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#15M #ANONYMOUS Gobierno quiere impedir de raíz manifestaciones La Policía aplicará con rigor a indignados el Código Penal y ley Corcuera


El Gobierno quiere impedir de raíz manifestaciones radicales

La Policía aplicará con rigor a los indignados el Código Penal y la ‘ley Corcuera’

Manuel Ángel Menéndez 13/02/2012
La policía tiene carta blanca para actuar, según la ley, en las manifestaciones que se vayan a producir y que puedan considerarse como alteradoras del orden público.
Las Unidades de Intervención Policial (UIP’s) deberán hacer cumplir con todo rigor la Ley 1/92 sobre seguridad ciudadana y el Código Penal.
La idea es que no se toleren más actuaciones como las del 15-M de hace un año y ‘desaconsejar’ tomas de plazas o de espacios cercanos a instituciones -Congreso de los Diputados- como los que se permitió en tiempos de Amparo Valcarce y Dolores Carrión como delegadas del Gobierno.
El gobierno de Mariano Rajoy es consciente de que con las medidas de carácter económico y laboral que está adoptando la tensión social está garantizada. Se prevén manifestaciones, no, quizá, como en Grecia, pero sí con cierta tensión y se trata de impedir que éstas vayan a mayores.
La posición gubernamental al respecto es de que, para impedir que la calle se ‘desate’, no se trata de endurecer leyes, sino de ordenar a la policía que cumpla con las disposiciones existentes. Es decir, dejarles actuar en vez de impedirles la actuación como hicieron las dos anteriores delegadas del Gobierno, las socialistas Amparo Valcarce y Dolores Carrión.No hay orden por escrito; simplemente autorización verbal a que las Unidades de Intervención Policial -1.800 antidisturbios en toda España, 620 sólo en Madrid- apliquen a partir de ahora con todo rigor la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana -la famosa ley de ‘patada en la puerta’ o ‘ley Corcuera’-, y el Código Penal.

Son medidas para disuadir a los ‘indignados’, avisándoles de que se acabaron los tiempos de vino y rosas que en cierta forma se disfrutaron con el PSOE.El primer ejemplo de la nueva ‘doctrina‘ se tuvo a mediados de enero, cuando la Policía cargó en el Metro de Madrid contra las personas que protestaban contra la subida del precio transporte, carga que se saldó con cuatro detenidos.

Ya entonces, la actual delegada del Gobierno, la popular Cristina Cifuentes, dejó clara la nueva política de Interior: “Utilizar la fuerza salvo cuando sea estrictamente necesario, y siempre con el amparo de las disposiciones judiciales”, un eufemismo con el que Cifuentes pide a los policías que actúen en las manifestaciones teniendo en cuenta la ‘ley de la patada en la puerta’ y el Código Penal.El segundo ejemplo de las nuevas directrices -no escritas, por cierto, sino verbales- se desarrolló el pasado fin de semana, en una manifestación que pretendía llegar al Congreso de los Diputados.

La policía actuó en función del Código Penal y detuvo a casi una decena de personas como presuntos autores de delitos que deberán ser resueltos por los tribunales. Y al amparo de la Ley 1/92 (de seguridad ciudadana) procedió a la identificación de casi una sesentena de manifestantes para que la Delegación del Gobierno les aplique la correspondiente acta de sanción.A estos últimos se les aplica, entre otros, el artículo 26 punto i de la Ley 1/92: “Alterar la seguridad colectiva u originar desórdenes en las vías, espacios o establecimientos públicos”.

Los ‘identificados’ por esa alteración, considerada como falta leve, se enfrentan a una multa de 300,52 euros.

Las sanciones establecidas en esa ley son de
multa de 30.050,62 a 601.012,1 euros, para infracciones muy graves;
de 300,52 euros a 30.050,61 euros para infracciones graves y
de hasta 300,51 euros para infracciones leves,
y compete a Delegados y Subdelegados del Gobierno imponer las sanciones pecuniarias.La idea que bascula en Interior es que hay que impedir que el movimiento de los indignados pueda resucitar como un movimiento que arrastre masas -como ya hizo- y disuada a los posibles manifestantes-indignados a realizar ningún tipo de acción más allá del simple ‘paseo de pancarta’ bajo amenaza de afectar seriamente a su bolsillo.

En todo caso, la orden no ha sido dado de forma escrita por la Delegación del Gobierno, sino de forma oral, y los policías piden instrucciones por escrito. “Ahora nos dejan intervenir, pero nos falta el respaldo escrito”, asegura a Diariocrítico Alfredo Perdiguero, portavoz del Sindicato Independiente de la Policía Española (SIPE).

http://www.diariocritico.com/nacional/indignados/manifestaciones/ministerio-del-interior/movimiento-15-m/unidad-intervencion-policial/407474

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El falseado debate de la seguridad ciudadana y las cámaras de control en Burgos.


El falseado debate de la seguridad ciudadana y las cámaras de control en Burgos.

Por BURGOSDIGITAL

La cuestión de la seguridad ciudadana no siempre ha sido un coto privado de la derecha más rancia.
La izquierda y la social-democracia también tenían un discurso propio a este respecto.
Era una cuestión que se encuadraba dentro del esquema del Estado del bienestar que se implementó después de la segunda guerra mundial en el norte de Europa.
La teoría propugnaba que una sociedad con igualdad de oportunidades y de desarrollo personal era también una sociedad más segura.
Fue entonces cuando se crearon los sistemas de seguridad social.  Este discurso rezumaba optimismo hacia el individuo, que en el caso de errar, era susceptible de ser rehabilitado, y que rechazaba el antagonismo libertad-seguridad que hoy es asumido como verdad incuestionable.
La justicia social era, y a nuestro juicio lo sigue siendo,  la mejor prevención contra la inseguridad ciudadana.
Desde hace tres décadas, la deserción de la socialdemocracia de sus propios postulados ha ofrecido en bandeja de plata el debate sobre seguridad ciudadana a la derecha conservadora y neoliberal que plantea un sistema muy diferente.  Responde a una concepción maniquea y pesimista del ser humano.
La derecha no cree en la rehabilitación de los que delinquen, así que propugna la extirpación social del individuo (pena de muerte, cadena perpetua),y apuesta por la reducción de libertades como  medida para incrementar la seguridad, generando  de este modo una sospecha y desconfianza generalizada entre las personas y los grupos de la misma clase social.
Si la sociedad es traumatizada por algún hecho violento, normalmente con la inestimable ayuda de los medios de comunicación, en lugar de reevaluar los medios de prevención social se procede a una vuelta de tuerca en los sistemas de control y represión.
El resultado de estas medidas suele ser tan infructuoso a la hora de reducir la inseguridad ciudadana como rentable en las urnas.
El ejemplo más notable de este tipo de política en Europa es Sarkozy, quien siendo ministro del interior promovió la llamada revuelta de los suburbios que luego le valió la presidencia francesa
.
Como consecuencia de los lamentables actos violentos que han acaecido en los últimos años, Burgos no ha podido sustraerse a este falso debate sobre seguridad ciudadana.
Los tres casos, por tod@s conocidos, han sido resueltos exitosamente por la policía, y los responsables han sido puestos bajo control judicial en horas o días.
Sin embargo, los medios de comunicación lanzaron una campaña para la instalación de cámaras de vigilancia en las zonas de ocio, cámaras que, repetimos, no han sido necesarias para el esclarecimiento inmediato y completo de los hechos mencionados.
En el suceso acaecido en las últimas navidades, y que desencadenó dicha campaña, los hechos sucedieron frente a decenas de testigos, de lo que se deduce que la presencia de cámaras tampoco hubiera evitado el trágico desenlace.
Por otro lado, la experiencia de ciudades donde se han instalado masivamente cámaras de control, como Londres, también subrayan la ineficacia de éstas para prevenir y esclarecer los crímenes además de su elevado coste.
Entonces,
¿Por qué apostar por unas cámaras de control ineficaces y además caras?
¿Son nuestros políticos estúpidos?
Probablemente, pero en este caso, nos inclinamos a pensar que los objetivos de la instalación de cámaras son otros a los que se exponen.
En primer lugar, reporta unos beneficios electorales, ya que se da una falsa sensación de seguridad, pero sobre todo tiene como objetivo el control del espacio público mediante la limitación de libertades y derechos.
No es la única medida en este sentido.  La ordenanza de movilidad promovida por nuestro ayuntamiento apuntaba a un recorte de libertades en el uso del espacio público.
También se puede adscribir a este tipo de medidas cercenan la libertad de uso de la calle, el humanitario intento de Gallardón de confinar a las personas sin casa en  albergues de concentración.
Todas estas medidas persiguen el objetivo de limitar la libertad de los/as pobres y de la disidencia política en el espacio público, no de acabar con la inseguridad ciudadana.
El ayuntamiento de Burgos se gastará dinero en cámaras de control mientras reduce el presupuesto de los centros de acción social y las subvenciones a las ONGs que trabajan con los más necesitados.
Si al ayuntamiento del PP y el gobierno del PSOE quieren reducir y atacar la inseguridad ciudadana, les proponemos que dejen de lado sus actuales políticas de recortes sociales que excluyen todos los días a miles de personas de un trabajo, de una vivienda digna y de un futuro con algo de esperanza.
No estaría de más que nos protegieran de los empresarios y políticos corruptos, que sí parecen vivir en una impunidad alarmante.
Las cámaras pueden ser útiles, especialmente para saber qué dicen,  de qué tratan, con quiénes y cómo nos traicionan los que se dicen nuestros representantes.
Desde Burgosdijital proponemos que haya cámaras en esas reuniones con empresarios a las que tan aficionado se está haciendo Zapatero, y que curiosamente se hacen a puerta cerrada, o en las reuniones de los concejales de urbanismo con cons-destructores.
Porque en una democracia real es el pueblo el que debe controlar a los representantes y a los banqueros a los que sirven, que además son, hoy en día, los mayores promotores de violencia e inseguridad.
Han destruído tres millones de puestos de trabajo y aún no hay ninguno entre rejas.
Para más información sobre este tema recomendamos leer el gran artículo de Modesto Agustí en Diario de Vurgos:http://diariodevurgos.com/dvwps/burgos-1984.php

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