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Archivo para el día “julio 6, 2011”

¿Qué hacer para liberarse de la trampa de las deudas públicas?


Crisis económica
¿Qué hacer para liberarse de la trampa de las deudas públicas?
[Publicamos aquí la entrevista completa realizada el 28 de junio entre François Chesnais y Dominique Sicot, periodista en L´Humanité Dimanche. Por falta de espacio, sólo algunos extractos aparecerán en la edición de dicho semanario en la edición del 7 de julio de 2011. Redacción de À l´encontre].

¿Cómo definir la situación de las clases populares en Europa en relación a la cuestión de la deuda?

En mi libro (Les dettes illégitimes. Editions Raisons d´Agir, mayo 2011) hablo del “doble castigo” que las burguesías y los gobiernos están infringiéndoles.

A fines de 2008 y durante todo el año 2009, los asalariados y asalariadas han sufrido de lleno el látigo de los efectos de la crisis mundial bajo la forma de cierres de fábricas, despidos, reducción de horarios y congelación salarial.
Luego, a partir de la primera fase de la crisis de la deuda griega en mayo de 2010 y la entrada en escena de las agencias de notación como portavoces de las exigencias de los bancos y de los inversores financieros, los gobiernos europeos han emprendido un ataque a las clases populares a todos los niveles en nombre de la “obligación de pagar la deuda”.

Lo que el gobierno Papandreu ha aceptado imponer a los ciudadanos griegos en el marco del nuevo “plan de salvamento” puesto a punto por la troika –UE, BCE y FMI- produce escalofríos.

Subida de dos puntos del IVA, del 19% al 21%,
aumento de los impuestos sobre el alcohol, el tabaco y los carburantes (0,008 euros sobre la gasolina y 0,03 euros sobre el gasoil).
Creación de un “derecho de acceso” a la red eléctrica.
Reducciones de salarios y de jubilaciones en la función pública por 1,7 millardos de euros, es decir el 0,7 % del PIB.
Congelación de todas las jubilaciones públicas y privadas.
Amputación del programa de inversión pública.
Medidas para facilitar los despidos.
Ola de privatizaciones de una amplitud sin precedentes: los puertos, los aeropuertos, los ferrocarriles, el agua, las telecomunicaciones y el Banco Postal, etc.
En Portugal, las medidas aceptadas por los dos partidos “mayoritarios” son de la misma naturaleza.
En Irlanda, en el contexto de un sistema económico y social a la anglosajona, donde la protección social era ya débil, los estragos del plan de austeridad como consecuencia de la estatización de la deuda de los bancos son particularmente fuertes en la salud pública y la enseñanza.

En mi libro, recuerdo que la decisión del gobierno Sarkozy de acelerar de repente la “reforma” de las jubilaciones y de imponerla a cualquier precio es la consecuencia de una exigencia de las agencias de notación, a fines de mayo de 2010.

Los planes de austeridad están ya en marcha en todas partes.
No tienen aún el grado de intensidad que la UE, el BCE y el FMI están administrando a Grecia, pero también a Portugal e Irlanda.
Los asalariados y asalariadas y los jóvenes de la mayor parte de los países europeos deben esperarse políticas que apuntan a imponerles la misma amarga poción. Buen número de los indignados que han ocupado las ciudades de España lo han comprendido.

Se leen llamamientos a que el pago de la deuda sea puesto en el centro del debate de la campaña presidencial de 2012. ¿Qué piensas sobre este tema?

Es inevitable que ocurra. Lo que está en juego es saber quién toma la iniciativa y define sus términos.

En Le Monde del 28 de junio, Stéphane Boujnah (que es delegado general del grupo financiero Santander en Francia –tras haber sido una “vedette” del Deusche Bank- y no solo presidente del think tank: “En tiempo real”), escribe por supuesto que la deuda francesa debe ser pagada.
Desea la creación de un “Consejo nacional para la recuperación de las cuentas públicas”, que se estaría inspirado, dice, “en el legendario Consejo Nacional de la Resistencia”. Esto equivale a decir que la deuda pública francesa es legítima y que una especie de unión sagrada debe permitir que sea “liquidada”.

El movimiento social francés debe oponerse con todas sus fuerzas a este discurso que es absolutamente dominante en los medios y por el momento en la mayor parte de los discursos políticos. Si la deuda de Grecia tiene rasgos de deuda odiosa, todas las deudas públicas europeas son ilegítimas, entre ellas la de Francia. Por las condiciones políticas en las que los países han caído bajo el dominio de los “mercados, y por la naturaleza de los “préstamos” sobre los que se deben pagar intereses a los bancos y asegurar su devolución.

El mandato moral de pagar la deuda hecho a los ciudadanos se basa en dos ideas. En primer lugar, que éstos formarían parte consciente y consintiente de la acumulación de la deuda.

En mi libro, reúno un conjunto de elementos puestos a la luz por sindicatos como el SNUI (Sindicato de las finanzas públicas) y de Sud Trésor o periodistas meticulosos como los de Médiapart, que muestran hasta qué punto esto no ha sido así. El escudo fiscal es solo la punta visible de un iceberg de bajada de los impuestos del capital y de las altas rentas y de evasión fiscal.
La segunda “falsa evidencia”, por utilizar la expresión de los Economistas Aterrados, es que serían sumas, fruto de un ahorro amasado por una dura labor, que habrían sido prestadas. No es sino muy marginalmente así.
Cuando los bancos y los fondos de inversión “prestan a los estados”, activan mediante “el efecto de palanca” un mecanismo de apropiación de una parte de los impuestos pagados por quienes no pueden escapar a él (el IVA en particular).
Estos “préstamos” se basan en un tejido complicado de transacciones interbancarias en buena parte ocultas (el “shadow banking system” o “sistema financiero de la sombra”), cuyas bases son tan frágiles que toda falta de pago, incluso de un muy pequeño país (Grecia representa el 2% del PIB de la zona euro) es una amenaza para los bancos.

Defiendo, igual que lo hace Attac, la necesidad de proceder a una auditoría pública de la deuda.

En Grecia, un comité por la moratoria y la auditoría de la deuda ha sido creado en enero de 2011. Sus militantes han llevado a cabo ya un trabajo suficientemente fuerte como para que un sector de los militantes de la plaza Syntagma lo haya adoptado y que se haya podido oír en un video de Dailymotion, a una joven portavoz del sindicato de los empleados estatales, gritar al fin de la entrevista las consignas de la pegatina que llevaba: “¡No debemos nada! ¡No se venderá nada! ¡No se pagará nada!”.

En España, la actividad de los bancos está en el punto de mira de los indignados. Subrayo quizá más fuertemente de lo que lo hace por el momento Attac, que dadas las tradiciones políticas francesas, la auditoría puede verdaderamente tomar cuerpo solo bajo la forma de una amplia campaña popular iniciada por las asociaciones y partidos, de la que la campaña de los comités por el No al Tratado Constitucional Europeo (TCE) de 2005 proporciona un perfecto ejemplo.

El caso griego muestra el inmenso alcance democrático de una campaña por la moratoria y la auditoría popular de la deuda. En Francia, quienes han estudiado las centenares de páginas del TCE serán perfectamente capaces de analizar los documentos públicos, particularmente los informes parlamentarios, en los que son detallados una amplia parte de los “regalos al capital”.
Tratándose de los detentadores de los títulos de deuda, la cuestión de la salvaguarda del pequeño ahorro en caso de anulación es a menudo planteada. Cuando se hacen las declaraciones del impuesto, los bancos calculan al céntimo los montantes aferentes a diferentes formas de ahorro de los hogares. Les sería garantizado, pues no representa sino una minúscula parte de los “créditos” sobre el estado reclamados por los bancos y los inversores financieros.

¿Así pues, no estamos ante una crisis griega, sino ante una crisis propiamente europea?

Exacto. Se trata de una crisis europea, porque bancos europeos, alemanes y franceses en particular están amenazados más o menos seriamente por una suspensión de pagos del estado debido a su gestión arriesgada y oculta.

Mucha gente ha dicho que la crisis de los bancos estaba acompañada por una crisis de la “gobernanza europea”. Estamos más bien ante un ensayo de puesta en marcha de lo que Naomi Klein llama “la estrategia del shock”.

Las rivalidades entre las élites europeas, la independencia del BCE, la pesadez de las instituciones de la UE hacen su montaje complicado. Pero si se toman las propuestas ya antiguas del luxemburgués Jean-Claude Juncker, presidente del Eurogrupo, los discursos de Ángela Merkel y de Nicolas Sarkozy y el “Pacto por el euro” que endurece drásticamente el “Pacto de estabilidad” y, en fin, el reciente discurso de Jean-Claude Trichet defendiendo una “gobernanza” aún más centralizada y autoritaria de la zona euro, estamos claramente frente a una tentativa de utilizar la “crisis de la deuda” para someter de nuevo a las clases populares al “talón de hierro” del capital.

Esta “estrategia del shock” tiene por contexto, en el plano mundial, el callejón sin salida de la acumulación financiarizada y del modelo de crecimiento por endeudamiento.

Los Estados Unidos han sido su clave de bóveda. Estuvieron en el epicentro del krach del Nasdaq en 2001 y de los bancos de inversión en septiembre de 2008. No conocen otro modelo e intentan por tanto perpetuarlo.
Sin embargo el gobierno americano está en casi suspensión de pagos. Los países de Europa, entre ellos los de la zona Euro, han copiado los mecanismos del modelo de crecimiento por endeudamiento en combinaciones diferentes. Irlanda y España han construido una prosperidad ficticia sobre booms inmobiliarios insensatos.
En todas partes las empresas han aprovechado las oportunidades de la liberalización para hacer jugar la competencia entre asalariados de países de trayectoria histórica y niveles de salario y de protección social muy diferentes.
La demanda interna ha decaído y no ha sido sostenida más que por el endeudamiento de las familias. En todas partes los gobiernos, tanto de izquierdas como de derechas, han bajado los impuestos sobre el capital y sobre las altas rentas y han compensado la bajada de la fiscalidad mediante un recurso creciente al préstamo.

La tasa de endeudamiento de Francia se acerca ahora al 90% del PIB. Pero en el otoño de 2008, antes del rescate de los bancos y de los grupos del automóvil, estaba ya al 63%. Lo mismo es cierto para otros países. Pero Francia es también la sede de tres de los grupos financieros (se les llama aún “bancos” pero el término es falso) muy implicados en el apoyo al boom inmobiliario en España y en la compra de títulos de la deuda.

Se oye a los dirigentes europeos repetir que si el pueblo griego lograra impedir el nuevo plan de austeridad, ello podría desencadenar quiebras bancarias en cascada.

La realpolitik de la finanza quiere efectivamente que los pueblos acepten inmolarse para que la dominación del capital perdure. El primer acto de la toma de posesión de la nueva directora del FMI (Christine Lagarde) ha sido pues, de forma completamente natural, hacer un llamamiento al parlamento griego a ser “responsable” y a votar unánimemente las leyes correspondientes al nuevo “plan de rescate”.

Volvamos sobre los “bancos”. Con la ayuda de la concentración, los bancos se han transformado en grupos financieros para los que las operaciones de lejos más provechosas son las de valorización de las carteras de los ricos (la “banca privada”) y sobre todo las operaciones de especulación sobre los títulos de la deuda pública y de refinanciación de los préstamos de las sociedades inmobiliarias y de los bancos hipotecarios.

Desde su salvamento en 2008, los “bancos” no han depurado todos los activos tóxicos de sus cuentas. Han continuado haciendo inversiones de alto riesgo en las dos esferas de actividad mencionadas. Han reencontrado su nivel de hacer ganancias de antes de la crisis.
Sus accionistas han recibido dividendos y los dirigentes stock-opcions elevadas. Sus títulos (cerca del 20% del CAC40) han dopado el curso de las bolsas. Hay un debate incesante en los periódicos especializados para apreciar, se puede decir incluso adivinar, la situación de su balance y por tanto el grado en que una suspensión de pagos “haría temblar el sistema financiero mundial” realmente.
En lo que concierne a la deuda griega, la mayor parte de los grupos financieros han tomado sus disposiciones. Se pueden interpretar así las informaciones relativas a las iniciativas tomadas por el BNP Paribas sobre Grecia. Pero un “efecto dominó” sigue siendo posible. Lo que inquieta verdaderamente a las finanzas es la situación española, cuarta economía de la zona euro, donde el marasmo económico es profundo en un momento en que la juventud y sectores sociales se movilizan.

En tu libro, privilegias la cuestión de la anulación de la deuda y la puesta de los bancos bajo control social, ahí donde otros se focalizan en la salida del euro.

Hay diferentes formas de posicionarse en relación a la crisis del euro.

Se puede ver el euro como una cortapisa (algunos lo han pensado desde el comienzo) y por tanto la crisis actual como la ocasión de volver a una moneda nacional, cuyo gobierno podría relanzar el crecimiento por la devaluación de la tasa de cambio.
Quienes tienen esta posición hablan poco o nada en absoluto de la deuda. Piensan quizá que el aumento de los ingresos fiscales ayudaría a resolverla en buena parte. Olvidan la experiencia de la devaluación competitiva de finales de los años 1980, con una deuda bastante menos elevada y una base industrial bastante más sólida.
Se puede ver la crisis del euro como algo inscrito en los hechos en razón de la probabilidad, incluso la ineluctabilidad, de una suspensión de pagos de Grecia. La deuda griega era del 133% del PIB en 2010. Va a acercarse al 160% en 2011 y rozar, según algunas proyecciones, el 180% de aquí a dos años.
Las medidas brutales no hacen sino retardar el momento en que habrá que dar “un salto a lo desconocido”, es decir, reestructurar la deuda, alargar los plazos, borrar una parte. Es completamente posible que el efecto dominó sea entonces tan fuerte que la zona euro estalle. Ciertos bancos no lo resistirían, de forma que la cuestión de su puesta bajo control social se plantearía.
No se les podría sin embargo evitar la quiebra una vez más de forma gratuita. Los trabajadores se encontrarían más que nunca confrontados a la pregunta: ¿hay que desangrarse para que el estado asegure un servicio de la deuda pública aplastante –¡en Francia, a la altura de 50 millardos de euros, absorbe la totalidad de lo que es recaudado a título del impuesto sobre la renta!- de forma que se les permitiera a los bancos continuar pagando dividendos y remuneraciones alucinantes a sus dirigentes?
Lo que yo defiendo es que el movimiento social, ayudado si es posible por algunos partidos, se prepare para no ser tomado por sorpresa en una nueva crisis bancaria y para poder responder a ella con la ayuda de la consigna de “tomar los bancos”. Esta consigna tiene un “carácter algebraico”. El grado de radicalidad de su puesta en marcha depende del estado de la correlación de fuerzas políticas, es decir, en buena parte, de la importancia de la preparación política ciudadana anterior.
Es posible que la resistencia de las clases populares y de la juventud, como en España, sea un factor desencadenador de las quiebras bancarias. Pero es el propio sistema bancario el que se ha puesto en esa situación.
La creación de una red de comités por la auditoría de la deuda permitiría al movimiento social prepararse para esa eventualidad. Estaría dispuesto a movilizarse contra todo nuevo anuncio gubernamental de la necesidad de “salvar a los bancos”.
Es el primer paso evidentemente hacia consignas más radicales. Es lo que muchos militantes esperan de las asociaciones altermundialistas y de los partidos de izquierda y de extrema izquierda.
El combate político por la moratoria y la anulación, tras la auditoría popular, de la mayor parte de la deuda pública no es de los que pueden ser “delegados”. Lo que ocurre en Atenas nos concierne en Francia. Si la deuda de Grecia tiene rasgos de “deuda odiosa”, todas las deudas europeas son ilegítimas.

Traducción: Faustino Eguberri para VIENTO SUR

Fuente traducción:  http://www.vientosur.info/articulosweb/noticia/?x=4115

Fuente original: http://alencontre.org/?p=3144

La oligarquía del copyright llama a aprobar ‘rápidamente’ el ACTA


La oligarquía del copyright llama a aprobar ‘rápidamente’ el ACTA

avatarDavid Ballota  5 de julio de 2011 |

Detengamos-ACTA

Más de 18 organizaciones que representan los intereses de la oligarquía del copyright han aplaudido a la Comisión Europea de Barroso por aprobar el Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA) y enviarlo al Consejo de Rompuy y al Parlamento Europeo para su aprobación final. De los parlamentos nacionales no dicen nada pues no quieren saber nada. Creen que se podrá – podrán, que para eso son un lobby – evitar el trámite.

Las organizaciones que apoyan la Comisión Europea y urgen a ¡firmar el ACTA ya!, incluyen a la Asociación Internacional de Marcas (INTA), la Acción Empresarial para Detener la Falsificación y la Piratería (BASCAP), Anti-Counterfeiting Group (ACG), Business Software Alliance (BSA), ECTA, la Confederación Europea de la Confección y el Textil (EURATEX), la española EGEDA, la Federación de Editores Europeos (FEP), la Federación de la Industria de Artículos Deportivos Europea (FESI), la Cámara de Comercio Internacional del Reino Unido (CPI Reino Unido), la Federación de Software Interactivo de Europa (ISFE), la investigada IFPI, INDICAM, el grupo Antipiratería italiano, MARQUES, Toy Industries of Europe (TIE), la Union des Fabricants (UNIFAB) y la Verein für Anti-Piraterieaustriaca.

El lobby afirma que “ACTA es un acuerdo comercial multilateral destinado a mejorar la aplicación de la propiedad intelectual contra la falsificación y la piratería a nivel internacional. La comunidad empresarial insta al Consejo y al Parlamento Europeo a aprobar el acuerdo rápidamente”, porque:

ACTA tiene un enorme potencial para complementar los pasos concretos que la UE ya está tomando para promover una legislación para ayudar a controlar el problema mundial de la falsificación y la piratería.

La Comisión Europea ha dejado claro que la protección de propiedad intelectual y de sus ciudadanos son una prioridad. La comunidad empresarial espera que el Consejo y el Parlamento europeo emitirá el mismo mensaje

Algunos votos ya los tienen claros. Con una derecha entregada al monopolio, queda por ver si lossocialistas europeos serán capaces de resistir las presionesIzquierda vivendi vs. Izquierda coherente. Sin término medio. Toca retratarse. Atentos a las pantallas. Son capaces de cualquier cosa.

En Nación Red | Daphne Keller (Google): “ACTA es imperalismo cultural”

Breve disertación sobre los derechos de autor y la SGAE


Escrito por Jon Villada Pelayo

Dice el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: «Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten».

Los autores de obras culturales, obviamente y como cualquier otro creador, han de ser recompensados por su esfuerzo. Pero, ¿hasta qué punto? ¿No es el diseñador de una obra material, también su autor intelectual?

Sobre esa base, ¿no podría el arquitecto Calatrava cobrarnos un canon cada vez que atravesamos o fotografiamos uno de sus puentes? ¿Podría acaso una hipotética asociación de cocineros cobrar un impuesto por la venta de cazuelas, porque es posible que en ellas se guise una receta original 
de alguno de ellos?

Por otra parte, la SGAE es una institución privada beneficiaria de un canon (atención también a este punto de fricción: ¿cómo es posible que se establezca por ley un impuesto a favor de un ente privado?) que, al cobrarse, hace caso omiso del derecho a la presunción de inocencia. Este incumplimiento se debe a los cargos adicionales por adquisición de cualquier tipo de medio o soporte de grabación de datos, como una unidad de copia de dvds o un disco duro.

Según lo que se deriva de la política de la SGAE en este sentido, y de la normativa legal que la ampara y desarrolla, todos los adquirentes de material son presuntos delincuentes en potencia, y por tanto han de cobrarles al realizar la compra de dicho material, por si acaso. No se tiene en cuenta a qué está destinada la compra. Sea para hacer una copia de seguridad de la base de datos de tu empresa, o de las fotos del verano. No importa, el canon es universal.

Al respecto del punto que comentaba antes brevemente, ¿puede la SGAE cobrar impuestos?. Sí que puede y, de hecho, lo hace. Otra cosa es si puede considerarse justa una Ley que le permite hacerlo, que cuenta con el beneplácito y complicidad del Ministerio de Cultura. Teóricamente, los impuestos son recaudaciones que realiza la Administración para gestionar y sufragar los servicios públicos.

Ése no es, en absoluto, el destino de este dinero. ¿Son, entonces, los artistas los beneficiarios finales de la colecta del canon? Tampoco, al menos de la forma en que debería ser. La SGAE tiene un “ranking” de artistas, determinado por su popularidad, a partir del cual cada uno de ellos se lleva un determinado porcentaje de los beneficios, además de la parte, sustancial, que queda en las arcas de la sociedad.

El modelo de compra venta musical tal y como funcionaba hasta hace unos años es, hoy por hoy, insostenible. La gran edad de oro de la industria discográfica ha llegado a su fin, y que los beneficios multimillonarios que ha producido son cosa del pasado, porque los avances tecnológicos impulsados por esa propia industria han acabado por devorarla.

Comenzó por la sustitución del disco de vinilo por el CD. Con ello se ponía en manos del consumidor una copia exactamente igual que el “master” original, ese que antes se utilizaba para grabar los vinilos, que sólo podían copiarse a su vez en cintas de audio, con una muy apreciable pérdida de calidad. Pero del CD ya se podían hacer copias exactas del original. Las grabadoras incorporadas a los ordenadores domésticos hicieron el resto, y la venta de discos comenzó a caer en picado.

Y los autores e intérpretes musicales, que durante unas décadas han vivido una edad dorada, se resisten a admitir el declive, y tratan de perpetuarla mediante el cobro de “sus” derechos, incurriendo en excesos manifiestos, que los órganos jurisdiccionales están llamados a atemperar.

La solución pasa por encontrar un nuevo modelo de gestión de la cultura, donde los creadores sean recompensados por su aportación, sin que por ello tengan que pagar los ciudadanos. Para llegar a un resultado así debería haber una parada ineludible: la reducción o supresión de intermediarios.

 

+ info: monetaryism.wordpress.com/

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