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Archivo para el día “julio 5, 2011”

¿ QUÉ ES LA LEY SINDE?


QUÉ ES LA LEY SINDE?

La Ley Sinde es el nombre informal con el cual se conoce a un apartado particular de la Ley de Economía Sostenible llamado “Disposición Final Segunda”, en que el Gobierno de Rodríguez-Zapatero intenta enfrentar la crisis que atraviesa España actualmente. Fue propuesta en mayo de 2009.

Dicha Disposición Final Segunda consiste en una serie de cambios que afectan a:

La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (más conocida como LSSI).
La Ley de Propiedad Intelectual.
Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, (que se centra en la protección de la propiedad intelectual en el ámbito de la sociedad de la información y de comercio electrónico).
El objetivo de modificar estas leyes es permitir que un grupo de personas dependientes del Ministerio de Cultura (una comisión cultural o comisión de propiedad intelectual), tengan la potestad de cerrar páginas web que, de acuerdo a su propio criterio, vulnere los derechos propiedad intelectual previa autorización de los Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo.

Los cambios, como es de suponerse, vienen propuestos por la Ministra de Cultura, Ángeles Gonzales-Sinde, motivo por el cual se ganó el nombre de Ley Sinde.

Con las modificaciones hechas para lograr el acuerdo pactado entre los partidos PP, PSOE y CIU para hacer pasar la ley, la Ley Sinde es y funcionan de la siguiente manera:

Para que la Comisión de Propiedad Intelectual actue, debe recibir una denuncia (puede ser de particulares, cantantes, bandas, directores, como de una discográfica, estudio de cine, televisión, o sus respectivos representantes) ellos tendrán la potestad de determinar si hay falta o no; cuando determinan que sí, hay dos vías a recorrer:

El responsable de los contenidos que supuestamente vulneran la propiedad intelectual o aquellos que hospedan el contenido o aquel proveedor de acceso al que está conectado un servidor que hospeda los contenidos, inclusive quien los publicó tiene 48 horas para que, voluntariamente, retire el contenido en cuestión. Esto se hace por medio de una petición en la que no intercede ningún organismo jurídico. En caso de no retirarse ocurre lo siguiente:

Plazo de 2 días para que se presenten las pruebas del lado de quien demanda y del lado de quien es demandado, que se niega a retirar el contenido.
Plazo de 5 días para presentar las conclusiones de las pruebas introducidas por las partes.
La Comisión de Propiedad Intelectual tiene un plazo de 3 días para dictar resolución.
Tal resolución se presenta nuevamente a un juez quien la autoriza o no. Pero este juez no participa en el proceso mismo de determinación de culpabilidad (o no), simplemente ratifica o niega la conclusión.

Acudir a un juez para obtener una orden judicial por medio de la cual se piden los datos de aquel o aquellos que cometen la infracción al proveedor de servicios (generalmente será una empresa de hosting que opere dentro de España) y para que se retire el contenido que vulnera los derechos de propiedad intelectual (el Copyright, pues). Los Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo tienen apenas 24 horas para autorizar o no. (como se explica en el inciso 7 del documento de acuerdo entre los partidos). El juez puede negarse si afecta al Artículo 18 apartados 1 y 3 de la Constitución Española. (No olvidemos que la primera versión de la Ley Sinde que se dio a conocer a finales de 2009 permitía este proceso sin la necesidad de intervención de un juez)

Los problemas de la Ley Sinde
Aunque un juez intervienga en varios puntos del proceso de actuación de la Comisión de Propiedad Intelectual, es justamente ese el primer y mayor problema: la denuncia y el propio hecho de determinar si hay falta se hace por una vía administrativa (es decir, un organismo del gobierno) y no por la vía judicial (es decir, una decisión hecha en juzgado, por jueces). ¿Por qué es este el mayor problema?:

Porque se vulnera un derecho y liberatad fundamental en España: la libertad de expresión. Que un organismo administrativo designado por un Ministerio (en este caso, el de Cultura) formado por personas que no conocemos, con facultades que desconocemos, se les otorgue tal poder y tal responsabilidad no solo es una falta de respeto a la ciudadanía, es darle una bofetada al sistema jurídico español.

Porque la actuación del juez en todo el proceso se limita al derecho de autorizar o no aquello que la comisión determinó. El juez no se ve involucrado ni tiene voz durante el desarrollo del proceso mismo. Por definición, la ausencia judicial en el proceso no garantiza que las decisiones de la comisión sean justas.

El segundo gran problema de la Ley Sinde es su origen. En diciembre se reveló por medio de las filtraciones de Wikileaks que la Disposición Final Segunda se gestó y redactó a partir de fuertes presiones de lobbys estadounidenses representantes de las industrias audiovisuales (es decir, los estudios y las discográficas). Toda la ley está “manchada” de las intervenciones de estas grandes empresas, al defender a toda costa sus intereses y arrastrar los derechos fundamentales de los ciudadanos españoles.

El tercer gran problema de la Ley Sinde es su tremenda falta de claridad con respecto a sus límites. Gran parte de la discusión (para bien y para mal) se ha centrado en la necesidad de regulaciones que impidan que, por medio del internet, algunas personas se lucren con el trabajo ajeno. El problema es que no es claro qué se penalizará y qué no. Aún más grave es que no necesariamente se tiene que probar el daño, sino que hay una posibilidad de causar daño (la existencia de enlaces a contenido con Copyright, por ejemplo).

El cuarto gran problema es la existencia de un blacklist o una lista negra controlada por la Comisión de la Propiedad Intelectual. En caso que los contenidos “infractores” no se encuentren dentro de España (ya sea que la empresa de hosting sea extranjera, o los servidores están en otro país o la persona en cuestión no viva en España) entonces podrán pedir que el IP o el dominio en cuestión sea bloqueado.

No creo que sea necesario explicar los peligros que la lista negra de sitios y direcciones IP que no pueden ser accedidos mientras estás dentro de España esté en control de unas cuantas personas. Esto es una muralla digital China en potencia.

Las acciones, las protestas
Al conocerse la existencia de la Disposición Final Segunda y sus intenciones por parte del Ministerio de Cultura y su ministra Ángeles González-Sinde, un gran grupo de personas nos pusimos de acuerdo y lanzamos, el 2 de diciembre de 2009, a las 9 de la mañana un Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en internet. Aquel manifiesto fue publicada en miles de webs y fue leída por millones de personas. Causando un impacto real en la sociedad de entendimiento de los peligros de la aprobación de estas medidas.

A partir de esa fecha y hasta el día de hoy se ha mantenido una larguísima discusión de todo tipo de temas relacionados con la propiedad intelectual, con las medidas que se deben tomar o no. Una cosa es clara: la Ley Sinde existe porque el proceso judicial español simplemente no ha dado la razón a la industria audiovisual cuando intentan demandar a personas por simplemente enlazar contenido. ¿Solución? saltarse por completo el proceso y entregárselo a una comisión designada por un ministerio presidido por una persona que tiene fuertes lazos con la industria.

El pasado 21 de diciembre el gobierno español intentó pasar la ley por un proceso express que al final falló. Pocos días después de intensas negociaciones entre el PP y el PSOE, unas ligeras modificaciones a la Disposición Final Segunda, se comunicó que votarán a favor de su aprobación en el senado. Así estamos hoy.

Algunos pedimos la dimisión de la Ministra de Cultura, otros renuncian a su cargo, otros lo apoyan, pero lo más importante, hoy, es hacerle saber a quienes nos gobiernan que no estamos de acuerdo con lo que nos están haciendo. ¿Cómo? en las urnas. La perdida de voto es como realmente los políticos se sienten afectados y es donde debemos de actuar como sociedad responsable que somos.

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Estados Unidos prepara hackers para una ciberguerra mundial


FIRMAS   Por Domingo Schiavoni

Estados Unidos prepara hackers para una ciberguerra mundial

El Pentágono acaba de anunciar que va a reaccionar militarmente ante los ataques de hackers.
Esta directiva habilita a que se responsabilice a algunos países de causar una ciberguerra.
Además, el presidente Barack Obama autorizó la creación de una red para entrenar ciberatacantes que responderán a una ofensiva virtual.
¿Una nueva forma de crear la paranoia que justifique controles abusivos y ataques preventivos?
Según un despacho de la agencia Associated Press, el presidente Barack Obama autorizó la creación de una red para entrenar ciberatacantes que responderán a una ofensiva virtual.
El líder imperial formalizará el anuncio al comienzo de su nuevo mandato, y ya ha hecho saber a su gabinete y a los líderes del Congreso que va a incrementar recursos para que el Pentágono desarrolle defensas contra ataques cibernéticos que, según Barack Obama, son una de las amenazas más serias que enfrenta Estados Unidos.

La compañía de defensa Lockheed Martin y el Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad John Hopkins ya están trabajando para crear un arquetipo que permitirá simular ciberataques de potencias extranjeras y de piratas informáticos asentados en Estados Unidos.

En los últimos dos años el Pentágono aceleró la inversión y desembolsó 500 millones de dólares en el área de cibertecnología, lo que lleva a que este proyecto podría ponerse en funcionamiento a fines de 2011 o comienzos de 2012.

La agencia de investigación militar DARPA, la que desarrolló la red Arpanet, antecesora de la actual Internet, está creando este nuevo proyecto que va a consistir en una nueva red más eficaz para poder entrenar a los nuevos hackers que defenderán las instalaciones civiles y militares del gobierno.

Además, DARPA está creando el programa CRASH, que estudia el desarrollo de software inteligentes, que evolucionan con el tiempo y aprenden de los ataques recibidos, de manera que se convierten en objetivos difíciles de vulnerar.

Por otro lado, el Pentágono trabaja en el programa llamado Cinder, que supervisará las redes internas del Ejército, para combatir las filtraciones de datos, como las realizadas por WikiLeaks a través del soldado Bradley Manning, que simulaba estar escuchando un CD de música mientras copiaba datos, fotos y videos confidenciales.

De acuerdo con el subsecretario de Defensa, William Lynn, la nueva red podría transmitir un código computarizado a la red de otro país, lo que le permitiría en un futuro trazar un mapa digital para vulnerar el sistema de servidores de aquella nación.

En América Latina, según un estudio hecho por la empresa de antivirus rusa Kaspersky, Venezuela es el país en el que más han crecido los ataques cibernéticos, a pesar de que la cantidad de población conectada es inferior a la de varios países de la región.

Detrás de Brasil y México se ubica Venezuela en la cantidad de casos de ataques por parte de hackers, gusanos y virus. Además, Stuxnet, el gusano informático que infectó al sistema electrónico de las plantas nucleares de Irán se diseminó hacia otros países, como por ejemplo Venezuela, en donde llegó a afectar las redes del gigante petrolero Pdvsa.

Pero, el objetivo de los ataques no es sólo causar daños a empresas, espionaje o robar datos bancarios, sino, que de acuerdo con el Pentágono, la guerra cibernética podría paralizar al sistema de defensa o energético norteamericano si un ejército de hackers dotado con alta tecnología y muy bien capacitado se lo propusiera.

Para ello, Washington está desarrollando este nuevo sistema defensivo. De acuerdo con el diario The Wall Street Journal, el Pentágono anunció que los ciberataques serán considerados como “actos de guerra” y en consecuencia podrá responder por las vías tradicionales, es decir enviando aviones bombarderos, portaviones y hasta tropas al sitio desde donde se lanzó la agresión. Pero en este punto surge la duda.
¿Cómo se puede precisar un ataque llevado a cabo por hackers comunes o que detrás de ellos haya una nación extranjera? ¿Contra quién responderán los militares norteamericanos si los atacantes se encuentran en varios países y no se puede comprobar que estén asociados con alguno en particular?

Según destacados analistas internacionales, lo que le pasa a los Estados Unidos después de su ostensible traspié en Libia, tras la crisis de poder que asoma nítida tras el caso de Afganistán, tras las explícitas amenazas de Irán, y luego de la crisis de poder en la OTAN y el manifiesto desalineamiento de Rusia y China contra sus políticas invasivas, el imperio a punto de derrumbarse ha entrado en una crisis cuyo nombre más apropiado sería el de la cyberparanoia.

Si la amenaza de Al Qaeda, maximizada por los halcones del Pentágono, parecía ser un objetivo difuso, dado que no se estaba luchando contra un ejército convencional sino contra una asociación de pequeñas células compuestas por fanáticos religiosos, con escasa conexión entre sí situados en varios países, incluso dentro del mundo occidental, la ciberguerra supone un enemigo mucho más impreciso aun.

He aquí el peligro. La doctrina del ataque preventivo aplicada desde el gobierno de Bill Clinton, pero oficializada por el presidente George W. Bush puede llegar a escalar hacia una etapa inimaginable. Es más fácil acusar de un ataque cibernético a un país determinado que buscar las condiciones para iniciar una guerra con mapas satelitales e informes basados en el espionaje tradicional.

Pero, como el enemigo virtual es más indefinido que un ejército convencional o que un grupo de extremistas religiosos, el miedo y la paranoia de la población puede llegar a habilitar a que se aumente el gasto en defensa, para lanzar ataques que beneficien a las compañías privadas implicadas o que se acentúe la vigilancia sobre las comunicaciones entre civiles y se intensifique el control interno de los ciudadanos.
EE.UU., lo hemos repetido varias veces, es un imperio en decadencia.

Perdió credibilidad en todo el mundo y ya casi nadie les cree nada. Ojalá no tarden en caer, opinan algunos analistas de la Eurasia.

El periodista centroamericano Alejandro Nievas sostiene, por su parte, opina que la nueva estrategia bélica de Obama no se la creen ni los norteamericanos. Se trata más y menos que de una nueva excusa: una red de cazadores de hackers para seguir ocultando secretos y poder manipularnos mejor, eso es lo que está pasando ahora.

El mundo libre debe actuar, tiene que despertar y darse cuenta que Obama, no contento con causar guerras de ocupación en Medio Oriente, ahora va por el mundo virtual.

(Fuente: Análisis Global.com)

Chomsky califica de “engañosa” la versión que lo enfrenta al gobierno venezolano


Chomsky califica de “engañosa” la versión que lo enfrenta al gobierno venezolano

4 JULIO 2011
Noam ChomskyNoam Chomsky

Luigino Bracci Roa
Del blog 
El espacio de Lubrio

El intelectual estadounidense Noam Chomsky calificó de “engañoso” (deceptive) el artículo escrito por el diario The Guardian y titulado “Noam Chomsky denuncia a su viejo amigo Hugo Chávez por ‘asalto’ a la democracia”[1], que ha desatado una ola de especulaciones en portales de derecha afirmando que el profesor de Lingüistica del MIT, famoso por sus opiniones políticas y libros como “La Aldea Global”, “Hegemonía y Superviviencia” y “Estados fallidos”, supuestamente se ha puesto en contra de la revolución bolivariana.

Tras escribirle a su correo electrónico y preguntarle por la veracidad de la información allí aparecida, Chomsky explicó:

La versión de The Guardian, como lo había previsto, es muy engañosa. El artículo en The New York Timeses más preciso. Ambos omiten algo que destaqué bastante: que las críticas del gobierno de EE.UU. o de cualquier persona que apoya sus acciones no pueden ser tomadas en serio, considerando que Washington tiene un historial mucho peor y no tiene ninguna de las auténticas preocupaciones que Venezuela se enfrenta. El caso (del soldado Bradley) Manning, por decir uno, es mucho peor que el de la jueza Afiuni”.

En una carta enviada por Chomsky a varios medios de comunicación [8], el intelectual pide que a la jueza María Lourdes Afiuni se le otorgue libertad plena, como un gesto humanitario del Presidente Hugo Chávez dada la condición física y psicológica de la jueza. Chomsky indicó que ella fue detenida de forma inadecuada, que fue tratada de forma degradante en el Instituto Nacional de Orientación Femenina, que se mostró crueldad en su contra y que su salud se deterioró rápidamente.

La carta enviada por Chomsky en ningún momento habla de deslindarse o darle la espalda al gobierno bolivariano. De hecho, en una parte de su escrito manifiesta que Afiuni debe ser liberada “en conformidad con la dignidad humana, que la Revolución Bolivariana presenta como uno de sus logros”.

La nota escrita por el New York Times, titulada “Connotado izquierdista urge a Chávez a liberar una jueza convaleciente”, no incluye frases de Chomsky que sí aparecen en The Guardian, en torno a un supuesto “asalto a la democracia” por parte del Presidente Chávez.

Por su parte, la abogada estadounidense e investigadora Eva Golinger explicó a través de su cuenta en Twitter haber conversado con Chomsky. Asegura que fue víctima de los medios y de una fundación, el Carr Center, que lo habría convencido de escribir la carta. “Lo de Chomsky fue manipulado. Hablé con él y me confirmó que lo habían distorsionado en los medios. ¡Nadie se escapa de la manipulación mediática!”, indicó la abogada.

Recordando el caso Afiuni-Cedeño

Cedeño (izq.) recibió asilo en Estados  Unidos en mayo de este añoCedeño (izq.) recibió asilo en Estados Unidos en mayo de este año. En la foto, con la congresista de origen cubano Ileana Ros.

Afiuni en estos momentos goza del beneficio de casa por cárcel con obligación de presentarse ante los tribunales cada quince días, tras ser sometida el pasado mes de febrero a una histerectomía completa (extirpación del útero y cuello uterino). Chomsky reconoce que el beneficio de casa por cárcel es ”sin duda una significativa mejora en su situación”, pero pide al Presidente Chávez otorgarle el beneficio de libertad por razones humanitarias.

La jueza fue arrestada en diciembre de 2009, luego de haberle otorgado al banquero Eligio Cedeño, entonces presidente de Bolívar Banco, el beneficio de ser juzgado en libertad. Dicha institución financiera fue intervenida en noviembre de ese año luego de que sus dueños cometieran irregularidades, estafando unos 27 millones de dólares de los ahorros de sus clientes. Afiuni otorgó el beneficio al banquero el 10 de diciembre de 2009, sin la presencia de los fiscales y únicamente con sus abogados presentes [9], lo que violaría leyes venezolanas. Cedeño fue sacado por una puerta trasera de la corte, tras lo cual tomó un vuelo y salió del país. Actualmente el banquero vive en Miami, EEUU, donde recibió asilo político. La jueza Afiuni fue detenida ese mismo día, al sospecharse que ocurrió una fuga planificada con su participación.

Opositores y medios de comunicación han tergiversado una opinión que dio el presidente Chávez en aquella ocasión,diciendo que la jueza merecía 30 años de prisión [3]; los opositores aseguran que ello fue “una orden” dada por el Jefe de Estado para arrestarla, y tergiversan sus declaraciones para decir que Chávez atentó contra de la independencia de los poderes públicos.
Por su parte, Chomsky explicó que algunas ONGs, como Amnistía Internacional, habían dado testimonios a favor de la jueza Afiuni, y que “en general, en el caso de personas detenidas sin ser juzgadas, creo que es apropiado tomar sus denuncias seriamente a menos que hayan evidencias creíbles e independientes que la refuten”. El juicio a Afiuni comenzará el próximo 6 de julio.

Junto al Bolívar Banco también fueron intervenidos los banco Canarias, Confederado y Banpro. El gobierno bolivariano finalmente absorbió el banco Bolívar, siendo integrado al Banco Bicentenario. La mayor parte de los ahorristas del Bolívar Banco recibieron en diciembre de 2009 sus ahorros por parte del gobierno.

El Carr Center

Leonardo Vivas, del Carr CenterLeonardo Vivas, del Carr Center

En su misiva, Chomsky admite que su defensa a Afiuni ocurre luego de ser  contactado por el Carr Center, una organización de defensa de los derechos humanos que tiene relaciones con USAID. Leonardo Vivas, coordinador de la Iniciativa Latinoamérica de dicha organización, admitió que Chomsky fue contactado porque “es alguien cuya voz podría ser escuchada en Venezuela”, según relata el New York Times. Dijo que Chomsky aceptó prontamente la invitación de su organización a apoyar a Afiuni.

Vivas es un sociólogo de la UCV, que ha brindado en universidades estadounidenses, como laTufts University, cursos sobre “la era Chávez en Venezuela”. Fue director de Industria en el Ministerio de Fomento entre 1990 y 1992, durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, y también tuvo un cargo de dirección e el Ministerio de Industria y Comercio en 1989, también durante el gobierno de CAP. Fue director ejecutivo de la organización pro-empresarial “Venezuela Competitiva”. [5]

Chomsky es profesor en el Massachussets Institute of Technology (MIT), al igual que Richard Stallman, otro estadounidense que también se ha pronunciado recientemente en torno al caso Afiuni [7]. Algunos creen que podría haber una operación de “lobby” a favor de la jueza, convenciendo a profesores e intelectuales estadounidenses de apoyarla.

Chomsky también deseó, en una entrevista, pronta mejoría al Presidente Chávez en su enfermedad, según indicó el NY Times.

(Con información de David Segarra)

[1] http://www.guardian.co.uk/world/2011/jul/03/noam-chomsky-hugo-chavez-democracy?CMP=twt_gu
[2] http://www.nytimes.com/2011/07/03/world/americas/03venezuela.html
[3] http://www.rnv.gov.ve/noticias/index.php?act=ST&f=2&t=115304
[4] http://www.ewmi-praj.org/l_hr_orgs.asp
[5] http://www.linkedin.com/pub/leonardo-vivas/9/211/b15
[6] http://web.mit.edu/linguistics/people/faculty/chomsky/index.html
[7] http://www.stallman.org/archives/2011-jan-apr.html#20 January 2011 (Don’t cross Hugo Chávez)
[8] http://es.scribd.com/doc/59209131/Noam-Chomsky-Carta-Publica-a-los-venezolanos-Final-27-6-2011-1
[9] http://www.rnv.gob.ve/noticias/index.php?act=ST&f=2&t=115294

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