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El impago de la deuda como derecho frente a dictadura de los mercados en 2 pasos Auditoría, Acción y Anulación


El impago de la deuda como derecho frente a la dictadura de los mercados

Desde la oleada de ataques por parte de los “mercados” durante el pasado verano, se está desarrollando una versión ampliada de la burbuja de la deuda soberana, que está llevando este mecanismo de extracción financiera a una fase profundamente agónica.

Sin que hayan desaparecido las bajadas de calificación de la deuda soberana como vía para la apertura de espacios de alto beneficio financiero, también se han conectado de manera semi-automática las caídas de los valores bursátiles con la salida de fuertes flujos de capital hacia la compra de deuda alemana (nicho de seguridad) y de deuda periférica (nichos de altísimo beneficio).

El resultado es una retroalimentación continua de las diferencias entre los costes de la financiación alemana y los de los países de la periferia, punteada por ciclos de dos o tres días en los que se roza la estrangulación de economías en las que quedan pocos recursos y activos públicos que no estén ya en el punto de mira de los acreedores.

Grecia sigue siendo el ejemplo paradigmático, durante la segunda semana de septiembre la prima de riesgo sobre la deuda griega llegó a arrojar rentabilidades absolutamente desorbitadas de entre el 50% y el 110%.

Para hacernos una idea de la escala a la que se produce este proceso de desposesión, hay que recordar que el máximo interés que pagó el Estado griego por sus emisiones de deuda anteriores al verano de 2011 estuvo cercano al 20% y ha sido suficiente para una intervención de su economía.

En estas condiciones, el debate sobre el impago de la deuda se ha convertido en un asunto central para la política europea. De hecho, en buena medida, se puede considerar que el default (impago), al menos en Grecia, ya viene sucediendo desde antes del verano y que simplemente, desde la UE y el Gobierno griego se han venido buscando formatos adecuados (refinanciaciones, reestructuraciones, etc.) para venderlo como operaciones financieras rutinarias.

El pago de la deuda siempre es una variable política y los impagos, a su vez, son figuras políticas complejas cuyo significado depende en gran medida de cómo y quién los enuncia. Entre el “no nos pagáis” enunciado por los acreedores y la toma de posición “no os pagamos” hay un abismo simbólico y político.

Dicho de otra manera, mientras que el impago como iniciativa de la sociedad civil es una declaración de soberanía popular, el impago decretado por los acreedores refuerza el control de las instancias financieras sobre los activos y los flujos futuros de recursos.

Y esta es exactamente la pelea que se está disputando en Grecia, y que podría conformar el horizonte político inmediato de los demás países periféricos.

Frente a una ciudadanía que se rebela al pago de la deuda, afirma que “no pagaremos” y pide una auditoría democrática de la deuda, las instituciones de la Unión Europea y el FMI amenazan con declarar al país en quiebra si no se profundizan los programas de austeridad y privatizaciones.

Un campo de batalla que invariablemente viene asociado al impago de la deuda soberana, es el de la salida de la moneda común europea de aquellos países que declaren el impago de su deuda.

En gran medida, éste está siendo un argumento disciplinario utilizado por las instituciones europeas para amenazar a los países rebeldes con la desconexión del “caparazón” europeo y la exposición abierta a un poder financiero despiadado que la propia UE ha venido alimentando.

Pero también desde algunas posiciones “progresistas” se insiste en la salida del Euro como corolario inevitable del impago y como recuperación de instrumentos monetarios nacionales, especialmente la devaluación de la moneda, capaces de relanzar la competitividad sin necesidad de seguir hundiendo los costes salariales.

Sin embargo, en gran medida, la amenaza de la UE a sus estados miembros periféricos tiene un poso de verdad que la hace extraordinariamente efectiva.

Una serie de monedas nacionales más pequeñas serían terreno abonado para ataques especulativos sobre el tipo de cambio de una repercusión mucho más alta que los ataques sobre el euro y que, muy posiblemente, volverían a redundar en nuevas rondas de austeridad y privatizaciones.

Frente a este escenario, sería necesario desvincular el derecho al impago de la salida de la moneda única europea, interpretándolo como una figura de soberanía democrática europea antes que como un retorno a la soberanía nacional, expresada en una moneda propia.

Isidro López

http://www.observatoriometropolitano.org/

Nuestras tres A: Auditoría, Acción, Anulación

10 febrero 2012 | Categorías: Mercados Financieros | |

Damien Millet y Eric Toussaint – ATTAC Francia y CADTM

AAA… Estas tres letras que resuenan como una risa sarcástica designan la nota máxima concedida por las agencias de calificación. Una empresa o un Estado con nota AAA inspira confianza a los prestamistas y a los especuladores, y le permite pedir préstamos a menor coste.

Pero para obtener —o conservar— esta nota emblemática, los gobiernos europeos se aprestan a todo, y aplican políticas de rigor que no hacen más que someter sus economías a lo dictado por los acreedores. Detrás de estas AAA se esconden fuertes regresiones sociales, violaciones de derechos humanos, sangre y lágrimas para las poblaciones más frágiles.

AAA…es la risita de las hienas — los acreedores— cuando los derechos de los pueblos son sacrificados con la complicidad activa de los dirigentes de los países europeos, de la Comisión Europea, del Fondo Monetario Internacional (FMI), del Banco Central Europeo (BCE). Prestamistas y especuladores se arriesgaron en forma insensata, seguros que las autoridades públicas irían a rescatarlos en caso de crisis.

Hasta aquí tuvieron razón. Se pusieron en marcha planes de rescate de bancos, los Estados aportaron garantías por millares de millones de euros, los deseos de los acreedores fueron satisfechos. Los Estados gastaron sumas colosales para salvar los bancos antes de imponer planes de austeridad masivos.

Y contra estos planes, los pueblos se alzan a menudo con determinación. Manifestaciones, huelgas generales, movimiento de indignados, luchas sociales son portadoras de esperanzas cuando consiguen federarse a escala europea. ¡Pueblos de Europa, unámonos!

Desde hace tres décadas, las políticas neoliberales elevaron el endeudamiento a un nivel insoportable para las clases medias y modestas sobre quienes pesa lo esencial del reembolso.

La deuda pública de los países europeos tiene dos causas fundamentales: por una parte la contrarrevolución fiscal comenzada en los años 1980 que favoreció a los más ricos, y por otra las respuestas dadas por el Estado a la crisis actual, causada por las inversiones desbocadas de banqueros y de fondos especulativos.

La desregulación financiera suprimió las indispensables barreras, permitiendo la creación de productos financieros cada vez más complejos que condujeron a graves excesos y a una crisis económica y financiera mundial.

Ahora, las políticas aplicadas protegen a los responsables de la crisis y hacen pagar el precio a los pueblos víctimas. Es por eso que esta deuda es ampliamente ilegítima. Mientras dure la lógica actual, la dictadura de los acreedores podrá imponer incesantes retrocesos a las poblaciones.

Una Auditoría ciudadana de la deuda pública, acompañada de una moratoria sin penalización del pago, es la única solución para poder determinar la parte ilegítima, incluso odiosa de la deuda.

Es evidente que se debe llegar a la Anulación sin condiciones de esa parte ilegítima. Pero para que esto pueda suceder, los pueblos deben continuar con su movilización. Mediante la Acción, deben imponer otra política, que sea respetuosa de los derechos fundamentales y del planeta.

Esta Acción nos debe conducir a una Europa construida en base a la solidaridad y la cooperación que dé la espalda a la competencia y a la competitividad. La lógica neoliberal condujo a la crisis y ha revelado su fracaso.

Esta lógica, que subyace en todos los textos fundadores de la Unión Europea, con el Pacto de Estabilidad y el Mecanismo Europeo de Estabilidad a la cabeza, debe ser derrotada.

No hay que uniformizar las políticas presupuestarias y fiscales puesto que las economías europeas presentan fuertes diferencias, pero deben coordinarse para conseguir que surja una solución que promueva «hacia arriba» esas políticas. Europa debe también terminar radicalmente con su política de fortaleza asediada frente a los candidatos a la inmigración, para convertirse en un socio igualitario y verdaderamente solidario respecto a los pueblos del Sur.

El primer paso debe consistir en anular la deuda del Tercer Mundo de manera incondicional.

Como es evidente, es necesario derogar los actuales tratados europeos y reemplazarlos por nuevos, en el marco de un verdadero proceso constituyente democrático, que permita echar las bases de «Otra Europa».

Auditoría, Acción, Anulación, son las AAA que deseamos, la de los pueblos y no las de las agencias de calificación. Ponemos esta reivindicación en el centro del debate público para afirmar con fuerza que otras opciones políticas, económicas y financieras son posibles.

Pero solamente unas potentes luchas sociales permitirán el triunfo de las AAA de los pueblos, y un cambio radical de lógica que esté a la altura de los desafíos planteados.

Traducido por Griselda Pinero.

http://www.attac.es/2012/02/10/nuestras-tres-a-auditoria-accion-anulacion/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

De OBLIGADA LECTURA Sobre el déficit: el inicio del inicio de un viaje a ninguna parte


Sobre el déficit: el inicio del inicio de un viaje a ninguna parte

por Pedro Montes

Jueves, 02 de Febrero de 2012
Sobre el déficit: el inicio del inicio de un viaje a ninguna parte

El propósito de este artículo es clarificar lo que significa el déficit y desvelar la manipulación que se está haciendo del mismo.

“…El gobierno, como dije al principio, nos engaña y nos confunde. Para justificar la medidas fiscales adoptadas, contrarias a lo recogido en su programa electoral, ha recurrido a decirnos que son excepcionales y temporales, pero, si todo empeora como parece inevitable, no habrá condiciones para dar marcha atrás sino todo lo contrario: nuevas elevaciones de impuestos se justificarán por el lento avance en la corrección del déficit.

La liebre se escapa de nuevo. Por otra parte, ha emprendido el camino de los ajustes y recortes, vendiendo que son imprescindibles para remontar la crisis, pero, como hemos visto, los intentos de reducir el déficit son contraproducentes y bastante inútiles. El inicio del inicio de este viaje no lleva a ninguna parte, salvo para degradar continuamente la situación económica y social…”  

Cualquier persona no versada en cuestiones económicas debe andar aturdida con las continuas menciones al déficit público.

A esto, inmediatamente hay que añadir que los ciudadanos están siendo confundidos y engañados con el tema del susodicho déficit. El propósito de este artículo es clarificar lo que significa el déficit y desvelar la manipulación que se está haciendo del mismo.

Ante todo, el déficit siempre ha de referenciarse a un período temporal, un año por ejemplo, y por ello se habla del déficit de tal o cual año.

Todo ente económico -una persona, familia, empresa, ONG, un ayuntamiento, el Estado, el conjunto de las Administraciones Públicas o, globalmente, un país- registra un déficit cuando, en un periodo de tiempo, sus ingresos son inferiores a los gastos  realizados.

La diferencia tiene que cubrirse necesariamente generando una deuda.

Así, por ejemplo, si en el año uno el conjunto de las Administraciones Públicas –formadas  por el Estado, la Seguridad Social, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos- ingresan por 100 y gastan por 120, han de generar una deuda de 20.

Si, en el año dos, repiten estas cuantías de ingresos y gastos, el déficit será el mismo y habrán de endeudarse por otros 20, de modo que al final del segundo año, a pesar de repetirse el déficit, la deuda acumulada ya es de 40.

Si, en el año tres, los gastos son los mismos, pero los ingresos aumentan a 110, el déficit se reducirá a la mitad, a 10, pero la deuda habrá de incrementarse en estos otros 10, hasta 50.

En el cuarto año, si los ingresos suben a 120 y los gastos se reducen a 115, habrá un superávit de 5, que se traducirá en una disminución de la deuda hasta un volumen de 45.

Como se ve, la deuda en un momento dado, o si se prefiere al final de un año, es la suma de los déficits incurridos menos los superávit registrados en los años anteriores.

Por ello, para calibrar la situación financiera de un ente económico en un momento concreto, pongamos nuevamente de ejemplo a las Administraciones Públicas, hay que considerar y evaluar simultáneamente  los déficits generados y el volumen de deuda que se ha acumulado hasta ese momento.

Si se han estado registrando déficits públicos considerables y, al mismo tiempo, el conjunto de las Administraciones Públicas ya tiene acumulada una deuda elevada, que suele medirse en relación con el PIB de la economía, se estará en la peor situación de las posibles. Si se ha incurrido en déficits pequeños o, incluso, algún superávit y el volumen de deuda es reducido, se estaría en una buena posición.

Las combinaciones posibles son muy variadas y, entre ellas, puede ocurrir  que, estando reduciéndose significativamente el déficit, la posición sea muy delicada, debido a que el volumen de deuda acumulado sea muy elevado.

En estos momentos los casos así tienen mucho interés porque, estando los gobiernos de los países de la zona euro obsesionados por la reducción de los déficit públicos, el conseguir dicha disminución no mejorará los problemas financieros de fondo, que  están generados por el enorme volumen de deuda pública existente.

Lo límites a los déficits públicos que los países podían registrar anualmente y el montante que sus deudas públicas acumuladas podían alcanzar estaban recogidos en las famosas condiciones de convergencia de Maastricht.Son, respectivamente, el 3% y el  60% del PIB.

El establecimiento de estos límites era una exigencia razonable para formar parte de la moneda única, teniendo en cuenta que, a partir de la creación del euro, los Estados no tendrían  la posibilidad de recurrir a sus propios bancos centrales para financiar los déficits – ni los Estados ni los demás entes públicos tienen ya esta posibilidad histórica de endeudarse con su banco central. Esto es, lo que se llama monetizar la deuda-.

Finalmente, en el euro entraron todos los países que así lo quisieron,  con independencia de la situación de sus finanzas públicas y del cumplimiento de los criterios establecidos. Esto constituye una de las debilidades originales de la moneda única y uno de los motivos de la actual crisis europea.

Nuestro país, con respecto a estas dos condiciones, entró a formar parte del euro en una situación comparativamente aceptable. En el año 1998, las Administraciones Públicas tuvieron un déficit del 3,2% del PIB,  tras unas correcciones realizadas en los años previos, y la deuda pública alcanzaba al final de ese año, en el momento de nacer la moneda común, un montante equivalente al  63,2% del PIB.

En los años siguientes y hasta el 2007, esta situación mejoró progresivamente hasta la eclosión de la crisis financiera internacional en septiembre de 2008, con la quiebra del banco norteamericano Lehman Brothers.

Así y como media, en los seis años posteriores a 1999, el déficit público anual fue de sólo el 0,7% del PIB e, incluso, en el trienio 2005-2007 se registró un superávit medio anual del 1,6% del PIB.

La deuda pública medida en términos del PIB registró una caída continua, llegando a descender hasta el 36,2% del PIB a finales de 2007 (conviene resaltar e insistir en que éstas son cifras referidas sólo a las Administraciones Públicas, pues en todo el periodo analizado la economía española estuvo generando anualmente importantes déficits con el exterior, con el correspondiente aumento del volumen acumulado de la deuda de nuestro país frente al resto del mundo.

Vistas las cifras del comportamiento del sector público, estos hechos hay que  atribuirlos fundamentalmente al sector privado de la economía).

La crisis internacional de 2008 cambió abruptamente el panorama y las condiciones en que se desenvolvían las economías de todos los países. No es éste el lugar para describir la crisis ni el impacto que produjo en las principales economías.

Sólo dos hechos a destacar: la descomposición de los mercados financieros levantó el manto que cubría los profundos desequilibrios reales y financieros existentes en la zona del euro.

La moneda única había gestado una profunda crisis, que estuvo soterrada por la euforia dominante y las facilidades financieras existentes, pero que hubiera estallado con o sin crisis internacional.

Para la economía española, y éste es el segundo hecho resaltable, la crisis ha cobrado rasgos tenebrosos como consecuencia del gran endeudamiento frente al exterior en que se había incurrido desde la creación del euro y de la quiebra de un periodo de expansión económica sustentado en la construcción.

La socavada situación financiera española quedó descarnadamente puesta de manifiesto y la economía entró en una depresión con efectos harto conocidos.

La incidencia de la crisis financiera internacional, la recesión y el estallido de la burbuja inmobiliaria tuvo efectos fulminantes y contundentes en las cuentas públicas. De un superávit del 1,9% el PIB en 2007 se pasó a un déficit del 4,5% en 2008. En los años siguientes, el déficit ascendió al 11,2% en 2009, al 9,3% en 2010 y parece que será algo más del 8% en 2011, frente al 6% proyectado por el gobierno socialista saliente.

Éstas son cifras de magnitud históricamente desconocida y que, reflejadas en el montante de deuda pública que ha habido que generar, han hecho pasar el volumen de endeudamiento público desde el mencionado 36,2% del PIB en 2007 hasta el 70% alcanzado al finalizar 2011.

Éste es el marco donde se inicia la política del nuevo gobierno del PP, cuyo objetivo, a pesar de sus declaraciones de que está orientada a promover la recuperación del empleo, se ha centrado desde el primer momento en la corrección del déficit público, dando continuidad a la política que, desde mayo de 2010, vino practicando el anterior gobierno, tras de ceder y someterse a las instrucciones emanadas de las instituciones europeas y los mercados financieros.

El déficit público, en efecto, constituye el eje de la política económica en los últimos tiempos, al punto que ha llevado a una alevosa reforma de la constitución, cocinada en pocos días por el PSOE y el PP, para dejar atado el futuro. A partir de ello es donde hay que desenmascarar la reaccionaria, contraproducente e inútil orientación emprendida.

La corrección del déficit público puede intentarse desde muy variadas combinaciones de ingresos y gastos públicos.

Esas combinaciones determinan en buena medida el carácter de la política social y son las que permiten hablar del carácter regresivo de la política social de los últimos gobiernos.

Por otra parte, no es  discutible que una política fiscal contractiva, como la que implica el intento de reducir el déficit público, acaba teniendo una incidencia  depresiva  sobre la actividad económica -el anuncio de dos años de recesión, lo que, en las condiciones de paro de nuestra economía, es simplemente pavoroso-.

Pero, además, todo intento de reducir el déficit acaba por tener un impacto contraproducente en el propio déficit pues la degradación de la actividad y la demanda acaban repercutiendo en los ingresos y gastos públicos, con lo cual se genera un círculo vicioso difícil de superar.

Eso está ocurriendo en la economía española y en otras economías europeas -Grecia, Portugal, Italia, Irlanda -, sometidas al mismo intento de corregir el déficit público como necesidad imperiosa e inútil para apaciguar a los poderes económicos europeos.

Por la desconfianza sobre la solvencia de casi todos los países europeos, por la crisis financiera internacional y la particular del euro, los tipos de interés que se ven obligados a pagar los países tienden a crecer y, a veces, a dispararse hasta niveles de estrangulamiento, caso de Grecia. Así, los déficits se ven agravados por la carga de los intereses de la deuda, que, dado su volumen, llegan a alcanzar cifras muy significativas del gasto público de cada país.

Cabría decir que la reducción del déficit público en las circunstancias actuales se presenta como la caza de la liebre, que se aleja a medida que nos aproximamos a ella.

Pero, en fin, supongamos que, en el caso de nuestro país, se consigue disminuir el déficit público según los proyectos del gobierno. Gobierno que ya ha titubeado respecto a que sea posible reducirlo al 4,4% del PIB  en 2012  (el FMI acaba de prever nada menos que un 6,8%) y anda haciendo gestiones por Europa para que el compromiso del 3% en 2013 se aleje en el tiempo, ante la sospecha de que sea realmente imposible conseguirlo (el FMI pronostica más del doble, el 6,3%).

Supongamos, dándole vuelos a la imaginación, que la cuestión del déficit público entra en vías de solución.

Con ello, sin embargo, no se habría resuelto prácticamente ninguno de los problemas que suscitan las cuentas públicas.

En lo esencial, todo permanecería  intacto como consecuencia del volumen acumulado de endeudamiento del sector público.

Cada punto de  reducción del déficit anual implica unos 10.000 millones de euros, “de ahorro” dicen los neoliberales, de recortes y ajustes habla la izquierda.

Esta  cifra, respecto a los 700.000 millones de euros a que asciende actualmente el volumen de endeudamiento público resulta insignificante.

Este endeudamiento, formalizado en deuda pública, en préstamos, créditos u otros pasivos, distribuido entre el Estado y los entes territoriales, y en manos de acreedores nacionales o extranjeros, origina una pesada carga de intereses, impone un calendario de amortizaciones y exige unos proyectos de renovación complejos y difíciles, dadas las nuevas condiciones financieras internacionales, surgidas desde la crisis de 2008 y la pérdida de solvencia de nuestro país.

Así lo expresan los mercados a través de la prima de riesgo exigida y las agencias de calificación con la degradación de la asignada a la deuda española. Algunas Comunidades Autónomas han dejado de poder financiarse en los mercados y se ha llegado a decir que la deuda pública del Estado español, al margen de los aleatorios e incontrolados movimientos cotidianos, puede llegar a tener la consideración de bonos basura.

La conclusión de todo lo anterior es que el problema tan traído y llevado del déficit, con todas las dramáticas consecuencias que originan los intentos de reducirlo, no deja de ser más que una pequeña rémora de la situación de las  cuentas públicas de economía española. Las estimaciones del FMI elevan al 78% del PIB el volumen que el endeudamiento de las administraciones públicas alcanzará al final de este año y al 84%, al final de 2013, unos 840.000 millones de euros. Se podrá decir que otros países europeos están en situación más complicada: es verdad, pero así les va a esos países y así está Europa, destrozada en una crisis global sin salida.

La solución, si no me equivoco y como he tratado de probar, no puede venir por la vía de los ajustes. Las medidas que serán necesario adoptar serán mucho más truculentas y rupturistas de lo que el gobierno y la sociedad en general imaginan. El panorama es muy sombrío e inquietante en lo económico y en lo social, y, en lo que atañe a las cuentas públicas, será también inevitable plantearse recursos hasta ahora impensables, como acudir a una quita, con lo que ello implica de azuzar el fuego de la crisis europea y del descrédito financiero del país.

El gobierno, como dije al principio, nos engaña y nos confunde.

Para justificar la medidas fiscales adoptadas, contrarias a lo recogido en su programa electoral, ha recurrido a decirnos que son excepcionales y temporales, pero, si todo empeora como parece inevitable, no habrá condiciones para dar marcha atrás sino todo lo contrario: nuevas elevaciones de impuestos se justificarán por el lento avance en la corrección del déficit.

La liebre se escapa de nuevo. Por otra parte, ha emprendido el camino de los ajustes y recortes, vendiendo que son imprescindibles para remontar la crisis, pero, como hemos visto, los intentos de reducir el déficit son contraproducentes y bastante inútiles.

El inicio del inicio de este viaje no lleva a ninguna parte, salvo para degradar continuamente la situación económica y social.

La crisis es devoradora. En menos de un mes, ha dejado la credibilidad del gobierno a los pies de los caballos. La crisis no era una cuestión de la desconfianza que suscitaba el gobierno Zapatero, como insistía Rajoy, y un cambio en el ejecutivo no es la solución.

En pocos días, han tenido que cambiar su discurso político y  renunciar a su programa electoral, sin que estén sacando al país del abismo sino hundiéndolo  cada vez más: no tienen otra propuesta que anunciarnos ajustes y recortes sin límite para el bien de España, no de los  españoles.

Mientras, respecto a  la creación de empleo, ya el gobierno da por hecho, como la cosa más natural  y menos evitable del mundo, una recesión de por lo menos dos años que nos garantizará, eso sí, más de 6 millones de parados.

En menos de un mes y bastante más rápidos que Zapatero, los del PP  han demostrado ser  unos mentirosos compulsivos y unos incompetentes peligrosos.

Enlace con el artículo

Ultima modificacion el Jueves, 02 de Febrero de 2012 12:05

RECOMENDADO El callejón sin salida de la deuda pública


UNIÓN EUROPEA | LA ÚLTIMA CUMBRE DE LA UE NO HA DETENIDO LOS ATAQUES ESPECULATIVOS AL EURO Y A LA DEUDA PÚBLICA

El callejón sin salida de la deuda pública

La UE ratificará los acuerdos en marzo. Todos los Estados salvo Reino Unido incluirán la “regla de oro” del déficit en sus constituciones.

El Banco Central Europeo seguirá sin emitir eurobonos. La Comisión Europea podrá influir en la preparación de los presupuestos nacionales.

Cortafuegos para el euro: 700.000 millones a partir de 2012 para evitar el colapso monetario.

- Glosario de términos económicos

TOMÁS MUÑOZ (REDACCIÓN)
LUNES 26 DE DICIEMBRE DE 2011.  NÚMERO 164
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LUIS DE MANO

La llamada “crisis de la deuda” sigue escribiendo capítulos. La última cumbre europea celebrada el 9 de diciembre no parece haber cubierto las expectativas que los medios de comunicación crearon. Merkel no cede y no habrá, de momento, eurobonos, un mecanismo que consiste en la emisión conjunta de deuda que serviría para frenar las dinámicas especulativas de los mercados.

Los 27 Estados de la UE estaban llamados a “refundar Europa” en Bruselas, después de unas semanas en las que los rumores acerca del futuro del euro y la misma UE circulaban por todo tipo de foros.

“ESTA CUMBRE NO APORTA NADA NUEVO, ES LA ESCENIFICACIÓN TEATRAL DEL PACTO DEL EURO PLUS”, SEÑALA JORGE FONSECA

La declaración, que incluye la reforma de las constituciones europeas para establecer un techo al gasto – ya aprobada por el Gobierno español, no es tan minuciosa con los detalles de estabilización a la hora de determinar en qué consiste un “acuerdo internacional que será firmado como muy tarde en marzo”.

“Las soluciones son inadecuadas y vamos a peor” apunta Sol Sánchez, miembro de ATTAC, “hasta que no se tome una decisión conjunta de actuación, las iniciativas parciales agravan el problema”. La cumbre tampoco ha modificado sustancialmente el papel del Banco Central Europeo.

Su presidente, Mario Draghi, anunció en las horas previas a la misma una bajada de los tipos de interés, lo que significa que la autoridad que emite la divisa de la UE prestará el dinero más barato, al 1% de interés. De esta medida se benefician los llamados “inversores institucionales”.

Bancos y aseguradoras que invertirán este dinero barato en comprar deuda pública, que está alcanzando tipos de interés del 8, el 10 o el 12% o, en el caso de Grecia, de hasta el 15%.

La posibilidad de que el Banco Central preste dinero a los Estados sin la intermediación de los mercados no se plantea: “La propia arquitectura financiera de la unión permite, e incluso facilita, este tipo de movimientos especulativos contra la posición de algunos países concretos”, relata el libro del Observatorio Metropolitano Crisis y revolución en Europa.

LA POSIBILIDAD DE QUE EL BCE PRESTE DINERO A LOS ESTADOS SIN LA INTERMEDIACIÓN DE LOS MERCADOS NO SE PLANTEA

De hecho, el BCE ha rechazado aportar 200.000 millones de eurosal FMI para que éste los haga llegar a los Estados, y finalmente serán éstos los que aporten fondos para que este organismo pueda rescatarles en un futuro.

Como señalaba el periodista Iñigo Saenz de Ugarte en Twitter, se trata de una lógica un tanto retorcida.

Control del déficit

“Esta cumbre no aporta nada nuevo”, señala Jorge Fonseca, catedrático de Economía Aplicada en la Complutense, “es unaescenificación teatral del Pacto del Euro plus que se firmó en junio”.

La Declaración de los jefes de Estado y de Gobierno de la zona del euro habla de una “gobernanza reforzada” que fortalecerá los objetivos de control del déficit mediante mecanismos como los implementados en Grecia, Italia, España y Portugal.

El nuevo texto establece que el déficit estructural anual de los 26 Estados firmantes no podrá superar el 0,5% del PIB salvo en casos excepcionales, y se establecen límites, asimismo,para las comunidades autónomas y equivalentes.

ANTES DE LA CRISIS, LA DEUDA PÚBLICA EN EL ESTADO ESPAÑOL APENAS SUPONÍA UN 36% DEL PIB, HOY ALCANZA EL 70%

Las agencias de rating, entidades que se encargan de calificar el riesgo de los títulos de deuda, bajaron la calificación a las comunidades autónomas esa misma semana, cuando se dio a conocer que su deuda ha crecido un 22% en el último trimestre.

De nada sirven los cambios constitucionales en los países más débiles de la zona euro. A pesar de poner en lugar preferente de la política económica el control del déficit y el pago de la deuda, la prima de riesgo tiende al alza, y los intereses a los que se colocan los bonos del Estado, incluso los de Alemania, son cada vez mayores.

Para Fonseca, estas medidas echan “más madera” a la hoguera neoliberal: “Los nuevos recortes provocarán más recesión, que generará más paro y menos capacidad de compra, reducirá la recaudación de impuestos y aumentará el gasto en seguro de desempleo, el déficit y la deuda pública –y la prima de riesgo, que alcanza tasas de usura–, forzando más recortes y alimentando el círculo vicioso”, recalca Fonseca.

El origen de esta tendencia hay que buscarlo en el crash de Lehman Brothers. Las ayudas a la banca, que supuestamente amenazaba con colapsar, supusieron un desembolso por parte de las arcas públicas que en el caso del Estado español ascendió a cien mil millones. El Gobierno, sin embargo, no instauró impuestos para contrarrestar este gasto en su balance, sino que recurrió al endeudamiento.

Recuperando el impuesto sobre el patrimonio (tal como era antes de la supresión) se habrían recaudado 2.100 millones, eliminando la bajada de impuestos para los que ganan más de 120.000 euros al año, hasta 2.500 millones, y anulando la bajada del impuesto de sociedades a las empresas con facturación superior a 150 millones, que sólo son el 0,12%, se habrían recaudado cerca de 5.300 millones.

Si a esto sumamos el monto total del fraude que llevan a cabo, según los técnicos de la Agencia Tributaria, las grandes fortunas (44.000 millones) y los 6.000 millones que hay parados en los juzgados pendientes de juicio por delitos fiscales, hablamos de 60.000millones.

El virus de la deuda pública

La deuda pública constituye una de las posibilidades que tiene el Estado de obtener recursos financieros, materializada normalmentemediante emisiones de títulos de obligaciones de pago, que pueden vencer a corto plazo (menos de un año), a medio o a largo. Estas obligaciones que contrae el Estado son compradas principalmente por bancos o fondos de inversión.

En el Estado español, el coste estimado de los intereses sólo para 2011 es de un 2,6% del PIB, según Daniel Gómez-Olivé. Entre finales de agosto y el 7 de diciembre, el rendimiento de la deuda pública a largo plazo con calificación AAA de la zona del euro se incrementó diez puntos básicos, situándose en el 2,8 %, según el Banco de España.

El Estado vende en el mercado primario, pero el precio de esa deuda se establece en el mercado secundario, donde los inversores especulan libremente.

“Cuando se acerca una subasta, los inversores suelen poner en venta grandes cantidades de deuda, calientan el mercado,condicionan el precio que tienen que pagar los Estados, que así pagan más intereses”, señala Sol Sánchez.

Antes del inicio de la crisis, la deuda pública del Estado español apenas suponía el 36% del PIB. Sin embargo, hoy alcanza el 70% del PIB. “El coste del rescate a los bancos está siendo trasladado a la población, con la excusa del endeudamiento”, apunta Sol Sánchez, que explica que “se pagan los intereses de una deuda que ha servido para rescatar a la banca y cuyos objetivos están alejados de los intereses de los ciudadanos”.

Deuda ilegítima e injusta

Hay quien considera que estas ayudas a los bancos puede ser considerada como deuda ilegítima. “Es ilegítima porque no cumple para lo que ha sido concebida”, recalca Sol Sánchez.

“Por ejemplo, el fondo para las adquisiciones de los activos financieros, que funciona desde 2008, se supone que compra activos para que la banca pueda proporcionar créditos a las familias, pero los créditos no llegan”. Hay que tener en cuenta que menos de la mitad de la deuda está en manos extranjeras, y que son los bancos e inversores españoles sus principales acreedores.

Los mismos bancos que han exigido al Gobierno que se endeude para convertir su deuda privada en nuestra deuda pública poseen el 55% del total de la misma.

Esta conversión se ha realizado a través de mecanismos como la compra de activos tóxicos (en su mayoría procedentes de las operaciones fallidas de la burbuja inmobiliaria), avales, garantías, y ayudas públicas para salvar o reestructurar el sector financiero.

El dinero ha sido destinado a que el sector financiero privado se haya podido deshacer de los activos tóxicos de sus balances, pagar parte de sus deudas y reestructurarse obteniendo grandes beneficios.

Las empresas que cotizan en el IBEX35 obtuvieron el año pasado beneficios superiores a 50.000millones de euros,más de tres veces la cifra de los recortes sociales aplicados ya por el Gobierno.

http://www.diagonalperiodico.net/El-callejon-sin-salida-de-la-deuda.html

De OBLIGADA LECTURA Contra la política de austeridad, auditorias de las deudas públicas


Contra la política de austeridad, auditorias de las deudas públicas

Xavier Caño Tamayo (CCS)

Recortes presupuestarios, restricciones sociales, menor protección social, peor atención sanitaria, peor educación, rebaja de salarios, despidos, precariedad… Todo por la deuda.

En Europa, pagar la deuda y sus intereses se ha convertido en terreno sagrado. Con tremendos costes sociales. De nada ha servido introducir en las constituciones que pagar la deuda es prioritario para cualquier gobierno.

Ni tampoco imponer planes de austeridad con recortes de gasto público para que los gobiernos tengan liquidez para pagar sus deudas y las de bancos privados. El poder financiero quiere más. Nunca tiene bastante.

Los “mercados”, capitaneados por Goldman Sachs y con la ayuda torticera de las agencias de rating, atacan el euro y a la Unión Europea. Como dicen en las películas de gangsters, no es nada personal; solo son negocios.

Enormes beneficios para los especuladores de la deuda. Y sube la prima de riesgo de la eurozona, incluso la de Francia.
Hasta Alemania ve como aumentan los intereses a pagar por sus bonos. La deuda deviene hidra de siete cabezas que amenaza con dejar muy mal parada a Europa. Y, de rebote, llevar al mundo a una crisis económica crónica.

¿Qué diablos pasa con la deuda? Preguntémonos qué tipo de deudas son las que alimentan ese baile de los malditos en Europa. Porque evidentemente no todas las deudas son aceptables; las hay ilegítimas u odiosas.

En derecho internacional, ilegítima u odiosa es la deuda pública contraída contra los intereses de la ciudadanía. Aquella cuyos fondos se emplean para fines inaceptables, como adquirir medios y armas para reprimir a la población.

O contraída para fines muy discutibles, como comprar navíos de guerra, submarinos, cazabombarderos y helicópteros de combate.
Eso ha hecho el gobierno griego comprando armamento a Francia y Alemania, cuando su deuda ya era enorme. Deudas ilegítimas, contraídas a espaldas de la ciudadanía, contra sus derechos, deteriorando o destruyendo el medio ambiente. Esas deudas no se pagan. Y antes, auditarlas.

Una auditoría de la deuda debe analizar el contexto social del país que contrae la deuda; averiguar quien la firmó, para qué es el préstamo, cómo han evolucionado los tipos de interés, qué supone el pago de la deuda en el PIB, si ha habido condiciones para conceder el préstamo (como exigir privatizaciones de empresas y servicios públicos)… Así se averigua si la deuda es legítima o no.

Las auditorías no son nuevas. Empezaron en los ochenta del siglo XX, cuando la deuda ahogaba a países de África y América Latina. Y con las auditorías, la respuesta política.

En 2002, Argentina dejó de pagar su deuda contra toda regla y costumbre. Los “expertos” le auguraron todo tipo de males, sin embargo, no pagar la deuda fue clave para la recuperación del país.

Entre 2007 y 2008, el gobierno de Ecuador presidido por Rafael Correa, tras una rigurosa auditoría, canceló deudas ilegítimas contraídas por entidades públicas con bancos privados.
Se ahorraron 300 millones de dólares, que se utilizaron para mejorar la sanidad pública, la educación y crear puestos de trabajo.
En noviembre de 2008, Ecuador decidió suspender el reembolso de deuda que vencía en 2012 y 2030, porque la auditoría de la deuda concluyó que era eminentemente especulativa y fuente de pérdida de capacidad soberana del estado.

En Asia, a finales de los noventa, mientras Tailandia e Indonesia se hundían estranguladas por sus deudas y agravada la situación económica por la austeridad impuesta por el FMI, Malasia ignoró olímpicamente las recetas neoliberales de austeridad y sorteó con fortuna la crisis que destrozaba a sus vecinos.

Ante el fracaso de las políticas neoliberales austeras impuestas para pagar la deuda, en Grecia, intelectuales, parlamentarios, y organizaciones ciudadanas han creado una plataforma por la auditoría de la deuda. En Francia, asociaciones y organizaciones sociales y ciudadanas se preparan para auditar la deuda.

En Túnez y en Irlanda, las organizaciones ciudadanas trabajan en esa misma línea.
En España, ATTAC y otras entidades cívicas reivindican no reconocer ni pagar deuda alguna de la eurozona y hacer una auditoría de todas esas deudas nacionales para determinar su legitimidad y actuar en consecuencia.

Las auditorías de la deuda, y anularla cuando sea el caso, son un derecho democrático tan esencial como el derecho a la información. Son medios de participación ciudadana, de aportación de transparencia y de control democrático de la conducta de los poderes públicos. Por fortuna, ante la cronificación de la crisis, crece el movimiento europeo por la auditoria de las deudas.

Xavier Caño Tamayo es periodista y escritor.

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PUBLICADO POR ARGENPRESS EN 17:26:00 

Grecia, Irlanda, Portugal: ¿Por qué son odiosos los acuerdos firmados con la «Troica» (UE, BCE y FMI)?


Grecia, Irlanda, Portugal: ¿Por qué son odiosos los acuerdos firmados con la «Troica» (UE, BCE y FMI)?
Grecia, Irlanda y Portugal son los primeros tres países de la eurozona que sufren la tutela directa de sus acreedores, al aceptar planes de «ayuda» concedidos por la «Troica»
Eric Toussaint y Renaud Vivien | Para Kaos en la Red | Hoy a las 0:47 | 239 lecturas | 1 comentario
www.kaosenlared.net/noticia/grecia-irlanda-portugal-son-odiosos-acuerdos-firmados-troica-ue-bce-fm

Grecia, Irlanda, Portugal: ¿Por qué son odiosos los acuerdos firmados con la «Troica» (UE, BCE y FMI)?

 

Eric Toussaint y Renaud Vivien (CADTM)[1] 

 

Grecia, Irlanda y Portugal son los primeros tres países de la eurozona que sufren la tutela directa de sus acreedores, al aceptar planes de «ayuda» concedidos por la «Troica», compuesta por la Comisión Europea, el Banco Central Europea (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Pero estos acuerdos, que generan nuevas deudas y que imponen a las poblaciones unas medidas de austeridad sin precedentes, pueden ser cuestionados con los fundamentos del derecho internacional.

En efecto, estos acuerdos son «odiosos» y por lo tanto ilícitos. Como subraya la doctrina de la deuda odiosa, «las deudas de Estado deben ser contraídas y los fondos que provienen de ellas utilizados para las necesidades y en los intereses del Estado».

[2]Y, por supuesto, los créditos de la Troica son condicionados a medidas de austeridad que violan el derecho internacional impidiendo que estos Estados salgan de la crisis.

 

Es odioso cualquier préstamo acordado que tenga como contrapartida la aplicación de políticas que violan los derechos humanos

Como afirma el relator especial Mohammed Bedjaoui en su proyecto de artículo sobre la sucesión en materia de deudas de Estado para la Convención de Viena de 1983: «Al colocarse desde el punto de vista de la comunidad internacional, se podrá entender por deuda odiosa cualquier deuda contraída para fines no conformes al derecho internacional contemporáneo, y en especial a los principios del derecho internacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas».[3]

No hay ninguna duda de que las condicionalidades impuestas por la Troica (despidos masivos en la función pública, desmantelamiento de la protección social y de los servicios públicos, disminución de los presupuestos sociales, aumento de los impuestos indirectos como el IVA, reducción del salario mínimo, etc.) violan de forma manifiesta la Carta de las Naciones Unidas.

En efecto, entre las obligaciones contenidas en la Carta se encuentra, especialmente, en los artículos 55 y 56, «la elevación del nivel de vida, el pleno empleo y unas condiciones de progreso y desarrollo en el orden económico y social […], el respeto universal y efectivo de los derechos humanos y de las libertades fundamentales para todos, sin distinción de raza, sexo, lengua o religión».

Por lo tanto, las medidas de austeridad y las deudas contraídas en el marco de esos acuerdos con la Troica están afectadas de nulidad, ya que todo lo que es contrario a la Carta de la ONU se considera no escrito.[4]

Más allá de la violación de los derechos económicos, sociales y culturales causada por la aplicación de esas medidas antisociales, está el derecho de los pueblos a disponer de sí mismos, consagrado en el artículo 1-2 de la Carta de la ONU y en los dos Pactos de 1966 sobre los derechos humanos, que es burlado por la Troica. Según el artículo 1, común a ambos Pactos: «Todos los pueblos tienen el derecho de disponer de sí mismos. En virtud de este derecho, determinan libremente su estatuto político y aseguran libremente su desarrollo económico, social y cultural. Para alcanzar sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y de sus recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional, fundada en el principio del interés mutuo, y del derecho internacional. En ningún caso, un pueblo podrá ser privado de sus propios medios de subsistencia.»

Ciertamente, la ingerencia de la Troica en los asuntos internos de esos Estados, con menosprecio de la democracia, es flagrante. Esos acreedores advirtieron, de manera clara, que las elecciones en Irlanda y Portugal no debían cuestionar la aplicación de esos acuerdos. Citemos, por ejemplo, el artículo del diario francés Le Figaro del 9 de abril de 2011, que versa sobre las medidas impuestas a Portugal por los ministros de Finanzas de la eurozona y de la Unión Europea, con ocasión de una reunión mantenida en Budapest antes de las elecciones legislativas en Portugal:

«La preparación (del plan de austeridad) deberá comenzar inmediatamente, respondiendo a un acuerdo entre los partidos a mediados de mayo, y permite la puesta en marcha, sin retraso, del programa de ajuste desde el mismo momento de la formación del nuevo gobierno» […] «los ministros dejaron bien claro a Portugal que no desean tener que volver a tratar las contrapartidas a la ayuda, cualquiera sea el resultado de las elecciones».

[5] En el caso de Grecia, el programa de austeridad firmado con la Troica fue impuesto en 2010, incluso sin la ratificación del Parlamento, sin tener en cuenta que ésta es una obligación de la Constitución griega (artículo 36, párrafo 2).[6]

El desprecio de la Troica por la soberanía de estos tres Estados (Grecia, Irlanda y Portugal) fue posible, en particular, por su situación de marasmo financiero, habiendo sido las primeras víctimas de la crisis en la eurozona, aunque seguramente no serán las últimas. De acuerdo con esta realidad, es muy difícil defender la validez de estos acuerdos argumentando la libertad de consentimiento.

En derecho, cuando una de las partes de un contrato no está capacitada para ejercer la autonomía de voluntad, el contrato es afectado de nulidad. ¿Cómo se puede aplicar este principio al caso presente?

Al no poder pedir préstamos en los mercados financieros a largo plazo, ya que los intereses reclamados por éstos oscilaban entre el 12 y el 17 %, según los casos, los gobiernos de estos tres países tuvieron que dirigirse a la Troica, que se aprovechó de su calidad de prestamista de última instancia.

Manipulando la situación desesperada de las autoridades griegas, irlandesas y portuguesas, la Troica decidió imponer planes que han tenido y tendrán un efecto negativo para la salud económica de estos países, visto el carácter procíclico de las medidas adoptadas (o sea, que refuerzan los factores que generan el descenso de la actividad económica).

Las privatizaciones masivas en los sectores esenciales de la economía (transporte, energía, correos, etc.) impuestas por la Troica permiten a las empresas privadas extranjeras tomar su control, y por consiguiente afectan a la soberanía de esos Estados y el derecho de los pueblos a disponer libremente de sus riquezas y de sus recursos naturales.

A pesar de que un Estado tenga el derecho, mediante un acuerdo, de transferir una parte de su soberanía a una entidad extranjera, esa transferencia no debe, salvo en el caso de violación del derecho internacional, comprometer la independencia económica del Estado, que es un elemento esencial de su independencia política.[7]

Por medio de sus condicionalidades, la Troica no sólo violó el derecho internacional, también se volvió cómplice de la violación de los derechos nacionales de estos Estados. En Grecia, principalmente, se asiste a un verdadero golpe de Estado jurídico.

Como ejemplo: varias disposiciones legales de la ley 3845/2010, que pone en marcha el programa de austeridad, violan la Constitución, especialmente, al suprimir el salario mínimo legal.

El abandono de la soberanía del Estado griego es aún más grave debido a la cláusula del acuerdo con la Troica que prevé la aplicabilidad del derecho anglosajón y la competencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en caso de litigio. El Estado renuncia, de esta manera, a una prerrogativa fundamental de la soberanía que es la competencia territorial de sus tribunales nacionales

. Al mismo tiempo, la ley griega que pone en marcha el programa de austeridad, exige que las sentencias arbitrales (que tienen valor constitucional) que habían concedido aumentos salariales para los años 2010 y 2011 sean inválidas e inejecutables.

En resumen, como escriben los juristas G. Katrougalos y G. Pavlidis, «la soberanía estatal está limitada de una manera muy similar al control financiero internacional impuesto al país en 1897, como consecuencia de la quiebra (1893) y sobre todo de la derrota griega en la guerra turco-griega».

Cualquier préstamo cuya causa es ilícita e inmoral es odioso.

El fundamento jurídico sacado de la causa ilícita e inmoral para cuestionar la validez de los contratos se encuentra en numerosas legislaciones nacionales civiles y comerciales. Y nos remite directamente a un problema que saca a la luz la doctrina de la deuda odiosa:

¿Quienes se benefician de esos préstamos? En el caso de los acuerdos firmados con Grecia, Irlanda y Portugal, está claro que los bancos privados europeos, que prestaron a estos países de manera totalmente irresponsable, son los beneficiaros a pesar de que tienen una gran responsabilidad en la crisis de la deuda.

En efecto, el rescate de los bancos privados por los poderes públicos como consecuencia del estallido de la crisis financiera en 2007, conllevó la explosión de la deuda en estos Estados. En ese sentido, se puede, por lo menos, calificar de «inmoral» la causa de los acuerdos firmados con la Troica y hablar de «un enriquecimiento sin causa» (un principio general del derecho internacional según el artículo 38 del Estatuto del Tribunal Internacional de Justicia[8]) en provecho de los bancos privados.

El enriquecimiento sin causa de los bancos privados es más grave aún por el enorme beneficio que obtienen a costa de los poderes públicos, debido a la diferencia entre el interés de más del 4 % que cobran a los Estados, emisores de títulos a 3 o 6 meses, y el interés del 1 % que les cobraba el BCE hasta abril de 2011 por el dinero que les prestaba. A partir de esa fecha dicho interés aumentó al 1,25 % y luego al 1,50 %. 

[9] Se puede también hablar de enriquecimiento sin causa (o sea, enriquecimiento abusivo e ilegal) respecto a Estados como Alemania, Francia y Austria, que obtuvieron préstamos, pedidos al mercado, al 2 %, que a su vez concedieron como préstamos a Grecia a un interés de entre el 5 y el 5,5 %, mientras que a Irlanda fue del 6 %. Y podemos decir lo mismo del FMI, al que sus miembros prestan con un interés muy bajo, mientras sus préstamos a Grecia, Irlanda y Portugal son con intereses netamente superiores.

Las medidas anunciadas por las autoridades europeas el 21 de julio de 2011 constituyen una confesión clara y neta de «enriquecimiento sin causa» del que son responsables y del carácter doloso de su política.

Finalmente anunciaron la intención de reducir de 2 a 3 puntos las tasas de interés que exigen para Grecia, Irlanda y Portugal. Proclamaron que bajarían las tipos de interés a cerca del 3,5 % para créditos de 15 a 30 años, inclusive, y reconocieron entonces que los tipos de interés que habían exigido eran prohibitivos. Y lo hacen ante el patente desastre en el que contribuyeron a que se hundieran estos países, y ante el evidente fuerte contagio a otros países.

¿Cuál es el interés de Irlanda, Grecia y Portugal en firmar acuerdos con la Troica? Ninguno, aparte de que aportan una pequeña bocanada de oxígeno financiero, pero que servirá al reembolso de sus acreedores. Sobre el medio y largo plazo, estos planes de rigor incluso empeorarán la situación ya que un efecto «bola de nieve» se ha desencadenado.

Es evidente, el peso de los intereses sobre las nuevas deudas aumenta mientras que las medidas dictadas por la Troica tienen por consecuencia reducir la actividad económica puesto que disminuyen la demanda global, al afectar las condiciones de vida de las poblaciones. Se puede entonces considerar el comportamiento del FMI doloso, porque el foso entre su discurso y la realidad es abismal.

En efecto, según el artículo 1 de sus Estatutos, el FMI tiene por objetivos «facilitar la expansión y el crecimiento armonioso del comercio internacional y contribuir así a la instauración y al mantenimiento de niveles elevados de empleo y de ingreso real y al desarrollo de los recursos productivos de todos los Estados miembros, objetivos principales de la política económica».

[10] Y aún más: «dar confianza a los Estados miembros poniendo los recursos del Fondo, en forma temporal, a su disposición, mediante garantías adecuadas, ofreciéndoles así la posibilidad de corregir los desequilibrios de sus balances de pago sin recurrir a medidas perjudiciales con respecto a la prosperidad nacional o internacional».

[11] Asimismo se puede confirmar que la acción de la Comisión Europea y del BCE constituye también un dolo en detrimento de los correspondientes países.

Las medidas dictadas por el FMI, el BCE y la Comisión Europea conducen también a encerrar a estos países en la lógica infernal del endeudamiento, ya que deberán continuar pidiendo préstamos para poder pagarlos.

Por lo tanto, tienen por delante un período de diez, quince o veinte años de austeridad y de aumento de la deuda.[12] El estudio de la OCDE sobre la deuda griega, publicado el 2 de agosto de 2011,[13] afirma en particular que la deuda pública, que en 2010 era del 140 % del Producto Interior Bruto (PIB), debería disminuir hasta el 100 % del PIB en…2035.

Ante tal situación, los gobiernos, si quieren respetar el interés de la población, deberían estar interesados en romper los acuerdos con la Troica, suspender de forma inmediata el reembolso de su deuda (con congelación de intereses) y poner en marcha unas auditorías con participación ciudadana.

Estas auditorías deberán determinar la parte ilegítima de la deuda, la que debe ser anulada incondicionalmente.

El saldo de la deuda pública debe, en forma similar, ser reducido mediante medidas a costa de los que se han beneficiado de ella. Deben emprenderse procedimientos judiciales contra los responsables de los daños causados.

Evidentemente, se deben tomar medidas complementarias y esenciales, como la transferencia de los bancos al sector público, una reforma fiscal radical, la socialización de sectores privatizados durante la era neoliberal, etc.[14]

Puesto que la anulación de deudas ilegítimas, si bien es necesaria, no es suficiente si la lógica del sistema permanece intacta.

Traducido por Griselda Pinero.


[1] Eric Toussaint, doctor en Ciencias Políticas, es presidente del CADTM Bélgica (www.cadtm.org). Renaud Vivien, jurista, es miembro del grupo de trabajo Derecho del CADTM Bélgica. Son coautores del libro colectivo La deuda o la Vida, Icaria Editorial, Barcelona, de próxima aparición.

[2] Alexander Nahum Sack, Les effets des transformations des États sur leurs dettes publiques et autres obligations financières, Recueil Sirey, 1927

[3] Mohammed Bedjaoui, «Neuvième rapport sur la succession dans les matières autres que les traités», A/CN.4/301et Add.l, p. 73.

[4] Monique et Roland Weyl, Sortir le droit international du placard, PubliCETIM n°32, CETIM, noviembre de 2008.

Véase: Virginie de Romanet, «Le Portugal: dernière victime en date du modèle néoibéral» 2011, http://www.cadtm.org/Le-Portugal-derniere-victime-en

[6] Georgios Katrougalos et Georgios Pavlidis, «La Constitution nationale face à une situation de détresse financière: leçon tirée de la crise grecque (2009-2011)».

[8] Está igualmente previsto en varios códigos civiles nacionales, como en el código civil español (en los artículos 1.895 y seguientes) y en el francés (en los artículos 1.376 y siguientes)

[9] Recordemos que el Tratado de Maastricht prohíbe al Banco Central Europeo prestar directamente a los Estados.

[10]  Véanse los Estatutos del FMI en http://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/fre/aa01.htm

[11]  Subrayado por los autores.

[12] Eric Toussaint, «Ayudas envenenadas en el menú europeo», 2011      http://www.cadtm.org/Aides-empoisonnees-au-menu

[14] «Véase Ocho proposiciones urgentes para otra Europa» http://www.cadtm.org/Ocho-propuestas-urgentes-para

¿Qué hacer para liberarse de la trampa de las deudas públicas?


Crisis económica
¿Qué hacer para liberarse de la trampa de las deudas públicas?
[Publicamos aquí la entrevista completa realizada el 28 de junio entre François Chesnais y Dominique Sicot, periodista en L´Humanité Dimanche. Por falta de espacio, sólo algunos extractos aparecerán en la edición de dicho semanario en la edición del 7 de julio de 2011. Redacción de À l´encontre].

¿Cómo definir la situación de las clases populares en Europa en relación a la cuestión de la deuda?

En mi libro (Les dettes illégitimes. Editions Raisons d´Agir, mayo 2011) hablo del “doble castigo” que las burguesías y los gobiernos están infringiéndoles.

A fines de 2008 y durante todo el año 2009, los asalariados y asalariadas han sufrido de lleno el látigo de los efectos de la crisis mundial bajo la forma de cierres de fábricas, despidos, reducción de horarios y congelación salarial.
Luego, a partir de la primera fase de la crisis de la deuda griega en mayo de 2010 y la entrada en escena de las agencias de notación como portavoces de las exigencias de los bancos y de los inversores financieros, los gobiernos europeos han emprendido un ataque a las clases populares a todos los niveles en nombre de la “obligación de pagar la deuda”.

Lo que el gobierno Papandreu ha aceptado imponer a los ciudadanos griegos en el marco del nuevo “plan de salvamento” puesto a punto por la troika –UE, BCE y FMI- produce escalofríos.

Subida de dos puntos del IVA, del 19% al 21%,
aumento de los impuestos sobre el alcohol, el tabaco y los carburantes (0,008 euros sobre la gasolina y 0,03 euros sobre el gasoil).
Creación de un “derecho de acceso” a la red eléctrica.
Reducciones de salarios y de jubilaciones en la función pública por 1,7 millardos de euros, es decir el 0,7 % del PIB.
Congelación de todas las jubilaciones públicas y privadas.
Amputación del programa de inversión pública.
Medidas para facilitar los despidos.
Ola de privatizaciones de una amplitud sin precedentes: los puertos, los aeropuertos, los ferrocarriles, el agua, las telecomunicaciones y el Banco Postal, etc.
En Portugal, las medidas aceptadas por los dos partidos “mayoritarios” son de la misma naturaleza.
En Irlanda, en el contexto de un sistema económico y social a la anglosajona, donde la protección social era ya débil, los estragos del plan de austeridad como consecuencia de la estatización de la deuda de los bancos son particularmente fuertes en la salud pública y la enseñanza.

En mi libro, recuerdo que la decisión del gobierno Sarkozy de acelerar de repente la “reforma” de las jubilaciones y de imponerla a cualquier precio es la consecuencia de una exigencia de las agencias de notación, a fines de mayo de 2010.

Los planes de austeridad están ya en marcha en todas partes.
No tienen aún el grado de intensidad que la UE, el BCE y el FMI están administrando a Grecia, pero también a Portugal e Irlanda.
Los asalariados y asalariadas y los jóvenes de la mayor parte de los países europeos deben esperarse políticas que apuntan a imponerles la misma amarga poción. Buen número de los indignados que han ocupado las ciudades de España lo han comprendido.

Se leen llamamientos a que el pago de la deuda sea puesto en el centro del debate de la campaña presidencial de 2012. ¿Qué piensas sobre este tema?

Es inevitable que ocurra. Lo que está en juego es saber quién toma la iniciativa y define sus términos.

En Le Monde del 28 de junio, Stéphane Boujnah (que es delegado general del grupo financiero Santander en Francia –tras haber sido una “vedette” del Deusche Bank- y no solo presidente del think tank: “En tiempo real”), escribe por supuesto que la deuda francesa debe ser pagada.
Desea la creación de un “Consejo nacional para la recuperación de las cuentas públicas”, que se estaría inspirado, dice, “en el legendario Consejo Nacional de la Resistencia”. Esto equivale a decir que la deuda pública francesa es legítima y que una especie de unión sagrada debe permitir que sea “liquidada”.

El movimiento social francés debe oponerse con todas sus fuerzas a este discurso que es absolutamente dominante en los medios y por el momento en la mayor parte de los discursos políticos. Si la deuda de Grecia tiene rasgos de deuda odiosa, todas las deudas públicas europeas son ilegítimas, entre ellas la de Francia. Por las condiciones políticas en las que los países han caído bajo el dominio de los “mercados, y por la naturaleza de los “préstamos” sobre los que se deben pagar intereses a los bancos y asegurar su devolución.

El mandato moral de pagar la deuda hecho a los ciudadanos se basa en dos ideas. En primer lugar, que éstos formarían parte consciente y consintiente de la acumulación de la deuda.

En mi libro, reúno un conjunto de elementos puestos a la luz por sindicatos como el SNUI (Sindicato de las finanzas públicas) y de Sud Trésor o periodistas meticulosos como los de Médiapart, que muestran hasta qué punto esto no ha sido así. El escudo fiscal es solo la punta visible de un iceberg de bajada de los impuestos del capital y de las altas rentas y de evasión fiscal.
La segunda “falsa evidencia”, por utilizar la expresión de los Economistas Aterrados, es que serían sumas, fruto de un ahorro amasado por una dura labor, que habrían sido prestadas. No es sino muy marginalmente así.
Cuando los bancos y los fondos de inversión “prestan a los estados”, activan mediante “el efecto de palanca” un mecanismo de apropiación de una parte de los impuestos pagados por quienes no pueden escapar a él (el IVA en particular).
Estos “préstamos” se basan en un tejido complicado de transacciones interbancarias en buena parte ocultas (el “shadow banking system” o “sistema financiero de la sombra”), cuyas bases son tan frágiles que toda falta de pago, incluso de un muy pequeño país (Grecia representa el 2% del PIB de la zona euro) es una amenaza para los bancos.

Defiendo, igual que lo hace Attac, la necesidad de proceder a una auditoría pública de la deuda.

En Grecia, un comité por la moratoria y la auditoría de la deuda ha sido creado en enero de 2011. Sus militantes han llevado a cabo ya un trabajo suficientemente fuerte como para que un sector de los militantes de la plaza Syntagma lo haya adoptado y que se haya podido oír en un video de Dailymotion, a una joven portavoz del sindicato de los empleados estatales, gritar al fin de la entrevista las consignas de la pegatina que llevaba: “¡No debemos nada! ¡No se venderá nada! ¡No se pagará nada!”.

En España, la actividad de los bancos está en el punto de mira de los indignados. Subrayo quizá más fuertemente de lo que lo hace por el momento Attac, que dadas las tradiciones políticas francesas, la auditoría puede verdaderamente tomar cuerpo solo bajo la forma de una amplia campaña popular iniciada por las asociaciones y partidos, de la que la campaña de los comités por el No al Tratado Constitucional Europeo (TCE) de 2005 proporciona un perfecto ejemplo.

El caso griego muestra el inmenso alcance democrático de una campaña por la moratoria y la auditoría popular de la deuda. En Francia, quienes han estudiado las centenares de páginas del TCE serán perfectamente capaces de analizar los documentos públicos, particularmente los informes parlamentarios, en los que son detallados una amplia parte de los “regalos al capital”.
Tratándose de los detentadores de los títulos de deuda, la cuestión de la salvaguarda del pequeño ahorro en caso de anulación es a menudo planteada. Cuando se hacen las declaraciones del impuesto, los bancos calculan al céntimo los montantes aferentes a diferentes formas de ahorro de los hogares. Les sería garantizado, pues no representa sino una minúscula parte de los “créditos” sobre el estado reclamados por los bancos y los inversores financieros.

¿Así pues, no estamos ante una crisis griega, sino ante una crisis propiamente europea?

Exacto. Se trata de una crisis europea, porque bancos europeos, alemanes y franceses en particular están amenazados más o menos seriamente por una suspensión de pagos del estado debido a su gestión arriesgada y oculta.

Mucha gente ha dicho que la crisis de los bancos estaba acompañada por una crisis de la “gobernanza europea”. Estamos más bien ante un ensayo de puesta en marcha de lo que Naomi Klein llama “la estrategia del shock”.

Las rivalidades entre las élites europeas, la independencia del BCE, la pesadez de las instituciones de la UE hacen su montaje complicado. Pero si se toman las propuestas ya antiguas del luxemburgués Jean-Claude Juncker, presidente del Eurogrupo, los discursos de Ángela Merkel y de Nicolas Sarkozy y el “Pacto por el euro” que endurece drásticamente el “Pacto de estabilidad” y, en fin, el reciente discurso de Jean-Claude Trichet defendiendo una “gobernanza” aún más centralizada y autoritaria de la zona euro, estamos claramente frente a una tentativa de utilizar la “crisis de la deuda” para someter de nuevo a las clases populares al “talón de hierro” del capital.

Esta “estrategia del shock” tiene por contexto, en el plano mundial, el callejón sin salida de la acumulación financiarizada y del modelo de crecimiento por endeudamiento.

Los Estados Unidos han sido su clave de bóveda. Estuvieron en el epicentro del krach del Nasdaq en 2001 y de los bancos de inversión en septiembre de 2008. No conocen otro modelo e intentan por tanto perpetuarlo.
Sin embargo el gobierno americano está en casi suspensión de pagos. Los países de Europa, entre ellos los de la zona Euro, han copiado los mecanismos del modelo de crecimiento por endeudamiento en combinaciones diferentes. Irlanda y España han construido una prosperidad ficticia sobre booms inmobiliarios insensatos.
En todas partes las empresas han aprovechado las oportunidades de la liberalización para hacer jugar la competencia entre asalariados de países de trayectoria histórica y niveles de salario y de protección social muy diferentes.
La demanda interna ha decaído y no ha sido sostenida más que por el endeudamiento de las familias. En todas partes los gobiernos, tanto de izquierdas como de derechas, han bajado los impuestos sobre el capital y sobre las altas rentas y han compensado la bajada de la fiscalidad mediante un recurso creciente al préstamo.

La tasa de endeudamiento de Francia se acerca ahora al 90% del PIB. Pero en el otoño de 2008, antes del rescate de los bancos y de los grupos del automóvil, estaba ya al 63%. Lo mismo es cierto para otros países. Pero Francia es también la sede de tres de los grupos financieros (se les llama aún “bancos” pero el término es falso) muy implicados en el apoyo al boom inmobiliario en España y en la compra de títulos de la deuda.

Se oye a los dirigentes europeos repetir que si el pueblo griego lograra impedir el nuevo plan de austeridad, ello podría desencadenar quiebras bancarias en cascada.

La realpolitik de la finanza quiere efectivamente que los pueblos acepten inmolarse para que la dominación del capital perdure. El primer acto de la toma de posesión de la nueva directora del FMI (Christine Lagarde) ha sido pues, de forma completamente natural, hacer un llamamiento al parlamento griego a ser “responsable” y a votar unánimemente las leyes correspondientes al nuevo “plan de rescate”.

Volvamos sobre los “bancos”. Con la ayuda de la concentración, los bancos se han transformado en grupos financieros para los que las operaciones de lejos más provechosas son las de valorización de las carteras de los ricos (la “banca privada”) y sobre todo las operaciones de especulación sobre los títulos de la deuda pública y de refinanciación de los préstamos de las sociedades inmobiliarias y de los bancos hipotecarios.

Desde su salvamento en 2008, los “bancos” no han depurado todos los activos tóxicos de sus cuentas. Han continuado haciendo inversiones de alto riesgo en las dos esferas de actividad mencionadas. Han reencontrado su nivel de hacer ganancias de antes de la crisis.
Sus accionistas han recibido dividendos y los dirigentes stock-opcions elevadas. Sus títulos (cerca del 20% del CAC40) han dopado el curso de las bolsas. Hay un debate incesante en los periódicos especializados para apreciar, se puede decir incluso adivinar, la situación de su balance y por tanto el grado en que una suspensión de pagos “haría temblar el sistema financiero mundial” realmente.
En lo que concierne a la deuda griega, la mayor parte de los grupos financieros han tomado sus disposiciones. Se pueden interpretar así las informaciones relativas a las iniciativas tomadas por el BNP Paribas sobre Grecia. Pero un “efecto dominó” sigue siendo posible. Lo que inquieta verdaderamente a las finanzas es la situación española, cuarta economía de la zona euro, donde el marasmo económico es profundo en un momento en que la juventud y sectores sociales se movilizan.

En tu libro, privilegias la cuestión de la anulación de la deuda y la puesta de los bancos bajo control social, ahí donde otros se focalizan en la salida del euro.

Hay diferentes formas de posicionarse en relación a la crisis del euro.

Se puede ver el euro como una cortapisa (algunos lo han pensado desde el comienzo) y por tanto la crisis actual como la ocasión de volver a una moneda nacional, cuyo gobierno podría relanzar el crecimiento por la devaluación de la tasa de cambio.
Quienes tienen esta posición hablan poco o nada en absoluto de la deuda. Piensan quizá que el aumento de los ingresos fiscales ayudaría a resolverla en buena parte. Olvidan la experiencia de la devaluación competitiva de finales de los años 1980, con una deuda bastante menos elevada y una base industrial bastante más sólida.
Se puede ver la crisis del euro como algo inscrito en los hechos en razón de la probabilidad, incluso la ineluctabilidad, de una suspensión de pagos de Grecia. La deuda griega era del 133% del PIB en 2010. Va a acercarse al 160% en 2011 y rozar, según algunas proyecciones, el 180% de aquí a dos años.
Las medidas brutales no hacen sino retardar el momento en que habrá que dar “un salto a lo desconocido”, es decir, reestructurar la deuda, alargar los plazos, borrar una parte. Es completamente posible que el efecto dominó sea entonces tan fuerte que la zona euro estalle. Ciertos bancos no lo resistirían, de forma que la cuestión de su puesta bajo control social se plantearía.
No se les podría sin embargo evitar la quiebra una vez más de forma gratuita. Los trabajadores se encontrarían más que nunca confrontados a la pregunta: ¿hay que desangrarse para que el estado asegure un servicio de la deuda pública aplastante –¡en Francia, a la altura de 50 millardos de euros, absorbe la totalidad de lo que es recaudado a título del impuesto sobre la renta!- de forma que se les permitiera a los bancos continuar pagando dividendos y remuneraciones alucinantes a sus dirigentes?
Lo que yo defiendo es que el movimiento social, ayudado si es posible por algunos partidos, se prepare para no ser tomado por sorpresa en una nueva crisis bancaria y para poder responder a ella con la ayuda de la consigna de “tomar los bancos”. Esta consigna tiene un “carácter algebraico”. El grado de radicalidad de su puesta en marcha depende del estado de la correlación de fuerzas políticas, es decir, en buena parte, de la importancia de la preparación política ciudadana anterior.
Es posible que la resistencia de las clases populares y de la juventud, como en España, sea un factor desencadenador de las quiebras bancarias. Pero es el propio sistema bancario el que se ha puesto en esa situación.
La creación de una red de comités por la auditoría de la deuda permitiría al movimiento social prepararse para esa eventualidad. Estaría dispuesto a movilizarse contra todo nuevo anuncio gubernamental de la necesidad de “salvar a los bancos”.
Es el primer paso evidentemente hacia consignas más radicales. Es lo que muchos militantes esperan de las asociaciones altermundialistas y de los partidos de izquierda y de extrema izquierda.
El combate político por la moratoria y la anulación, tras la auditoría popular, de la mayor parte de la deuda pública no es de los que pueden ser “delegados”. Lo que ocurre en Atenas nos concierne en Francia. Si la deuda de Grecia tiene rasgos de “deuda odiosa”, todas las deudas europeas son ilegítimas.

Traducción: Faustino Eguberri para VIENTO SUR

Fuente traducción:  http://www.vientosur.info/articulosweb/noticia/?x=4115

Fuente original: http://alencontre.org/?p=3144

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