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¿Es conveniente un límite constitucional del déficit público?


¿Es conveniente un límite constitucional del déficit público?

by Pablo Vázquez on 25/08/2011

En Fedea hemos preparado un documento titulado “¿Es conveniente un límite constitucional del déficit público? Límites constitucionales: Sí, pero creíbles y flexibles”. Creemos que este pequeño apunte puede servir para dar ciertas claves sobre la próxima reforma constitucional.

Introducción
Las consecuencias fiscales de la crisis y la situación de los mercados de deuda están obligando a ser muy exigentes con el control los déficits y a revertir el rápido incremento de la deuda.

Por otro lado, la propia crisis ha puesto de manifiesto que la supervivencia del euro exige mejorar sus mecanismos de gobernanza e intensificar a coordinación de políticas fiscales. Este es el contexto en el que se plantea la reforma constitucional.

En este documento elaborado por FEDEA discutimos en qué medida puede ayudar el establecimiento de un límite constitucional al déficit público, a la recuperación del equilibrio de las cuentas públicas y a la salida de esta crisis recurrente.

Desarrollamos nuestro análisis en dos partes. En la primera nos preguntamos si son convenientes las reglas fiscales que limitan el déficit y a continuación nos preguntamos si hay que hacerlo en la constitución. Finalmente concluimos que estas reglas serán inútiles sino se atacan los problemas estructurales de la economía española.

¿Son convenientes reglas fiscales que limiten los déficits públicos?

Una regla fiscal es un diseño de comportamiento de la política fiscal de un Estado a lo largo del tiempo.

El contenido concreto de una regla fiscal puede ser muy diverso, y pueden orientarse a controlar los gastos públicos, ajustar impuestos, o a fijar objetivos de déficit de las administraciones públicas y/o ratios de endeudamiento (deuda pública sobre PIB).

Las reglas fiscales que limitan los déficit públicos pueden cumplir dos misiones:

  1. 1. Ofrecer coherencia temporal a las decisiones de política fiscal de las administraciones públicas.
  2. 2. Asegurar la sostenibilidad de las cuentas públicas en el medio y largo plazo.

Bien diseñadas, además de permitir un crecimiento más equilibrado de la economía a lo largo del tiempo, refuerzan la credibilidad de un Estado y facilitan su acceso a los mercados de deuda.

En definitiva, aseguran la coherencia del objetivo a corto plazo del Gobierno en cada momento con los intereses del país a medio y largo plazo. Es importante enfatizar que una regla fiscal puede acomodar tanto gastos e impuestos altos, como gastos e impuestos bajos.

Por tanto, una regla fiscal no tiene por qué implicar recortes de gastos ni una reducción del Estado del Bienestar. De hecho los creadores del Estado de Bienestar en Suecia eran partidarios de garantizar un superávit en las fases ascendentes del ciclo para hacer sostenible el gasto social.

No obstante, las reglas fiscales que limitan los déficits públicos también tienen aspectos negativos. El más importante es que restan capacidad de reacción a los gestores públicos frente a las crisis.

Por tanto, es fundamental que la regla fiscal deje suficiente margen para la flexibilidad. El sistema fiscal español (como el de todos los países modernos) incorpora en su diseño lo que los economistas llamamos “estabilizadores automáticos”.

Cuando la economía crece deprisa, los ingresos crecen aún más y cuando la economía se contrae los ingresos caen también más aun sin ningún tipo de decisión política explícita de las administraciones públicas. Algo similar, pero con el signo opuesto, ocurre con los gastos, estos crecen en las recesiones y caen en las expansiones.

Dos ejemplos concretos nos ayudan a entender este comportamiento:

  1. Las ganancias de capital o los beneficios de las empresas responden de manera aguda al ciclo económico y con ellos los impuestos devengados por estas categorías.
  2. Desde el lado del gasto, las prestaciones por desempleo se disparan en las recesiones y caen en las expansiones.

Para valorar el tamaño de estos efectos, recordemos que, durante la última recesión el saldo presupuestario del conjunto de las administraciones públicas pasó de un superávit del 1.9% del PIB en 2007 a un déficit del 11.1% en 2009, un cambio de 13%. De estos 13 puntos, 9 puntos fueron causados por los estabilizadores automáticos y solo 4 puntos por las decisiones discrecionales de las administraciones.

La palabra “estabilizador” viene de que, casi siempre, reducir los ingresos en una recesión y subirlos en una expansión estabiliza la economía (y al revés con los gastos: subirlos en una crisis y reducirlos en un boom aminora las fluctuaciones del PIB). La palabra “automático” viene de que el cambio en la recaudación se produce sin que las administraciones públicas actúen: el ciclo económico produce por sí solo este resultado.

¿Qué ocurriría si forzásemos, por ejemplo, a un déficit cero año a año? Imaginémonos que España parte de una situación de déficit cero y, por una negativa sorpresa, sufre un shock externo, pongamos un shock petrolífero del que no somos culpables. El encarecimiento del precio de la energía contrae la economía y con ello caen los ingresos y sube el gasto.

Si quisiéramos re-establecer el equilibrio presupuestario en ESE periodo en concreto, esto nos llevaría a tener que subir los impuestos o reducir el gasto, con lo que se agrava la recesión (lo que genera, a su vez, caídas adicionales de ingreso y subida de gasto, en una espiral tremendamente negativa como la que se observa ahora en Grecia).

Al revés, si no exigimos superávit en el medio de una expansión (por seguir en el ejemplo anterior, causada por una fuerte caída del precio del petróleo), existe la tentación de subir el gasto público o bajar los impuestos, calentando aún más a la economía.

Cualquier regla fiscal debe basarse, por consiguiente, no en el déficit corriente en un año en concreto, sino en una medida de superávit o déficit “estructural” que corrige por los estabilizadores automáticos. Además, debe considerar dos factores en el objetivo de superávit estructural:

  1. Un sesgo positivo, por ejemplo, del 1.5% del PIB. Este sesgo asegura la existencia de un suficiente grado de maniobra fiscal en el caso de la llegada súbita de crisis económicas de importancia como la experimentada estos años.

Un factor que corrija por la razón de deuda pública sobre PIB. Por ejemplo, por cada punto de la razón por encima de 50%, el objetivo de superávit estructural podría subir un 0.02% (y al revés en caso de que la deuda fuera inferior). Así, con una deuda de un 80% del PIB, el objetivo de superávit estructural sería el 2.1%. Si la deuda pública fuera el 20% del PIB, el objetivo de superávit estructural sería el 0.9%.

Teniendo en cuenta tanto los aspectos positivos como negativos de reglas fiscales que limiten el déficit público, y dados los problemas de sostenibilidad presupuestaria a los que nos enfrentamos y la negativa experiencia de España con los mercados internacionales de deuda, la introducción de una regla fiscal puede contribuir, en el marco de un programa global de reformas, a afianzar la recuperación de nuestra economía, al crecimiento del empleo y a garantizar un estado del bienestar generoso e integrador.

¿Es necesario que la regla fiscal tenga rango constitucional?

Aún bien diseñada, la regla fiscal puede fracasar porque no se implemente adecuadamente. Otorgarle un rango constitucional puede contribuir a afianzar su credibilidad y a demostrar el serio compromiso de una sociedad con la responsabilidad fiscal y con la creación de instituciones de calidad. Nótese, no obstante, los dos prerrequisitos fundamentales: debe estar bien diseñada y debe ser un reflejo del consenso social a favor de la responsabilidad fiscal.

En este contexto, una institución que ayuda a demostrar el consenso social a favor de la responsabilidad fiscal y ayuda a implementar una regla fiscal es un Consejo de Política Fiscal, dirigido por un grupo de expertos independientes, con un equipo y presupuesto propio estudiaría las condiciones de la economía española y contabilizaría las cuentas públicas y el efecto del ciclo económico sobre las mismas.

Existen dos precedentes en los que basar este Consejo.

Uno, los consejos existentes en países de nuestro entorno, como Suecia, Holanda, Bélgica, Dinamarca o Reino Unido (aunque con diferencias en su funcionamiento con respecto al consejo que sería más apropiado para España) han demostrado independencia y profesionalidad.

Dos, los bancos centrales independientes en la mayoría de los países avanzados.

Un buen diseño institucional, con mecanismos de supervisión como auditorias periódicas por expertos internacionales o informes a las Cortes, garantizarían el correcto funcionamiento del Consejo.

Aún con rango constitucional, una regla fiscal es inútil si de su incumplimiento no se deriva ninguna consecuencia. Por ello, es importante establecer mecanismos automáticos que respondan a las desviaciones del objetivo trazado.

Sin entrar en una enumeración exhaustiva de los posibles mecanismos automáticos, tres sencillas medidas serían:

  1. Establecer recargos automáticos sobre IRPF, Impuesto de Sociedades e IVA en casos de déficits excesivos.
  2. Establecer límites de gasto automáticos en consumo e inversión pública en casos de déficits excesivos.
  3. Establecer reducciones automáticas de sueldo de los miembros del gobierno nacional, autonómico y locales en casos de déficits excesivos.

Conclusión

En definitiva, las reglas constitucionales, si están bien diseñadas y tienen el suficiente rango son útiles para mejorar nuestra gobernanza de la economía.

Pero la regla fiscal, aún con rango constitucional, será inútil si no se resuelven los problemas estructurales de nuestra economía, que no son solo de índole fiscal.

Hay que reorientar las reformas en nuestro mercado de trabajo, en el sistema financiero y en la educación. Son medidas más difíciles, pero más importantes a medio plazo.

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Ni Verdes, ni Liberales, ni Conservadores, ni Socialdemócratas han podido con el pueblo: Islandia dice otra vez NO


Ni Verdes, ni Liberales, ni Conservadores, ni Socialdemócratas han podido con el pueblo: Islandia dice otra vez NO

Ni Verdes, ni Liberales, ni Conservadores, ni Socialdemócratas han podido con el pueblo: Islandia dice otra vez NO
El precio que pagó Islandia fue un desplome del 70% del valor de sus viviendas (en un país en el que [como en España] los deudores hipotecarios son personalmente responsables de su deuda
Michael Hudson | http://www.sinpermiso.info, | 13-4-2011 a las 11:10 | 410 lecturas
www.kaosenlared.net/noticia/ni-verdes-ni-liberales-ni-conservadores-ni-socialdemocratas-han-podido

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“…para eso es para lo que ahora mismo parecen servir los partidos socialistas y socialdemócratas en Europa: para apretar las tuercas hasta extremos a los que jamás podrían avilantarse los partidos conservadores. La deflación salarial ha de ir de la mano de la deflación de deuda y de los aumentos de impuestos, a fin de encoger las economías.”

“Votando NO en el referéndum del 9 de abril lo que la población islandesa dice a los negociadores financieros de Europa es: ‘¡Buena jugada! Pero no estamos dispuestos a secundarla.

Vuestro juego de acreedores se acabó.

De ninguna nación puede esperarse que cometa suicidio financiero al estilo irlandés, plegándose a la depresión económica y obligando a una buena parte de su población trabajadora a emigrar, simplemente para compensar a depositantes de bancos por los crímenes o las negligencias de sus banqueros’.”

Ayer, 9 de abril de 2011, el pueblo islandés ha vuelto a decir “No” en un referédum de la mayor importancia, no sólo para los destinos de la economía y aun de la nación septentrional, sino para el futuro de la democracia y de la economía del continente europeo.

El pueblo islandés tenía que votar sobre el frívolo y poco meditado acuerdo al que el gobierno verde y socialdemócrata había llegado con la UE para hacerse cargo de las enormes deudas contraídas con clientes privados británicos y holandeses por el banco privado Icesave.

Asombra el espectáculo, común a toda Europa, de unos Parlamentos más y más divorciados de la opinión pública y el creciente descrédito de lo que ha dado en llamarse la “clase política”.

En este artículo, escrito con su lucidez y perspicacia habituales dos días antes de que se celebrara el referéndum y a propósito del mismo, Michael Hudson analiza lo que anda en juego en la economía y en la política europeas de nuestros días.

Un combate epocal se desarrolla este fin de semana en Islandia.

El sábado, 9 de abril, los islandeses votan en referéndum si someten o no a su econonomía a décadas de miseria, bancarrota y emigración forzosa de su fuerza laboral.

Al menos, ese es el programa defendido por la actual coalición gobernante de Verdes y Socialdemócratas, que urgen a votar Sí al rescate del banco Icesave.

Su política de rendición financiera se traga el cabildeo del Banco Central Europeo a favor de una desregulación neoliberal que llevó a la burbuja inmobiliaria y al endeudamiento apalancado, presentándola como si de una historia de éxitos se tratara, y no, como es el caso, de un proceso que ha terminado por llevar a Islandia a la servidumbre por deuda.

La verdad es que se trató de un gigantesco fraude bancario, de una orgía de ventajistas que jugaban con información interna privilegiada: los ejecutivos bancarios se prestaban el dinero a sí mismos, dejando una cáscara vacía: así, decían, funcionan los “mercados libres”.

Se recomendaba el endeudamiento como vía para hacerse rico.

El precio que pagó Islandia fue un desplome del 70% del valor de sus viviendas (en un país en el que [como en España] los deudores hipotecarios son personalmente responsables de su deuda, cualquiera que llegue a ser el valor de la vivienda), un PIB en caída libre, un creciente desempleo, quiebras y desahucios.

Para poner el voto del sábado 9 en perspectiva, vale la pena ver qué cosas parecidas han ido pasando en el último año en toda Europa. Para no iniciados, durante ese año se ha popularizado un nuevo acrónimo, PIIGS, para referirse a Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España.

Grecia

La erupción comenzó en Grecia.

Una de las herencias del régimen de los coroneles fue la evasión fiscal de los ricos.

Eso llevó a déficits presupuestarios, y los bancos de Wall Street ayudaron al gobierno [conservador griego] a esconder su deuda pública en una contabilidad basura de “libre empresa”.

Luego, los acreedores alemanes y franceses hicieron una fortuna elevando las tasas de interés que Grecia tenía que pagar por su acrecido riesgo crediticio.

Se le dijo a Grecia que tenía que levantar los ingresos fiscales con impuestos a los trabajadores y haciendo pagar más por los servicios públicos.

Eso aumenta el coste de la vida y el coste de hacer negocios, quitando competitividad a la economía.

La respuesta de manual neoliberal es ésta: hay que convertir a la economía toda en una enorme colección de puestos de peaje.

La idea es atacar el empleo público rebajando los salarios de los funcionarios, a fin de presionar a la baja los salarios del sector privado, al tiempo que se recortan servicios sociales básicos y se eleva el coste de la vida introduciendo cargos de peaje en las autiovías y en otras infraestructuras básicas.

Los Tigres Bálticos fueron pioneros en eso, y deberían ser una advertencia para el resto de Europa.

Letonia batió todas las marcas en 2008-09 cuando, plegándose a los dictados del Comisario europeo de economíaa y moneda, Joaquín Almunia, destruyó un 25% de su PIB y recortó los salarios públcos en un 30%.

Letonia no recuperará los niveles precrisis de PIB que tenía en 2007 hasta por lo menos 2016: toda una década perdida, despilfarrada en una penitencia financiera resultante de haber creído en las fantasías neoliberales de que su burbuja inmobiliaria era una proceso prometedor de rebosante éxitos.

En otoño de 2009, el primer ministro socialista George Papandreu prometió en una cumbre de la UE que Grecia no quebraría por causa de un volumen de deuda de 298 mil millones de euros, pero advirtió: “Nosotros no hemos llegado al poder para desmantelar el Estado social. No serán los trabajadores asalariados quienes paguen por esta situación: ni congelaremos salarios ni, mucho menos, los recortaremos”.

Sin embargo, para eso es para lo que ahora mismo parecen servir los partidos socialistas y socialdemócratas: para apretar las tuercas hasta extremos a los que jamás podrían avilantarse los partidos conservadores. La deflación salarial ha de ir de la mano de la deflación de deuda y de los aumentos de impuestos, a fin de encoger las economías.

El programa de la UE y del FMI inspira la versión actual de los ·desórdenes inducidos por el FMI” en América Latina en los 70 y 80 del siglo pasado.

Almunia, el verdugo de la economía letona, exigió unas “reformas” que pasaban por recortes en la asistencia sanitaria, en las pensiones y en el empleo público, “reformas” acompañadas de una proliferación de impuestos, gravámenes y peajes de carretera y en otras infraestructuras básicas.

La palabra “reforma” se ha convertido en un eufemismo para hablar de la jibarización del sector público y de la privatización de activos públicos, liquidados a precio de ganga en beneficio de los acreedores.

Esa política inspiró en Grecia una rebelión de desobediencia civil –”yo no pago”— que terminó por convertirse en “un movimiento antiausteridad de alcance nacional.

Los partidarios de ese movimiento se niegan a pagar los peajes de las autopistas; en Atenas, se suben sin billete al metro y a los autobuses para protestar contra un ‘injusto’ aumento del 40% en los viajes”. (Kerin Hope, “Greeks adopt ‘won’t pay’ attitude,” Financial Times, 10 marzo 2011.) Ni que decir tiene, los policías simpatizan lo bastante con el movimiento, como para abstenerse de poner multas.

Un artículo aparecido en [el rotatiivo parisino] Le Monde acusó al plan de la UE y el FMI de “cabalgar por encima de las más elementales reglas de la democracia.

De ponerse por obra ese plan, resultaría en un colpaso de la economía y de los ingresos de la gente sin precedentes en Europa desde los años 30.

Salta igualmente a la vista la colusión entre los mercados, los bancos centrales y los gobiernos para hacer pagar a los pueblos la factura del capricho arbitrario del sistema”.

Irlanda

Irlanda es la economía más golpeada de la Eurozona.

El partido inveteradamente gobernante, el liberal Fianna Fail [en coalición con Los Verdes] aceptó en su día incorporar las pérdidas bancarias a la contabilidad pública, imponiendo lo que tiene el aspecto de convertirse en décadas de austeridad (y en la mayor emigración forzosa desde la Hambruna de la Patata, a mediados del siglo XIX).

Los votantes respondieron echando del gobierno al partido liberal –que perdió dos tercios de sus escaños en el Parlamento— y haciendo desaparecer del panorama político al Partido Verde, mientras el principal partido opositor, el democristiano Fine Gael, prometía a finales del pasado noviembre renegociar un préstamo de rescate de la UE y el FMI por un montante de 115 mil millones de dólares y el correspondiente programa de austeridad.

Un editorial del Financial Times se refirió al paquete de rescate –un eufemismo para la destrucción financiera— como la degradación de una nación a la condición de “esclavitud escriturada”.

Los euroburócratas “pretenden que el contribuyente irlandés eche más dinero en los agujeros abiertos por los bancos privados.

Como parte del rescate, Dublín tendrá que ir consumiendo un fondo de pensiones creado en los días en que Berlín y París estaban violando las reglas de Mastricht (…) mientras se sacraliza a los tenedores de bonos y las apresuradas liquidaciones de activos aumentan el riesgo de que pérdidas aún mayores sean cargadas sobre las espaldas del contribuyente”.

Lo único que auguran las promesas de la UE de renegociar el acuerdo son concesiones engañosas que no lograrán rescatar a los trabajadores y a la industria irlandeses de tener que pagar la factura de los préstamos temerariamente concedidos por la banca privada nacional.

Las opciones de Irlanda, así pues, se reducen o a rechazar o a aceptar las exigencias de la Comisión Europea de “salvar la integridad de los banqueros” a expensas del trabajo y de la industria.

La cosa recuerda la célebre sentencia de William Nassau Senior –el que sucedió a Malthus en la cátedra del East India College— cuando, informado de que en la Hambruna de la Patata habían muerto en Irlanda un millón de personas, repuso impertérrito: “No son suficientes”.

Ya se ve que la teoría económica basura de los neoliberales goza de un largo pedigrí.

Se ha alterado radicalmente la idea de la soberanía nacional, y aun el supuesto básico subyacente a toda la teoría política: la premisa de que los gobiernos actúan conforme al interés nacional.

Se calcula que los intereses servidos por el gobierno irlandés –por un monto de 10 mil millones de euros— absorverán el 80% de los ingresos fiscales recaudados por el gobierno en 2010. Eso está más allá de la capacidad de supervivencia de cualquier Estado o de cualquier economía.

Significa que todo el crecimiento va a ir a parar, como tributo, a la UE por haber rescatado a temerarios banqueros alemanes, y de otros países, que ni siquiera se percataron del hecho aparantemente palmario de que las deudas que no se pueden pagar, nunca se pagan.

El problema es que, mientras van percatándose de eso, las economíaas serán destruidas, los activos, aventados, el capital, esquilmado, y el trabajo, obligado a emigrar. Letonia es el emblema de todo eso, con un tercio de su población entre 20 y 40 años que ya ha emigrado o planea hacerlo en los próximos años.

La argentinización de Europa

La pesadilla de la UE es que los votantes puedan despertar como terminaron despertando los argentinos cuando se les anunció oficialmente que los consejos neoliberales que les habían venido dando los asesores estadounidenses y del FMI habían destruido la economíaa argentina. El pago de la deuda era imposible.

Y llegados a ese punto, no tuvo Argentina demasiadas dificultades para depreciar en un 70% el valor de la deuda contraida con acreedores extranjeros. Su economía está ahora en auge, precisamente porque, emancipada de sus cuervos financieros, vuelve a ser digna de crédito.

Algo muy parecido ocurrió en América Latina y otros países del Tercer Mundo luego de que México anunciara que no podría pagar su deuda exterior en 1982.

Se produjo una oleada de quiebras, lo que generó negociaciones para la depreciación de la deuda, culminando con los bonos Brady. Los EEUU y otros acreedores calcularon con realismo lo que los deudores estaban en condiciones de pagar.

Y substituyeron los viejos créditos bancarios, irresponsablemente concedidos, por nuevos bonos. Los EEUU y otros miembros del FMI consideraron todo un éxito esas depreciaciones.

Pero a Irlanda, Grecia e Islandia se les cuentan ahora historias terroríficas sobre lo que podría ocurrir, si sus gobiernos se negaran a cometer suicidio financiero.

Se teme, claro, la rebelión de los deudores, lo que llevaría a la Eurozona a desmembrarse por la resistencia a que las economías financiarizadas entreguen durante años y años todo su excedente a los acreedores, sometiéndose a las exigencias bancarias de sacrificar toda una generación a la austeridad, el encogimiento y la emigración.

El referedum islandés y la pesadilla de la Comisión europea: la rebelión de los deudores

Y ese es el asunto que se dirime este sábado [9 de abril de 2011] en el referéndum islandés. Es la cuestión a la que se enfrenta el conjunto de los votantes europeos:

¿tienen las economías de nuestros días que sujetarse a los bancos y rescatarlos con recursos públicos de préstamos temerariamente concedidos?

¿O hay que purgar al sistema financiero para que, al revés, sirva a la economía y contribuya a elevar los niveles de vida, en vez de imponer austeridad?

Parece una ironía que los partidos socialistas (España, Grecia), el Partido Laborista británico y varios partidos socialdemócratas se hayan desplazado hacia el extremo probanquero derechista del espectro político, comprometiéndose a imponer una austeridad hostil al mundo del trabajo, no sólo en Europa, sino también en Nueva Zelanda (el emblema de las privatizaciones thatcheritas en los 90) y aun Australia.

La política de reducción de los servicios sociales públicos y de apostar por las privatizaciones es diametralmente opuesta a sus posiciones de hace un siglo.

¿Cómo llegaron a divorciarse a tal punto de los trabajadores, sus originarios votantes?

Diríase que su función actual es la de imponer cualesquiera políticas derechistas que los partidos conservadores no se avilantan a desarrollar: un poco como Obama, neutralizador de posibles alternativas del Partido Demócrata al cabiledeo Republicano a favor de políticas económicas à la Rubin [el célebre alto ejecutivo del banco privado Goldman Sachs que, como secreterio del Tesoro norteamericano, determinó toda la política económica de los gobiernos de Bill Clinton; T.].

¿Incauta credulidad?

Puede que ése haya sido el caso en Rusia, cuyos dirigentes parecían tener poca idea de cómo defenderse de los destructivos consejos de los chicos de Harvard y de Jeffery Sachs.

Pero hay algo menos incauto y más intencional en la política del Partido Laborista británico de pasar a Thatcher por la derecha en punto a privatización de ferrocarriles y otras infraestructuras económicas clave a través de su “Sociedad Público-Privado”.

Es la actitud que llevó a a Gordon Brown a esgrimir la amenaza de bloquear la entrada de Islandia en la UE, si los votantes islandeses se oponían a rescatar lo que no era sino el fracaso de la neoliberal agencia británica aseguradora de bancos a la hora de prevenir que los báncsters saquearan Icesave.

El pasado fin de semana, medio millón de ciudadanos británicos marcharon por las calles de Londres protestando contra los anunciados recortes de servicios sociales, educación y transporte, así como contra los aumentos de impuestos destinados a pagar los rescates de Gordon Brown de bancos privados como el Northern Rock y el Royal Bank of Scottland.

La carga la soportarán los trabajadores y la industria, no la clase financiera británica. El Daily Express, un diario de tirada nacional siempre dispuesto a lanzar campañas, está ahora desarrollando una ruidosa campaña para que el Reino Unido abandone la UE aduciendo sobre poco más o menos las mismas razones por las que hasta ahora se ha abstenido el país de entrar en la Eurozona monetaria.

¿Qué podrían razonablemente esperar Islandia y otros países deudores de pagar su deuda, especialmente en los tiempos que corren?

El acuerdo propuesto daría a Gran Bretaña y a Holanda más de lo que les darían las directrices de la UE.

Islandia tiene robustos argumentos jurídicos para plantarse.

Las advertencias de los socialdemócratas y los verdes islandeses sobre la UE son tan exageradas, que le llevan a uno a maliciar si los diputados del Althing [el parlamento islandés] no estarán simplemente buscando evitar una investigación sobre lo que realmente ocurrió con los depósitos del Landbanki Icesave.

La Oficina de Fraude británica se ha puesto últimamente más seria en la investigación de lo que ocurrió con el dinero, y ha empezado a detener a exdirectores.

Vivimos tiempos realmente extraños, con un gobierno islandés [¡socialdemócrata y verde!] resignado a cargar la mala deuda de bancos privados en la contabilidad pública islandesa.

El problema es que, cuanto más encoja la economía de Islandia, tanto más imposible le resultará pagar la deuda externa.

El gobierno islandés mendiga con desesperación la entrada en la UE, sin preguntarse siquiera qué coste tiene eso.

El coste: se desplomaría la tasa de cambio de la corona islandesa, encogería la economía islandesa y los trabajadores jóvenes islandeses se verían forzados a emigrar en busca de puestos de trabajo y para evitar las quiebras y los desahucios resultantes de la sujeción a políticas de austeridad.

Nadie conoce realmente la profundidad del agujero. El gobierno islandés ni siquiera ha intentado realizar un análisis serio de riesgos.

Lo que está claro es que la UE y el FMI han sido irresponsablemente optimistas.

Cada informe estadístico nuevo resulta “sorprendente” e “inesperado”.

Sobre la base de las hipótesis de trabajo del FMI acerca de la evolución de la tasa de cambio de la corona islandesa hasta finales de 2009, por ejemplo, el personal del FMI hizo proyecciones, según las cuales la deuda exterior bruta sería del 160% del PIB.

Para decirlo todo, añadieron que una ulterior depreciación de la tasa de cambio del 30% podría llegar a causar un aumento importante de aquella proporción de la deuda.

Y eso es lo que ha ocurrido. En noviembre de 2008, el FMI avisó de que la deuda externa que había proyectado para fines de 2009 podría llegar a alcazar el 249% del PIB, un nivel que consideraba “claramente insostenible”. Pero el actual nivel de la deuda ha sido estimado ya en el 260% del PIB islandés, y eso aun sin incluir, entre otras, la deuda de Icesave que el gobierno quiere asumir.

Los acreedores nada pierden impartiendo los consejos de la teoría económica basura.

Se han mostrado muy dispuestos a alentar a las economías a destruirse a sí propias en el proceso de tratar de pagar: algo así como aplaudir a los trabajadores de las plantas nucleares por ir a apagar un incendio en medio de radiaciones.

En el caso de Irlanda, la UE conminó a su gobierno [verdi-liberal] a responsabilizarse de préstamos bancarios privados que, al final, resultaron valer sólo un 30% (sí, un 30%: no es un erratum mecanográfico) del precio de mercado estimado. Dijo que eso podía hacerse ·fácilmente”. El gobierno verdi-liberal aceptó.

Consecuencia: la práctica desaparición del Partido Verde irlandés y, lo que es mucho más importante, la condena de la economía irlandesa a por lo menos dos décadas de miseria, emigración y bancarrota.

Lo que empeora el problema es que la deuda contraída en moneda extranjera no se paga a partir del PIB (cuyas transacciones se realizan en moneda nacional), sino a partir de los beneficios de la exportación más las ganancias resultantes de la liquidación de activos públicos comprados por inversores extranjeros.

Para Islandia, la cuestión sería qué volumen de productos y servicios –y de recursos naturales y empresas— nacionales comprarían británicos y holandeses.

Se supone que es responsabilidad de los acreedores colaborar con los deudores y negociar los pagos en exportaciones.

En vez de eso, los actuales acreedores se limitan a exigir a los gobiernos que vendan a precios de liquidación tierras, recursos minerales, infraestructuras básicas y monopolios naturales para pagar a los acreedores extranjeros.

Esos activos resultan confiscados en lo que, en efecto, es un procedimiento pre-bancarrota. Los nuevos compradores, entonces, convierten la economía toda en una red de puestos de peaje, elevando las cargas de acceso al transporte, al servicio telefónico y a otros servicios privatizados.

Uno estaría tentado a pensar que la respuesta normal de un gobierno en estos casos de negociación de la deuda externa sería nombrar una comisión de expertos que evaluara la posición de la economía, a fin de ponderar la capacidad de pago de las deudas contraídas en el extranjero y de formular los términos de un acuerdo conforme a la propia capacidad de pago. Pero no ha habido tal cosa.

El Althing [parlamento islandés] se ha limitado simplemente a aceptar las exigencias del Reino Unido y de Holanda sin la menor negociación. Ni siquiera ha levantado protesta por el hecho de que británicos y holandeses sigan adelantando las manijas del reloj de los intereses en las cargas que están exigiendo.

Votando NO en el referéndum del 9 de abril, lo que la población islandesa va a decir a los negociadores financieros de Europa es: “¡Buena jugada! Pero no estamos dispuestos a secundarla. Vuestro juego de acreedores se acabó. De ninguna nación puede esperarse que cometa suicidio financiero al estilo irlandés, plegándose a la depresión económica y obligando a una buena parte de su población trabajadora a emigrar, simplemente para compensar a depositantes de bancos por los crímenes o las negligencias de sus banqueros”.

El incalificable papel jugado por las agencias de calificación del riesgo

Las agencias de calificación crediticia han tratado de apoyar los esfuerzos del Althing por amedrentar a la población islandesa para que vote “Sí”.

El pasado 23 de febrero, Moody’s amenazaba: “si se rechaza el acuerdo, lo más probable es que rebajemos la calificación de Islandia hasta Ba1, o menos”. Si los votantes aprobaran el acuerdo, en cambio, “lo más probable es que cambiáramos la actual calificación del gobierno en Baa3, de negativa a estable”, a la vista de un probable “recorte en los restantes 1.100 millones de dólares comprometidos por los otros países nórdicos y probablemente también de un aplazamiento del programa del FMI para Islandia”.

Tal vez no muchos islandeses se percatan de que las agencias de calificación son, en la práctica, lobistas de sus clientes, el sector financiero.

Uno pensaría que perdieron definitivamente su reputación de honradez –no digamos de competencia— cuando calificaron con una triple AAA las hipotecas basura que desencadenaron la actual catástrofe financiera global.

La explicación es que lo hicieron todo por dinero. No son más honradas que Arthur Andersen, la desaparecida compañía auditora que aprobó, como se recordará, la contabilidad basura de Enron.

La idea que yo me he forjado de las agencias de calificación la debo en no pequeña medida a la historia que me contó Dennis Kucinich de cuando era alcalde de Cleveland, Ohio.

Los bancos y algunos de los principales clientes de éstos habían puesto los ojos en la privatización de la empresa pública de electricidad.

Los privatizadores querían comprarla a crédito (con unos intereses fiscalmente deducibles, que privaban al gobierno de recaudar los correspondientes ingresos fiscales) y aumentar drásticamente los precios para poder pagar exorbitantes remuneraciones a sus ejecutivos, ultrajantes honorarios de suscripción del crédito a los bancos y unas bonitas compensaciones a las agencias de calificación.

Los bancos le pidieron al alcalde Kucinich que les vendiera el banco municipal, prometiendo ayudarle a ser gobernador si traicionaba a su electorado.

Kucinich dijo “No”. Asi que los bancos recurrieron a sus perros de presa, las agencias de calificación.

Amenazaron éstas con degradar la calificación de Cleveland para que no pudiera mantener el equilibrio en los empréstitos normales que tenía con los bancos. Llegaron a decirle: “Suéltenos su compañía energética o le arruinaremos las finanzas de la ciudad”.

Kuzinich volvió a negarse. Y los bancos cumplieron sus amenazas, pero el alcalde había salvado a la ciudad de ver esquilmados sus ingresos con cargas de privatización predatoria. A su debido tiempo, los votantes llevaron a Kucinich al Congreso, y terminó siendo un canditado a la presidencia.

Volviendo al problema de las agencias de calificación crediticia, ¿cómo puede llegar a creer nadie que aceptar pagar una deuda de monto impagable mejorará la calificación crediticia de Islandia?

Los inversores han aprendido a depender de su propio sentido común al perder centenares de miles de millones de dólares por causa de las temerarias estimaciones de las agencias de calificación.

Las agencias de calificación han conseguido eludir la persecución penal alegando que en la letra pequeña de sus contratos se dice que no hacen sino dar una “opinión”, no un análisis realista en el que pudieran fundarse honradas responsabilidades profesionales.

La experiencia argentina debería servir aquí de modelo, al ilustrar cómo la significativa  depreciación de la deuda exterior puede contribuir a aumentar, no a disminuir, la credibilidad de una economía.

Y en lo atinente a posibles pleitos judiciales, recuérdese que uno de los axiomas básicos del Derecho Internacional Público es que ningún país soberano puede ser obligado a cometer suicidio financiero con medidas de austeridad financiera que lo pongan al borde del abismo de la emigración forzosa de sus trabajadores y el retroceso demográfico.

Las naciones son entidades soberanas.

Islandia y Portugal, otro país de la Eurozona tumbado por sus bancos

De modo que, tanto jurídica como moralmente, estaría mal que los ciudadanos islandeses tuvieran que emplear el resto de sus vidas en pagar unas deudas que, lejos de ser asunto suyo, deberían ser un asunto para dirimido entre la Oficina Británica del Fraude Financiero Grave y las agencias británicas de seguros bancarios.

Lo que deciden los votos en el referédum islandés del 9 de abril es qué precio está dispuesta a pagar Islandia para entrar en la UE.

En la práctica, y en la medida en que la Eurozona se enfrenta a una crisis generada por los deudores PIIGS, la cuestión es: ¿qué tipo de UE va a salir del actual conflicto entre acreedores y deudores?

Hay miedo de que la Eurozona se desmembre en cualquier caso.

Así que el actual gobierno socialdemócrata y verde islandés puede que esté buscando entrar  como miembro de una realidad ilusoria, una realidad en proceso de desmembración, al menos si se mantiene en su actual extremismo neoliberal.

Precisamente ayer (jueves, 7 de abril), un editorial del Financial Times comentaba esto que sigue a propósito de la prematura rendición de Portugal a las exigencias de la UE:

“Otro país de la Eurozona tumbado por sus bancos. A comienzos de esta semana, los bancos portugueses amenazaban con una ralentización de la compra de bonos, a menos que el gobierno custodio buscara ayudas financieras en otros países de la Unión Europea (…) Lisboa debería haberse mantenido firme en su posición (…) debería haberse resistido a las exigencias de los bancos: buscar un crédito-puente inmediato. (…) Al hacerlo tan fácil y prontamente, el gobierno se arriesga a aliernarse por entero a unos mercados alarmados. Y eso podria perjudicar el resultado de negociaciones persuasorias a más largo plazo.

“El gobierno custodio carece de la autoridad moral y de la autoridad política para determinar de esta forma el futuro de Portugal.

No debería abandonar los mercados con tanta precipitación.

Porque lo que eso podría significar en los meses venideros son intereses más altos en las emisiones de deuda pública, más altos, en cualquier caso, de lo que podría haber sido el caso si el gobierno no hubiera metido la mano tan pronto… El momento adecuado para optar a un rescate externo debería haber sido al final de un debate nacional.”

Lo mismo debería valer para Islandia. Si observamos lo ocurrido durante el pasado año, diríase que la nación islandesa ha sido usada a modo de (cruel) experimento piscológico y político para ver cuánto está dispuesta a pagar una población, sin merecérselo, por lo que banqueros ventajistas han robado o se han prestado a sí mismos.

El actual gobierno socialdemócrata y verde islandés parece haberse desacoplado de lo que es bueno para los votantes y para la supervivencia misma de la economía de Islandia.

Por eso desafía el axioma básico de toda ciencia social y de toda teoría económica, y es a saber: que las naciones actúan en su mejor interés propio.

También es el axioma de la democracia: los electores se percatan de sus intereses y votan en consecuencia para elegir a representantes que apliquen políticas conformes a esos intereses.

Para el politólogo, esto es toda una anomalía. ¿Cómo explicar que un parlamento nacional actúe en interés de acreedores británicos y holandeses, antes que en interés de su propio país, acusado de tener deudas que los votantes de otros países se han sacado de encima derribando precisamente a gobiernos dispuestos a hacerlas suyas?

Michael Hudson es ex economista de Wall Street especializado en balanza de pagos y bienes inmobiliarios en el Chase Manhattan Bank (ahora JPMorgan Chase & Co.), Arthur Anderson y después en el Hudson Institute. En 1990 colaboró en el establecimiento del primer fondo soberano de deuda del mundo para Scudder Stevens & Clark.

El Dr. Hudson fue asesor económico en jefe de Dennis Kucinich en la reciente campaña primaria presidencial demócrata y ha asesorado a los gobiernos de los EEUU, Canadá, México y Letonia, así como al Instituto de Naciones Unidas para la Formación y la Investigación. Distinguido profesor investigador en la Universidad de Missouri de la ciudad de Kansas, es autor de numerosos libros, entre ellos Super Imperialism: The Economic Strategy of American Empire.

 

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