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Archivo para el día “julio 7, 2011”

La Financiación de los Sindicatos


Dossier: La Financiación de los Sindicatos
 
España | SEVILLA | SEVILLA
 
26/06/2010 • El panorama sindical comprende no sólo los sindicatos, sino también fundaciones, confederaciones y uniones que tienen por objeto defender los derechos de los trabajadores. Cualquier trabajador, excepto los pertenecientes a los sectores militar y jurídico, tiene derecho a pertenecer a un sindicato a cambio del pago mensual de una cuota de afiliación.

En el caso de los mayores sindicatos nacionales, Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO), la cuota mensual de los afiliados oscila entre los 3,40 y los 10,75 euros, cifras que constituyen una de las principales fuentes de financiación de las asociaciones sindicales. Con algo más de un millón doscientos mil afiliados, CCOO es el mayor sindicato de España y cifra su recaudación anual en torno a los 118 millones de euros. El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha afirmado en el programa “Tengo una pregunta para usted” de TVE que el sindicato no depende ni está condicionado por las subvenciones del Estado o de órganos oficiales ya que las cuotas de los afiliados suponen el 90% de los recursos del sindicato.

El fin de los sindicatos es negociar por los intereses de los trabajadores más allá de las negociaciones individuales, es decir, los acuerdos alcanzados incluirán también a aquellos trabajadores no directamente afiliados a un sindicato. Éste es el principal motivo por el que el Estado prevé entre las partidas del Ministerio de Trabajo la concesión de ayudas para el funcionamiento de los sindicatos. Estos ingresos, que se reflejan en los presupuestos generales del Estado y en el B.O.E. correspondiente, tienen la finalidad de fomentar “cualquier tipo de actividad dirigida a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales de los trabajadores”. La distribución se realiza en base a la representatividad obtenida en las elecciones sindicales. La partida del año 2009, de 15.798.500 euros, se distribuyó entre 80 entidades, con cantidades que partían de los 201, 63 euros del Sindicato Unitario de Cataluña y del Sindicato Andaluz de Trabajadores (S.A.T.) hasta los 6.397.610,94 euros destinados a CCOO.

El Ministerio de Trabajo prevé también una partida de subvenciones para los sindicatos por sus funciones consultivas en órganos como el Consejo Económico y Social o la Fundación Tripartita. En concreto, en el año 2009 se destinaron un total de 4.800790 euros a nueve sindicatos como “compensación económica por participación de centrales sindicales y organizaciones empresariales en los órganos consultivos centrales y territoriales del Ministerio de Trabajo e Inmigración, de sus organismos autónomos y de las entidades gestoras de la Seguridad Social”.

Asimismo, cada ministerio puede conceder ayudas para promover la actividad sindical en distintos sectores, como las subvenciones por un total de 435.000 euros convocadas en el BOE del 29 de abril de 2010 por el Ministerio de Medio Ambiente para el asociacionismo en el sector pesquero o los 1.366.820,00 euros que el Ministerio de Educación destinó el pasado 7 de mayo a fomentar la acción sindical en el ámbito de la enseñanza privada.

LAS AYUDAS FINALISTAS

Los sindicatos tienen una compleja naturaleza jurídica y la legislación se refiere a ellos en unas ocasiones como asociaciones de relevancia constitucional y otras como entidades privadas sin fines de lucro. La primera conceptuación justifica las subvenciones para su consolidación, mientras que la segunda les permite recibir otras ayudas como organizaciones no gubernamentales.

Por ello, gran parte de los ingresos de los sindicatos y sus fundaciones y entidades asociadas provienen de las llamadas ayudas finalistas, destinadas a los procesos de integración de inmigrantes, igualdad de oportunidades, programas de erradicación de la drogodependencia y de la violencia de género o salud laboral, así como las ayudas a la formación. Las organizaciones solicitantes tienen la obligación de justificar los gastos y en caso de que esta condición no se cumpla o de que las actividades programadas no lleguen a realizarse, las cantidades correspondientes deben ser devueltas.

Una de las actividades finalistas que cuenta con mayor volumen de financiación son las actividades de formación. Estas ayudas son un derecho laboral recogido en el artículo 40.2 de la Constitución que se financian principalmente a través de las cotizaciones sociales de empresarios y trabajadores y que concede el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE). Este organismo, que en sustituyó al INEM en 2003, está compuesto por un tercio de representantes de la Administración Pública, un tercio de representantes de las mayores organizaciones sindicales y un tercio de representantes de las principales asociaciones empresariales. El SPEE concede subvenciones a las organizaciones que están en su Consejo General y a la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, que tiene la misma proporción de representantes en su composición.

El presupuesto anual del SPEE, que desde en año 2006 supera los 20.000.000.000 euros y que para el 2010 alcanza los 38.878.000.000 euros, se distribuye principalmente entre la prestación por desempleo y el fomento del mismo. La evolución de las partidas dedicadas a la formación profesional, en millones de euros, ha sido la siguiente: 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1.448,26

1.722,97

1.939,42

2.047,11

2.073,06

2.509,00

2.432,49

La formación sectorializada organizada por entidades sindicales en 2010 percibirá 172.667.675,5 euros, de los que 83.461.408,7 euros corresponden a CCOO y 85.025.943 a UGT. Las dos mayores centrales sindicales recibirán también 21.083.110,63 euros para los planes de formación intersectorial. Así, según los datos de El Economista, UGT gestionará 95,55 millones de euros y CCOO 94,01 millones de euros procedentes del SPEE para la formación este año.

PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL

Además del SPEE y de la Fundación Tripartita, los sindicatos mayoritarios participan en numerosas instituciones y acuerdos con el fin de facilitar la concertación de la paz social. Entre ellas destaca la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, formada a partes iguales por el Estado, las Comunidades Autónomas, las asociaciones empresariales más representativas (CEOE y CEPYME) y los sindicatos más representativos a nivel nacional y autonómico (CCOO, UGT, CIG y ELA). La Fundación fue objeto de un artículo de Carlos Cuesta en El Mundo por el incremento del 300% que sufrieron sus fondos entre 2004 y 2008. La dotación anual de 12.000.000.000 de euros se mantuvo hasta 2005, cuando, según los datos publicados por Cuesta, empezó a aumentar. En 2006 la cifra se sitúa en los 26,1 millones de euros,  27,6 millones en 2007 y 28,4 millones en 2008. El mayor incremento se produjo en 2009, cuando los fondos de la Fundación alcanzaron los 47,4 millones de euros.

También el crecimiento de las subvenciones concedidas por la participación en la Mesa General de la Función Pública ha tenido repercusión en los medios de comunicación. En 2006 se repartieron 231.330 euros entre siete sindicatos, pero ese mismo año el Gobierno estableció como requisito de participación la presencia autonómica y local. En 2007 y 2008 fueron cinco los sindicatos que se repartieron las subvenciones de 1.255.970 euros y 1.281.090, respectivamente.

OTROS INGRESOS

Las Comunidades Autónomas y las administraciones locales también contribuyen a la financiación de los sindicatos y sus entidades y fundaciones asociadas por los mismos conceptos. Los distintos ordenamientos y la variedad de departamentos que conceden las ayudas dificultan el seguimiento de las cantidades a través de 17 comunidades autónomas y 8.000 municipios. Hernando F. Calleja aseguró en El economista que “la complejidad organizativa de los sindicatos, con aparatos centrales y estructuras territoriales descentralizadas, superpuestas a las sectoriales, hace más complejo e imperseguible el objetivo de conocer una cifra, siquiera aproximada, del dinero que manejan“.

Otra forma de financiación indirecta de los sindicatos es a través de las llamadas horas sindicales de las que disponen los delegados de personal y miembros de comités de empresa para el ejercicio de sus funciones de representación. No se trata de una retribución, sino de un uso de las horas laborales remuneradas por la empresa para actividades sindicales que contribuyen a mantener el funcionamiento de la asociación. El diario Expansión publicó el pasado 7 de marzo un informe de la patronal CEOE que contabilizaba en 4.127 las personas liberadas en la empresa privada y en 42.944 el número de delegados y representantes de los trabajadores en las diferentes administraciones públicas. El coste para las empresas estimado por la CEOE es de más de 250 millones de euros al año.

Por otra parte, los sindicatos reciben ingresos a cambio de la prestación de servicios judiciales. CCOO cifra esta cantidad en unos 20 millones de euros anuales, en los que se incluye el cobro a las empresas por expediente contencioso en la negociación de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) y las consultas de no afiliados y afiliados de menor antigüedad. 

Por ultimo, los sindicatos obtienen ingresos derivados de su participación en el capital de las empresas, como la aseguradora ASP Atlantis, así como de los fondos depositados en entidades financieras para rentabilizar el patrimonio.  

EVOLUCIÓN DE LAS CIFRAS ESTATALES

Tras la promulgación de la Constitución en 1978 y la restauración de la libertad sindical, los tres sindicatos que alcanzaron la legalización fueron UGT, USO y CCOO. A pesar de que inicialmente sus objetivos se acercaban más al ideal revolucionario contra el sistema, ya en 1979 se inició un clima de diálogo y concesiones.

El jurista y ex-ministro de Trabajo Fernando Suárez González recopiló los siguientes datos de las subvenciones establecidas en los Presupuestos Generales del Estado desde 1982 en su documento de análisis “La situación sindical”.

1982 – 800.000.000 pts (4.808.096,8 €) 1996 – 1.591.920.000 pts (9.567.631,8 €)
1983 – 896.000.000 pts (5.385.068,5 €) 1997 – 1.663.310.000 pts (9.996.694,4 €)
1984 – 976.000.000 pts (5.865.878,1 €) 1998 – 1.666.000.000 pts (10.012.861,6 €)
1985 – 1.035.000.000 pts (6.220.475,2 €) 1999 – 1.666.000.000 pts (10.012.861,6 €)
1986 – 1.118.251.000 pts (6.720.823,8 €) 2000 – 1.699.320.000 pts (10.213.118,8 €)
1987 – 1.174.164.000 pts (7.056.867,7 €) 2001 – 1.730.805.407 pts (10.402.349,9 €)
1988 – 1.174.164.000 pts (7.056.867,7 €) 2002 – 10.610.267,69 €
1989 – 1.276.000.000 pts (7.668.914,4 €) 2003 – 10.822.599,25 €
1990 – 1.276.000.000 pts (7.668.914,4 €) 2004 – 10.733.380,00 €
1991 – 1.339.800.000 pts (8.052.360,1 €) 2005 – 10.758.795,99 €
1992 – 1.339.800.000 pts (8.052.360,1 €) 2006 – 15.183.276,33 €
1993 – 1.326.600.000 pts (7.973.026,5 €) 2007 – 15.488.729,76 €
1994 – 1.326.600.000 pts (7.973.026,5 €) 2008 – 15.798.500,00 €
1995 – 1.591.920.000 pts (9.567.631,8 €) 2009 – 15.798.500,00 €

Las cantidades adjudicadas varían en función de la representatividad obtenida en las elecciones sindicales y de la cantidad de entidades que se presentan. En el año 2007, por ejemplo, CCOO recibió 6.298.811 euros y UGT 6.064.294,69 euros. Los 3.125.623,57 euros restantes se repartieron entre otros cincuenta sindicatos, con la menor cuantía (324,29 euros) adjudicada al Sindicato Independiente de Docentes Interinos (SIDI).

En el año 2008 CCOO obtuvo 6.446.508,86 euros y UGT 6.092.257,09 euros, de modo que los 3.259.734,05 restantes se distribuyeron entre otros cincuenta y cuatro sindicatos, recibiendo 213,02 euros el Sindicato Unitario de Cataluña.

La resolución de 2009, con la misma partida que el año anterior, se repartió entre ochenta entidades, de las que CCOO recibió 6.397.610,94 euros y UGT 6.080.603,57. Las dos asociaciones con menor cuantía fueron el Sindicato Unitario de Cataluña y el Sindicato Andaluz de Trabajadores, con 201,63 euros cada uno.

Desde 1986 figura también en los Presupuestos Generales una línea de ayudas a sindicatos para compensar su participación en las instituciones: 

1986 – 451.817.000 pts (2.715.474,8 euros) 1998 – 725.000.000 pts (4.357.337,7 euros)
1987 – 591.394.000 pts (3.554.349,5 euros) 1999 – 738.000.000 pts (4.435.469,3 euros)
1988 – 591.394.000 pts (3.554.349,5 euros) 2000 – 752.760.000 pts (4.524.178,7 euros)
1989 – 634.000.000 pts (3.810.416,7 euros) 2001 – 718.785.220 pts (4.319.986,1 euros)
1990 – 600.000.000 pts (3.606.072,6 euros) 2002 – 4.038.799,68 euros
1991 – 412.000.000 pts (2.476.169,8 euros) 2003 – 4.222.141,20 euros
1992 – 528.368.000 pts (3.175.555,6 euros) 2004 – 4.104.770,32 euros
1993 – 528.368.000 pts (3.175.555,6 euros) 2005 – 4.180.600,80 euros
1994 – 528.368.000 pts (3.175.555,6 euros) 2006 – 4.342.157,80 euros
1995 – 634.042.000 pts (3.810.669,1 euros) 2007 – 4.427.847,12 euros
1996 – 634.042.000 pts (3.810.669,1 euros) 2008 – 4.599.448,00 euros
1997 – 710.979.000 pts (4.273.069,8 euros) 2009 – 4.800.790,00 euros

Además de estas cifras hay partidas destinadas a la actividad sindical en los distintos ministerios. Por ejemplo, en el año 2007 se pueden encontrar ayudas en Agricultura para los sindicatos agrarios, en Educación y Ciencia para fomentar la acción sindical en el ámbito de la enseñanza privada y pública, en Interior para las organizaciones sindicales del Cuerpo Nacional de Policía y así sucesivamente. En conjunto, Suárez González eleva a 35.702.326,74 euros la cantidad que la Administración General del Estado adjudicó a los sindicatos el año 2007. Unas cifras que según El Mundo han sufrido un incremento de más del 50% entre 2005 y el año corriente.

En este dato no se incluyen las cifras de las ayudas finalistas de tipo social, normalmente destinadas a asociaciones sin fines de lucro, ni las de tipo formativo, que suponen la mayor partida de todas. Los sindicatos no consideran las ayudas finalistas como ingresos, ya que se conceden a programas y actividades específicas para las que hay que justificar detalladamente los gastos, como el programa de “Prevención en el sector de medios de comunicación” de CCOO subvencionado con 10.000 euros por el Ministerio de Educación y Ciencia o los 15.000 euros que UGT recibió para que su Federación de Trabajadores de la Enseñanza lleve a cabo un programa titulado “Centros libres de Alcohol y Drogas”.

Sin embargo, las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas en 1998 y 2002 en la gestión de los cursos de formación por parte de los sindicatos y la patronal, así como el gran volumen de dinero de estas ayudas (200 millones de euros de los 455 que CCOO declara ingresar anualmente) hace que la opinión pública cuestione la eficacia del sistema formativo.

SUBVENCIONES DE OTRAS ADMINISTRACIONES

El Estado, las Comunidades Autónomas, las Diputaciones y los ayuntamientos contribuyen también a la financiación sindical y cada uno de ellos establece su propio sistema de ayudas y conceptos. Dado que los sindicatos no tienen obligación de publicar sus cuentas resulta muy difícil hacer un seguimiento y evaluar el alcance total de las aportaciones.

Una de las Comunidades Autónomas que informa de las subvenciones y ayudas a las Centrales Sindicales con mayor transparencia es la Comunidad Foral de Navarra. Los Presupuestos Generales de los años 2006 al 2010 especifican gastos destinados a las centrales sindicales en proporción a su representatividad, gastos considerados como compensación a los sindicatos por su participación en el Consejo Económico y Social de Navarra, subvenciones directas y dietas, entre otros. Las partidas destinadas en conjunto a estos fines en 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 son 853.460 euros, 917.664 euros, 996.480 euros, 908.026 euros y 907.979 euros respectivamente, a las que habría que añadir ayudas concedidas para planes específicos, como los programas de salud laboral, que cuentan con 499.239 euros.

Como partes firmantes de numerosos convenios para la integración de inmigrantes, el fomento del empleo o la prevención de riesgos laborales en Navarra los sindicatos contribuyeron en 2006 a la gestión de 3.870.626 euros. Las cifras correspondientes a los años 2007, 2008, 2009 y 2010 fueron 4.590.744 euros, 6.345.312 euros, 7.275.000 euros y 6.972.500 euros.

EL PATRIMONIO SINDICAL

El régimen de Franco instauró la Organización Nacional-Sindicalista, de afiliación obligatoria, que fue acumulando un importante patrimonio. En 1981 el Gobierno se comprometió a facilitar a UGT y CCOO (fundada en 1976) un inventario de los inmuebles vacantes y a negociar su cesión en uso. Por ello actualmente la mayor parte de las sedes de UGT y CCOO se encuentran en inmuebles de la antigua Organización Nacional.

La Ley 4/1986 estableció la distinción entre ese patrimonio (histórico) y el que había sido incautado a los sindicatos (patrimonio acumulado), imponiendo el reintegro del segundo o su valor de mercado en 1986 a los sindicatos que demostraran ser sus legítimos sucesores. Ese mismo año el Consejo de Ministros reintegró a UGT 120 inmuebles y 4.144 millones de pesetas (unos 25 millones de euros) como compensación por los inmuebles acreditados que no se podían recuperar.

Esta Ley fue modificada por el Real Decreto Ley 13/2005, que elimina la exigencia de que los bienes hubiesen sido incautados, aceptando que hubiesen pertenecido a cualquier persona vinculada a la organización sindical reclamante y añadiendo los intereses desde 1986.

Como resultado UGT recibió un total de 149.585.609 euros y la titularidad de 26 inmuebles valorados en 5.736.124,98 euros. Esta cifra fue abonada al Instituto de Crédito Oficial (ICO), con el que UGT tenía una deuda casi equivalente por haber sido declarada responsable civil subsidiaria por los fraudes de la PSV (Sociedad Cooperativa de Promoción Social de Viviendas) y de la IGS (Iniciativas de Gestión y Servicios Urbanos).

El 8 de noviembre de 2005 CCOO emitió un comunicado solicitando la retirada del Real Decreto por considerar que el procedimiento del Gobierno había sido “oscurantista”, mientras la CNT (Confederación Nacional de Trabajadores) recibió un inmueble en propiedad, dos en condominio y una compensación de 2.458.925, 82 euros.

Posteriormente, una comisión de expertos resolvió casi la totalidad de restantes solicitudes de CNT y ELA (Euzko Languilleen Alkartasuna), devolviendo 7.364.221,64 euros a la primera asociación y 761.287,51 euros a la segunda.

LA LEY

La constitución y funcionamiento de los sindicatos está regulada por  la Ley Orgánica de Libertad Sindical (LOLS) de 1985. Según el jurista Fernando Suárez González, las regulaciones antecedentes “habían consagrado ya a CCOO y a UGT como sindicatos más representativos a escala nacional y a ELA–STV y la Confederación Intersindical Gallega como más representativos en sus respectivas Comunidades Autónomas” de la siguiente manera:

  • El Acuerdo Básico Interconfederal (ABI) de 1979 reconoce la presencia de UGT en las empresas a través de los delegados sindicales
  • En el Acuerdo Marco Interconfederal (AMI) de 1980 se introduce el 10% como criterio de representatividad, la existencia de secciones sindicales, el cobro por las empresas de la cuota sindical y garantías para determinados cargos sindicales
  • En el Acuerdo Nacional de Empleo (ANE) de 1981 se consagra la participación de las centrales más representativas en importantes instituciones y la concesión de subvenciones
  • En el Acuerdo Económico Social de 1985 se incrementa la participación institucional y se formaliza la promesa del Gobierno de elaborar un proyecto de ley para la adjudicación del citado patrimonio sindical.
  • Ley Orgánica de Libertad Sindical señala que el sistema de representación de los trabajadores se establece en las elecciones sindicales que se celebran cada cuatro años en las empresas de más de cinco trabajadores. Del cómputo total de delegados y delegadas obtenidos se establecen los porcentajes de representatividad que cada organización ha alcanzado y se distribuye la financiación.

A pesar del volumen económico que los sindicatos y sus entidades asociadas reciben directamente o gestionan en distintos organismos, no existe una normativa que regule la financiación sindical. Aparte de la Ley General de Subvenciones, que establece se debe dar la adecuada publicidad a los programas subvencionados, los sindicatos no tienen obligación legal de hacer públicas sus cuentas. Sin embargo, sí están sujetos al control del Tribunal de Cuentas, así como auditorías externas.

Según el boletín de CCOO del mes de junio 2010, el sindicato también se dota de auditorías internas contratadas a empresas y en sus Estatutos se ha creado un órgano de Control en cada organización territorial o sectorial que tiene la función de “vigilar el correcto funcionamiento administrativo y financiero de todos los órganos de la CS de CCOO, teniendo competencias para auditar internamente a cualquiera de las organizaciones confederadas”.

En conjunto, una ley específica para la financiación y la participación institucional de los sindicatos podría hacer más efectiva y transparente su gestión.

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La bancarización de las cajas de ahorros es un robo al Estado y al pueblo


La bancarización de las cajas de ahorros es un robo al Estado y al pueblo

4 Julio 2011 | Categorías: Nacional |

Juan Torres López – Consejo Científico de ATTAC.

Ya han empezado a salir a cotización en bolsa las primeras cajas de ahorros “bancarizadas” según el proceso establecido por el gobierno en la Ley de Cajas y en el decreto posterior de reforzamiento del sistema financiero.

De esta manera se está cerrando otro hito en la historia de los robos al Estado en nuestro país perpetrado por quienes teóricamente están a su servicio. Y lo están haciendo de la única manera en que lo puede hacer, saltándose a la torera las preferencias sociales, sin consultar con la población y entregándose sin más a los intereses privados. Hasta alguien tan poco sospechoso de radicalismo como el presidente de la confederación de cajas de ahorros de España, Alfonso Quintás, reconocía en diciembre de 2009 que los intentos de privatizarlas se estaban llevando a cabo de modo “repudiable desde el punto de vista democrático”, al margen del Parlamento (El País, 6-12-2009).

Me parece que la bancariación de las cajas es un auténtico robo al Estado y al pueblo por varias razones.

Para facilitar la entrada de capital privado, que lógicamente será el de los financieros más ricos y poderosos de dentro y fuera de España y no el de la gente normal y corriente, se han llevado a cabo expedientes de regulación de empleo claramente fraudulentos que van a representar una pérdida de empleo cifrada por lo bajo en más de 15.000 empleos y por lo alto en unos 30.000.

Esa pérdida de empleo puede suponer al Estado un coste de 100.000 euros por puesto de trabajo, la mitad por tener que sufragar las cotizaciones durante el tiempo de desempleo y la otra mitad por la pérdida de ingresos fiscales que se va a producir.

Solo en Caja Madrid se van a destruir 4.000 empleos, el 15% de la plantilla, sin más razón que hacer el nuevo banco más rentable para sus nuevos propietarios.

Las cajas han consumido además cuantiosos recursos públicos en los últimos meses, y los seguirán recibiendo en el futuro, que ahora simplemente van a servir para que el capital privado obtenga altos rendimientos.

Con la excusa de la mala gestión de los políticos ahora se ponen las cajas en manos de los especuladores y del capital privado, algo realmente contradictorio porque las cajas no se han comportado peor que los bancos en la crisis (de hecho su “crisis” no ha costado sino una parte minúscula de la de los bancos privados si se computa la de los años 90), mantienen más empleo que estos últimos (representan el 50% del mercado y ocupan a un 20% más de trabajadores), y realizan inversiones sociales mucho en mucha mayor medida que los bancos privados.

De hecho, lo cierto es que, quitando a las que han sido intervenidas, que no son las más grandes y una de ellas (Cajasur) por razones derivadas al comportamiento corrupto de la jerarquía católica, siguen dando beneficios. Y si algo han hecho mal las cajas en los últimos años ha sido precisamente que se hayan limitado a copiar el modo de funcionamiento y la lógica de los bancos privados. Si se hubieran comportado como lo que deben ser, como entidades financieras al servicio de intereses sociales, no se hubieran encontrado en la situación actual que, como digo, ni siquiera es peor que la de los bancos. Todo el mundo sabe que quien ha provocado la crisis ha sido la banca privada y no la pública de modo que privatizar ahora el escaso sector financiero de carácter semi público que queda es avanzar justamente en la dirección contraria a la razonable para evitar nuevas crisis en el futuro.

Con la bancarización progresiva de las cajas no solo se pone en manos del capital privado a bajo precio el capital y el patrimonio social acumulado durante años sino que además se terminará pronto con su labor social que, aunque sea un simple paliativo, al menos ha podido mantener líneas de ayuda al tercer sector que han sido fundamentales en la lucha contra la exclusión social.

Y no habrá que esperar mucho para ello: incluso antes de convertirse en bancos son muchas las cajas de ahorros que ya han reducido el presupuesto de la Obra Social, o que han cerrado centros de atención a mayores, educativos y de servicios sociales de todo tipo.

La bancarización también conlleva el desarraigo de las cajas respecto de los territorios en los que operaban, algo que ha sido fundamental en los últimos decenios para garantizar, incluso a pesar de su negativo comportamiento reciente, que se mantuvieran inversiones más pegadas al terreno y a los intereses de sus clientes.

La bancarización se ha querido justificar en los altos sueldos de los directivos de las cajas y en la excesiva politización pero lo que ocurre al convertirse en bancos es que éstos se han asignado sueldos mucho más elevados.

Los 10,5 millones de euros que puede ganar Rodrigo Rato y otros directivos en Bankia son buena prueba de que se está produciendo un auténtico y vergonzoso expolio y algo que no solo debiera merecer el reproche moral de la ciudadanía sino la condena penal de esos directivos si en España hubiera leyes decentes que impidieran que los más poderosos se lucren aún más todavía con el dinero de la gente.

Y, por si hubiera que poner alguna guinda al robo y despilfarro de recursos públicos que supone la bancarización de las cajas, resulta que de esta manera no se está garantizando que aumente la financiación de la economía. Al revés, al concentrar aún más la propiedad financiera y al someter aún en mayor medida al antiguo sector de las cajas a la lógica de la banca privada, que evidentemente es más restrictiva puesto que exige más rentabilidad, lo que se producirá será un mayor racionamiento del crédito y una mayor deriva aún de recursos hacia las actividades especulativas que provocan crisis y pérdida de empleo y de riqueza productiva.

Por eso, la bancarización también pone de relieve el servilismo y la torpeza de la patronal española y su auténtica desconexión con las empresas que de verdad crean empleo porque éstas saldrán claramente perjudicadas por la conversión en bancos de las cajas a reducirse así la competencia en el sector financiero y reducirse las posibilidades de obtener financiación más abundante y a menor coste.

Todo esto no ha sido fruto de la casualidad ni de la improvisación. El robo al Estado y al pueblo ha sido estratégicamente calculado y bien pensado. La pinza entre el Partido Popular y el PSOE (aunque no solo esa, pues lamentablemente incluso los representantes de Izquierda Unida en Caja Madrid han apoyado su privatización) ha forjado una clase política cómplice de los intereses financieros más poderosos y ha actuado a su servicio extendiendo la alfombra por la que van a entrar limpiamente para a hacerse con el patrimonio y el capital acumulado durante años por cientos de miles de pequeños y medianos ahorradores.

La ciudadanía debe reaccionar ante este nuevo expolio y hacer que paguen sus responsables. Hay que exigir que se cree una comisión que investigue el coste real de esta operación y sus beneficiarios, que se paralicen inmediatamente las privatizaciones de las cajas y el uso de los fondos públicos que han recibido para salir de la crisis en beneficio del capital privado. Hay que reclamar su nacionalización para crear un nuevo tipo de banca pública, ética, transparente, comprometida con la financiación a las empresas y la creación de riqueza. Y hay que obligar a los directivos que se han auto concedido premios, sueldos y bonus millonarios a que devuelvan ese dinero a las cajas.

Los ciudadanos tenemos poder suficiente para paralizar estos procesos de privatización de las cajas. Nosotros somos los dueños de sus recursos así que podemos expresar nuestro rechazo recurriendo a de muchas formas de sabotaje pacífico: sacando los depósitos, haciendo manifestaciones de protesta antes las sucursales, por ejemplo, acudiendo días determinados sencillamente a pedir información sobre los nuevos propietarios de las cajas o sobre el destino de los ahorros, a preguntar si las cajas utilizan tienen fondos en paraísos fiscales o si realizan inversiones en armas o en negocios especulativos. Y también reclamando una ley de responsabilidad financiera que ponga a los banqueros en su sitio, que les impida que actúen por encima de las instituciones representativas y, en suma, que ponga las finanzas al servicio de las personas.

El movimiento 15-M tiene en este aspecto una tarea fundamental porque el robo que lleva consigo la privatización de las cajas no es solo un problema financiero. Se ha podido producir porque nuestra democracia falla, porque no es verdadera, y por eso impedir que se produzca sería un paso decisivo para avanzar hacia la democracia real a la que aspiramos.

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