjudicial para el desarrollo del proceso legal. Puede ser incluso beneficioso desde el punto de vista de la persona detenida.
- Hay más posibilidades de reflexionar sobre los acontecimientos y la actitud a seguir. Incluso es recomendable, pues así, evitas que la policía pueda ejercer más presión sobre ti en los interrogatorios, y que eso afecte a tu declaración ante el juez.
- Además, así deberán pasar cuanto antes al juzgado y la “no declaración” podrá convertirse en una denuncia continuada del papel que cumple la detención policial y en especial de las condiciones de incomunicación.

Todo esto es importante conocerlo, ya que sobre la persona detenida se ejerce todo tipo de presiones e incluso malos tratos, y se le amenaza con no ponerle a disposición judicial hasta que haya firmado la declaración.

Cada cual debe juzgar si va a reconocer los hechos imputados o no, pero no declarar es un derecho. No hay nunca que contradecirse. Por consiguiente, para hacer valer ese derecho a no declarar, lo más seguro es responder con obstinación: “NO TENGO NADA QUE DECLARAR” (decir “no sé” o “he olvidado” es ya entrar en su juego).

Recuerda que en comisaría todo está en contra tuya, y ellos no tienen más poder que el de amenazarte y amedrentarte, pues el que va a decidir sobre tu situación es el juez y no la policía, colabores o no colabores con ellos. No obstante tanto si declaras como si no ellos tienen que comunicarte el hecho del que te acusan.

En todo caso, el abogado debe estar presente en cualquier declaración o reconocimiento de identidad (art.520 L.E.Cr.). Sin embargo es práctica corriente la realización de interrogatorios sin el abogado, práctica que podría denunciarse como delictiva (art.537 y 542 C.P.) con resultados a determinar por el juez.

La persona detenida puede entrevistarse reservadamente con el abogado tras el término de la diligencia en que hubiera intervenido, aunque esto no cabe para las personas incomunicadas (art. 520-6 y 527c L.E.Cr.). Además es importante hablar con el abogado tras la práctica de las diligencias policiales. Si no apareciese el abogado, puede uno negarse a que le practiquen cualquier reconocimiento de identidad, además de no declarar (art. 520-4 L.E.Cr.).

La policía tiene la obligación de poner en conocimiento de la persona que desee el/la detenida, el hecho de la detención y el lugar donde se encuentra (art. 520.2d y 527 L.E.Cr.).

Igualmente podrá comunicarse, salvo que afecte al secreto y éxito del sumario, con un ministro de su religión, un médico privado y parientes o amigas (art. 523 L.E.Cr.). Estos derechos no se reconocen para los incomunicados (art.527 L.E.Cr.).

Si el/la detenida resulta ser menor de 18 años y no se halla a su representante legal debe ponerse su detención en conocimiento del ministerio fiscal (art.520.3 L.E.Cr.), sin que, en ningún caso, pueda ser recluido un menor de 18 años en las prisiones ni en departamentos policiales de detención (art. 19 C.P.).

Si estuvieras muy seguro de lo que quieres declarar puedes hacer valer los siguientes derechos:

- Derecho a dictar la declaración (art 397 L.E.Cr.).
- Derecho a suspender la declaración y a descansar si como persona detenida hubieses perdido la serenidad (art.393 y 394 L.E.Cr.). La ley establece que las preguntas del interrogatorio deben ser directas y no tener ningún punto capcioso. (art. 389 L.E.Cr.).
- La persona detenida podrá leer la declaración y si no, la leerá el Secretario (art. 402 L.E.Cr.). Siempre que se declare algo hay que releer atentamente la declaración y hacerla rectificar si es preciso (aunque sea engorroso para todos).
- En la declaración deben consignarse íntegramente las preguntas y respuestas.
- Derecho a declarar en la lengua oficial que tú desees, si estás en una comunidad autónoma que permite el uso de otra además del español (art.3. 2 y 3 Constitución).
- Derecho de los extranjeros de ser asistidos gratuitamente por intérprete y a que se comunique al consulado la detención y el lugar donde se encuentran (art. 520.2e y d L.E.Cr.).

Antes de transcurridas 24 horas desde la detención, la policía debe comunicar ésta al juez (art. 496 L.E.Cr.: Si demorare la entrega, incurrirá en la responsabilidad que establece el Código Penal, si la dilación hubiere excedido de veinticuatro horas.). A veces ésta es una práctica que no se realiza, lo cual puede denunciarse. La detención no podrá durar más tiempo del estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y en todo caso, en 72 horas debe pasar a disposición del juez (art. 17.2 de la Constitución y 520.1 L.E.Cr.). El plazo puede prorrogarse incluso 2 días más, hasta un máximo de 5 días (sólo en casos de aplicación de la Let Antiterrorista).

Condiciones durante la detención

Derecho a una alimentación y estancia dignas (siendo de aplicación analógica los art. 19, 21, 21 de la L.Org.Penitenciaria). Pueden denunciarse todas las deficiencias alimenticias, de higiene, de espacio y otras, así como las irregularidades relacionadas con los siguientes puntos:

- Podrá procurarse con sus medios, las comodidades u ocupaciones que no comprometan su seguridad o la reserva del sumario y sean compatibles con el objeto de su detención y el régimen del establecimiento (art.522 L.E.Cr.). Ello no cabe para las incomunicadas (art.524 L.E.Cr.).
- No habrá medida extraordinaria de seguridad, tal como mantener esposado al/la detenido, salvo en caso de desobediencia, violencia o rebelión, o cuando haya intentado o hecho preparativos para fugarse. En todo caso, tales medidas durarán el tiempo mínimo imprescindible (art.525 L.E.Cr.), y en todo caso no pueden ser inhumanas o degradantes.

Todo lo anterior no rige para los incomunicados (art.527 L.E.Cr.).

El registro domiciliario

La inviolabilidad del domicilio es un derecho reconocido en el art.18.2 de la Constitución. Por lo que se refiere a la práctica del registro domiciliario, suele hacerse o bien antes o durante una detención. Aunque no siempre que se produce un registro ha de haber alguna detención. Sólo tienen competencia en esta materia la policía nacional, guardia civil o policías autonómicas. Necesitan la autorización judicial o tu consentimiento, y si no tienen esto, tienes derecho a negarles la entrada en tu casa (art. 550 de L.E.Cr.). La llamada “patada en la puerta” es ilegal. En todo momento durante el registro deberá estar presente la persona, o en su ausencia dos testigos, los cuales no se podrán negar a colaborar con la policía. Además habrá otros dos testigos y el secretario judicial o, si así lo autoriza el juez, un funcionario de la policía judicial (art. 569 L.E.Cr.).

Hay tres supuestos en que no es así:

- 1º En caso de flagrante delito y persecución del presunto “delincuente” (art. 553 L.E.Cr.). Se considera “flagrante”, y se permite la intervención policial siempre que sea precisa para impedir el agravamiento del delito.
- 2º En caso de “estado de excepción y sitio”.
- 3º Por “delitos de terrorismo”, en cuyo caso cabe registrar el domicilio donde se ocultase o refugiase la persona, sin necesidad de mandato judicial previo. Pero su utilización injustificada o abusiva es delito denunciable en los juzgados en base al art. 55.2 de la Constitución, en relación con el art.198 del C.Penal.

Algunas reglas prácticas:

1º Controlar y anotar la hora.

2º exigir el mandato judicial, y comprobar:
- Que está remitido por el Juez de Instrucción y firmado.
- Que precisa el motivo del registro.
- Que precisa el nombre y dirección de la persona a “visitar”.
- Comprobar la identidad de todas las personas intervinientes.
- Procurarse testigos del registro (llamar a vecinos…). Recuerda que es OBLIGATORIA la presencia de las testigos. Si no se consiguen testigos puedes negarte al registro.

4º Exigir la presencia y acreditación del Secretario judicial o en su defecto el funcionario de la policía judicial autorizado por el juez.

5º No dejar entrar si estas condiciones no se cumplen.

6º Vigilar el registro y todo lo que se llevan, y que conste en el acta la relación exacta y numerada de todo lo que se llevan por mínimo que parezca.

7º En caso de detectar irregularidades hacerlo constar al firmar el acta por escrito, y denunciarlo ante el juez.

Malos tratos y torturas

Es importante la denuncia de todas estas prácticas, aunque en la mayoría de los casos estas denuncias suelen ir acompañadas por otra denuncia por parte de la policía acusándote de agresiones o de resistencia a la autoridad, por ello es importante que puedas aportar pruebas.

- Incurre en delito la autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo, y con el fin de obtener una confesión o información de cualquier persona, la sometiere a condiciones o procedimientos que por su naturaleza, duración u otras circunstancias, le supongan sufrimientos físicos o mentales, la supresión o disminución de sus facultades de conocimiento, discernimiento o decisión, o que de cualquier otro modo atenten contra su integridad moral (art.174.1 C.Penal).

- Incurre en delito el funcionario o autoridad que, a sabiendas, impida a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las leyes (art. 542 C.Penal). (Ver anteriormente los derechos).

- Igualmente la autoridad o funcionario que, faltando a los deberes de su cargo, permitiere que otras personas ejecuten los hechos. (art. 176 C.Penal).

Es fundamental a la hora de denunciar:

- Ser reconocido/a por el/la médico forense o el de la comisaría u otro dependiente de la administración pública (art.520-2f L.E.Cr.).
- Fijarse en el mayor número de detalles sobre la identidad de las policías, lugares a donde se es llevado/a, horario de la detención, etc.
- Denunciar cualquier clase de malos tratos, señalando ante el abogado a los responsables que estén presentes.
- En caso de cualquier irregularidad pedir el Habeas Corpus.
- Igualmente, si han existido irregularidades, antes de firmar la declaración y en presencia del abogado, solicitar ver la documentación de los policías, para ver si sus números coinciden con los que aparecen en el acta. Tienen obligación de mostrarla.
- Pedir la presencia del médico si existe cualquier maltrato físico o psíquico o se está bajo el síndrome de abstinencia. Si se niega este derecho hacerlo constar en la declaración, en presencia del abogado.
- Si se es trasladado a una comisaría lejana al lugar de los hechos, pedir el Habeas Corpus de forma inmediata.
- Si en un traslado a un hospital se es esposado a la cama, denunciarlo, pues esta práctica, aunque es legal, sólo debe practicarse en casos de extrema peligrosidad del recluso, debiendo motivarse expresamente esta medida.

Recuerda que sólo en supuestos de DELITO GRAVE, ante la fuga de un/a presunta delincuente que huye, debe utilizar el arma de fuego la policía, y disparando ÚNICAMENTE AL AIRE O AL SUELO, con objeto EXCLUSIVAMENTE intimidatorio, previas las advertencias de que se entregue, teniendo previamente la certeza de que con tales disparos no pueda lesionar a otras personas, y la detención no pudiera lograrse de otro modo. Todos los demás casos son denunciables.

Cualquier persona que sufra o presencie presuntos malos tratos, puede presentar una denuncia en el juzgado de guardia, y enviar una carta en la que consten los datos personales y detalles de lo ocurrido al Defensor del Pueblo (28071 Madrid).

Habeas Corpus

El Habeas Corpus es un procedimiento de puesta a disposición judicial en caso de detención ilegal, abarcando también los casos en que no se hayan respetado los derechos de los detenidos (art. 1 y 3 de Ley Org. 6/84 sobre Habeas Corpus). Cuando la acusación es de pertenecer a bandas armadas, se deberá solicitar al Juzgado Central de Instrucción (L.O. 4/88).

La concesión del Habeas Corpus, supone la puesta a disposición inmediata ante el juez:

- Cuando en la detención no concurran los supuestos legales, o no se hayan cumplido las formalidades prevenidas y requisitos exigidos por las Leyes.
- De las personas ilícitamente internas en cualquier establecimiento o lugar.
- De las personas que estuvieran por plazo superior al señalado en las Leyes si transcurrido el mismo no fuesen puestas en libertad o entregadas al Juez más próximo al lugar de la detención.
- De las personas que estando privadas de libertad no se les respeten los derechos que la Constitución y las Leyes les garantizan.

¿Quien puede solicitarlo?

Toda persona detenida, o su cónyuge o similar así como padre/madre, hijos y hermanos, cuando en la detención no se hayan cumplido los requisitos legales o no se respeten los derechos que le corresponden (art. 1º y 3º ley Org. 6/84 del 24 de mayo sobre Habeas Corpus).

Se solicita mediante escrito o compareciendo ante el juez, detallando:

- Nombre y circunstancias personales del solicitante y de la persona para la que se solicita. Por lo tanto, es muy importante que las personas no detenidas y que se interesen por la situación del/la detenida, lo soliciten en caso necesario.
- Lugar donde está detenida y otras circunstancias.
- Motivo de la solicitud, que puede ser cualquiera de los antes mencionados.

Es interesante solicitarlo incluso cuando hay sospechas de que concurre alguna de estas circunstancias, pues en ocasiones reduce considerablemente la estancia en comisaría, en especial cuando te has negado a declarar en ella.

No es necesaria la intervención de abogado ni de Procurador, y la autoridad (la policía) está obligada a poner inmediatamente en conocimiento del Juez competente la solicitud.

Una vez solicitado el Habeas Corpus, el juez ve si hay motivos para que prospere, y si los hay, ordena a la policía que inmediatamente traiga al/la detenida ante él. También puede el juez presentarse en la comisaría o lugar de detención. Tomará declaración al/la detenida, a los policías y testigos, y decidirá cualquiera de estas tres medidas:

- a) Dejar en libertad al/la detenida si lo fue ilegalmente.
- b) Acordar que continúe detenida, pero en otra dependencia policial o bajo la custodia de otros agentes.
- c) Que quede a disposición judicial.

Si ha existido delito por parte de la policía, el juez iniciará diligencias contra los funcionarios policiales (por desgracia no suele pasar muy a menudo). Si por parte del/la detenida ha habido simulación o denuncia falsa, se abrirán diligencias contra él, o contra quien inició el procedimiento.

Derecho de Defensa y Justicia Gratuita

1º El/la acusada de un acto delictivo tiene derecho de defensa desde que se le comunique dicha acusación, bien porque se le aplique cualquier medida cautelar, o se haya acordado el procesamiento (art.118 L.E.Cr.).

2º Se reconocerá el derecho de asistencia jurídica gratuita a aquellas personas físicas cuyos recursos e ingresos económicos, por unidad familiar, no superen el doble del salario mínimo interprofesional vigente en el momento de efectuar la solicitud. En caso de trabajo de los dos cónyuges, e hijos, el máximo de renta conjunta no puede superar el triple del S.M.I.

No es necesario que el/la detenida o presa acredite previamente carecer de recursos (art.123 y 126 L.E.Cr.).

3º La circunstancia de ser propietario de la vivienda en que resida, no constituirá por sí misma obstáculo para este derecho.

4º Este Derecho implica:

- Tener un abogado y/o procurador de oficio en caso de que se necesite personarse como acusación particular.
- Asesoramiento y orientación previos al proceso.
- Asistencia de abogado al/la detenida o presa en cualquier diligencia policial, o en su primera comparecencia ante un órgano jurisdiccional.
- Exención del pago de depósitos necesarios para la interposición de recursos.
- Asistencia pericial gratuita en el proceso a cargo del personal técnico adscrito al órgano jurisdiccional.
- Obtención gratuita de copias, testimonios, instrumentos y actas notariales.

5º La declaración de justicia gratuita se solicitará ante el juez que conoce la causa (art.128 L.E.Cr.).

Es urgente contactar con el/la abogado que llevó la causa, si se quiere recurrir, pues pasados cinco días desde la notificación de la sentencia, ésta es firme y no se puede recurrir.

Cómo realizar una denuncia

La denuncia puede ser oral o escrita (art.265 L.E.Cr.). Cabe hacerla personalmente o a través de un/a tercero con poder especial (art.265 L.E.Cr.). En todo caso debe ser firmada y si no sabe, la firmará otra persona a su ruego (art.266 y 267 de L.E.Cr.).

En la denuncia deberán constar todas las noticias que tenga el/la denunciante sobre el hecho denunciado y sus circunstancias. Por ejemplo: datos de los autores, de testigos, del lugar y hora, etc. (art.267 L.E.Cr.).

Puede presentarse ante el juzgado de instrucción más cercano (también ante la policía, pero puede presentar ciertas dificultades) y si es posible por escrito, a fin de evitar tardanzas e incomodidades. Guardar el resguardo que acredite la presentación de la denuncia (art.268 L.E.Cr.).

La diferencia entre denuncia y querella está en que con la denuncia sólo se pone en conocimiento del juez unos hechos sin que el denunciante pueda solicitar ningún tipo de práctica de pruebas. En cambio, con la querella el/la querellante se persona en la causa penal, por lo que tiene derecho a pedir la práctica de las pruebas que crea necesarias. En la querella es obligatoria la asistencia de abogado y procurador, si bien puede solicitarse justicia gratuita.

Fianzas y libertad provisional

El Juez, cuando exista riesgo de fuga, o a solicitud del Ministerio Fiscal o de alguna parte acusadora, podrá decretar prisión o libertad provisional de quien estuviera en libertad, o agravar las condiciones de la que estuviera ya acordada.

La prisión provisional viene recogida en la L.E.Cr. en los artículos 502-519.

Para decretar la prisión provisional (art.503 L.E.Cr.) será necesario:

- La existencia de un hecho que presente los caracteres de delito.
- Que tenga señalada pena superior a la de 6 meses a 6 años o que el Juez considere necesaria la prisión provisional por los antecedentes del/la imputada, las circunstancias del hecho, la alarma social o la frecuencia con la que se cometan hechos análogos. El Juez podrá, según su criterio, dejarla sin efecto, si las circunstancias hubieran variado.
- Que aparezcan motivos suficientes para creer responsable del delito a la persona en cuestión.
- Si el/la inculpada no hubiera comparecido, sin motivo legítimo, ante el Juez, éste podrá decretar la prisión provisional.

El/la retenida en prisión provisional tiene derecho a:

1º Que su caso sea atendido de forma prioritaria.

2º El Juez o Ministerio Fiscal tendrán la responsabilidad de que la prisión no se prolongue más de lo necesario.

La prisión provisional no durará más de:

- 3 meses para penas de 1 mes a 6 meses.
- 1 año para penas de 6 meses y un día a 6 años.
- 2 años cuando la pena sea superior (aunque puede darse el caso que se prolongue hasta 4 años).
- Si ya ha sido condenado y está recurrido: hasta la mitad de la pena a que ha sido condenado.

Para determinar la fianza (531 L.E.Cr.), se tomarán en cuenta:

- La naturaleza del delito.
- El estado social y antecedentes del/la procesada.
- Y otras circunstancias que puedan suponer mayor interés para comparecer ante el Juez.

Desde luego es muy conveniente que alguien comparezca ante el juez, para hacerle ver toda suerte de circunstancias de la persona detenida, aunque a veces es preferible pedirle Audiencia días más tarde cuando está con menos trabajo.

En cuanto a la devolución de la fianza, ésta se hace:
- Cuando el/la fiador/a lo pidiera, presentando ante el Juez al/la procesada.
- Cuando éste ingrese en prisión.
- Cuando se dicta Auto firme de sobreseimiento o sentencia firme absolutoria o cuando siendo condenatoria se presentase el reo para cumplir condena.
- Por muerte del/la procesada estando pendiente la causa.

Los autos de prisión y libertad provisional y de fianza, serán reformables durante todo el curso de la causa. Por lo tanto, el/la imputada podrá ser presa y puesto en libertad cuantas veces deseen.

A partir de que el Juez decida la prisión del/la detenida, se debe solicitar el nombramiento de abogado de oficio, o particular para que se persone en la causa, solicite las pruebas oportunas y, en su momento, defienda al/la acusada en el acto del Juicio.

Para personas extranjeras

Es frecuente, por parte de las policías, la realización de controles de identificación por el mero hecho de ser extranjeros, con el fin de iniciar el expediente administrativo de expulsión, o para comunicar la resolución de este expediente al/la extranjero. En este caso pueden derivarse situaciones de internamiento de personas extranjeras con expediente administrativo de expulsión, en Centros de Internamiento para Extranjeros, nunca en calabozos ni prisiones.

En el supuesto de expediente de expulsión, la persona extranjera debe ser puesta a disposición del juez, en un plazo no superior a 72 horas. Este debe comprobar que no ha sido internado/a con anterioridad, para evitar internamientos sucesivos.

El internamiento debe hacerse con Auto motivado, en presencia y previa audiencia de la persona extranjera, con asistencia de letrado e intérprete.

El plazo máximo de internamiento es de hasta 40 días, pero eso no significa que tengan que cumplirse siempre.

Debe existir control judicial del internamiento.

Ver información jurídica sobre cuándo una detención “preventiva” de una persona inmigrante es ilegal y sobre controles masivos

Causas de expulsión y qué hacer

Procedimiento sumarísimo.

Según la ley de extranjería, art.26, se puede aplicar a las personas de otros países que:
- “Se encuentren ilegalmente en el estado español, por no tener Prórroga de Estancia o Permiso de Residencia, cuando fuera exigible”.
- Están implicadas en actividades contrarias al orden público o la seguridad del Estado, o que puedan considerarse perjudiciales para los intereses españoles (art. 26.1c).
- Carecen de medios lícitos de vida, ejercen la mendicidad o desarrollan “actividades ilegales”. En la práctica esta es la causa de aplicación más utilizada.

El problema es la valoración que hace la Administración de lo que son “medios lícitos de vida”, considerando de forma arbitraria muchas veces a la prostitución o la venta ambulante. La práctica mayoría de las personas extranjeras expulsadas, lo son por este motivo y por no estar en posesión del Permiso de Residencia.

En este caso:
- 1º El/la extranjera sólo puede ser detenida por la Brigada Provincial de Documentación-Grupo Operativo de extranjeros de la Policía Nacional. Ningún otro cuerpo policial tiene competencias para hacerlo. Sin embargo, la Policía Autónoma identifica y pone a disposición de la Policía Nacional a aquellas personas extranjeras que no están en situación de estancia legal.
- 2º El/la extranjera detenida se convierte en un/a detenida más, en dependencias policiales, con lo que tiene el derecho a la asistencia letrada, asistencia médico-forense, declarar en su propia lengua con intérprete, no declarar y entrevista reservada con su abogado. En muchas ocasiones no se respeta el derecho a contar con un/a intérprete, con lo cual se dan muchas situaciones de indefensión, dado el escaso conocimiento del castellano de muchas personas extranjeras.
- 3º Hay que asegurarse que el/la letrada conoce bien la legalidad.
- 4º La persona puede permanecer detenida hasta 72 horas. Después deberá pasar a disposición judicial para Auto de Internamiento o puesta en libertad.
- 5º Contra este Auto de Internamiento cabe recurso de Reforma (3 días) y después de apelación, es importante que la persona detenida firme escritos de designación de abogado en los mismos GOE (aunque sea de hojas en blanco).

Alegaciones al Expediente de Expulsión.

Sólo hay 48 horas para hacer alegaciones (art.30 Ley de Extranjería), por lo que el/la abogado que asiste de oficio a un/a extranjera debe hacer también las alegaciones. Estas alegaciones deben dirigirse a la Dirección General de Seguridad del Estado, aunque para la Administración es un mero trámite que en la práctica sirve para poco, y es casi mejor no hacerlas, puesto que es una forma de darles información, que luego no va a suponer ningún beneficio para ti.

Si se produce Resolución de Expulsión, puede ponerse un recurso Contencioso Administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma, en un plazo de 2 meses, previa denuncia de mora, comunicando previamente al órgano resolutorio (art.110 de la ley 30/92).

Abreviaturas
- L.E.Cr.: Ley de Enjuiciamiento Criminal.
- L.Org.: Ley Orgánica.
- Const.: Constitución.
- C.Penal: Código Penal.
- L.E.: Ley Orgánica “Extranjeros: Derechos y libertades en España”, (Ley de Extranjería)

Edición impresa hecha por SALHAKETA.

Todo este escrito lo hemos obtenido de aquí (hemos hecho algunas correcciones y añadidos. Nota de Tortuga):http://www.arrats.com/documentacion…


Anexo 1: Vigilantes y guardas de seguridad.

Su estatus legal es de mero colaborador de las fuerzas policiales, no son agentes de la autoridad.

Las funciones básicas de vigilantes y guardas de seguridad según la ley son:

a.- Efectuar controles de identidad en el acceso o en el interior de inmuebles determinados, sin que en ningún caso puedan retener la documentación personal.

b.- Pueden realizar detenciones (de hecho están obligados a ello) en los mismos casos que cualquier otro ciudadano:
- 1º. Al que intentara cometer un delito, en el momento de ir a cometerlo.
- 2º. Al delincuente in fraganti. (Ley de Enjuiciamiento Criminal, articulo 490). En ese caso están obligados a poner inmediatamente a disposición de los cuerpos policiales a las personas detenidas así como los objetos, efectos y pruebas del supuesto ilícito. En ningún caso pueden interrogar a las personas detenidos por ellos.

c.- Ejercer la vigilancia y protección de bienes muebles e inmuebles, así como de personas que puedan encontrarse en los mismos.

d.- Evitar la comisión de actos ilícitos o infracción en relación con el objeto de su protección.

Legalmente no pueden:

- Exigirte la identificación. Solo tienes obligación ante agentes de la autoridad.
- Retenerte o detenerte si no has cometido ningún acto ilícito.
- Cachearte o registrar tus pertenencias.

En el tema de cacheos e identificaciones existe cierta ambigüedad. Si bien la ley les permite realizar determinados controles de identidad, tú siempre puedes negarte y exigir hacerlo sólo ante un agente de la autoridad. Del mismo modo pueden exigir registrar tus pertenencias a la entrada, interior o salida de un recinto privado. Tú no tienes obligación legal de hacerlo, si bien ello puede conducir en la práctica a que no se te permita el acceso a dicho lugar, o se te expulse del mismo, lo mismo que si te niegas a identificarte en la entrada. En el caso de que entiendan que has cometido un acto ilícito pueden detenerte y avisar a la policía, pero incluso en ese caso no pueden legalmente identificarte, cachearte ni registrar tus pertenencias sin tu consentimiento.

Pueden leerse sus competencias pormenorizadamente en:

- Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada: http://noticias.juridicas.com/base_…

- Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada:http://noticias.juridicas.com/base_…

Fuente: Tortuga

Más datos sobre la ilegalidad de los registros por parte de vigilantes de seguridad

El hecho de que el Reglamento de la Seguridad Privada establezca, al referirse a prevenciones y actuaciones en caso de delito, que “en el ejercicio de su función de protección de bienes inmuebles, así como de las personas que se encuentren en ellos, los vigilantes de seguridad deberán realizar las comprobaciones, registros y prevenciones necesarias para el cumplimiento de su misión”, ha sido interpretado como una razón que ampara el cacheo. Nada más lejos de la realidad. En absoluto un “registro” en los términos establecidos en la Ley de Seguridad Privada, como función de un vigilante de seguridad, puede ser, bajo ningún concepto, comparable al registro personal o “cacheo” entre otras razones:

Primero.- La Ley de Seguridad Privada no hace mención al registro.

Segundo.-El “cacheo” o registro personal o sobre los efectos personales, afecta a varios derechos fundamentales, entre ellos los derechos a libertad e intimidad personal…

Tercero.-Afectando a uno o más derechos fundamentales, su regulación tal y como prevé el artículo 81.1 de la Constitución, tendría que haber tenido lugar por la vía de la Ley Orgánica, y la Ley de Seguridad Privada no lo es.

Cuarto.- El registro personal o “cacheo”, e incluso el registro sobre los efectos personales, es una diligencia de investigación y, el vigilante de seguridad, carece de potestad para ello. Más aún, ni siquiera podrá proceder al interrogatorio de las personas que detuviera por la comisión de un delito que tuviere lugar en el objeto de su vigilancia.

Por último, porque:

a) Jurídicamente el “cacheo” está reservado tanto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, como a funcionarios de Policía Judicial que tienen la obligación de investigar los delitos, practicar las diligencias para comprobarlos, descubrir a los delincuentes y recoger todos los efectos, instrumentos o pruebas del delito de cuya desaparición hubiere peligro, poniéndolos a disposición de la Autoridad Judicial. (Artículo 282 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Artículo 19 de la Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. Artículo 11.g de la Ley Orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Artículos 443 y 445 de la L. O. 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial).

b) Únicamente las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad están facultados para el “…control superficial de los efectos personales con el fin de comprobar que no se portan sustancias o instrumentos prohibidos o peligrosos…” (Artículo 19.2 de la L.O. 1/92 sobre Protección de la Seguridad Ciudadana).

c) Jurisprudencialmente, el “cacheo” es un acto de investigación policial, efectuado por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que consiste en el registro de una persona para saber si ocultan elementos que puedan servir para la prueba de un delito. (Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, de 7 de julio de 1995).

Fuente: http://www.scribd.com/doc/15944734/…


Anexo 2: Fotografías a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

1. Base legal.

Ley Orgánica 1/82, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

Artículo 7: Constituye una intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen:
5. La captación, reproducción o publicación por fotografía, filme o cualquier otro procedimiento, de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos, salvo los casos previstos en el artículo 8.2.

Artículo 8
1. No se reputarán, con carácter general, intromisiones ilegítimas las actuaciones autorizadas o acordadas por la Autoridad competente de acuerdo con la ley, ni cuando predomine un interés histórico, científico o cultural relevante.
2. En particular, el derecho a la propia imagen no impedirá:
- a) Su captación, reproducción o publicación por cualquier medio cuando se trate de personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública y la imagen se capte durante un acto público o en lugares abiertos al público.
- b) La utilización de la caricatura de dichas personas, de acuerdo con el uso social.
- c) La información gráfica sobre un suceso o acaecimiento público cuando la imagen de una persona determinada aparezca como meramente accesoria.
Las excepciones contempladas en los párrafos a) y b) no serán de aplicación respecto de las autoridades o personas que desempeñen funciones que por su naturaleza necesiten el anonimato de la persona que las ejerza.

2. Jurisprudencia.

No determinante. Existen diversas sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo en distintos sentidos (y anecdóticamente la resolución estimada del Recurso de Apelación número 69/2006 llevada a cabo por la Audiencia Provincial de Burgos, Sección Primera, de 31 de marzo de 2006, que concluye que no existe el derecho por parte de terceros a captar mediante cualquier sistema técnico de reproducción de imágenes de personas sin no media expreso consentimiento, pero no sienta jurisprudencia).

3. Procedimiento.

En definitiva, la toma de fotografías de funcionarios de policía en el ejercicio de sus funciones es legal, ya que el derecho a la intimidad y a la propia imagen del policía cede ante el derecho a la información. Sin embargo, existen las siguientes limitaciones:

- Cuando se ponga en peligro su seguridad.
- Cuando resulte afectado el derecho a la intimidad, a la propia imagen y al honor del funcionario de policía.

Según las diferentes situaciones:

a) Fotografías captadas por medios de comunicación:

Debido al derecho a la información veraz y a la condición de funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, en principio pueden tomar imágenes, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

- Que la imagen sea captada en un lugar público, con ocasión de un acto público y en el ejercicio de las funciones propias del cargo.
- Que la imagen tenga relación con la información veraz ofrecida por el medio de comunicación.
- Que la imagen no vulnere el derecho al honor o a la propia imagen del funcionario.

b) Fotografías captadas por particulares, existiendo indicios de que pueden ser utilizadas para la comisión de actos delictivos o que pongan en peligro la seguridad de los funcionarios policiales o de sus instalaciones:

Aplicación de la L.O. 1/92, artículo 19, aptdo. 1, segundo párrafo: “Asimismo, podrán ocupar preventivamente los efectos o instrumentos susceptibles de ser utilizados para acciones ilegales, dándoles el destino que legalmente proceda”.
Intervención de la cámara cumplimentado la correspondiente acta, y comparecencia dando cuenta al Juzgado, poniendo a su disposición los efectos intervenidos.

c) Fotografías captadas por particulares, NO existiendo indicios de que puedan ser utilizadas para la comisión de actos delictivos o que pongan en peligro la seguridad de los funcionarios policiales o de sus instalaciones:

A juicio del agente actuante, si se considera que no existe justificación para la toma de esas imágenes, se tomará la filiación completa de la persona y se le informará de que si las imágenes tomadas llegan a vulnerar los derechos arriba expuestos de los funcionarios policiales (ejemplo: publicar dichas fotografías en internet con ánimo denigratorio) se pondrá en conocimiento del Juzgado correspondiente.

Fuente: Coet.es


Anexo 3: ¿Pueden las fuerzas del orden hacernos borrar las imágenes de nuestra tarjeta de memoria o velar el carrete?

NO. Bajo ningún concepto. El único que puede ordenar la destrucción de la propiedad decomisada es un juez. Y para eso antes tiene que ser decomisada y por tanto constar en un informe y existir una denuncia.

La tarjeta de memoria es propiedad privada así como lo es un carrete. El contenido de la tarjeta de memoria y las fotos de un carrete, además de ser de propiedad privada, están sujetas a la ley de propiedad intelectual.

¿Que hacer si nos pasa?

Recordadle al agente que el contenido de la tarjeta o del carrete es de propiedad privada. Ordenar la destrucción de propiedad privada es ilegal. Solo se pueden destruir los bienes decomisados y siempre por orden de un juez tras ser demostrado el delito penal y demostrada la peligrosidad o posible mal uso del bien decomisado. Esa función corresponde exclusivamente a un juez excepto en el caso de armas y explosivos. Eso quiere decir que el borrado de la tarjeta podría ser denunciable por el artículo 508 del código penal, “La autoridad o funcionario público que se arrogare atribuciones judiciales o impidiera ejecutar una resolución dictada por la autoridad judicial competente, será castigado con las penas de prisión de seis meses a un año, multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.”

Acto seguido, dadle vuestros datos, pedidle que os denuncie y que en caso de ser oportuno os detenga, ya que la “resistencia a la autoridad” es lo único que puede alegar y así tampoco podrá (y si lo hace será detención ilegal… ya que no hay delito).

Eso sí… en caso de que no veáis otra salida más que el borrado, dadles la cámara y que ellos pulsen el botón de borrado, porque de lo contrario, podrían decir que lo borrasteis voluntariamente y así cometen el delito contra la propiedad intelectual. Y siempre con testigos, porque un agente de la autoridad tiene presunción de veracidad, es decir, si es su palabra contra la tuya, es fácil que el juez le crea a él.

http://carrero.es/te-pueden-prohibi…


Anexo 4: Derechos en manifestaciones y concentraciones

¿Qué es el derecho de manifestación?

El derecho de reunión pacífica y sin armas y el derecho de manifestación están recogidos en la Constitución. Para ejercer estos derechos no se requiere de ninguna autorización previa. Cuando la reunión se realiza en un local cerrado no necesita de ningún requisito. Ahora bien, en caso de que la reunión se prevea en lugares de tránsito público, y vaya a ser de más de 20 personas (Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión, art. 1.2) debe comunicarse a la autoridad (Subdelegación de Gobierno) con antelación mínima de 10 días naturales y máxima de 30 (se reduce a 24 horas si existen causas extraordinarias y graves) y haciendo constar: identificación y firma de los convocantes; recorrido (en caso de manifestación), lugar, fecha y hora; afluencia y duración prevista; existencia de medidas de seguridad propias de los manifestantes o solicitud de algunas a la Administración (corte de ciertas calles, escolta policial, etc…).

Se trata únicamente de informar a la autoridad, no de pedir permiso. La autoridad puede prohibir o modificar algunos aspectos en base a: razones fundadas de alteración del orden público (manifestaciones anteriores parecidas, por ejemplo); peligro para las personas o bienes (cambios en el itinerario por obras, afluencia prevista, tráfico rodado, corte de carreteras, etc…); utilización de uniformes paramilitares. Todos estos cambios deben estar justificados y son recurribles ante los Tribunales, que son quienes finalmente deciden sobre si procede o no limitar el derecho. No te la pueden prohibir porque suponga una alteración del tráfico de vehículos ni, mucho menos, por los contenidos ideológicos que se defiendan.

¿Qué medidas pueden adoptarse durante la manifestación?

Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para proteger la celebración de reuniones o manifestaciones y de espectáculos públicos, procurando que no se perturbe la seguridad ciudadana. Sin embargo, no podrán suspender los espectáculos y disponer el desalojo de los locales y el cierre provisional de los establecimientos públicos sino en casos excepcionales.

Antes de llevar a efecto cualquier medida de disolución, la policía deberá avisar de ellas a las personas afectadas. Sólo en el caso de que se produzcan alteraciones de la seguridad ciudadana con armas o con otros medios de acción violenta podrán disolver la reunión o manifestación sin necesidad de previo aviso.

¿Te pueden limitar tu derecho de manifestación?

Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán limitar o restringir, por el tiempo imprescindible, la circulación o permanencia en vías o lugares públicos en supuestos de sospecha de peligro de alteración del orden, la seguridad ciudadana o la pacífica convivencia. Asimismo podrán requisar los objetos que pudieran ser utilizados para acciones ilegales o violentas.

Fuente: http://www.insurgente.org/index.php…


Anexo 5: ¿Está un policía obligado a indicarme su número identificativo, si así se lo requiero?

Pues la normativa dice lo siguiente:

Orden de 8/2/88 (BOE nº 43 de 19/2/88) que establece distintivos, carnet profesional, placa – emblema, etc del CNP:
- Art. 7: Cuando hayan de relacionarse con las Autoridades o con los ciudadanos en la realización de los servicios, siempre que las circunstancias lo permitan, los funcionarios deberán identificarse. Las Agentes de la Autoridad y los ciudadanos podrán requerirlos al efecto en tales supuestos.
- Art. 8: El personal que realiza servicio DE UNIFORME acreditará su condición de Agente de la Autoridad con el mismo. No obstante llevará obligatoriamente el carnet profesional, que será EXHIBIDO cuando sean requeridos para identificarse por los ciudadanos con motivo de sus actuaciones profesionales.
- Art. 9: El carnet profesional y la placa–emblema serán utilizados por los funcionarios del CNP que se encuentren de servicio. Fuera del mismo sólo se podrá utilizar en defensa de la Ley o de la SC
- Art. 10:
1. La identificación del personal de las distintas escalas que se halle sin uniforme se hará necesariamente mediante la exhibición de ambos distintivos, mostrando abierta la cartera que se cita en el Art. 6, de forma que puedan ser apreciados perfectamente el anverso del carnet profesional y la placa – emblema.
2. Cuando la naturaleza de la intervención lo requiera, podrá colocarse la cartera en algún lugar de la vestimenta, de forma que quede visible la placa-emblema o, en su caso, el carné profesional.

En la Guardia Civil rige la Orden General nº 203 de 16/11/90 reguladora de la TIP y Placa Insignia:
- Art 1. La TIP contiene los datos del titular y acredita su carácter de AA como miembro de la GC; DEBERA exhibirla cuando sea REQUERIDA su identificación por motivos profesionales.
- Articulo 11. Si, en la práctica de un servicio prestado de paisano, el Guardia Civil fuese requerido para que acredite su carácter de Agente de la Autoridad lo hará exhibiendo, abierta, su Cartera portadocumentos durante el tiempo suficiente para que sea conocido el número identificativo que figura en la TIP.

Como se ve, la obligación de los agentes, siempre previo requerimiento del ciudadano, en circunstancias de desempeño de su actividad profesional, y “SIEMPRE que las circunstancias lo permitan”, es mostrar su carnet profesional (en el cual se indica su número personal y, al menos en el caso de la Guardia Civil, dando tiempo suficiente a que dicho número “sea conocido”). Su obligación no es “decir” el número. En cualquier caso lo más probable es que, en caso de denuncia, nieguen que se les haya requerido.

Dicha obligación del agente de identificarse A REQUERIMIENTO de los ciudadanos, aunque realmente la tiene, muchas veces va a ser contraproducente solicitarla ya que si se actúa así se le está indicando al agente que probablemente se va a presentar una queja o denuncia contra él, lo cual hace que éste se blinde al momento ante lo que pueda venir. Así, y desde ese momento se tendrán muchos números para ser denunciado (sin ser notificado de nada) por cualquier cosa/s a la que pueda agarrarse dicho agente (tráfico, desobediencia, intento de huir, insultos, amenazas, etc.) para tener argumentos contra el denunciante posteriormente.

Fuente (con retoques y añadidos de Tortuga y una persona colaboradora): http://www.porticolegal.com/foro/pe…


=========================

Otro Manual de Autodefensa

La Detención
Los derechos del detenido y procedimiento de Habeas Corpus

¿Qué es una detención?

Es la privación temporal de la libertad de una persona ante la sospecha de que sea responsable de una infracción penal, la cual puede llevarse a cabo bien por la propia policía o, incluso, por particulares. Sólo es posible llevar a cabo la detención de una persona por la comisión de un delito y no de una falta. Una detención por causas distintas a estas puede ser constitutiva de detención ilegal, lo que podría suponer responsabilidades penales para quién la haya realizado.

¿Cuál es la duración máxima de la detención?

Teniendo la detención la finalidad del esclarecimiento de todas aquellas circunstancias tendentes al esclarecimiento de los hechos (art. 17 CE), su duración no puede ser superior a las 72 horas, aunque en el caso de terrorismo es posible prorrogarla hasta un límite máximo de otras 48 horas.

¿Cuándo se produce una detención ilegal?

Hay dos causas. La primera es cuando la detención se ha practicado sin el elemento fáctico imprescindible (una sospecha razonable). La segunda se produce cuando se superan los límites legales de detención. En el primer caso, se incluye también agotar o dilatar en exceso los plazos de detención e, incluso, cuando la infracción sea una falta ya que el riesgo de fuga es mínimo y, por lo tanto, toda medida cautelar (por ejemplo, la misma detención) debe ser notablemente restringida (STS 6/10/1989). También es perseguible el no reconocerle los derechos inherentes a todo detenido, como por ejemplo impedir que haga una llamada, que designe abogado de confianza, negarle el reconocimiento médico, o que no se le comuniquen los derechos que tiene.

¿Cuándo puedo ser identificado en la calle?

La L.O 1/1992 de Protección de la Seguridad Ciudadana faculta a la policía para requerir la identificación de las personas en el “ejercicio de las funciones de indagación y prevención” y siempre que fuese necesario para “el ejercicio de las funciones de protección de la seguridad” (art.20.1). Por lo tanto, implica una motivación o causa para efectuarla, por lo que la excusa que suelen decir sobre “un acto de pura rutina” contraviene esta exigencia.

En general, los motivos son tres: la identificación para funciones de indagación o prevención, al objeto de impedir que se cometa un delito o sancionar cualquier infracción del ordenamiento jurídico y, por último, (art. 19.2) se recoge una modalidad que es la “identificación perimetral” y que recoge la identificación de desconocidos que estén en el área física tras la comisión de un delito que cause gran alarma social.

¿Puedo ser llevado a comisaría si no logran identificarme?

Debe primero utilizarse “cualquier medio” (art.20.2) y sólo cuando “resulte necesario para impedir la comisión de un delito o falta, o al objeto de sancionar una infracción”. Es decir, si no llevas contigo el carné de identidad, pueden ser averiguados tus datos a través del coche patrulla mediante comunicación, por lo que primero han de agotar otras posibilidades antes de llevarte a comisaría. La privación temporal de libertad que supone ser conducido a comisaría para tal fin debe ser la última posibilidad por parte de la policía y debe agotar otros medios. El Tribunal Constitucional ha señalado que “la privación de libertad con fines de identificación sólo podrá afectar a personas no identificadas de las que razonable y fundadamente pueda presumirse que se hallan en disposición de cometer un ilícito penal o sobre aquellas personas que hayan incurrido ya en un a infracción administrativa” (STC 341/1993)

¿Puedo negarme a identificarme?

La negativa esta penalizada (art.20.4)

¿Tengo derecho a alguna explicación por parte de la policía al ser llevado a comisaría?

Si, el afectado tiene derecho a ser informado de las razones del requerimiento para ser llevado a comisaría y saber a que atenerse (STC 341/1993).

¿Si por estas razones soy llevado a comisaría puedo negarme a dar mas datos que aquellos que figuran en mi DNI?

Si. El art. 9.3 no permite interrogar o preguntar sobre más datos que los que sean personales y figuren en el mismo DNI.

¿Cual es el tiempo máximo que puedo estar detenido en caso de identificación?

En este caso no puede decirse que estamos ante una detención preventiva, por lo que no procede aplicar los plazos máximos de los apartados anteriores. Teóricamente, la policía, tan sólo puede practicar la detención por el “tiempo imprescindible” para efectuar las averiguaciones (comprobación de tus datos personales en su base de datos y si pesa sobre ti alguna orden).Una vez efectuadas todas las diligencias, debe exigirse la puesta en libertad del detenido o su puesta a disposición ante el Juez. Evidentemente, este concepto jurídico indeterminado es frecuentemente utilizado por la policía con otros fines. Se trata de una diligencia, un interrogatorio, que debe girar exclusivamente sobre tus datos personales (los que figuran en el DNI), por lo que puedes negarte a responder algo más allá de estos escuetos datos.

Caso distinto es bajo la imputación de pertenencia o colaboración con banda armada o por delitos de terrorismo, en tal caso a las 72 horas le pueden seguir otras 48 horas.(384 bis y y 520 bis 1). En este supuesto es preciso que:
- La solicitud de prorroga por otras 48 horas (en total 72+48 horas) deberá cursarse por la policía dentro de las primeras 48 horas.
- El juez debe autorizarla en las 24 horas siguientes.
- En ese momento comienza la incomunicación, que sólo podrá durar otras 48 horas.

¿Puedo ser detenido si cometo una falta?

Rige el criterio de no detención siempre que el sujeto tenga domicilio conocido o, en su defecto, preste fianza (STC 65/1991, STC 2/1994).

¿Tengo derecho a un intérprete?

Puede ser necesario un intérprete para las comunicaciones entre el detenido y el letrado, y para el interrogatorio. Las diligencias policiales deben ser exquisitas en este sentido. Existe una gran polémica jurídica en torno a sí aquell@s que, aún siendo españoles (que provengan de Euskadi, Cataluña o Galicia…), no entiendan con suficiencia el castellano. De esta manera, y a pesar de que hay opiniones dispares que han sido vertidas sobre este asunto, hemos de señalar que la regulación constitucional y los Art. 6.3 ,e) CEDH y 14.3, f) PIDCP no señalan ninguna restricción por pertenecer a áreas geográficas o nacionales (STC 181/1994). Lo realmente trascendente es que el detenido conozca suficientemente las actuaciones que se están practicando y la causa de la detención y derechos, lo cual se halla mermado si por provenir de zonas o ambiente familiar de profunda tradición de habla euskera, gallega o catalana, no se construyese fonéticamente o gramaticalmente de manera correcta el castellano. Este es el objeto importante que debe de tenerse en cuenta en un debate sobre esta gran polémica.

Este derecho debe de interpretarse en el sentido de que no priva del derecho a ser asistido por intérprete a los ciudadanos españoles que no comprendan o no hablen el castellano (STC 194/1984).

El derecho a un intérprete evita la indefensión y hace posible el ejercicio del derecho de defensa.

¿Cuales son los derechos que tengo si soy detenido para ser identificado?

En cumplimiento con el artículo 17.2 CE es imprescindible que el detenido para identificación le sea informado de modo claro de las razones de su detención.

¿Tengo derecho a un abogado si me llevan a comisaría para ser identificado?

El Tribunal Constitucional defiende que no es imprescindible la asistencia letrada al detenido para la diligencia de identificación en comisaría. La razón es que tan sólo va a ser interrogado sobre sus datos personales. No obstante, puedes pedir que venga un abogado que conozcas.

¿Cuáles son mis derechos como detenido?

- Tienes derecho a no declarar si no quieres o declarar sólo ante el Juez. A veces, este derecho se confunde con dar respuestas como “no se” o “no recuerdo”, lo cual es en sí mismo una declaración. Debes tener en cuenta que el silencio del sospechoso no es nunca delictivo ni aporta indicios de nada.
- Tienes derecho a ser informado/a de tus derechos y de las razones de tu detención. Tanto el art. 17.3 CE y 250.2 LECr señalan que debe realizarse de forma inmediata a la detención y de una manera que resulte comprensible (art. 520.2 LECr)
- Tienes derecho a designar abogado y pedir que este presente en tu declaración. Si no conoces ninguno, tienes derecho a que te nombren uno de oficio.
- Tienes derecho a designar a una persona para que le comuniquen tu detención y donde te encuentras. Si eres menor de edad o se trata de un incapaz, la policía deberá comunicarlo a sus familiares o, caso de no localizarlos, al Ministerio Fiscal (art. 520.3 LECr). En caso de ser extranjero, podrá ser informado su Consulado de la detención.
- Tienes derecho a ser reconocido por un médico. Puede pedirse en cualquier momento. El abogado se asegurará de que tal derecho le ha sido ofrecido al detenido (520.2, f, LECr). El médico será el médico forense. No puedes exigir que te reconozca el médico que tu elijas. Tú estado físico y psíquico como detenido debe ser el adecuado para ser interrogado
- Tienes derecho a ser asistido por un intérprete.

¿Puedo declarar sin estar presente mi abogado?

La policía puede invitarte a declarar sin abogado. Son aquellos supuestos en los que han pasado 8 horas y no ha aparecido el abogado, o en casos de delitos contra la seguridad del tráfico. No obstante, la policía esta llamando frecuentemente a los abogados en este segundo supuesto. Las pruebas obtenidas lícitamente no deben ser tenidas en cuenta y si la imputación parte exclusivamente de una prueba que ha sido conseguida vulnerando el ordenamiento jurídico (una toma de declaración sin abogado, una intervención telefónica sin autorización judicial, etc.) dará lugar a la nulidad de todo el procedimiento. Cuestión distinta es que a raíz de testigos, pruebas documentales u otras, se demuestra o evidencia la autoría.

¿Puedo suspender el interrogatorio?

Si, lo puedes hacer en caso de perder la calma (art. 393 LECr) o no encontrarte en condiciones físicas adecuadas y reanudarlo cuando te sientas mejor.

¿Cuándo la policía debe requerir que comparezca un abogado para que me asista?

La ley no establece al respecto nada, aunque ello debe entenderse en base a criterios restrictivos, esto es, que debe de prestarse este derecho sin dilaciones indebidas. Hemos de tener en cuenta que, aunque el abogado tiene la obligación de acudir a la comisaría en un plazo no superior a 8 horas, el Colegio de Abogados suele recordarle a éste que se dé prisa al ser requerido por la policía. No obstante, para que exista este requerimiento por parte del Colegio es preciso que antes la policía requiera la presencia de abogado de oficio. Evidentemente, no se podrá practicar ninguna diligencia sin que este presente el abogado. (STC 343/1991 que establece que la asistencia letrada se preste lo más rápido posible).

¿Me puede obligar la policía a un reconocimiento corporal?

Estos casos se dan en materia de tráfico de drogas. Se trata de reconocimientos vaginales o anales. Estos, no pueden ser efectuados de oficio por la policía, sino que precisan de autorización judicial (en forma de Auto y expresando las razones para ello, es decir, debe estar suficientemente motivado). Cuestión distinta es que el detenido presente molestias por tener introducidas en su cuerpo drogas, ya que en este caso la intervención de un médico es lícita.

¿Es reservada la entrevista con mi abogado?

Por supuesto, se debe preservar el secreto profesional que ampara al abogado y sin ser escuchados ni presionados detenido y abogado.

¿Qué se puede hacer en caso de irregularidades en la detención?

a) Pedir una sanción disciplinaria ante el Juez o superiores de la policía.

b) Habeas Corpus (tratado de forma separada. Ver sección)

c) Detenciones ilegales
- c.1: Detenciones realizadas sin razones, ni sospechas razonables.
- c.2: Sobrepasar los límites de la detención.

d) Impedir el ejercicio de los derechos cívicos que recoge el art. 194 del Código Penal (negarle el reconocimiento médico, negarle la llamada o designar abogado de confianza, etc.).

e) Otra vía es la de pedir la nulidad de determinadas diligencias policiales.

¿Que puedo hacer si durante la detención o en comisaría sufro malos tratos?

Resulta de gran importancia obtener un certificado médico que acredite los malos tratos físicos. Por lo tanto, exige ser visto por un médico. Igualmente, una vez eres puesto en libertad, puedes ir a que te vea un médico y certifique las lesiones. No olvides cualesquiera detalles que te parezcan importantes (identidad de los policías, lugar, momento de la detención…), así como expresa haber sufrido malos tratos ante tu abogado para que conste en la declaración. Asegúrate que los números de la policía que identifican a éstos coinciden con los efectivamente reflejados en la declaración que has realizado. Es de vital importancia denunciar estos hechos, ya sea por ti mismo en el Juzgado de Guardia, así como ante el Defensor del Pueblo.

¿Qué es un procedimiento de “habeas corpus”?

Es un procedimiento para lograr la inmediata puesta a disposición de la autoridad judicial de toda persona que haya sido detenida ilegalmente.

¿Quién se considera detenido ilegalmente a los efectos de este procedimiento?

- Los detenidos por autoridad, funcionario, agente o particular sin concurrir los supuestos legales o sin respetarse las formalidades o requisitos exigidos por la ley.
- Los que estén ilícitamente internados en cualquier sitio.
- Los detenidos por un plazo superior al legal
- Los privados de libertad a quienes no se les respete sus derechos constitucionales o legales.

¿A quién debe solicitarse el “habeas corpus”?

Generalmente al juez de instrucción del lugar donde se ha producido la detención o al del lugar donde se tuvieron las últimas noticias del detenido.

En caso de suspensión de derechos relacionada con bandas terroristas, se debe solicitar al Juez Central de Instrucción.

¿Quién puede solicitarlo?

- El mismo detenido, su cónyuge, pareja de hecho, ascendientes, descendientes y hermanos. También los representantes legales de los menores o incapacitados.
- El Ministerio Fiscal
- El Defensor del Pueblo.
- El propio juez que haya de otorgarlo.

¿Cómo se solicita?

Por medio de un escrito simple, donde se haga constar quién es del detenido, cuáles son sus datos personales, y los de la persona que lo solicita, el lugar donde está detenido, o persona bajo cuya custodia está y cualquier hecho que pueda ser relevante para saberlo, así como los motivos de la solicitud.

¿Es necesario abogado y procurador?

No, no lo es.

¿Qué resultados puede tener este procedimiento?

- Si después de examinadas las pruebas y oído al detenido, el juez considera que la detención se ha realizado correctamente, y por lo tanto, no existe derecho al amparo, archiva el procedimiento.
- Si el juez considera que ha habido detención ilegal, puede:
- Ordenar que se ponga al detenido en libertad.
- Ordenar que el detenido sea puesto a disposición de la autoridad judicial.
- Ordenar que el detenido siga en esa situación, pero sometiendo la misma a los requisitos legales, pudiendo modificar el lugar de detención, la persona bajo cuya custodia se encuentre… y velando porque la privación de libertad respete lo establecido en la ley.

Todo este escrito lo hemos obtenido de aquí (hemos hecho algunas correcciones y añadidos. Nota de Tortuga):http://www.arrats.com/documentacion…


Enlaces a normativas legales de interés:

- La Constitución Española de 1978: http://noticias.juridicas.com/base_…

- LEY ORGÁNICA 1/1992, DE 21 DE FEBRERO, SOBRE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA:http://noticias.juridicas.com/base_…

- Ley de Enjuiciamiento Criminal: http://noticias.juridicas.com/base_…

- Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: http://noticias.juridicas.com/base_…

- Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, Reguladora del Procedimiento Habeas Corpus:http://noticias.juridicas.com/base_…

- Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía:http://noticias.juridicas.com/base_…

- INSTRUCCIÓN 12/2007, DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURIDAD SOBRE LOS COMPORTAMIENTOS EXIGIDOS A LOS MIEMBROS DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS DETENIDAS O BAJO CUSTODIA POLICIAL. (Esta la ponemos entera, por su interés y por estar toda ella dedicada a los temas aquí tratados): http://www.icam.es/docs/ficheros/20…

INSTRUCCIONES:

PRIMERA.- Oportunidad de la práctica de la detención.

1.- La detención constituye la medida cautelar personal llevada a cabo por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por la que se limita provisionalmente el derecho a la libertad de una persona.

2.- Decidida la procedencia de la detención, el agente policial deberá llevarla a cabo con oportunidad, entendiendo ésta como la correcta valoración y decisión del momento, lugar y modo de efectuarla, ponderando, para ello, el interés de la investigación, la peligrosidad del delincuente y la urgencia del aseguramiento personal.

3.- Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deberán identificarse en el momento de practicar la detención.

4.- El agente, en la práctica de la detención, actuará con decisión y autocontrol, a fin de evitar, en la medida de lo posible, el uso de técnicas o instrumentos de coacción directa y, si esto no fuera posible, propiciar la mínima lesividad tanto para el detenido como para los agentes intervinientes.

5.- Cuando el detenido se oponga a la detención, el agente deberá valorar la intensidad y agresividad de la reacción, adecuando el empleo proporcionado de la fuerza. A tal efecto, distinguirá las conductas de simple desobediencia o resistencia leve de aquellas que alcancen un grado de agresividad tipificable, cuando menos, como resistencia o desobediencia grave.

6.- Cualquier incidente que se produzca durante la detención deberá hacerse constar en el atestado que se instruya al efecto.

SEGUNDA.- Duración de la detención.

La detención, de acuerdo con nuestra Constitución, tiene una duración máxima limitada cuya finalidad es garantizar los derechos del detenido, evitando que existan privaciones de libertad de duración indefinida, incierta o ilimitada. A tal efecto, se tendrán en cuenta las siguientes precisiones:

1.- El plazo máximo de detención, establecido en los artículos 17.2 de la Constitución y 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es de 72 horas, cuyo cómputo se inicia en el momento mismo de la detención (que no tiene necesariamente que coincidir con la entrada del detenido en la dependencia policial) y finaliza con la puesta en libertad o a disposición judicial.

2- Sin perjuicio de ese plazo máximo, hay que tener en cuenta que nuestro ordenamiento jurídico impide mantener a una persona detenida bajo custodia policial más allá del tiempo estrictamente necesario para la práctica de los actos de investigación tendentes a la identificación del detenido, el esclarecimiento de los hechos y la obtención de efectos y pruebas relacionados con los mismos.
Por ello, una vez finalizadas cuantas diligencias hubiera sido preciso realizar, el detenido debe, sin más demora, ser puesto a disposición de la Autoridad judicial o en libertad. 3

3.- En aquellos casos en los que, finalizadas las diligencias, concurran circunstancias especiales derivadas de la investigación que exijan -sin agotar el plazo de 72 horas- retrasar el momento de poner físicamente al detenido a disposición del Juez, se obrará siempre bajo las instrucciones de éste, haciéndolas constar por diligencia, al igual que cualquier otra eventualidad, de tal forma que siempre quede constancia detallada del uso del tiempo en el que el detenido ha estado bajo custodia policial.

4.- La detención de personas relacionadas con bandas armadas podrá prolongarse por un plazo de otras 48 horas, siempre y cuando la solicitud se formule motivadamente dentro de las primeras 48 horas desde la detención y el Juez lo autorice dentro de las 24 horas siguientes (art. 520 bis. LECrim.).

TERCERA.- Derechos del detenido.

A fin de garantizar plenamente los derechos con que, en virtud de lo dispuesto en los artículos 118 y 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuenta el detenido desde el mismo inicio de la detención, los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tendrán en cuenta las siguientes precisiones:

1.- Practicada la detención, de forma inmediata se informará al detenido -con el lenguaje y la forma que le resulten comprensibles- del catálogo de sus derechos contenido en el artículo 520.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de los hechos que se le imputan y de las razones que motivan su privación de libertad.

2.- En particular, se le informará de su derecho a guardar silencio, a no declarar contra sí mismo y a no declararse culpable.

3.- También se le informará de su derecho constitucional a solicitar el “habeas corpus”, si considera que su detención no está justificada legalmente o que transcurre en condiciones ilegales, facilitándole a tal efecto el impreso de solicitud que se acompaña como anexo.

4.- Se garantizará de forma inmediata el derecho del detenido a poner en conocimiento de un familiar o persona que desee (y de la Oficina Consular de su país, en el caso de extranjeros) el hecho de la detención y el lugar de custodia en que se halle en cada momento.

5.- Se pondrá especial empeño en garantizar que el derecho a la asistencia jurídica se preste de acuerdo con lo previsto en el ordenamiento jurídico, utilizando los medios disponibles para hacer efectiva la presencia del abogado a la mayor brevedad posible.

Para ello, la solicitud de asistencia letrada se cursará de forma inmediata al abogado designado por el detenido o, en su defecto, al Colegio de Abogados, reiterando la misma, si transcurridas tres horas de la primera comunicación, no se hubiera personado el letrado.

En el libro de telefonemas se anotará siempre la llamada o llamadas al letrado o Colegio de Abogados y todas las incidencias que pudieran producirse (imposibilidad de establecer comunicación, falta de respuesta etc).

6.- Se adoptarán las medidas necesarias para garantizar el derecho del detenido a ser reconocido por el médico forense, su sustituto legal o, en su defecto, por el de la institución en que se encuentre, o por cualquier otro dependiente del Estado o de otras Administraciones Públicas. 4 En el caso de que el detenido presente cualquier lesión imputable o no a la detención o manifieste presentarla deberá ser trasladado de forma inmediata a un centro sanitario para su evaluación.

7.- Si el detenido se encuentra incomunicado, no podrá designar abogado, que será nombrado de oficio, no tendrá derecho a que se ponga en conocimiento del familiar o persona que desee el hecho de la detención y el lugar de custodia y, si es extranjero, a la comunicación con el Consulado; tampoco tendrá derecho a la entrevista con el abogado al término de la diligencia en que hubiera intervenido.

8.- Se garantizará la espontaneidad de la declaración, de manera que no se menoscabe la capacidad de decisión o juicio del detenido, no formulándole reconvenciones o apercibimientos. Se le permitirá manifestar lo que estime conveniente para su defensa, consignándolo en el acta. Si, a consecuencia de la duración de la toma de declaración, el detenido diera muestras de fatiga, se deberá suspender la misma hasta que se recupere.

9.- Nuestro ordenamiento jurídico prohibe terminantemente el uso de cualquier exceso físico o psíquico para obtener una declaración del detenido, de manera que el empleo de tales medios constituye infracción penal o disciplinaria, y como tal será perseguida.

10.- Deberá tenerse en cuenta el contenido de la Instrucción de la Dirección General de la Seguridad del Estado, de 12 de noviembre de 1984, sobre “Reconocimientos médicos y tratamiento a detenidos”, y la Instrucción del Secretario de Estado de Seguridad 7/1997, sobre “Elaboración de atestados”, así como los “Criterios generales para la práctica de diligencias por la Policía Judicial”, aprobados por la Comisión Nacional de Coordinación de Policía Judicial.

CUARTA.- Particularidades de ia detención de extranjeros

a) Detenciones derivadas de la existencia de indicios de un delito.

Se actuará conforme a la Instrucción Tercera, con la particularidad de que el extranjero detenido, además de las garantías reconocidas a los ciudadanos españoles (artículos 118 y 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), tiene derecho a:

Solicitar que se comunique su detención a la Oficina Consular de su país. En el caso de no hablar castellano, a que se le proporcione gratuitamente un intérprete.

b) Detenciones derivadas de infracciones de la Lev Orgánica 4/ 2000, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España.

1.- En los supuestos de extranjeros interceptados en la frontera o sus inmediaciones, que pretendan entrar ilegalmente en el país, respecto de los cuales se sigan los trámites para adoptar una resolución de devolución conforme a lo dispuesto en el artículo 157 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Instrucción del Secretario de Estado de Seguridad número 20/2005, sobre “Control de la inmigración irregular que llega a España en embarcaciones” y, muy especialmente, lo dispuesto en su norma tercera, en lo que se refiere a la información de derechos al detenido y a la atención preferente de sus necesidades asistenciales y, en su caso, sanitarias. 5

2.- Las dependencias policiales dispondrán de los impresos de información de derechos en las lenguas más comunes, siendo atendidos por intérpretes en los casos que proceda, con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 157.3 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, que establece que el extranjero privado de libertad debe saber su situación y las actuaciones policiales que se van a llevar a cabo, sin que el idioma suponga obstáculo para ello.

3.- En las detenciones de extranjeros derivadas de infracciones a la Ley Orgánica 4/2000, se mantendrá la privación de libertad el tiempo imprescindible para los fines de la tramitación del expediente, agilizando al máximo las diligencias para no agotar el plazo máximo de detención (72 horas), salvo en los supuestos estrictamente necesarios.

Con igual diligencia se actuará en los casos de intemamiento de extranjeros con objeto de no agotar el plazo máximo de 40 días, salvo en los supuestos estrictamente necesarios.

En aquellos supuestos en los que se tenga constancia de que la práctica de la expulsión o, en su caso, devolución no podrá llevarse a cabo, el detenido será o bien puesto en libertad sin necesidad de agotar el plazo de 72 horas (caso de no proceder a su ingreso en el Centro de Intemamiento de Extranjeros) o bien se solicitará a la Autoridad Judicial la puesta en libertad del mismo, en el supuesto de hallarse éste ingresado en un Centro de Intemamiento de Extranjeros.

c) Detenciones en las que concurran los supuestos avb.

1.- En los casos en los que en la detención de un extranjero por la existencia de indicios de la comisión de un delito concurra la incoación de un expediente sancionador por infracción de la Ley Orgánica 4/2000, el extranjero será debidamente informado de los derechos que le asisten como:

Detenido por la comisión de un hecho delictivo. (Garantías de los artículos 118 y 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

Infractor de la Ley Orgánica 4/2000 (Garantías del Capítulo III del Título I de la Ley Orgánica 4/2000: tutela judicial efectiva, derecho a presentación de alegaciones y recursos, asistencia letrada y de intérprete etc).

2.- En los supuestos en los que, a consecuencia de la comisión de algún hecho delictivo, los agentes de la Guardia Civil detengan a una persona extranjera que se encuentre en situación irregular, las actuaciones relacionadas con la aplicación de lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2000 y su Reglamento deberán ser coordinadas con la dependencia del Cuerpo Nacional de Policía correspondiente, a fin de garantizar los derechos de los detenidos y el adecuado cumplimiento de los plazos y trámites previstos tanto en la normativa penal como en la administrativa.

QUINTA.- Particularidades de la detención del menor.

Cuando la persona detenida sea un menor comprendido entre los 14 y los 18 años, además del resto de garantías expresadas en la Instrucción Tercera, se tendrán en cuenta las siguientes prevenciones:

1.- Desde el primer momento de la detención se valorará prioritariamente el interés del menor, primando los criterios reeducativos y protectores por encima de los puramente sancionadores. 6

2.- De acuerdo con la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (artículo 17.1), cuando se detenga a un menor, los agentes estarán obligados a informarle de forma inmediata, en un lenguaje claro, comprensible y adecuado a su edad, de los hechos que se le imputan, de las razones de su detención y de los derechos que le asisten, especialmente los reconocidos en el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Dicha información se realizará al principio de la detención, y se reproducirá y documentará al ingresar el menor en las dependencias policiales, en presencia de su representante, tutor o guardador de hecho, o ante el Ministerio Fiscal cuando esas personas no hayan sido localizadas o resulte contraproducente su presencia.

3.- Siempre que sea posible deberán intervenir agentes especializados en el tratamiento policial de menores, tanto para su detención como para su custodia, y la actuación policial evitará en todo caso posibles efectos adversos y de estigmatización. Los agentes, siempre que sea factible, no vestirán uniforme oficial, y el vehículo utilizado para el transporte del detenido irá desprovisto de distintivos oficiales.

4.- Los traslados de los detenidos menores de edad se realizarán siempre de forma separada de los detenidos mayores de edad. Su custodia se realizará en dependencias adecuadas y separadas del resto de detenidos, especialmente si éstos son mayores de edad.

5.- La detención se comunicará de modo inmediato al Ministerio Fiscal y a los padres, tutores o guardadores del menor o, en caso de menores tutelados por la Administración, a la entidad pública encargada de la protección.

6.- Se facilitará al menor detenido su derecho a entrevistarse de forma reservada con su abogado con anterioridad y al término de la diligencia de exploración, con independencia de que el mismo haya ejercido el derecho a no declarar.

7- La exploración del menor detenido se llevará a cabo en presencia de su letrado y de sus padres, tutores o guardadores. En defecto de estos últimos, la declaración se llevará a cabo en presencia del Ministerio Fiscal.

8.- La detención no podrá durar más tiempo del estrictamente necesario para la práctica de los actos de investigación sobre el detenido propios de las diligencias policiales, tales como el reconocimiento de identidad y la declaración, sin poder superar bajo ningún concepto el plazo máximo absoluto de 24 horas.

9.- Cuando el motivo de la detención sea la imputación de uno de los delitos de terrorismo tipificados en el Capítulo V del Título XXII del Libro II del Código Penal, cabe solicitar del Juez la incomunicación y prórroga de la detención del menor con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, previo conocimiento del Fiscal de Menores de la Audiencia Nacional.

El menor detenido por delitos de terrorismo que haya sido incomunicado será asistido siempre por el letrado del turno de oficio, no teniendo derecho a la designación de letrado de confianza ni a la entrevista reservada con el abogado antes y después de la declaración (artículo 17.4 de la LORPM en relación con los artículos 520 bis y 527 de la LECrim). 7

10.- Para el resto de detalles, se observará el contenido de los protocolos de actuación policial con menores de que disponen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y las Instrucciones del Secretario de Estado de Seguridad 7/2005, sobre “Libro-registro de Menores Detenidos” y 3/2005, sobre “Traslado de Menores Ingresados en Centros de Internamiento”, así como las Instrucciones o Circulares específicas, dictadas para el caso de menores extranjeros no acompañados.

SEXTA.- Particularidades del procedimiento de Identificación regulado en el articulo 20.2 de Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

1.- La práctica de la identificación mediante el traslado a las dependencias policiales supone una restricción del derecho de libertad ambulatoria y, en consecuencia, la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Segundad Ciudadana (artículo 20.2) prevé su utilización sólo en aquellos supuestos en que la identificación no pueda conseguirse por otros medios y resulte necesaria para el ejercicio de las funciones de protección de la seguridad encomendadas a los agentes.

2- Cabe recordar que, en principio, puede considerarse adecuada la identificación conseguida mediante documentos oficiales distintos del DNI.

3.- Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sólo podrán requerir a quien no pudiera ser identificado a que les acompañe para tal fin a dependencias policiales, en los supuestos establecidos en el citado artículo 20.2 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero.

La dependencia policial será la más próxima que cuente con posibilidades y medios para realizar la diligencia de identificación, debiendo realizarse la misma de manera inmediata y sin dilación alguna y, por lo tanto, no prolongándose bajo ningún concepto más del tiempo imprescindible para dicho fin.

4- Siempre se informará a la persona de las razones del requerimiento y su justificación legal, así como de su derecho a no informar de otros datos distintos a los necesarios para su identificación.

5.- De acuerdo con el artículo 20.3 de la Ley Orgánica 1/1992, sobre protección de la seguridad ciudadana, todas las diligencias de identificación realizadas en las dependencias policiales, así como sus motivos y duración, deberán constar en el libro-registro que habrá de llevarse en aquélla y que estará, en todo momento, a disposición de la Autoridad Judicial competente y del Ministerio Fiscal.

SÉPTIMA.- El empleo de la fuerza en la detención.

1.- Excepcionalmente el agente policial está legitimado para emplear la fuerza durante la detención cuando se produzca una resistencia a ésta, cuando la detención se practique en circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para la seguridad ciudadana, así como en los supuestos en que exista un riesgo racionalmente grave para la vida del agente, su integridad física o la de terceras personas.

2.- Como primera medida de actuación, el agente policial debe identificarse y dar a conocer la legitimidad de su presencia. Puede añadir otras palabras conminatorias para que el sujeto deponga cualquier posible actitud violenta. 8

3.- Siempre que para efectuar la detención se requiera ineludiblemente del empleo de la fuerza, el agente debe asegurase de que la intensidad y el medio utilizado son los más idóneos y acertados, para lo cual actuará conforme a los principios de oportunidad, congruencia y proporcionalidad.

a) Por oportunidad debe entenderse la necesidad o no de recurrir a la coacción física en la detención, de acuerdo con los datos conocidos sobre la situación y el sujeto en cuestión.

El agente deberá sopesar las circunstancias propias del lugar, el conocimiento de la persona sospechosa, su peligrosidad o reacciones previsibles y su experiencia previa para determinar si la detención puede realizarse mediante la utilización de otros medios no violentos que la técnica profesional pone a su alcance.

La congruencia supone que el agente, una vez haya decidido el empleo de la fuerza y para que éste sea legítimo, habrá de elegir, de entre los medios legales previstos y disponibles, el que sea más idóneo y que mejor se adapte a la concreta situación, valorando, para ello, las prestaciones del medio agresivo, sus características, grados y demás efectos que respondan a la situación y finalidad legal pretendida.

El agente actuará con la destreza adquirida en la instrucción recibida, tanto en el dominio del medio agresivo como en el conocimiento de sus técnicas de empleo. Concurre con la destreza el mantenimiento, por parte del agente policial, de la serenidad emocional y el autocontrol, aun en situaciones de riesgo.

La proporcionalidad supone que, una vez decidido el empleo de la fuerza y el medio idóneo, el agente deberá adecuar la intensidad de su empleo, de forma que no sobrepase la estrictamente necesaria para conseguir el control de la persona, quedando absolutamente proscrito todo exceso.

Para ello, el agente deberá tener en cuenta los siguientes criterios:

- Tendrá la obligación de causar la menor lesividad posible. La selección de las partes no vitales, la graduación en la contundencia y el modo de ejecución de los actos violentos deben estar dirigidos a neutralizar a la persona objeto de la detención.

- Proporcionará una respuesta gradual y apropiada a cada situación. La graduación de la mayor o menor fuerza empleada por el agente se corresponderá a la agresividad de la respuesta del detenido, debiendo volver a ser descendente en la medida en que la situación se vuelva propicia para facilitar la detención deseada.

4.- El agente sólo hará uso de armas en las situaciones en que exista un riesgo racionalmente grave para su vida, su integridad física o la de terceras personas, o en aquellas circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para la seguridad ciudadana y siempre de conformidad con los citados principios de oportunidad, congruencia y proporcionalidad.

5.- Está terminantemente prohibida la utilización, durante la detención o en cualquier otro servicio policial, de armas que no estén incluidas en los equipamientos oficiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o cuya utilización no haya sido autorizada expresamente. 9

6.- En todo caso, sea cual fuere o hubiera sido el comportamiento del detenido, no se justifica ningún tipo de violencia cuando aquél haya sido inmovilizado.

7.- En el caso de detenciones de personas gravemente afectadas por la ingesta de alcohol, sustancias estupefacientes o afectadas por algún tipo de trastorno mental, incluso transitorio, se procederá a su traslado a un centro sanitario a la mayor urgencia posible.

OCTAVA.- Registros personales en la detención.

a) El cacheo.

1.- El cacheo es la modalidad del registro personal que consiste en la prospección superficial externa del cuerpo y vestiduras e indumentaria, incluyendo los objetos personales o equipaje de mano, con la finalidad de descubrir objetos no permitidos o peligrosos, efectos del delito o medios de prueba ocultos entre la ropa o el cuerpo del sospechoso.

2.- El cacheo es preceptivo en el caso de detenciones, así como ante sospechosos potencialmente peligrosos. En el resto de ocasiones, la práctica del cacheo estará basada en la existencia de indicios racionales que lo aconsejen, sin que en ningún caso pueda aplicarse de forma arbitraria.

3.- A fin de proteger la dignidad del detenido, cuando los funcionarios policiales se vean obligados a realizar cacheos en la vía pública, deberán buscar el lugar más idóneo y discreto posible.

4.- Para garantizar la seguridad de los agentes actuantes y del propio detenido, se deben eliminar los objetos susceptibles de poner en peligro dicha seguridad, para lo cual se procederá a un registro de seguridad del detenido, que será completado, de manera más exhaustiva, una vez que éste se encuentre en dependencias policiales.

5.- Si, en el momento del registro, los funcionarios que lo realizan observaran alguna lesión o el detenido manifestara sufrirla, lo trasladarán inmediatamente a un Centro sanitario para la práctica del oportuno reconocimiento médico.

6.- Los cacheos se llevarán a cabo, salvo urgencia, por personal del mismo sexo que la persona cacheada, y preferiblemente provistos del material de protección adecuado, especialmente cuando haya riesgo de contagio de enfermedades infecto-contagiosas. El criterio a seguir siempre en esta operación es el del máximo respeto a la identidad sexual de la persona cacheada, lo que deberá tenerse en cuenta muy especialmente en el caso de personas transexuales.

7.- Es obligatorio, por razones de seguridad, efectuar un cacheo del detenido en el momento previo a su ingreso en un calabozo, que consistirá en el registro y requisa de todos los utensilios que pueda portar, entre otros, en los bolsillos, forros o pliegues de tela. Se procederá a la retirada de cadenas, cinturones, bufandas, cordones, relojes, anillos, encendedores, fósforos u otros objetos que puedan ser susceptibles de ser utilizados por el detenido para autolesionarse, causar lesiones o facilitar su fuga.

8.- Son de aplicación las “Normas de actuación de la Policía Judicial en recintos aduaneros respecto a las personas presuntamente portadoras de drogas en cavidades corporales”, de 14 de noviembre de 1988, dictadas por la Fiscalía Especial para la prevención y represión de tráfico ilegal de drogas, así como la Instrucción 6/1988 de la 10

Fiscalía General del Estado sobre el “Examen radiológico de personas posibles portadoras de drogas”.

Registro con desnudo integral. Para esta modalidad de registro, los agentes actuantes se atendrán a lo dispuesto en las Instrucciones del Secretario de Estado de Seguridad números 7/1996 y 19/2005.

NOVENA.- Inmovilización del detenido, el esposamiento.

1- El esposamiento de un detenido se considera incluido entre las medidas de seguridad que pueden adoptarse en los supuestos previstos en el artículo 525 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, salvo orden contraria de la Autoridad Judicial.

No obstante, el agente que practique la detención o conducción, en atención a factores como las características del delito o la actitud del detenido, podrá valorar la conveniencia de aplicar o no esta medida con la finalidad de incrementar la discreción y no perjudicar la reputación del detenido.

2- El esposamiento, con carácter general, se llevará a cabo después de proceder al registro o cacheo del detenido, con el fin de inmovilizarle para prevenir agresiones o intentos de fuga, situando las manos en la espalda, sin perjuicio de las situaciones que aconsejen realizarlo frontalmente.

Se utilizarán prioritariamente sistemas reglamentarios de sujeción de muñecas, en cualquiera de sus modalidades, si bien en circunstancias excepcionales de urgencia o por el tipo de servicio de que se trate, y siempre de manera transitoria, se permitirá utilizar manillas de plástico, lazos de seguridad o dispositivos similares, cuyo uso haya sido expresamente autorizado.

3.- El agente ha de ser consciente en todo momento de que la inmovilización con cualquier elemento de sujeción puede dificultar las capacidades físicas del detenido, por lo que deberá ajustar la duración de aquélla, evitando sufrimientos innecesarios, todo ello sin perjuicio de asegurar los fines de la inmovilización (la evitación de la huida, la agresión externa o la autolesión del detenido).

Al margen de la norma general previamente descrita, se tendrán en cuenta las circunstancias excepcionales que aconsejen rebajar o modular esta medida, como en el caso de mujeres en avanzado estado de gestación o de personas con alguna malformación o impedimento físico.

4.- Para preservar la intimidad del detenido, se evitará prolongar innecesariamente su exposición al público más allá de lo imprescindible.

DÉCIMA.- Traslados de personas detenidas.

1.- Los traslados se realizarán proporcionando al detenido un trato digno y respetuoso con los derechos fundamentales que sea compatible con las incomodidades que pueda requerir la seguridad de la conducción.

Se utilizarán los medios materiales y humanos que aconsejen las circunstancias en cada supuesto, teniendo en cuenta la peligrosidad del detenido, los hechos que se le imputan, la duración del recorrido y cualquier otra circunstancia que pudiera concurrir. 11

2.- Los vehículos empleados para el traslado de los detenidos deberán reunir las condiciones de seguridad y habitabilidad reglamentariamente establecidas. En cada traslado se comprobará y garantizará la higiene y el estado de mantenimiento técnico del vehículo.

3.- El Jefe del servicio de conducción, al hacerse cargo del detenido para su traslado, lo hará mediante documento justificativo en el que conste su identidad, grado de peligrosidad, estado de salud, motivo de la conducción, hora de salida, lugar de procedencia y de destino, así como la autoridad judicial o funcionario que ordena el traslado y las identidades de quien entrega al detenido y de quien se hará cargo del mismo en destino.

Una vez finalizado, el Jefe del servicio de conducción dará cuenta del mismo a la Autoridad judicial o al superior que lo hubiera ordenado.

DÉCIMOPRIMERA.- Estancia del detenido en dependencias policiales

1.- Las incidencias y vicisitudes que se produzcan durante la permanencia de una persona detenida en las dependencias policiales quedaran reflejadas en los respectivos Libros de Registro y de Custodia de Detenidos, siguiendo los criterios establecidos para su formalización en la Instrucción número 14/1995 de la Secretaría de Estado de Seguridad.

2.- Durante la estancia en los calabozos se mantendrán estrictas medidas de vigilancia tendentes a garantizar la integridad física de los detenidos y el respeto a su honor y dignidad, evitando posibles autolesiones y agresiones, teniendo especial cuidado con aquellos detenidos considerados más peligrosos en atención a sus antecedentes conocidos.

3.- Se pondrá especial cuidado en procurar que el detenido pueda realizar sus necesidades fisiológicas con la suficiente intimidad e higiene.

4.- La ubicación, medidas de seguridad, servicios, extintores y demás elementos arquitectónicos de los calabozos deberán permitir la adecuada vigilancia y control de los detenidos, así como garantizar la seguridad e integridad física y demás derechos de los mismos.

5.- Se proporcionará a los detenidos la estancia en dependencias policiales en condiciones de higiene adecuada, así como alimentación suficiente en calidad y cantidad, teniendo en cuenta la duración de la estancia y aquellas particularidades de las personas que, por padecer alguna enfermedad o por motivaciones religiosas, no deben ingerir algún tipo de alimentos. No obstante, el detenido podrá procurarse a sus expensas algún alimento adicional que será convenientemente revisado.

6.- Cuando el detenido vaya a pernoctar en la dependencia, se le proveerá de colchón, manta y otros elementos necesarios, cuidando que el material sea de naturaleza ignífuga y se encuentre en condiciones idóneas de uso.

7.- Una vez practicadas las diligencias policiales que procedan y previo el control de las medidas de seguridad personales a cargo del agente de policía responsable de la custodia, el instructor podrá autorizar que el detenido reciba visitas de sus familiares y allegados en los horarios establecidos. 12

DECIMOSEGUNDA.- Procedimientos de control de las detenciones.

1.- La Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil adoptará normas de régimen interno que garanticen la inmediata detección, seguimiento y control, en sus distintos niveles jerárquicos, de aquellos casos o asuntos que puedan suponer una extralimitación o vulneración de los derechos de las personas que se encuentren bajo custodia policial, así como de las imputaciones o requerimientos judiciales que reciban los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con motivo de sus intervenciones.

2- Igualmente, dicha Dirección General diseñará cauces ágiles de intercomunicación que permitan a la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad de esta Secretaria de Estado, un conocimiento inmediato de los hechos acaecidos, sin perjuicio de las actuaciones que procedan y de las comunicaciones que deban efectuarse a los demás órganos competentes.

DECIMOTERCERA.- Formación Policial.

1.- En los Programas de capacitación policial de cualquiera de los Centros de Estudios dependientes de esta Secretaría de Estado de Seguridad, se prestará atención prioritaria a las medidas formativas en materia de derechos humanos y empleo de la fuerza, con la finalidad de que la instrucción proporcionada a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se ajuste a criterios de integridad, dignidad y eficacia, e impidan cualquier práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria.

2- Con idéntica finalidad, las Circulares internas de actualización profesional pondrán especial énfasis en los aspectos relativos al empleo de la fuerza y el respeto a los derechos humanos durante la práctica del servicio. Especialmente se procurará que los contenidos de dichas Circulares sean suficientes para mantener actualizados en esos aspectos a aquellos agentes cuyos cometidos no demanden, habitualmente, el trato directo con los ciudadanos.

Madrid, 14 de septiembre de 2007

EL SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD
- DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL. INSPECTOR GENERAL DE PERSONAL Y SERVICIOS DE SEGURIDAD


INSTRUCCION NUMERO 7/1996, DE 20 DE DICIEMBRE, DEL SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD, EN RELACION CON LA PRACTICA DE DESNUDOS INTEGRALES A DETENIDOS, CON EL FIN DE AVERIGUAR SI PORTAN ENTRE SUS ROPAS O EN LOS PLIEGUES DE SU CUERPO ALGUN OBJETO PELIGROSO O PRUEBA INCRIMINATORIAhttp://www.ufpmalaga.com/instruccio…

INSTRUCCIÓN NÚMERO 19/2005, DE 13 DE SEPTIEMBRE, DEL SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD, RELATIVA A LA PRÁCTICA DE LAS DILIGENCIAS DE REGISTRO PERSONAL POR LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDADhttp://mnp.defensordelpueblo.es/doc…


Ver más artículos de autodefensa jurídica en tortuga:

Jurisprudencia sobre legalidad o ilegalidad de cacheos e identificaciones policiales: http://www.nodo50.org/tortuga/Juris…

Qué se puede y qué no se puede publicar en una página web. Estudio jurídico: http://www.nodo50.org/tortuga/artic…

 

Algo va muy mal en Israel


LLUÍS BASSETS

Algo va muy mal en Israel

LLUÍS BASSETS 07/04/2011

  • La fábrica de las noticias funciona ahora de otra forma. Al menos en Oriente Próximo.

De pronto, los árabes se han convertido en protagonistas de una historia distinta; los israelíes, en cambio, siguen siendo los protagonistas de la historia de siempre.

De un lado, irreconocibles revueltas contra el despotismo, en abierto mentís de los tópicos sobre la pasividad y el fatalismo árabes, que pueden llegar hasta el sacrificio personal.

De la otra, en la tierra disputada entre el Jordán y Mediterráneo, las mismas escenas de odio y de sangre entre vecinos que hemos conocido en los últimos 70 años. Si para unos es una avería, una anormalidad inquietante; para otros, es señal esperanzada de una nueva época.

Los árabes son los protagonistas de una nueva historia; los israelíes, de la de siempre

Se desplaza el eje del planeta, pero no solo hacia oriente. Israel, el país acostumbrado a ser elomfalos u ombligo del mundo, queda ahora oculto en este mar de novedades revolucionarias.

Hasta el punto de que ni siquiera ocupa un lugar secundario en la movilización árabe, después de haber sido la diana de todo el odio. Las nuevas generaciones están emancipándose de una hipoteca que les impedía designar sus propios adversarios. En algún momento, más pronto que tarde, también a Israel le alcanzarán las réplicas del terremoto que sacude a todas las sociedades árabes.

Será difícil que la isla democrática sionista, que ha resistido armada hasta los dientes en un océano de dictaduras, pueda subsistir imperturbable en un futuro en el que los árabes se descubren ciudadanos y libres.

De momento, quienes redoblan sus apuestas por mantener el lamentable estado de las cosas son las fuerzas más reaccionarias que juegan en este tablero: de un lado, el Irán de los ayatolás, que quiere aprovechar la inestabilidad árabe para avanzar sus peones y asentar su hegemonía regional frente a Israel; de la otra, los partidarios de seguir estrechando el cinturón de hierro, para mantener la superioridad militar y económica de Israel en toda la región y sujetar a los palestinos en el encierro de sus bantustanes inviables.

Todo juega en direcciones contrapuestas: mientras las transiciones políticas árabes tienden a moderar posiciones, en los territorios israelíes y palestinos la vieja polarización se tensa y agudiza.

En el último año se ha reanudado la construcción de colonias en territorio palestino. El terrorismo antiisraelí ha golpeado con furia a una extensa familia de colonos en Cisjordania. Desde Gaza llegan otra vez cohetes de escasa eficacia pero clara y malévola intencionalidad. Regresan también los bombardeos contra militantes palestinos en la franja.

En las mesas de los estados mayores militares se despliegan otra vez los mapas de la zona controlada por Hamas ante la eventualidad de un próximo ataque. Nada se mueve en el capítulo suspendido y fracasado de las conversaciones de paz, hasta el punto de que los palestinos han cerrado su oficina negociadora. Cae segado por las balas sectarias un célebre actor de doble identidad judía y palestina en Yenín. La trágica e interminable historia de siempre.

Y a todo esto, que se desengañe quien pretenda mantener posiciones matizadas, y quiera expresar su amor a Israel y a la vez defender los derechos de los palestinos, la legalidad internacional y el sueño de la paz.

Si se opone al gobierno de Israel se arriesga a oponerse a Israel mismo; al sionismo, por supuesto, pero también a la identidad judía, hasta convertirse en antisemita. Así ha sucedido con J Street, un lobby estadounidense que se define como pro israelí y pro paz, partidario de los dos Estados viviendo en paz y seguridad.

Lo mismo le ha pasado al juez judío surafricano Richard Goldstone, presidente de la comisión que investigó la operación Plomo Fundido y autor del informe que lleva su nombre: ha tenido que rectificar públicamente las conclusiones alcanzadas por el equipo de juristas internacionales ante la irresistible presión personal a que ha sido sometido, incluido el acoso de piquetes.

La tensión no disminuirá, al contrario. El Estado palestino puede convertirse en una realidad si es reconocido por la Asamblea General de Naciones Unidas.

A diferencia del Consejo de Seguridad, Washington no tiene allí el derecho de veto con el que impedir cualquier votación perjudicial para su aliado estratégico. Por ello el gobierno israelí está dando también la batalla diplomática, en la que acaba de apuntarse un tanto, al revertir, al menos parcialmente, los efectos demoledores del informe Goldstone.

Después de la rectificación, los responsables de la operación Plomo Fundido podrán al menos viajar por el mundo sin temor a encontrarse con un mandato de detención internacional.

Poca cosa ante lo que se prepara: Ehud Barack, el ministro de Defensa, ha anunciado un tsunami político y diplomático para septiembre, cuando pegará de lleno la réplica del terremoto árabe durante la cita anual de Naciones Unidas en Nueva York, la ciudad donde al final se juega siempre el destino de Israel como nación reconocida por las otras naciones.

OPINION de CIBERNOTICIAS.

La vara de medir con que Occidente juzga los actos de Israel es para escandalizarse. Que quieran juzgar en un tribunal a Gadafi por un bombardeo que no cometió y sigan mirando para otro lado cada vez que Israel bombardea impunemente Gaza, o masacra impunemente una familia de palestinos o saltándose a la torera todas las resoluciones de la ONU sigue levantando asentaminetos en territorio palestino, es de una verguenza sin límites.

No al estado terrorista y sionista de Israel. Sí, al pueblo judío que quiere vivir en paz.

 

Navegador de artículos