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Tres mitos sobre EL PROYECTO DE LEY de detenciones de Obama


Tres mitos sobre EL PROYECTO DE LEY de detenciones de Obama

Publicado por moncadista en 23 enero, 2012

Glenn GreenwaldBarack Obama

20 de diciembre de 2011

Traducido del inglés por
El Mundo No Puede Esperar
4 de enero de 2012

La condena al Presidente Obama es intensa, y está creciendo, como resultado de su anunciado intento de firmar la ley de detención indefinida dentro del Acta de Autorización de defensa nacional del 2012 (NDAA por sus siglas en inglés).

Estas denuncias no vienen sólo de los líderes de grupos de libertades civiles y derechos humanos, sino también de la página editorial del periódico pro-Obama New York Times, que tiene una mordaz Editorial describiendo la posición de Obama como un “completo suicidio político, que refuerza la impresión de una presidencia torpe” y lamentando que “el proyecto de ley tiene muchos otros aspectos cuestionables que no podemos analizar” así como los portavoces de los que apoyan a Obama, como Andrew Sullivan, que escribió que este episodio es “otra señal de que su promesa electoral de ser vigilante de las libertades civiles en la guerra contra el terror era mentira.”

En modo “control de daños”, los grupos aliados a la Casa Blanca están yendo al rescate mediante ataques a la Unión americana de libertades civiles (ACLU por sus siglas en inglés) y con evasivas empequeñeciendo los peligros de la reforma.

Por esta razón, vale la pena examinar brevemente – y desmontar las falsedades – los tres principales mitos que están siendo difundidos por los que apoyan esta reforma, y para hacerlo de manera muy simple: citando los principales argumentos de la reforma, así como los pasajes relevantes del informe original del 2001 “Autorización para el uso de la fuerza militar” (AUMF por sus siglas en inglés), para que todos pueden juzgar por sí mismo lo que este proyecto de ley incluye (más allá de la evidencia que junté para escribir sobre la ley ayer.)

Mito 1: Esta reforma no conlleva la detención indefinida.

La sección 1021 de la NDAA del gobierno, como su título dice, “Autoridad de las Fuerzas Armadas para detener personas con orden de captura al amparo de la AUMF.” La primera – sección (a) – explícitamente “afirma que la autoridad del Presidente” bajo la jurisdicción de la AUMF “incluye la autoridad para las fuerzas armadas de Estados Unidos para detener personas bajo su jurisdicción.”

En la siguiente sección, (b), define “personas bajo su jurisdicción” – por ejemplo, esas que pueden ser detenidas por los militares de EEUU – como “una persona que en parte o sustancialmente apoyaba al-Qaeda, los Talibanes, o fuerzas aliadas que llevaban a cabo hostilidades contra los Estados Unidos o sus aliados.” Al respecto de esos “individuos bajo su jurisdicción,” este es el poder delegado en el Presidente en la siguiente sección, (c):

(c) Disposición bajo la ley marcial. – La disposición de una persona bajo ley marcial como se describe en la subsección (a) puede incluir lo siguiente:

1. Detención bajo la ley marcial sin juicio hasta el fin de las hostilidades autorizadas por la “Autorización del uso de la Fuerza Militar”.

No puede estar más claro dentro de los límites del inglés, que esta reforma regula la potestad para detener indefinidamente. Expresamente capacita al presidente – con respecto a cualquiera acusado de los actos de la sección (b) – para detenerles “sin juicio o hasta que terminen las hostilidades.” 

Esta es la verdadera definición de “detención indefinida”, y no podría ser más claro que el estatuto regula este poder. Cualquiera que diga que esta reforma no regula la detención indefinida debería ser obligado a explicar cómo pueden afirmar eso ante algo que está más claro que el agua.

Es verdad, como he señalado repetidamente, que tanto las administraciones de Bush como las de Obama han sostenido que la AUMF del 2001 implícitamente (o sea, en silencio) ya otorga al Presidente la potestad para detener indefinidamente, y prestigiosos tribunales después del 11 de septiembre han aceptado ampliamente esta visión (igual que el Departamento de Justicia durante Bush defendió que el AUMF del 2001 implícitamente (o sea, en silencio) les permitió hacer escuchas ilegales a americanos sin las garantías requeridas por ley).

Eso es por lo que la “Ley de autorización de Defensa Nacional” (NDAA por sus siglas en inglés) puede afirmar que no se pretende expandir la AUMF del 2001 mientras se está consiguiendo exactamente eso: porque la interpretación ejecutiva y judicial dada al AUMF del 2001 es ya mucho más amplia que lo que su texto indica.

Pero esta es la primera vez que esta autoridad para detener indefinidamente está siendo expresamente expuesta en un estatuto (no hay ni una palabra sobre la autoridad para detener en la AUMF del 2001).

De hecho, como la ACLU y los Observadores de Derechos Humanos (HRW por sus siglas en inglés) indicaban, es la primera vez que tales poderes están siendo plasmados en un estatuto desde la ley de Seguridad Interna de McCarthy en 1950, sobre lo que ya escribí.

Segundo mito: La reforma no aumenta el objetivo de la Guerra contra el Terror tal como se define en la AUMF del 2001.

Este mito es muy fácil de desmontar. El objetivo de la guerra, tal como se define en el original AUMF del 2001 era, al menos con respecto a esta nueva reforma, bastante específico y concreto. Aquí está todo el texto original del AUMF en el que se regulaban las facultades:

(a) EN GENERAL- Que el Presidente está autorizado para usar toda la fuerza necesaria y apropiada contra todas aquellas naciones, organizaciones o personas que él determine que hayan planeado, autorizado, cometido o ayudado a los ataques terroristas que ocurrieron el 11 de septiembre de 2001, o dado refugio tales organizaciones o personas, de manera que se pueda prevenir en el futuro actos de terrorismo internacional contra los Estados Unidos por dichas naciones, organizaciones o personas.

Bajo el claro lenguaje de la AUMF del 2001, la autorización al Presidente para el uso de la fuerza estaba explícitamente confinado a aquellos que (a) ayudaron a perpetrar el ataque del 11/9 o (b) albergaron a los responsables. Eso es todo. Ahora miren qué amplia es la NDAA con respecto a quién puede ser objetivo:

(b) Personas amparada. – Una persona amparada bajo esta sección es cualquier persona como sigue:

(1) Una persona que planeó, autorizó, cometió o ayudó a los ataques terroristas que ocurrieron el 11 de septiembre del 2001, o albergaron a los responsables de esos ataques.

(2) Una persona que formó parte o sustancialmente apoyó a al-Qaeda, los talibanes, o fuerzas asociadas que están implicadas en hostilidades contra los Estados Unidos o sus aliados, incluyendo cualquier persona que ha cometido un acto beligerante o directamente ha apoyado tales hostilidades en ayuda a dichas fuerzas enemigas.

La sección (1) es básicamente una reproducción de la AUMF del 2001. Pero la sección (2) es una adición totalmente nueva. Permite al presidente señalar como objetivo no sólo a aquellos que ayudaron a cometer los ataques del 11/9 o a los que los acogieron, sino también: a cualquiera que “apoya sustancialmente” tales grupos y/o a “fuerzas relacionadas.”

Esos son términos extremadamente vagos, sujetos a niveles de abuso amplios y obvios, (ver lo que el profesor de derecho Jonathan Hafetz me dijo en una entrevista la semana pasada sobre los peligros de tales términos).

Esta es una importante escalada legal de la Guerra contra el Terror y la autoridad del presidente bajo la misma, y ocurre más de 10 años después del 11/9, con Osama bin Laden muerto, y con el gobierno de EEUU jactándosede que prácticamente todos los líderes de Al Qaeda han sido eliminados y la organización original (la acusada de perpetrar el ataque del 11/9) se ha vuelto inoperable.

Es verdad que tanto la administración de Bush como la de Obama han estado mucho tiempo discutiendo que el original AUMF debería ser ampliamente “interpretado” para que así se autorice el uso de la fuerza contra un abanico más amplio de individuos, a pesar de la total ausencia de ese lenguaje en el original del AUMF.

Así es como la administración de Obama justifica los bombardeos que se están llevando a cabo en Yemen y Somalia y los muertos consecuencia de ellos basados en la afirmación de que ellos apoyan a grupos ni siquiera existían en el tiempo del 11/9 – es decir, argumentan: que esos nuevos grupos pos-11/9 que estamos señalando son “fuerzas asociadas” a Al Qaeda y los individuos que estamos matando “apoyan de manera importante” a dichos grupos. 

Pero esta es la primera vez que el congreso ha puesto sobre el papel una definición amplia del “Enemigo en la Guerra contra el Terror”. Y lo que cualquiera tiene que hacer para ver esto es comparar el viejo AUMF con el nuevo en la NDAA.

Mito número 3: los ciudadanos estadounidenses están excluidos de este nuevo proyecto de ley.

Esto es sencillamente falso, al menos cuando se expresa de manera taxativa y sin salvedades. El proyecto de ley es intencionalmente confuso en esta cuestión y esto es lo que facilita la falsedad.

Hay dos disposiciones separadas en cuanto a la detención militar indefinida. La primera, en el apartado 1021, autoriza la detención indefinida para las “personas afectadas por la ley”, una definición muy amplia, discutida más arriba en el anterior punto.

Y en ese mismo apartado dice que “Nada en este apartado será interpretado de manera que afecte una ley existente o autoridad para la detención de ciudadanos estadounidenses, extranjeros legalmente residentes en los EEUU, o cualquier otra persona capturada o arrestada en los Estados Unidos”.

Por lo que este apartado contiene una exención con respecto a la intención de ampliar la autoridad para detener a ciudadanos estadounidenses, pero es sólo para la autoridad conferida por ese apartado específico.

Y aún más importante, la exclusión parece que es sólo extensivo a los ciudadanos estadounidenses “capturados y arrestados en los Estados Unidos” – lo que quiere decir que la autoridad para la detención indefinida conferida en este apartado aplica a los ciudadanos estadounidenses capturados en cualquier parte en el extranjero (existen algunas imprecisiones gramaticales en este punto, pero muy al final, hay un argumento válido: que la potestad para detener a ciudadanos estadounidenses capturados en el exterior aplica en este apartado).

Pero el siguiente apartado, Sección 1022, es otra historia. Este apartado específicamente se ocupa de una categoría más pequeña de gente que el grupo más amplio amparado en el 1021: a saber, cualquiera que el Presidente determine como “un miembro de, o parte, de al-Qaeda o una fuerza asociada” y “que participara en el proceso de planear o llevar a cabo un ataque o intento contra los Estados Unidos o sus aliados.”

Para esas personas, la sección (a) no sólo autoriza, sino querequiere (no hay una renuncia del Presidente), que sean mantenidos “bajo custodia militar pendiente de disposición a la ley militar.”

El título del apartado es “Custodia militar para Terroristas de Al Qaeda extranjeros,” pero la definición de quién está amparado no excluye a ciudadanos estadounidenses ni incluye ningún requerimiento de extranjería.

Este apartado – 1022 – no contiene la amplia exención con respecto a los ciudadanos estadounidenses que contiene la 1021. Sin embargo, simplemente dice que el requerimiento de detención militar no aplica a los ciudadanos estadounidenses, pero no excluye a los ciudadanos estadounidenses de la autoridad, la opción, para mantenerlos bajo custodia militar. Aquí está lo que dice:

(b) Aplicabilidad para los ciudadanos estadounidenses y extranjeros legalmente residentes.

(1) Ciudadanos estadounidenses – El requerimiento para detener a una persona bajo custodia militar en este apartado no se extiende a los ciudadanos de Estados Unidos.

La única disposición por la que los ciudadanos estadounidenses están aquí exentos es el requisito de la detención militar.

Para extranjeros acusados de ser miembros de Al Qaeda, la detención militar es obligada, para los ciudadanos estadounidenses, es opcional. Este apartado no exime a ciudadanos estadounidenses de la potestad presidencial de la detención militar: sólo del requisito de la detención militar.

El punto más importante en este tema es el mismo que se subraya en los dos puntos anteriores: el “compromiso” alcanzado por el Congreso incluye un lenguaje que conserva el status quo.

Eso es porque la administración Obama ya plantea que el original AUMF del 2001 los autoriza a actuar contra ciudadanos estadounidenses (obviamente, si ellos creen que tienen la competencia para asesinar a ciudadanos estadounidenses declarados objetivos, entonces creen que tienen el poder para detener ciudadanos estadounidenses como combatientes enemigos).

La prueba de que esta reforma no exime expresamente a los ciudadanos estadounidenses o aquellos capturados en suelo de EEUU es que las enmiendas impulsadas por el senador Feinstein que se referían expresamente a esa prerrogativa fueron rechazadas.

El “compromiso” fue preservar el status quo incluyendo la disposición de que la reforma no pretendía cambiar nada con respecto a los ciudadanos americanos, pero eso es porque los que proponen la amplia potestad para detener están confiados en que el status quo ya les permite tales detenciones.

Incluso si fuera verdad que esta reforma no cambia nada cuando se la compara con cómo el brazo ejecutivo ha venido interpretando y llevando a cabo las prerrogativas de la vieja AUMF, hay peligros y perjuicios serios por poner todo el peso institucional y estatutario del Congreso – con patrocinadores bipartidistas, por los Demócratas del Senado y por la mayoría Republicana en el Cámara de Representantes bajo atribuciones previamente reclamadas y utilizadas por el Presidente sólo. Esta codificación afianza dichas atribuciones.

Como dice la editorial del New York Times: la reforma de la ley contiene “nuevas medidas terribles que harán la detención indefinida y los tribunales militares un parte permanente de la ley americana.”

Lo particularmente irónico (y revelador) de todo esto es que el ex abogado de la Casa Blanca Greg Craig aseguró a Jane Mayer del New Yorker, en febrero del 2009, que era“difícil imaginar a Barack Obama como el primer Presidente de los Estados Unidos que introduce una ley de detención preventiva.” 

Cuatro meses más tarde, el Presidente Obama propuso exactamente dicha ley – que The New York Times describió como un “alejamiento del modo en el que el país se ve a sí mismo, como un lugar donde la gente en manos del gobierno puede o enfrentarse a cargos criminales o ir libre” – y ahora él convertirá ese plan en una ley.

Este artículo apareció originalmente en Salon.

http://moncadista.org/2012/01/23/tres-mitos-sobre-el-proyecto-de-ley-de-detenciones-de-obama/

La maldad de la detención indefinida y aquellos que quieren sacarla de la agenda.

Publicado por moncadista en 22 enero, 2012

8 de enero de 2012
Glenn Greenwald

Traducido del inglés por
El Mundo No Puede Esperar
22 de enero de 2012

Este miércoles se cumplirá el décimo aniversario de la inauguración del campo de prisioneros de Guantánamo.

En el New York Times, un antiguo prisionero del campo, Lakhdar Boumediene, escribe un increible y poderoso artículo de opinión donde vuelve a contar la flagrante injusticia que supuso su detención sin el debido proceso y que duró 7 años.

Desde el principio quedó claro que las acusaciones contra el ciudadano bosnio – que en el momento de los ataques del 9-11 era director de la Sociedad de la Luna Roja Creciente llevando ayuda humanitaria a niños bosnios – eran falsas; de hecho, un alto tribunal en Bosnia investigó y le retiró los cargos americanos de terrorismo. Pero las fuerzas de EEUU lo secuestraron de todas maneras, lo ataron, lo mandaron a Guantánamo y lo encerraron durante siete años sin juicio.

En septiembre del 2006, el Congreso de EEUU aprobó el Acta de las Comisiones Militares (MCA de sus siglas en inglés) el cual, entre otras cosas, no sólo autorizaba la detención de sospechosos de terrorismo sin un juicio, sino que incluso negaba explícitamente a todos los detenidos en Guantánamo el derecho al Habeas corpus: el procedimiento por mandato constitucional permite a los prisioneros al menos la posibilidad para convencer a un jurado de que están siendo erróneamente retenidos.

Las audiencias de Habeas protegen mucho menos que un juicio completo: el gobierno no necesita convencer a un jurado bajo la duda razonable de que alguien es culpable, sino que apenas tienen que presentar algunas pruebas creíbles para justificar el encarcelamiento. Pero el MCA denegaba incluso los derechos de habeas a los detenidos.

Sólo una vez la Corte Suprema de EEUU, en una decisión del 2008 llevando el nombre de Boumediene, sentenció que la disposición del MCA denegando el habeas era inconstitucional, y que los detenidos de Guantánamo tenían derecho a una revisión del habeas corpus.

Esto hizo que al final se le requiriera al gobierno de EEUU a enseñar esas pruebas contra Boumediene ante una corte de verdad. 43 jueces federales designados por Bush después sentenciaron que no había ninguna prueba creíble que sustentara las acusaciones contra él, y fue finalmente liberado en mayo de 2009.

Por favor primero leed el corto pero apasionante relato de lo que esta detención indefinida le hizo a su vida, y después considerar los siguientes puntos:

(1) Desde la decisión de la Corte Suprema sobre Boumediene, a docenas de detenidos de Guantánamo como Boumediene se les permitió tener una revisión de su caso por una corte federal para ver si había alguna prueba creíble contra ellos, y la gran mayoría de ellos ganaron los casos porque no había ninguna prueba (hubo un momento en el que el 75% de los detenidos prevaleció aunque el porcentaje es ahora algo más bajo).

Si el Acta de las Comisiones Militares hubiera sido ratificada como constitucional, Boumedien – y docenas de otros inocentes detenidos que han sido liberados de Guantánamo – sin duda estarían ahora encarcelados indefinidamente.

Mírenlo de otra forma, si aquellos que votaron por el MCA hubieran hecho lo mismo– y eso incluye todos los Senadores republicanos excepto Lincoln Chafee junto con 12 Demócratas, inluyendo Jay Rockefeller, Debbie Stabenow, Robert Menendez, Frank Lautenberg, y en actual Secretario de Interior Ken Salazar – entonces Boumediene y docenas de otros detenidos inocentes estarían erróneamente encarcelados.

Además, los Demócratas tenían 46 senadores en ese momento y podrían haberlo intentado bloquear pero no lo hicieron, es más, muchos Demócratas que incluso votaron contra la reforma de ley nombraron a John McCain como su negociador y estaban preparados para votar por la MCA hasta que en el último fin de semana se hicieron algunos cambios que aunque no estaban relacionados, lo hicieron sin su participación y les ofendió ese procedimiento.

Como el artículo de opinión de Boumediene refleja, actuar para dar la potestad al Presidente de encarcelar gente indefinidamente sin cargos es una de los pasos más peligrosos y perjudiciales que un gobierno pueda tomar, y precisamente el Congreso de los EEUU en 2006 hizo exactamente eso.

(2) La decisión de la Corte Suprema sobre el caso Boumediene fue con una votación 5 contra 4; por lo que 4 Jueces de la Corte Suprema de los EEUU votaron por mantener la constitucionalidad del encarcelamiento indefinido de seres humanos, probablemente de por vida, sin ni siquiera las mínima protección de la audiencia de habeas.

Si Anhonny Kennedy hubiera votado con sus colegas conservadores, no sólo Boumediene y docenas más estarían todavía erróneamente encarcelados, sino que el poder con el que los EEUU ha oprimido por tiempo a sus ciudadanos es el sello distintivo que define a la tiranía – la potestad para encarcelar sin el debido proceso – habría sido totalmente consagrado mediante una ley americana.

(3) Después del caso Boumediene, la detención indefinida sigue siendo una parte clave de la política de Obama.

El Departamento de Justicia (DOJ por sus siglas en inglés) de Obama ha argumentado repetidamente que las reglas que se aplicaron a Boumediene no deberían ser aplicadas en Bagram, donde – la administración Obama insiste – se tiene la potestad para encarcelar a gente sin el debido proceso, ni siquiera con audiencia de habeas; el Departamento de Justicia (DOJ) de Obama al final logró tener ese poder consagrado. Obama ha propuesto una ley para darle a él plenas facultades “para detener de manera prolongada” de manera que se pueda permitir que sospechosos de terrorismo sean encarcelados sin juicios.

Su plan para cerrar Guantánamo implicaba una mera relocalización de su sistema de detención indefinida a suelo Estadounidense, donde docenas de detenidos, por lo menos, continuarán encarcelados sin juicio.

Y por supuesto acaba de firmar la ley que regula el Acta de autorización de defensa nacional (NDAA por sus siglas en inglés) que contiene – como refleja el ACLU- “una disposición que ampliamente permite la detención indefinida en cualquier parte del mundo,” lo que quiere decir – como dice Human Rights Watch – que “el Presidente Obama quedará en la historia como el presidente que consagró como ley estadounidense la detención indefinida sin juicio.”

Esos mantenidos en Guantánamo continuarán recibiendo por lo menos la audiencia de habeas, pero no aquellos mantenidos en otras prisiones de la Guerra contra el Terror americana. Leer el artículo de opinión de Boumediene para ver por qué esto es tan detestable.

(4) Como se aproxima un año electoral, cada vez se está volviendo más común una táctica tan repelente como estrambótica y evidente en sí misma utilizada por algunos militantes Demócratas contra aquellos que como nosotros insistimos que temas como el de la detención indefinida (junto con el asesinato de civiles que se está dando en el mundo musulmán) merece una prioridad máxima.

El argumento es que poner el énfasis en esos asuntos es perjudicar al Presidente Obama (porque él es responsable de la detención indefinida, la muerte de bastantes civiles, y las agresiones con riesgo de guerra) mientras se ayuda a los candidatos competidores (como Gary Johnson o Ron Paul) quienes vehementemente se oponen a esas políticas.

Así que, sigue este razonamiento, reivindicar que temas como la detención indefinida y la muerte de civiles sea prioritario en la valoración de la carrera presidencial significa subordinar la importancia de otros asuntos como el aborto, la igualdad de los gays o los derechos civiles en el país, cuestiones en las que Obama y los Demócratas son mejores.

Muchos de estos comentaristas insinúan de manera muy fuerte, o ahora incluso abiertamente plantean, que sólo hombres y blancos están dispuestos a discutir por este esquema de prioridades porque los asuntos a los que se les ha quitado prioridad no les afectan. Pueden ver aquí (Megan Carpentier), aquí (Katha Pollitt) y aquí (Dylan Matthews) como tres de los muchos ejemplos de esta insinuación acusatoria y grotesca.

Hay muchos errores que llaman la atención en su táctica para dividir. Uno, depende de la distorsión deliberada y a gran escala del argumento que se ha hecho; demandando que los temas como la detención indefinida, la muerte de civiles y la guerra agresiva sean temas de alta prioridad en la carrera presidencial no abogan, ni de lejos, por quitarle prioridad a otros asuntos.

Otro, muchas mujeres y minorías étnicas y raciales – así como los gays americanos – están dando argumentos similares sobre la necesidad de que estos temas reciban suficientes atención en las elecciones.

Y más importante, es extremadamente irracional defender que el interés personal o los “privilegios” llevarían a alguien a priorizar asuntos como la detención indefinida y las bajas civiles ya que los que están siendo acusados y que defienden las libertades civiles o están en contra de la guerra es extremadamente improbable que se vean implicados en los abusos por los que protestan.

No son hombres blancos la mayor parte de los que están siendo detenidos indefinidamente, a los que se les destruye sus casas y coches con aviones no tripulados – las víctimas de esas políticas son gente como Boumediene, o Gulet Mohamed, o José Padilla, o Awal Gul, o Sami al-Haj, o Binyam Mohamed, o aldeanos afganos, o familias paquistaníes, o adolescentes yemenís.

Veamoslo de otra manera, cuando empleas la mayor parte de tu tiempo trabajando contra las injusticias impuestas casi exclusivamente sobre las minorías y los marginados – como hace cualquiera que trabaja en temas de libertades civiles y guerra – es reprobable para cualquiera utilizar ese tipo de tácticas acusatorias, todo al servicio del objetivo vacío de la aplicación de la lealtad partidista.

Precisamente esos que actúan por privilegiados intereses propios querrían quitar prioridad a esos asuntos en la campaña presidencial, no insistir en su vital importancia.

Y este es el verdadero punto aquí: lo más retorcido de los que emplean estas tácticas con fines partidistas es lo fácil que podría ser utilizadas contra ellos, en lugar de por ellos.

Todos los autores de los tres ejemplos acusatorios mencionados más arriba (Carpentier, Pollitt y Matthews) – así como todos esos Demócratas que se han hundido por argumentar explícitamente que esos asuntos no tienen importancia – son blancos y no musulmanes. Para aplicar su degradada retórica a ellos, uno podría fácilmente decir:

Desde luego que no consideran que la detención indefinida, las invasiones y ocupaciones, y la matanza de civiles estén descalificando a un Presidente o incluso mereciendo mucha atención en la elección presidencial – por supuesto ellos pedirán que todo el mundo apoye fielmente al Presidente que continúa haciendo todas esas cosas de manera agresiva – porque, como no musulmanes, ellos no son los que serán encarcelados por años sin juicio o un avión de EEUU o un ataque aéreo no hará pedazos a sus niños, entonces ¿qué les importa?

No utilizo ni apoyo ese desafortunado razonamiento, pero esos que lo hacen – como los autores de las acusaciones que enlazo más arriba – deberían haberlo aplicado a ellos mismos y a sus prioridades políticas; merecen cosechar lo que están sembrando.

Es más, el Washington Post tiene un excelente artículo sobre los millones de civiles muertos que EEUU ha causado en las últimas décadas y cómo firmemente esos civiles muertos son ignorados en el discurso político y mediático en EEUU.

El artículo es de John Tirman, el director ejecutivo y principal científico de investigación en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT por sus siglas en inglés), en el Centro de Estudios Internacionales, que acaba de publicar un libro sobre ese tema.

Una de las principales razones por las que esos muertos reciben tuna prioridad tan baja es porque los americanos no se ven afectados por esas bajas y pueden así quitarles prioridad como aberrante.

Esto explica mucho de nuestra respuesta a la violencia en Corea, Vietnam, Irak y Afganistán. Cuando la guerra iba muy mal y la violencia iba en aumento, los americanos tendían a ignorar o incluso culpar a las víctimas. El público descartaba a los civiles porque sus altas tasas de mortalidad, desplazamiento y ciudades destruidas no concordaban con nuestra idea de las misiones y del papel de EEUU en el mundo.

Esas actitudes tienen consecuencias. Tal vez la más importante – aparte de las tensiones creadas con los gobiernos anfitriones, que han hecho bastante ruido protestando por las bajas civiles – es que la indiferencia da permiso a nuestros militares y líderes políticos para buscar más intervenciones.

Para apelar a las tácticas acusatorias y explosivas de Megan Carpentier, Katha Pollitt, Dylan Matthews y otros acusadores que se enlazan más abajo: es mucho más fácil ver esas políticas como no descalificadoras e insistir en quitarles prioridad en favor de otras políticas porque sus privilegios de blancos y no musulmanes significa que ellos no son los que van a ser detenidos indefinidamente, asesinados sin el debido proceso, ni sus casas y niños serán objetivo de aviones no tripulados y bombas de racimo.

Los musulmanes tienen momentos más difíciles, consintiendo tan alegremente esos abusos – como hacen los nos musulmanes que son capaces de protestar por las graves injusticias incluso cuando no están directamente afectados por ellas.

De nuevo, esta no es una forma de razonar que yo acepto o uso – podría haber todo tipo de razones por las que alguien querría que esas políticas fueran no prioritarias o por lo menos que no sean vistas como descalificadas bajo indiferencia basada en el egoísmo y los privilegios – pero esos que vomitan ese tipo de calumnias deberían entender qué fácilmente se les puede someter a esas mismas acusaciones.

Al final, realmente no es tan complicado entender por qué tanta gente considera esos asuntos tan fundamentales. Esos luchando por entenderlo deberían leer el artículo de opinión de Lakhdar Boumediene.

O esta historia y este artículo de opinión sobre un chico de 16 años y su primo de 12 a los que se les quitó la vida cuando el de 16 años fue atacado (en secreto y sin ningún control) con un ataque desde un avión no tripulado en Pakistán.

O estos descubrimientos recién documentados de abusos que están ocurriendo a detenidos en Bagram. O las docenas de mujeres y niños yemeníes asesinados por una bomba de racimo de EEUU. O el proceso secreto por el que el actual Presidente ha tomado la potestad unilateral para poner como objetivo a ciudadanos estadounidenses para asesinarlos.

Hay muchas razones por las que uno podría insistir en que hay que poner atención a estos asuntos, incluso en un año electoral. Como expliqué en mi respuesta al modesto ataque de Carpentier en Guardian, el interés propio y los “privilegios” no están entre ellos.

Si acaso, es probable que esos rasgos produzcan exactamente la reacción contraria, por ejemplo que esos asuntos no sean priorizados porque dan más poder al partido político propio o que preocuparse sobre asuntos que lo dañan personalmente es el objetivo predominante.

Este artículo apareció originalmente en Salon.com

http://moncadista.org/2012/01/22/la-maldad-de-la-detencion-indefinida-y-aquellos-que-quieren-sacarla-de-la-agenda/

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