Victor García: Cajas: solvencia, transparencia y disciplina de mercado
Victor García: Cajas: solvencia, transparencia y disciplina de mercado
El pasado mes de marzo acabó el plazo otorgado por el Ministerio de Economía y Hacienda para presentar los planes de viabilidad que permitan a las cajas de ahorros en situación más problemática alcanzar unos niveles de capitalización que tranquilicen a los mercados internacionales de capitales.
Los gestores de estas entidades se enfrentan a la disyuntiva de buscar socios privados, o permitir el saneamiento con dinero público. Ambas alternativas suponen el fin del control político de las cajas, y su sujeción a la disciplina de mercado y a la rendición de cuentas a un propietario con ánimo de lucro, que además vigila estrechamente su actividad porque es su dinero el que está en juego.
Lamentablemente, parece que la mayoría de ellas van a requerir de nuevo ingentes ayudas del Frob, financiadas con deuda pública, y que se devolverán con los impuestos de todos los ciudadanos en lugar de dedicar ese presupuesto a Educación, Sanidad, o I+D.
Porque aunque se ha intentado que sea el libre mercado, el sistema capitalista, el que acuda al rescate de estas maltrechas entidades, a estas alturas es ya patente que no hay precisamente overbooking de candidatos a comprar cajas, poniendo de manifiesto que el problema del sector no es sólo de solvencia, sino también de transparencia.
El capital privado siempre está dispuesto a adquirir compañías, de cualquier sector, pero sólo si es posible elaborar un plan de negocio y estimar con razonable certeza los flujos de caja de su inversión. Hecho esto, tan sólo ha de ajustarse el desembolso inicial, el precio a pagar para hacer que el proyecto sea rentable.
Pero parece que aún hoy, después de tres años de ajustes y saneamientos, no hay business plan porque se desconoce el tamaño del problema. El Banco de España cifró recientemente en 15.000 millones la escasez de recursos propios del sistema. Sin embargo, otros estudios (Moody’s o Citigroup) elevan dicho importe a 50.000 millones en un escenario de estrés medio, llegando a los 90.000 millones en caso de que la crisis delsector inmobiliario se acentué durante 2012, algo no tan remoto, a la vista de los datos de empleo, la tendencia de los tipos de interés, y la disponibilidad y coste de la financiación bancaria.
La legislación no ayuda
El miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, Lorenzo Bini, dijo en una reciente presentación el 2 de abril que ciertamente ha habido falta de transparencia en el sector bancario.
A ello no ha ayudado precisamente la cambiante legislación. Se ha reformado varias veces la normativa de dotaciones, endureciéndola en algunos casos (inmuebles adjudicados), relajándola en otros (provisionando sobre la exposición neta de unas garantías a todas luces sobrevaloradas), y manteniendo una abultada zona gris de créditos subestándar, que han cobijado operaciones de dudosa procedencia. Por no mencionar la oportunista insensibilización del ratio de solvencia a las minusvalías de la cartera disponible para la venta.
Detrás de toda esta parafernalia contable, la pregunta de inversores, analistas y clientes es: ¿a cuánto asciende el quebranto real y dónde se ha materializado? ¿Cuál es el beneficio recurrente de las entidades?
Pongamos, únicamente a modo de ejemplo, el caso de la Caja de Ahorros del Mediterráneo. Las cuentas anuales individuales del ejercicio 2010, disponibles en su página web, muestran una situación idílica, declarando un beneficio de 244 millones de euros. Es más, una presentación fechada en septiembre de 2010 establece su ratio de solvencia en el 11 por ciento, con un Tier 1 del 7,4 por ciento. Buceando, sin embargo, en las notas a la memoria descubrimos un ajuste a la inversión crediticia de 1.135 millones, efectuado minorando las reservas de ejercicios anteriores (por cierto, ¡después de apuntarse el 30 por ciento del quebranto como ingresos por créditos fiscales a recuperar en el futuro!).
La pregunta es: ¿la CAM ganó 244 millones en 2010 o perdió casi 900? ¿Cómo es posible que se formulen cuentas anuales con un informe limpio de auditoría reconociendo minusvalías crediticias por 1.135 millones y, casi simultáneamente, se esté reconociendo hoy abiertamente que las pérdidas latentes reales son, por ahora, más del doble? Si la justificación es por el reciente test de estrés del Banco de España, podemos echarnos a temblar.
Nuevos escenarios
En los últimos meses, se ha dado forma a un nuevo regulador europeo, el EBA (European Banking Regulator), que, ansioso por salir del banquillo, va a ejecutar nuevas pruebas de resistencia. El consejero Bini dijo en esa misma ponencia que, por un lado, los criterios del EBA serán mucho más duros que los de las autoridades nacionales y, además, que los supervisores locales tendrán muy poca discrecionalidad en la fijación de los nuevos escenarios, incluyendo éstos hipótesis más pesimistas en la estimación del beneficio operativo disponible para dotar provisiones y en el coste de financiación de las entidades. Ante esta incertidumbre, es lógico que el capital privado se retraiga de comprar ahora, o quiera hacerlo a precio de absoluto derribo.
No obstante, antes de que pongamos todos el dinero del Frob, y dado que la forzada salida a bolsa de las cajas tiene como objetivo que sea la economía de mercado la que recapitalice las entidades problemáticas, no estaría de más que se le exija a ese mismo sector privado que, primero, asuma sus responsabilidades.
Desde mediados de la pasada década, las entidades de crédito iniciaron una desenfrenada carrera por allegar recursos mediante los llamados instrumentos híbridos de capital, esto es, financiación subordinada y participaciones preferentes.
Estos productos financieros no sólo captaban liquidez, sino que su gran atractivo era que servían para reforzar los ratios de solvencia de bancos y cajas. La regulación bancaria permitía que las entidades cubrieran los riesgos de su actividad con unos instrumentos sofisticados, mucho más cercanos a la deuda tradicional que a las acciones.
Y se permitía porque, en teoría, los contratos de emisión de esos productos establecían clara y taxativamente que, en el caso de que la entidad registrara pérdidas o déficit en los coeficientes de recursos propios regulatorios, los inversores no sólo podrían perder los intereses o dividendos establecidos, sino que podrían incluso perder totalmente los capitales invertidos, aplicando esos importes a la cobertura de pérdidas y saneamiento de la entidad.
Posibilidad de liquidar emisión
Siguiendo con nuestro ejemplo de la CAM, el folleto de emisión de sus preferentes Serie C emitidas en 2009 por casi 900 millones menciona que «en supuestos extremos de insuficiencia patrimonial, se podría liquidar la emisión, con la consiguiente pérdida para sus titulares del principal invertido. Precisamente por esta capacidad potencial de absorber pérdidas, la legislación considera las participaciones preferentes como recursos propios».
Y el folleto de su deuda subordinada especial, emitida en 2004 establece que «el pago de intereses podrá diferirse en el supuesto de que la cuenta de resultados del emisor presente pérdidas. El emisor deberá aplicar necesariamente, y en todo caso, el importe nominal de la presente emisión y los intereses pendientes de pago a la absorción de pérdidas una vez agotadas las reservas y reducidos a cero los recursos asimilables al capital».
Según la memoria anual de la CAM, a 31 de diciembre de 2009 el importe emitido de estos activos híbridos, que deberían responder de las pérdidas de la entidad, es de 2.471 millones, casi la totalidad de los recursos solicitados al Frob.
El sector privado compró esos instrumentos, asumiendo el riesgo de quiebra de la entidad, y obteniendo por ello una excelente rentabilidad, muy por encima de lo que pagaba el mercado. Los inversores en las preferentes mencionadas están percibiendo, puntualmente todos los trimestres, una rentabilidad del 7,35 por ciento anual. Este mismo sinsentido se está produciendo en otras entidades.
Antes de que el libre mercado rescate a las cajas, se le deben extender las facturas de una asunción de riesgos equivocada. Se dan palmariamente todos los supuestos de ausencia de beneficios y déficit de recursos propios para activar las cláusulas establecidas que permitan aplicar los nominales de los instrumentos de capital híbrido al saneamiento de las cajas.
Si dejamos que el Frob las reestructure manteniendo indemnes a los inversores en estos productos, estaremos, una vez más, dando una enseñanza equivocada. En 2008, se dejó quebrar Lehman para acabar con la creencia del too big to fail e imponer disciplina a los agentes de mercado. A lo mejor es el momento de aprender que no siempre estará papá presupuesto para pagar el pato de nuestros errores. Sobre todo cuando ese presupuesto en realidad no lo tenemos -lo está poniendo en última instancia Frau Merkel- y pesará como una losa sobre nuestros hijos durante la próxima generación.
Y precisamente esta situación motiva que el EBA acabe de confesar públicamente, ¡a estas alturas!, que de cara a los test de estrés que se avecinan aún no tiene claro cómo va a definir qué es el capital. Ya se lo digo yo: las preferentes, de cualquier clase, y la subordinada, no son capital. Y a la vista está.
Victor García. Profesor del IEB.
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