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#15M #ANONYMOUS Gobierno quiere impedir de raíz manifestaciones La Policía aplicará con rigor a indignados el Código Penal y ley Corcuera


El Gobierno quiere impedir de raíz manifestaciones radicales

La Policía aplicará con rigor a los indignados el Código Penal y la ‘ley Corcuera’

Manuel Ángel Menéndez 13/02/2012
La policía tiene carta blanca para actuar, según la ley, en las manifestaciones que se vayan a producir y que puedan considerarse como alteradoras del orden público.
Las Unidades de Intervención Policial (UIP’s) deberán hacer cumplir con todo rigor la Ley 1/92 sobre seguridad ciudadana y el Código Penal.
La idea es que no se toleren más actuaciones como las del 15-M de hace un año y ‘desaconsejar’ tomas de plazas o de espacios cercanos a instituciones -Congreso de los Diputados- como los que se permitió en tiempos de Amparo Valcarce y Dolores Carrión como delegadas del Gobierno.
El gobierno de Mariano Rajoy es consciente de que con las medidas de carácter económico y laboral que está adoptando la tensión social está garantizada. Se prevén manifestaciones, no, quizá, como en Grecia, pero sí con cierta tensión y se trata de impedir que éstas vayan a mayores.
La posición gubernamental al respecto es de que, para impedir que la calle se ‘desate’, no se trata de endurecer leyes, sino de ordenar a la policía que cumpla con las disposiciones existentes. Es decir, dejarles actuar en vez de impedirles la actuación como hicieron las dos anteriores delegadas del Gobierno, las socialistas Amparo Valcarce y Dolores Carrión.No hay orden por escrito; simplemente autorización verbal a que las Unidades de Intervención Policial -1.800 antidisturbios en toda España, 620 sólo en Madrid- apliquen a partir de ahora con todo rigor la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana -la famosa ley de ‘patada en la puerta’ o ‘ley Corcuera’-, y el Código Penal.

Son medidas para disuadir a los ‘indignados’, avisándoles de que se acabaron los tiempos de vino y rosas que en cierta forma se disfrutaron con el PSOE.El primer ejemplo de la nueva ‘doctrina‘ se tuvo a mediados de enero, cuando la Policía cargó en el Metro de Madrid contra las personas que protestaban contra la subida del precio transporte, carga que se saldó con cuatro detenidos.

Ya entonces, la actual delegada del Gobierno, la popular Cristina Cifuentes, dejó clara la nueva política de Interior: “Utilizar la fuerza salvo cuando sea estrictamente necesario, y siempre con el amparo de las disposiciones judiciales”, un eufemismo con el que Cifuentes pide a los policías que actúen en las manifestaciones teniendo en cuenta la ‘ley de la patada en la puerta’ y el Código Penal.El segundo ejemplo de las nuevas directrices -no escritas, por cierto, sino verbales- se desarrolló el pasado fin de semana, en una manifestación que pretendía llegar al Congreso de los Diputados.

La policía actuó en función del Código Penal y detuvo a casi una decena de personas como presuntos autores de delitos que deberán ser resueltos por los tribunales. Y al amparo de la Ley 1/92 (de seguridad ciudadana) procedió a la identificación de casi una sesentena de manifestantes para que la Delegación del Gobierno les aplique la correspondiente acta de sanción.A estos últimos se les aplica, entre otros, el artículo 26 punto i de la Ley 1/92: “Alterar la seguridad colectiva u originar desórdenes en las vías, espacios o establecimientos públicos”.

Los ‘identificados’ por esa alteración, considerada como falta leve, se enfrentan a una multa de 300,52 euros.

Las sanciones establecidas en esa ley son de
multa de 30.050,62 a 601.012,1 euros, para infracciones muy graves;
de 300,52 euros a 30.050,61 euros para infracciones graves y
de hasta 300,51 euros para infracciones leves,
y compete a Delegados y Subdelegados del Gobierno imponer las sanciones pecuniarias.La idea que bascula en Interior es que hay que impedir que el movimiento de los indignados pueda resucitar como un movimiento que arrastre masas -como ya hizo- y disuada a los posibles manifestantes-indignados a realizar ningún tipo de acción más allá del simple ‘paseo de pancarta’ bajo amenaza de afectar seriamente a su bolsillo.

En todo caso, la orden no ha sido dado de forma escrita por la Delegación del Gobierno, sino de forma oral, y los policías piden instrucciones por escrito. “Ahora nos dejan intervenir, pero nos falta el respaldo escrito”, asegura a Diariocrítico Alfredo Perdiguero, portavoz del Sindicato Independiente de la Policía Española (SIPE).

http://www.diariocritico.com/nacional/indignados/manifestaciones/ministerio-del-interior/movimiento-15-m/unidad-intervencion-policial/407474

Lea también:

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El peligro de la indiferencia ante la pérdida de derechos y recortes del gobierno


El peligro de la indiferencia

31 enero 2012 | Categorías: Opinión |

ManifestaciónFrancisco Delgado Morales – ATTAC Cádiz.

Hace aproximadamente un par de años que España está oficialmente en crisis.

Desde entonces se han intentado poner en marcha diferentes medidas para salir de este periodo de convulsión económica.

Curiosamente todas las recetas puestas en marcha tienen un marcado carácter neoliberal, gozan del visto bueno de los llamados mercados, agencias de valoración y resto de entidades y organismos financieros internacionales, siendo anunciadas (y amplificadas por los medios del tea-party periodístico) como la única manera posible de salir de esta situación económica.

Se trata de una línea política definida fundamentalmente por la reducción del déficit vía recorte del gasto público. En concreto en nuestro país se han congelado sueldos a trabajadores públicos y pensionistas, otorgado moratorias a prestaciones sociales elementales, promovido recortes de derechos, reformas exprés de la constitución que elevan los dogmas noeliberales a rango de ley, flexibilizado el mercado laboral, elevado la edad de jubilación, subido impuestos a las clases medias …etc.

Por otro lado, el del capital, no se han tocado los impuestos que gravan las rentas de capital, ni oír hablar de las SICAV, se ha prestado a la banca europea 1,6 billones entre 2008 y 2010, que luego utilizan para comprar deuda de los Estados a un interés más alto (como ejemplo: los bancos españoles ganaron 9.328 millones en los primeros nueve meses de 2011), ha aumentado la desigualdad social hasta niveles predemocráticos,y los mercados y su infantería, las Agencias de Colocación de Riesgo, siguen sin saciarse aún y piden más reformas.

El resultado de esta política económica ultraliberal no puede ser más desolador. El paro ha aumentado hasta las 5273600 personas, existen en nuestro país 1.575.000 de familias con todos sus miembros en paro, el número de desalojos de casas y pisos por impago ha subido exponencialmente, los bancos siguen sin conceder créditos y la famosa prima de riesgo no sólo bajó sino que subió llegando a sobrepasar en algún momento los 500 puntos básicos.

Al mismo tiempo, se ha producido un enorme retroceso en el campo de los derechos sociales más elementales. Es decir, toda la carga de la crisis ha recaído sobre el grueso de la ciudadanía dejando al borde del KO al ya de por sí maltrecho Estado de Bienestar, mientras la elite financiera y económica ha gozado de mayores y mejores condiciones para aumentar sus riquezas.

Lo que ha pasado, y está pasando, en España es sólo un ejemplo de las múltiples respuestas que los Gobiernos de los Estados están dando de forma infructuosa ante la crisis.

Resulta inquietante que los dirigentes de los principales Estados y Organismos Internacionales, en principio entiendo personas de valía, capacidad intelectual y con una gran responsabilidad política, sean tan ciegos y no vean que este no es el camino.

Argumentado en un neolenguaje que atenta a la inteligencia de la ciudadanía nos arrastran por un delirio neoliberal sin fin. Hasta alguien con unos conocimientos elementales de economía debería saber que por la vía de la reducción del gasto lo único que se consigue es la caída del consumo y en consecuencia de la producción, el aumento del paro y la recesión económica.

Lo dijo James Livingston en el New York Times el pasado mes de noviembre. En su artículo ¡Es el consumo, estúpido! afirmaba que sólo el incremento del gasto público y del consumo impulsan el crecimiento económico. Habida cuenta de lo que ha ocurrido con su utilización en los mercados especulativos financieros, queda demostrado que los beneficios empresariales no son la variable sobre la que articular las políticas económicas para salir de la crisis.

¿O sí? Depende realmente de lo que se pretenda.

Recuerdo un documental de Michael Moore en el que aparecía un ejecutivo que afirmaba “Malos tiempos para las personas, buenos tiempos para los negocios”. Así es.

Llama la atención que sean precisamente aquellos que nos dicen que la división ideológica de izquierdas y derechas está superada y que lo que hay que hacer es usar “el sentido común” estén tan lejos del uso del raciocinio en el ámbito económico. Al contrario siguen a pies juntillas los dogmáticos postulados de la ideología liberal en su máxima expresión. Algún motivo habrá, digo yo.

Se podría pensar que, quizás, simplemente la crisis es un mero pretexto para que se produzca un cambio social más significativo. Quizás, no sea conveniente salir de la crisis para cumplir con unos objetivos que distan mucho de la justicia social y económica que dicen abanderar para justificar sus acciones.

Siguiendo la teoría del shock de Naomi Klein, quizás, solo sea una excusa para que aprovechando la coyuntura se realicen profundas reformas del sistema. Bajo el miedo orwelliano a perder lo poco que nos queda, los ciudadanos estamos conmocionados y accedemos indolentes a cuestiones impensables en otra situación.

Esto es utilizado en su propio beneficio por el poder financiero y político para realizar reformas que atentan contra los más elementales principios de convivencia en democracia.

Así parece, al menos, cuando se observa el aumento de la desigualdad social, el recorte sistemático de derechos y la imposición de los intereses del capital por encima de los de la ciudadanía. Los poderes financieros, están dando una estocada mortal al sistema democrático que afecta a los principios que legitiman su propia existencia.

Lo que está ocurriendo no es solamente una cuestión relativa a la crisis económica, se trata de una crisis sistémica, el preludio de una cambio social que configurara una nueva forma de ordenar la relaciones de poder y de estructurar la sociedad.

Se trata de un cambio de paradigma de ordenamiento social y político en toda regla, en el que la democracia no tiene cabida, los derechos sociales son un lastre y los ciudadanos un número prescindible. Un sistema que supone un retroceso de 200 años en la historia de luchas, reivindicaciones y conquistas.

Si en la Edad Media el sistema se legitimaba por el mandato divino y los fundamentos que articulaban el orden social y político venía dictado por el mismísimo dios, ese otro mundo seguro, como dice J.L. Sampedro, que nos aguarda encontrará la legitimidad en el mandato financiero, donde la única opción política posible es la ordenada por el capital y sus secuaces.

Es lo que vienen denunciando movimientos sociales como ATTAC. No nos estamos jugando nuestro presente económico sino la viabilidad de nuestro propio futuro.

Como dice Noam Chomski los derechos no se conceden, se conquistan.

Las posibilidades que se presentan ahora ante nosotros vienen marcadas por la elección que hagamos en la siguiente dicotomía: actuar para la reconquista de los derechos perdidos y promover otra forma de entender y vivir en sociedad o esperar inmóviles mientras aparecen los restos del naufragio de lo que en su día fue llamada sociedad del bienestar.

http://www.attacandalucia.org/el-peligro-de-la-indiferencia/

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