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Archivo para el día “junio 9, 2011”

¡MALDICIÓN! poema por Durruti


¡MALDICIÓN!

 
 
Dicen los que gobiernan
que los que crean trabajo
son los pobres patronos
y que debemos dejarles
que siempre lo ganen todo.

Dicen los que gobiernan
que el obrero a trabajar
y se deje de monsergas;
que no amenace con huelgas
ni exija tanto jornal;
que nunca se ponga enfermo,
porque todo es un teatro
y trabaje muchas horas,
las que diga el empresario,
sin pagarlas y a destajo.

Dicen los que gobiernan
que para acabar con el paro
hay que reducir los impuestos
a todos los que más tienen,
es decir, a los ricachos,
para que puedan crear
muchos puestos de trabajo.
 
 Dicen los que gobiernan
que hay que cercenar también
la prestación monetaria
que reciben los parados,
porque se mal acostumbran
a estar todo el día en el bar,
a darse la buena vida
y no dedicarse a lo suyo,
que es buscarse ocupación
con que ganarse el salario.
Dicen los que gobiernan
que para salir de la crisis
hay que reducir prestaciones,
derribar el bienestar,
acabar con los subsidios,
privatizar la sanidad,
trabajar hasta morir,
no jubilarse jamás.

Carta a los que gobiernan
de un indignado cualquiera:
«Desde el respeto ya os digo,
el tuteo lo primero,
que no somos mercancías
ni tampoco esclavos vuestros.
Seguid con el torniquete,
continuad con el rodillo,
obedeced sólo a los mercados
y exigid más sacrificio,
que en un visto y no visto
se os irá todo al garete.
Nosotros, los indignados,
somos pepito grillo,
para deciros que existen
otras políticas, otros caminos
más humanistas y dignos».
 
 

Poner fin a los paraísos fiscales


Poner fin a los paraísos fiscales

9 Junio 2011 | Categorías: Paraísos Fiscales |

Xavier Caño– Pueblo y Sociedad Noticias.

Riesgo de desaceleración económica. Lo dice el G20, grupo de 19 países emergentes y ricos más la Unión Europea. El Banco Central Europeo (BCE), además, está muy preocupado por el aumento de la inflación, cinco décimas en la región del euro. El G20 alarma un poco y el BCE amenaza con subir los tipos de interés.

El Banco Central de España, para más inri, al conocer que los precios de octubre habían aumentado un poco, propuso moderación salarial. Más?

Según la propia OCDE, en siete años, desde 1999 a 2006, los costes laborales aumentaron en España un ridículo 3,7%. En este mismo período, los beneficios empresariales crecieron un 73%. ¿Hay que decir más?

La desmesurada preocupación por la inflación y la desaceleración económica quizá camufle problemas más serios que gangrenan de verdad la economía global. Por supuesto que la inflación desbocada es un peligro real para los ciudadanos de a pie, para pequeñas y medianas empresas. Y una recesión económica notable conlleva sufrimiento para la mayoría de ciudadanos, pero subir a los altares la inflación y el crecimiento económico apesta.

Habría que recordar, por ejemplo, que Brasil creció durante todos y cada uno de los años del siglo XX, pero también aumentaron los pobres y la desigualdad: una minoría riquísima y una mayoría paupérrima. Y no es el único caso. Quizás haya otras razones, además de la inflación, que la economía no funcione nada bien y la riqueza del mundo esté tan mal repartida.

¿Por qué no se preocupan un poco, solo un poco, los Bancos Centrales, G8, G20, FMI, Banco Mundial, OCDE, OMC y compañía de meterle mano a los desgraciados ‘paraísos fiscales’, por ejemplo, designados por el eufemismo centros offshore ‘? Uno de los mayores chanchullos del mundo, por cierto.

Dirigidos por grandes bancos internacionales y no menos grandes poderes financieros, siempre en beneficio de las corporaciones transnacionales y los mega-ricos. Paraísos con cuentas secretas y empresas tapadera, que han hecho de la ocultación y el engaño norma y dogma.

Las grandes corporaciones y los ricos eligen los paraísos fiscales para burlar el sistema fiscal: no pagan impuestos o, de hacerlo, son ridículos. No pagar impuestos es robar a la inmensa mayoría de ciudadanos, que sí los pagan.

Los impuestos evadidos impiden proporcionar los beneficios sociales, económicos y culturales a que todo ciudadano tiene derecho, si hemos de hacer caso de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de las constituciones de los países democráticos.

En los paraísos fiscales se blanquea el dinero procedente del tráfico mundial de drogas y otros gravísimos delitos, más de 600.000 millones de dólares al año. Además de otros casi 600.000 millones, procedentes del fraude y la corrupción.

Cifras que concuerdan con los cálculos del Fondo Monetario Internacional-que no es precisamente una organización de izquierdas-, que asegura que cada año se blanquea un billón y medio de dólares de dinero ilícito, corrompido y criminal. Casi un 5% del producto mundial.

Pero además de los paraísos fiscales, las grandes bolsas, los grandes bancos y los poderosos fondos de inversión del mundo no le hacen ascos al dinero negro del narcotráfico, del tráfico de blancas, de la venta ilegal de armas, de la descarada evasión de impuestos, de la corrupción de altos funcionarios y gobernantes … Buscan ese dinero y trabajan con él sin que los tiemble ni un gramo de conciencia.

De acuerdo a controlar la inflación y vigilar el crecimiento económico, pero toda esta basura de los paraísos fiscales y lo que en ellos se perpetra, no tiene nada que ver con la marcha renqueante de la economía, con la pobreza, con la desigualdad, con la fluctuación de la inflación? No repercute en la vida concreta de una enormidad de ciudadanos?

No me lo creo ni aunque lo expliquen una docena de premios Nobel de economía juntos. Ya sería hora de que Bancos Centrales, G8, G20, FMI, BM, OCDE, OMC y toda la retahíla de autoridades y asociaciones económicas, monetarias y similares se tomaran en serio acabar con los paraísos fiscales y la caterva de injusticias que inducen, permiten o encubren.

Políticos a la cárcel


Opinión

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Políticos a la cárcel

Un país que prevé exigir responsabilidades penales a los políticos por su mal gobierno es un país serio

Artículos | 09/06/2011 –

En un país de por ahí arriba, creo que Islandia, están juzgando al anterior primer ministro por su desgobierno. Es decir, por conducir a su nación a la catástrofe y no hacer caso de los avisos que recibía. Si se demuestra su culpabilidad, pueden caerle dos años de prisión.

En ese país tienen una ley que permite ese acto de justicia y, según se puede comprobar, no se conforman con la doctrina y la tradición de las demás democracias: el mal gobernante paga sus errores en las elecciones, y no hay por qué exigirle otras responsabilidades. Las urnas y la historia son los encargados de juzgarlo.

 

¿Cuántos ciudadanos del mundo habrán aplaudido esa noticia? No hace falta imaginarlos. Basta con sondear a nuestras familias. Yo me limito a decir –y no quiero señalar a nadie ni a nada– que un país que ha tenido la previsión legal de exigir responsabilidades penales a los gobernantes por hacer un mal uso del gobierno empieza a ser un país serio.

Tiene un entendimiento de la función pública como un servicio encomendado por la sociedad, y si el gobernante incumple ese encargo soberano, si defrauda la confianza en él depositada, y si por ineptitud o desidia causa daños a los contribuyentes, se le juzga.

 

En otras naciones –y sigo sin señalar–, las cosas suceden exactamente al revés. Hay algún malabarista, como el señor Berlusconi, que busca en la política todo lo contrario: la inmunidad y la impunidad por sus acciones dudosas en la vida privada. Y hay algunas fuerzas políticas en España que ponen a sus imputados en las listas electorales, en la esperanza de poder decir que las urnas les han indultado.

Están en boca de todos por sus abusos y a veces por sus latrocinios, malversaciones y otras figuras recogidas en los códigos, pero sus partidos les perdonan y hasta los ensalzan por la única y soberana razón de que aportan votos. Algunos de ellos se sentarán estos días en los nobles escaños de los parlamentos regionales.

 

¿Estoy proponiendo que aquí se juzgue también a los políticos que perjudican al ciudadano? ¡No, por Dios! Una justicia que tiene pendientes más de tres millones de casos sin resolver no puede verse sobrecargada con tanto trabajo.

Unas cárceles saturadas no podrían soportar un posible aluvión de nuevos inquilinos. Un sistema que prevé el suplicatorio para los diputados obligaría a que todos los ex tuvieran un escaño por lo que pudiera pasar.

Y después, los jueces, su trabajo y su filiación. ¿Os imagináis que haya que procesar a un ex ministro? Entre la presentación de la querella y el juicio podrían pasar cuatro o cinco años.

Si lo juzga la Audiencia Nacional, habría un 40% de posibilidades de que el Supremo revisara la sentencia, que es la media actual de sentencias anuladas.

Y si después de todo llega al Constitucional, su sentencia final dependería de qué partido tiene la mayoría. Quita, quita: mejor dejar las cosas como están.

http://www.lavanguardia.com/opinion/articulos/20110609/54167551264/politicos-a-la-carcel.html

Causas políticas de la crisis y cómo salir de ella


Artículo publicado por Vicenç Navarro en la revista EL VIEJO TOPO, junio de 2011

Este artículo muestra como las políticas neoliberales que se han ido aplicando en la mayoría de países de la Unión Europea, incluyendo España, están polarizando la distribución de las rentas de tal manera que esta polarización está interfiriendo en la eficiencia económica de aquellos países.

El caso de los mal llamados PIGS es paradigmático. El artículo señala la urgente necesidad de cambiar tales políticas acentuando reformas fiscales que corrijan tales desigualdades de renta, contribuyendo además a expandir el gasto público que estimule la economía y cree empleo. El artículo muestra datos empíricos que avalan tales propuestas.

Mi maestro Gunnar Myrdal, premio Nobel de Economía de 1974, solía decir que detrás de cada problema económico había un problema político. Y la crisis actual, que nos ha llegado al borde de la Gran Depresión, es un caso claro de ello.

La revolución neoliberal representó la victoria del capital sobre el mundo del trabajo y sus políticas públicas así lo demuestran. Durante los últimos treinta años, las rentas del capital han aumentado, mientras que las rentas del trabajo (como porcentaje de la renta nacional) han disminuido en los países del G-7, es decir, en los países capitalistas de mayor riqueza.

Tal situación se ha producido también en todos aquellos países que siguieron tales políticas (desregulación de los mercados –comerciales, laborales y financieros-; disminución del intervencionismo estatal en la economía; reducción del estado del bienestar; plena autonomía de los Bancos Centrales; entre otras), promovidas activamente por los gobiernos del G-7, por el Fondo Monetario Internacional (FMI), y por la Unión Europea (UE).

Dentro del capital, la fuerza motriz de estas políticas públicas fue el capital financiero, que se benefició enormemente del descenso de las rentas del trabajo, forzando a la clase trabajadora a endeudarse.

El grado de endeudamiento de la población trabajadora aumentó geométricamente y con ello los beneficios del sector financiero. La financiarización de la economía, es decir la importancia del sector financiero dentro de la economía, aumentó muchísimo.
Por otra parte, la enorme concentración de las rentas (y de la propiedad) determinada por las políticas neoliberales facilitó la especulación financiera.

Los ricos no invirtieron tanto en las actividades productivas (cuyo crecimiento no era muy notable, resultado de la escasa demanda –consecuencia del descenso de la capacidad adquisitiva de la población-) como en actividades especulativas, de las cuales la apuesta inmobiliaria fue la más llamativa. Así se creó la burbuja inmobiliaria que fue el motor de la actividad económica en EEUU, Gran Bretaña, España e Irlanda.

El estallido de tal burbuja creó un enorme vacío en el espacio económico responsable de la Gran Recesión que casi llega a convertirse en la Gran Depresión.

El desempleo se disparó, y con ello el problema de la escasa demanda que se deterioró todavía más, convirtiéndose en el mayor problema social y económico de los países capitalistas desarrollados.
El enorme crecimiento de las desigualdades de renta resultado de las políticas neoliberales ha determinado el descenso de la demanda, que se ha agravado con el colapso de la burbuja inmobiliaria, a consecuencia de la actividad especulativa del capital financiero.

Frente a esta situación, las políticas gubernamentales de reducción de la demanda mediante el recorte del gasto y empleo público es un enorme error, pues empeora todavía más la situación, como estamos viendo en los países periféricos de la eurozona (PIGS), Grecia, Irlanda, Portugal y España.

Los gobiernos de estos países, presionados por la UE y por el FMI están recortando más y más su sector público y con ello retrasando la recuperación del crecimiento económico. Los datos están ahí para cualquier persona que quiera verlos (ver mis artículos en la sección Economía Política en mi blog, http://www.vnavarro.org).

Los argumentos neoliberales a favor de la austeridad

El argumento que la UE y el FMI utilizan para justificar los enormes recortes de gasto público es que estos países deben ser más disciplinados y reducir su déficit público, pues este déficit público está sustrayendo fondos necesarios para que el sector privado consuma e invierta.

La reproducción de este argumento es un indicador de la intensidad del dogma neoliberal, pues es fácil demostrar que se reproduce a base de fe en lugar de evidencia científica. El sector privado en estos países están enormemente endeudados y no pueden liderar la recuperación económica.

Es el sector público el que debe liderarlo, creando empleo, pues su problema mayor es el elevado desempleo y falta de demanda.
Otro argumento neoliberal a favor de reducir el déficit es que creará inflación y/o incrementará los intereses bancarios. Tales argumentos ignoran que la inflación existente no tiene nada que ver con el tamaño del déficit sino única y exclusivamente con el incremento del precio del petróleo y de los alimentos. Y en cuanto al precio del dinero (los intereses), éste no lo marcan los mercados sino los Bancos Centrales.
En otras ocasiones los economistas neoliberales (y en ocasiones los no liberales también) argumentan que no podemos cargar a nuestros nietos tales deudas. Y aparece así el supuesto conflicto de generaciones, que sustituye a la lucha de clases. Los estados –dicen estos autores- tienen que comportarse como las familias. Pero tales autores parecen desconocer que todas las familias están endeudadas.

Sin crédito, la economía familiar no funcionaría. Pero también ignoran que un estado tiene además la potestad de imprimir dinero, potestad que no tiene la familia.

Pero, al citar esta obviedad, los neoliberales se ponen las manos en la cabeza horrorizados, asustando al público en general, diciendo que la impresión de moneda, para estimular la economía, creará inflación. Ignoran, sin embargo, que el problema que hemos tenido en los años de recesión no ha sido la inflación sino la deflación.

Es más,  la abundante evidencia empírica muestra que no hay relación entre déficit público e inflación. Japón tiene el mayor déficit y deuda pública existente en la OCDE y ha estado en deflación por muchos años.
Y, por último, el argumento que la UE y el FMI utilizan para presionar a los PIGS a que eliminen sus déficits es que los mercados financieros no prestarán dinero a no ser que los déficits estén bajo control. Tal argumento ignora también algunos elementos básicos.

Uno de ellos es que la solvencia de los bonos del estado lo definen unas agencias de evaluación que son, en la práctica, instrumentos del capital financiero, el cual se beneficia de que los intereses de tales bonos sean elevados, lo cual consiguen elevando su valoración de riesgo (bajo el argumento de que son arriesgados), con lo cual tal evaluación carece de credibilidad.

Es una falacia que se sostiene porque “la presión de los mercados financieros” es el argumento que se utiliza para que los estados tomen las medidas que la UE, el FMI y las burguesías nacionales desean que se tomen.

En realidad, si en los estados PIGS (todos ellos países que han sufrido dictaduras fascistas o fascistoides, y en los cuales las derechas continúan siendo muy poderosas) gravaran a sus ricos en los mismos niveles que hacen países con izquierdas más poderosas, como los países nórdicos escandinavos, sus estados necesitarían endeudarse mucho menos.

Ha habido una alianza –reconocida por algunos dirigentes de la Banca Alemana-, entre las burguesías de los países PIGS (todos ellos tienen el porcentaje de ingresos al estado más bajos de la UE-15) y la banca nacional y extranjera, de manera que la baja carga impositiva en estos países es la causa del endeudamiento del estado.

Si los países PIGS tuvieran los ingresos al estado que tienen los países nórdicos, tales países dejarían de tener déficits públicos.

¿Qué es lo que debería hacerse?

En realidad, la respuesta es bastante fácil. Pero ello implica romper con el modelo neoliberal que nos llevó a la crisis y nos mantiene en ella. Se tiene que hacer un cambio en el pensamiento económico semejante al que ocurrió a finales de los setenta y en los ochenta pero en sentido contrario. Y ello no ocurrirá a no ser que haya un cambio de las relaciones de poder de clase en estas sociedades.

El conocimiento económico hegemónico es siempre el que beneficia a las clases dominantes. El neoliberalismo es el pensamiento del capital, hegemonizado por el capital financiero. Es necesario establecer un pensamiento económico que represente los intereses del mundo del trabajo, que son los de la mayoría de la población.
Tal pensamiento tiene que ser la génesis de políticas públicas que reviertan las políticas neoliberales. Así, en lugar de aumentar la regresividad fiscal y disminuir los impuestos, hay que aumentar los impuestos de los sectores que se han beneficiado más de los recortes impositivos regresivos durante estos últimos treinta años (en España, de una manera muy notable, en los últimos quince años). Es más, los ingresos al estado deberían depender menos de las rentas del trabajo y más de las rentas del capital.

Debería terminarse la discriminación impositiva de manera que todas las rentas y todas las propiedades deberían grabarse por igual, independientemente de su origen. Por otro lado, los ingresos al estado deberían alcanzar los niveles de los países nórdicos a fin de desarrollar un elevado estado del bienestar.

Si España obtuviera los mismos ingresos al estado que, por ejemplo Suecia, el estado español ingresaría 200.000 millones de euros más de los que ingresa ahora. Los neoliberales publicarían informes señalando que tal carga impositiva deprimiría la economía, pues disminuiría la demanda.

Tal argumento ignora que la mayoría de la carga impositiva caería en el 20% de renta superior del país que ahorra (y especula) más que consume.

Es más, el estado debería gastar los fondos adquiridos de estos impuestos en crear puestos de trabajo y con ello estimular la demanda.

Si España tuviera el mismo porcentaje de la población adulta en los servicios públicos del estado del bienestar que tiene, por ejemplo, Suecia (24%, versus 9% en España), España crearía cerca de cinco millones de puestos de trabajo eliminando el desempleo.

Se alcanzaría pleno empleo además de corregir el retraso del estado del bienestar español (que treinta años después de democracia continúa a la cola de la UE-15 en gasto público social por habitante y en porcentaje de la población adulta que trabaja en el estado del bienestar).
Un segundo cambio sería el establecimiento de bancas públicas tanto a nivel central como autonómico e incluso municipal que garantizara el crédito. Por otra parte, las ayudas a la banca privada se condicionarían a la garantía de disponibilidad de crédito, acentuando más la ayuda al usuario del crédito que a las instituciones crediticias.

La banca en España está excesivamente protegida y el usuario poco protegido. Se permitiría que el ciudadano en bancarrota finalizara la hipoteca cuando dejara el piso, absorbiendo la banca las pérdidas en sus inversiones. La deuda con los bancos extranjeros y nacionales se redefiniría, exigiendo que la banca absorbiera las pérdidas por sus inversiones fallidas.

Lejos de despolitizar las cajas, estas deberían convertirse en bancas públicas bajo dirección política. La provisión de crédito sería una función política y social, mediante propiedad y/o regulación pública.

Cambios a nivel europeo

A nivel europeo, el modelo neoliberal debería cambiarse para seguir una orientación casi opuesta a la actual. El Banco Central Europeo debería convertirse en un Banco Central en lugar de un lobby de los bancos. Debería asemejarse en sus funciones al Federal Reserve Board, considerando su responsabilidad en estimular el crecimiento económico tan importante como controlar la inflación.

Tal Banco tendría que dar cuentas al Parlamento Europeo, el cual debería tener mayor responsabilidad en la política económica, fiscal y monetaria. Sus actas serías públicas y deberían apoyar a los estados en sus políticas monetarias, fiscales y económicas.

Un Fondo Monetario Europeo debería establecerse, con un fondo de 750.000 millones de euros, que siguiera y evaluara la situación fiscal de los estados con sus propias agencias de evaluación, ignorando las agencias privadas como Moody y Standard Poor que son meros instrumentos de la banca. El presupuesto europeo debería alcanzar el 7% del PIB europeo, tal como lo pidieron sus fundadores, con una responsabilidad estimuladora de la economía.

Y la UE debería estructurarse según una estructura federal que permitiese un pacto social capital-trabajo a nivel europeo. Tales cambios deberían hacerse con cierta urgencia pues la propia viabilidad de la UE está en peligro. En caso de no realizarse estos cambios, la UE y el euro desaparecerán pues la situación actual es insostenible.

Hay que darse cuenta que el elevado desempleo en la UE es su talón de Aquiles.

El mal llamado éxito del modelo alemán depende primordialmente de la existencia de una demanda de sus exportaciones, que proceden primordialmente de países emergentes, como China (cuyo elevado crecimiento se debe a no haber seguido las recetas neoliberales.

El crédito de China está nacionalizado y el 44% de la industria es estatal) e India.

La única manera de eliminar el déficit es a base del crecimiento económico como bien recordó el ex presidente Lula al gobierno socialista portugués (al cual aconsejó no seguir los consejos del FMI que habían hecho mucho daño a Brasil).

Tal crecimiento no puede ser a base de exportaciones sino a base del estímulo de la demanda doméstica creando pleno empleo.

Si las medidas propuestas aquí no pudieran implementarse en España debido a la resistencia de la UE, España debería considerar salirse del euro pues la situación tal como está ahora condenará a España a una época larga, de décadas, en que permanecerá estancada con un elevado desempleo.

Ver artículo en PDF 

Extraido del blog de Vicent Navarro

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