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Crisis de legitimidad y democracia 4.0

Crisis de legitimidad y democracia 4.0

Alguien cercano, que ha comenzado a trabajar para una universidad norteamericana tras años de relación con la universidad española, nos planteaba hace poco la siguiente reflexión: “¿sabes cuál ha sido el principal cambio de cultura organizativa entre una universidad –o una empresa o una administración pública- de allá y una de aquí?

Pues que cada vez que en la organización española planteaba una idea nueva me encontraba con una reacción reticente ilustrada por frases como “no lo veo claro”, “qué difícil”, “para qué cambiarlo ahora”, “imposible implementarlo”, “no nos lo van a aprobar”; mientras, en la organización norteamericana la reacción inicial era justamente la contraria: “muchas gracias”, “qué bien que plantees ideas nuevas”, “pongámoslo en marcha para probarlo”, “cuándo crees que podremos empezar”.

Les contamos esta anécdota porque una nueva iniciativa a cuyo debate público deseamos contribuir ha sido recientemente presentada por la plataforma Democracia Real Ya.

Este tipo de propuestas suelen ser recibidas de antemano en España con grandes dosis de escepticismo y hasta de sarcasmo. Les invitamos a no dejarse llevar por los prejuicios, y a examinarla racionalmente.

Ofrezcamos primero unas breves pinceladas sobre el contexto. La ciudadanía española sitúa a la clase política y a los partidos en el tercer puesto de sus preocupaciones (tras el paro y la crisis económica, según por ejemplo el barómetro del CIS del mes de junio).

Esta es una realidad que no podemos desconocer. El fenómeno de la desconfianza de la ciudadanía hacia sus representantes y sus causas es muy complejo, pero no cabe duda de que evidencia un progresivo y significativo distanciamiento entre la clase política y la ciudadanía en general.

Ninguna democracia puede funcionar adecuadamente si aquellos que ocupan el poder pierden la capacidad de representar a su ciudadanía. Cuando eso ocurre, la democracia deja de ser real para convertirse en aparente, es decir, en vacía o en hueca, en democracia sólo formal o nominal.

Este es un proceso de deterioro de la democracia, que de continuar puede suponer la muerte de la misma, como la teoría política y en concreto la teoría de la democracia y de la representación política nos lleva tiempo alertando.

Entre los muchos ciudadanos preocupados por este deterioro de la democracia se encuentran aquellos que directa o indirectamente han participado en los asentamientos, acampadas o manifestaciones convocadas por Democracia Real Ya, o por el más amplio movimiento denominado comúnmente 15M.

A estos ciudadanos se les ha llamado “indignados” por su supuesta relación con el éxito de ventas del pensador francés Stéphane Hessel. Pero lo importante no es el sentimiento de indignación.

Éste no hace sino añadir gravedad al asunto. Lo significativo es que se trata de un movimiento integrado por ciudadanos críticos que observan con preocupación el deterioro de nuestra democracia.

Por otra parte, esta corriente ciudadana muestra insatisfacción con respecto a los partidos políticos, pero no es ningún caso desafecta.

Suponen justamente un revulsivo ante lo que muchos, teóricos de la democracia, politólogos e incluso integrantes de los propios partidos políticos, habían denunciado como un mal tristemente extendido en nuestras sociedades capitalistas y globalizadas: el desinterés y la desafección de una parte importante y creciente de la ciudadanía, no ya ante las cuitas de la política partidista, sino por la política con mayúsculas.

Si al menos una de las dimensiones del deterioro de nuestras democracias radica en el considerable distanciamiento entre los ciudadanos y sus representantes, no hay duda que una forma de paliar o revertir este proceso consiste precisamente en diseñar nuevos mecanismos para que la ciudadanía pueda tener una mayor implicación en la actividad de sus representantes, es decir, para permitir la participación directa como complemento a las estructuras representativas ya existentes.

Y es en este sentido en el que se orienta la propuesta realizada por Democracia Real Ya, desde Sevilla, bajo el sugerente nombre de “Democracia 4.0”.

Se trata de un proyecto que plantea la posibilidad de utilizar las nuevas tecnologías, y sobre todo Internet, para permitir una forma de participación directa que interactúe con el funcionamiento normal de nuestras Cortes, y en concreto de nuestro Congreso de los Diputados.

La idea es sencilla: por culpa de una pluralidad de factores –abstención, voto en blanco, circunscripciones electorales, Ley d’Hondt-, nuestros representantes en el congreso distan mucho de representar proporcionalmente la voluntad real de nuestros ciudadanos, tanto de la expresada en las urnas, como la no expresada formalmente.

Pero sería sencillo permitir al conjunto de la ciudadanía española expresar su opinión con respecto a las leyes que se aprueban en el Congreso, o al menos con respecto a algunas de ellas, simplemente utilizando algún sistema de voto electrónico, de los varios existentes en el mercado suficientemente fiables y de coste reducido.

Así, cuando se estime conveniente, los ciudadanos podrían ser consultados mediante una especie de referéndum electrónico, y su opinión podría tener algún peso en la votación parlamentaria. Dicho peso podría ser variable, dependiendo por ejemplo del porcentaje de participación, y ser equivalente a un número determinado de escaños.

De este modo, cuanto mayor fuera el índice de participación ciudadana, mayor sería el número de “escaños” o “votos parlamentarios” atribuidos al resultado mayoritario de la consulta, que aún sería únicamente complementario al del resto de votos emitidos por los diputados del congreso.

Bien podría pasar, por tanto, que la voluntad mayoritaria expresada en el referéndum fuera derrotada por un número suficientemente amplio de diputados en contra. Pero al menos se obligaría al congreso a tener en cuenta de una manera directa la opinión de la ciudadanía y, lo que es más importante, a dialogar con ella.

Esta propuesta puede despertar, claro está, algunos recelos. De entrada, es cierto que el mecanismo del referéndum dista mucho de ser un proceso ideal de formación de una opinión ciudadana informada y sólida.

Sin embargo, la ocasión de una consulta de este tipo es el mejor incentivo para que se produzca un necesario debate ciudadano con respecto a determinadas políticas centrales para nuestra democracia.

Y nuestros representantes deben hacer el esfuerzo de contribuir a dicho debate, sabiendo explicar a los ciudadanos sus posiciones y los argumentos para defenderlas, así como entrando en discusión con las opciones contrarias.

Bien diseñada, esta propuesta podría suponer una contribución excelente a lo que teóricos de la democracia tan importantes como Jürgen Habermas, John Rawls y muchos otros han defendido como democracia deliberativa, esto es, un modelo que propone recuperar los lazos de comunidad, retomar los ideales de autogobierno desvinculando la noción de interés público de los intereses egoístas y de la influencia de lobbies y grupos de presión, pero que sobre todo pretende rescatar la importancia de la deliberación pública tanto entre ciudadanos como entre estos y sus representantes políticos.

Bien es cierto que este ideal de la democracia deliberativa choca entre otras cosas con el sistema actual de medios de comunicación, que como sucede con el político, se encuentra a menudo condicionado por un entramado de relaciones e intereses de grandes conglomerados mediáticos, empresas trasnacionales, banca de inversión y partidos políticos, como también ha sido denunciado por asociaciones profesionales de periodistas, investigadores en comunicación y los ciudadanos que han protestado en las calles.

Y son estas las dificultades que han impedido en buena medida una reforma adecuada del sistema, a pesar de que son muchos los que reclaman cambios en este sentido desde hace décadas.

La propuesta de Democracia 4.0 tiene justamente por objetivo romper con estas dificultades y contribuir a la mejora del debate ciudadano, así como de la calidad representativa, al ulterior acercamiento entre ciudadanía y clase política y a un incremento de la co-responsabilidad ciudadana.

En este sentido, viene a aportar aire fresco al terreno político de las ideas desde un movimiento cívico de base, pero lo hace en línea con propuestas teóricas y académicas –tanto de la teoría política como del ámbito de la teoría de los medios y del periodismo- ya largamente asentadas.

Podemos estar o no de acuerdo con ella, pero nuestra primera reacción, lo primero que deberíamos decirles a los ciudadanos que la defienden, debería ser la siguiente:

“Muchas gracias. ¡Qué bien que planteéis ideas nuevas!”, o incluso ¿por qué no? “Pongámoslo en marcha para probarlo”.

María Lamuedra es Profesora de teoría de la información de la Universidad de Sevilla y actualmente investiga sobre Periodismo y Democracia Deliberativa.

José Luis Martí es Profesor de derecho de la Universidad Pompeu Fabra y autor de La república deliberativa: una teoría de la democracia (Marcial Pons, 2006).

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.


Legitimidad y recortes

Legitimidad y recortes

13 Diciembre 2011 | Categorías: Nacional | |

Pablo Bustinduy – Público

A diferencia de griegos e italianos, aquí no hemos necesitado que Fráncfort nos prestara un testaferro de Goldman Sachs para administrar los asuntos de la banca: nos hemos dado el gusto de coronar a nuestros propios “tecnócratas”.

Claro que antes ya habíamos “reformado” las cajas, las pensiones o el sueldo de los funcionarios sin que pareciera haber servido para mucho.

También tradujimos del alemán esa reforma constitucional que antepone el pago de los intereses de la deuda a la financiación de las pensiones o la sanidad (o de las cárceles y la Policía, pero es curioso: la mano izquierda del Estado siempre adelgaza más que la derecha).

La diferencia es que ahora la motosierra, que decía el PSOE con la boca chica, llega aceitada de votos. Está ungida con la legitimidad de las urnas –salvo que esta vez son urnas funerarias, donde ya humean los restos del Estado del bienestar que nunca llegó a ser.

Ese es el quid de la cuestión: legitimidad y recortes. No se trata sólo de que el PP presentara un cheque en blanco como programa electoral, y que todo lo que suceda a partir de ahora se justifique en nombre de la “urgencia”, la “gravedad” o la “excepcionalidad” del momento que vivimos (los romanos tenían una figura jurídica para esa forma de gobierno: lo llamaban dictadura). Se trata de algo más básico, de un problema que es en primer lugar narrativo.

El régimen del 78 se fabricó una legitimidad de la que carecía alrededor de una promesa vacía, maleable y poderosa, de paz social.

A cambio de tantos olvidos, impunidades y transigencias, el régimen diluyó la cuestión social en la promesa de una democracia parlamentaria y keynesiana: una democracia “a la europea”, apoyada sobre una red de protecciones sociales, sobre el derecho laboral, las pensiones públicas, la sanidad universal y la educación gratuita.

Esa promesa empezó a acumular retrasos e incumplimientos casi desde el principio, pero aún así seguía funcionando, narrativamente, como algo parecido a un pacto social, como un punto de apoyo (o de fuga) para la realidad política del país.

Los recortes van a hacer saltar ese pacto por los aires, y la demolición tendrá consecuencias: en un escenario marcado por las nuevas tendencias soberanistas en Euskadi y Catalunya, y por el asunto peliagudo de la sucesión monárquica, la cuestión de la “legitimidad” del régimen amenaza con convertirse en un tema central de la conversación política del país.

Dicho de otro modo: el recorte de los derechos sociales no es simplemente un problema político, económico o ideológico, sino que afecta al corazón mismo del régimen del 78, a ese vago “pacto de convivencia” que fue su motor esencial. Su desmantelamiento, ese pasar la guadaña y que se salve quien pueda, va a llenar las calles de preguntas fundamentales que la élite política no va a poder responder.

El resultado del PP (un crecimiento casi nulo descontando el aumento del censo electoral, en unas condiciones históricas irrepetibles) anuncia que la crisis de representación que denunció el 15-M no afecta por igual a la izquierda y a la derecha, pero también que su base electoral ha tocado techo y que hoy por hoy su poder omnímodo se basa fundamentalmente en la injusticia de la Ley Electoral.

No hay duda de que los recortes dictados por Merkel y el BCE le alienarán una parte de ese electorado.

Será difícil que esos votantes acudan al PSOE, como tampoco regresarán sus cuatro millones de prófugos si entre medias no se da, en vez de la lucha versallesca que ya se ha inaugurado en su seno, un verdadero proyecto de refundación ideológica y política de ese “socialismo” desnortado, noqueado y a la deriva que no parece ofrecer más que una versión blanda del mismo recetario neoliberal.

Dado el contexto, parece improbable. La crisis del turnismo ha venido para quedarse.

Esa ruptura de los vasos comunicantes entre el PP y el PSOE hará que el bipartidismo tenga cada vez más problemas para absorber las presiones y las demandas de la calle.

Aprovechando esa debilidad, las movilizaciones de la ciudadanía deben tener afán de resistencia, claro, pero también de construcción política y social.

Para ello el campo de la contestación tendrá que saber articularse inteligentemente, y hacer uso de todos los resortes en su mano para lograr un poder ciudadano que pueda incidir realmente en la vida política y en el futuro del país.

La cuestión es sensible (e IU no debería errar en la lectura de sus resultados), pero es probable que antes o después ese proceso deba incluir también algún tipo de frente popular electoral: la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) catalana es un buen ejemplo de cómo esos dos ejes, la resistencia y la construcción, el afuera y el adentro del régimen, pueden cruzarse sin renunciar a un carácter horizontal, autónomo, democrático y plural.

Mientras tanto, habrá que repeler cada uno de los envites contra nuestros derechos sociales y ciudadanos aunque no sepamos muy bien en pos de qué estamos resistiendo: defenderemos la educación, la sanidad y las pensiones en el marco de un sistema político que nos ha dejado bien claro que está superado, que ya no puede ofrecer un futuro de bienestar social para todos, que sus promesas han dejado de regir.

Pero, contra lo que pueda parecer, al defender cada una de esas cosas no estaremos defendiendo jirones del pasado o de un statu quo a todas luces agotado. Estaremos defendiendo el futuro, y la posibilidad de construir una nueva democracia sobre las ruinas de la vieja.

Doctorando en Filosofía de la New School for Social Research de Nueva York

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